Tonaya. Existe riesgo de más derrames al río Ayuquila por la regularización del temporal. Molestia en los habitantes por “complicidad” de Profepa y Semarnat
Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. 30 de julio de 2011
Sólo respetaron ocho días la clausura de la Comisión Nacional del Agua al manantial que abastece la mina de metales preciosos de la parte alta de Tonaya, y que ha contaminado por los últimos cinco años los arroyos de esta demarcación, que bajan hacia el río Ayuquila.
Israel Jafet Robles Gómez, secretario de la Comisión para la Defensa del Agua de Tonaya, dijo ayer que al día siguiente de la reunión realizada en la cabecera municipal el pasado 21 de julio, la factoría reabrió sus procesos pese al riesgo de que haya derrames hacia la cuenca, pues está regularizado el temporal.
“Luego de la mesa de diálogo, información y resolución del conflicto vivido en Tonaya a causa de Minera Metalúrgica Tapalpa, donde los invitados a conformar el acto político fueron las instancias gubernamentales intrínsecamente ligadas al atropello medioambiental causado por esta empresa, la Comisión para la Defensa del Agua —quien organizó el evento— y el pueblo de Tonaya, exigieron unánimes a las autoridades, tras demostrar el incumplimiento con la ley por parte de la minera y de las dependencias de gobierno —en favor de ésta y en contra de sus reglamentos—, la salida inminente de la empresa que no beneficia en lo absoluto a la región y contrario a ello, todos los perjuicios quedan a expensas de las consecuencias que el tiempo ya empezó a demostrar”, dijo el dirigente de los inconformes a este diario.
Las autoridades gubernamentales y dependencias, entre quienes mencionó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión de Cuenca del río Ayuquila y la junta intermunicipal de la zona intermedia de esa región hidrográfica, “propusieron la regulación de la actividad de la empresa, luego de más de cinco años de trabajo en la región, luego de tanta violación y corruptela, en una actividad que atenta contra la vida en nuestra región, pues su contrato de arrendamiento con los dueños del predio, que coinciden con la estimación de vida del proyecto minero por las exploraciones previas, va hasta el año 2026”, añadió.
La minera “reactivó sus labores al siguiente día del encuentro político, importando poco lo que propusiera el pueblo, pues los señores de la Semarnat y la Profepa, jugaron todo el tiempo a ser los abogados de la empresa […] hoy la minera sigue trabajando impune [...] Qué pena la confrontación, pero no hay opción”, advirtió Robles Gómez.
Los vecinos recuerdan el papel “lamentable” del subdelegado de Gestión para la Protección del Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat, Isidro de Jesús Lucio Virrueta, y de la encargada del despacho de la Profepa Jalisco, Nayeli Margarita León Lizárraga. Por lo que prometen hacerles “marcación especial”, además de exigir que la Comisión Nacional del Agua, una de las entidades más importantes en la controversia, clarifique de una vez su papel en relación con la minera; ésta última persiste en no dar su versión a los medios de comunicación.
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