Desacatando orden federal, sigue la construcción de presa Los Panales. Si no hay cambio de uso de suelo, la obra no puede continuar, indica delegación de la dependencia
Guadalajara. Sergio Hernández / Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 12 de julio de 2011
La delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tomará acciones enérgicas por el desacato de la orden de clausura de los trabajos de edificación de la presa Los Panales, en Cabo Corrientes, por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco (Seder) y la Comisión Nacional del Agua (CNA), dijo ayer la encargada de despacho de la dependencia, Nayeli León Lizárraga.
La funcionaria explicó que la clausura realizada por inspectores del organismo abarca tanto las obras del camino de acceso como la presa, por lo que no debe haber labores relacionadas con este proyecto, ya que carecen de permiso para el cambio de uso de suelo de esta zona de la selva de Jalisco, que alberga al menos 49 especies de fauna y decenas de flora protegidas por las leyes nacionales.
Milenio Jalisco dio a conocer este lunes que pese a la clausura, la Seder siguió con los trabajos al considerar que las observaciones de la Profepa eran “solventables” y que ya había sido autorizado el estudio de Manifestación de Impacto Ambiental.
“Tienen que parar los trabajos, completamente, si no hay un cambio de uso de suelo, definitivamente no podemos permitir que sigan trabajando, porque ahora sí que no hay una autorización”, expresó al respecto la funcionaria federal.
— ¿Profepa tiene la obligación de informar a la Procuraduría General de la República?
— Claro, estamos hablando de cuestiones muy delicadas, por supuesto.
La clausura de la obra se realizó el 22 de junio, ya que si bien existe autorización de impacto ambiental, sigue si aprobarse el desmonte de 498 hectáreas de selva, permiso que ya se negó una vez porque la obra no es compatible con el ordenamiento ecológico territorial de Jalisco, por tratarse de una zona terrestre prioritaria para la conservación en México, debido a la alta biodiversidad que alberga.
“Es por eso que se decreta la clausura. Son dos expedientes, uno es el camino y lo otro es la construcción propia de la presa. Me estoy enterando el día de hoy que siguen trabajando, siendo que nosotros tenemos decretada la clausura y estamos en espera del estudio de daños”, añadió.
A partir del 22 de junio, cuando se realizó la clausura, la Seder tuvo quince días hábiles para entregar lo que a su derecho convenga, y en caso de no presentar el permiso federal para el desmonte de la selva, la Profepa tiene la obligación de acudir a presentar las denuncias penales que correspondan ante la PGR. El plazo se vencía el 11 de julio.
El problema fuerte se da en la zona del embalse, pero las casi siete mil hectáreas del área de riego tiene una larga historia de impactos ambientales, aseguran pobladores de Cabo Corrientes. “En 1975, cuando Luis Echeverría, se abrieron esas tierras al cultivo y existían en 60 por ciento de la zona, sistemas de irrigación basadas en pozos […] la falta de mercado y la crisis económica hizo que se fueran abandonando, pero en realidad, hay poca selva por proteger allí”, explicó un técnico forestal. Por ello, agregó, se trata de recuperar una vieja zona agrícola, no de desmontar ecosistemas vírgenes.
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