Los fideicomisos no son neoliberales, se usan desde 1941, advierte Mario di Constanzo 

El economista advierte que 11 fideicomisos concentran 83.1% de los fondos totales; desde el comienzo de la gestión de AMLO se les han hecho 582 auditorías. Por ejemplo, el Fonden, diseñado para desastres, como el de arriba, una inundación en la región Ciénega de Jalisco

DATOS SOBRE EL PROYECTO DE LOS FIDEICOMISOS QUE SE PRETENDE ELIMINAR, ANÁLISIS POR MARIO DI CONSTANZO 

 • Un FIDEICOMISO es un acto en virtud del cual se entrega a una institución financiera (fiduciaria) determinados bienes para que disponga de ellos según la voluntad del que los entrega (fideicomitente) en beneficio de un tercero (fideicomisario). Mediante la creación de un fideicomiso, una persona transmite un bien a un tercero con el encargo de que cumpla un fin lícito. 

• El fideicomiso es, por tanto, un contrato por el cual una persona destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria. 

• Los recursos que se encuentran en los Fideicomisos, actualmente son fiscalizables, la Auditoría Superior de la Federación ha puesto especial énfasis a la fiscalización de las figuras jurídicas constituidas como fideicomisos, mandatos y contratos análogos, de acuerdo a los Informes del Órgano Fiscalizador, desde el inicio de su gestión se han realizado 582 auditorías a estas figuras administrativas. 

• Los Fideicomisos NO son un instrumento Neoliberal, el Gobierno Federal utiliza estos esquemas desde 1941. • El Proyecto busca desaparecer 109 fideicomisos, cuyo saldo en “disponibilidades” ascendió a 68 mmp al mes de junio de 2020. • Del total de los fideicomisos que se busca desaparecer sólo 11 concentran el 83.1% del total; es decir 56,864.8 mdp, y son controlados totalmente por 4 dependencias. (Economía, SHCP, Gobernación y Sener-Conacyt). 

• Lo anterior va en contra del argumento de la falta de transparencia y corrupción ya que las decisiones que se toman dependen enteramente de los titulares (Secretarios de Estado) de las dependencias involucradas. 

• Existen 35 fondos y fideicomisos que se busca eliminar y que son derivados de convenios con Entidades Federativas y Municipios, los cuales se manejan a través del estado y el Conacyt, estos ascienden a 4,282.1 mdp y representan apenas el 6.1% de la bolsa que se “pretende” recuperar, sin embargo dada la naturaleza jurídica del fideicomiso habrá que revisar los actos administrativos que se deban de llevar a cabo y el conflicto que representará con las 32 entidades federativas por una bolsa poco significativa. 

 

• Resulta absurdo desaparecer 26 fideicomisos con centros públicos de investigación, (CIDE, CIMAT, CIQA) y generar conflictos cuando los recursos obtenidos en el mejor de los casos ascenderían apenas a 784 mdp, apenas el 1.1% de la bolsa “recuperable estimada”, por lo que será más grave el golpe a la investigación que la supuesta recuperación de recursos. 

• Resulta absolutamente falso, que el Gobierno Federal vaya a obtener 68 mil millones de pesos, por la desaparición de estos fondos y fideicomisos, debido a que buena parte de sus recursos se encuentran ya comprometidos para un fin específico (gasto comprometido o bien recursos en garantía) lo que implica que el gobierno federal deberá de continuar ejerciendo dicho gasto, lo que complicará el ejercicio del gasto, lo someterá a la necesidad de que cada año se tenga que aprobar por el Congreso lo que generará incertidumbre, para la continuación de proyectos. 

• En el mejor de los casos, es como si el Gobierno se “cambiara de bolsa, el dinero que va a gastar” no existe ahorro, sino sólo un cambio de bolsa de donde toma el dinero”, en virtud de que se tiene el gasto ya comprometido. 

• Por ejemplo, el de Financiera Rural (SHCP-NAFIN) por 12,563 mdp cuyo objeto es el pago de las pensiones y atención médica de 13,000 pensionados del Sistema Banrural , en este caso será la SHCP que tendrá que llevar a cabo de manera anual las licitaciones para el servicio médico y para cumplir con el mandato del fideicomiso, además del pago mensual de las pensiones 

• También afectan el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), cuya disponibilidad de recursos es de 6,681 millones de pesos que hoy se destinan para atender los daños provocados por, huracanes, tormentas, inundaciones, terremotos que afectan al territorio nacional y a la población más desprotegida en la mayoría de los casos. 

• El FONDEN es el instrumento que utiliza la secretaría de Gobernación para auxiliar a la población que se encuentra en peligro de ser afectada por un fenómeno natural, o que ya ha sufrido las consecuencias. Los recursos del se utilizan para comprar medicamentos, agua para beber, alimentos, ropa abrigadora y artículos de limpieza y aseo personal en caso de una emergencia, pero también cuenta con recursos para reconstruir viviendas y reparar la infraestructura dañada por los efectos de un desastre natural. 

• La declaratoria de EMERGENCIA es la forma en que la SEGOB reconoce que un municipio o estado se encuentra ante el peligro inminente de ser afectado por un fenómeno natural, y la hace la propia SEGOB (en base a indicadores) hay poco margen de corrupción. En el caso de una emergencia, la secretaría de Gobernación no entrega dinero en efectivo a los estados, sino que adquiere los insumos necesarios e instruye a los proveedores para que los entreguen a las autoridades estatales. 

• En el caso de un DESASTRE, el Fonden se compromete a cubrir totalmente los costos de reconstrucción en el estado o participar hasta con un 50 por ciento, dependiendo del tipo de infraestructura a reparar. 

• Buscan desaparecer 7,463 millones de pesos, del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, el objetivo del Fondo Minero es elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera,  se constituye el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable, con el 80% de la recaudación, proveniente del derecho especial cobrado a las mineras de 7.5% sobre sus utilidades, para la realización de obra  de infraestructura social, está sujeto a reglas de operación y realiza obras de infraestructura en al menos 24 entidades federativas y en 250 municipios. 

• A partir de 2019 los recursos del Fondo Minero son controlados directamente por la Secretaría de Economía, sus recursos NO forman parte de la Recaudación Federal Participable y con la disolución del Fideicomiso tendrán que formar parte de la RFP por lo que no serán de “uso exclusivo del Ejecutivo Federal” y serán menos fiscalizables en todo caso, por parte de la federación. 

• El Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de Mypimes y Emprendedores, opera con nuevas reglas de operación a partir de 2019, emitidas por la actual Secretaría de Economía, y fundamentalmente opera con fondos de garantía y capital de riesgo, y esquemas que promueven el financiamiento a Mypimes y emprendedores, cabe mencionar que aquellos fondos que se encuentren como “garantía” en la actualidad NO podrán ser recuperables en el corto plazo. En estos momentos que es vital apoyar a las Mypimes que contribuyen con la generación de más del 80% de la generación de empleo en el país, se debería de incrementar y no desaparecer. 

• El Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, es un Fideicomiso creado para atender las principales problemáticas y oportunidades en materia de HIDROCARBUROS a través del desarrollo de tecnología y la formación de recursos especializados. 

• Tiene por objeto la investigación científica y tecnológica aplicada, tanto a la explotación, exploración y refinación de hidrocarburos, como a la producción de petroquímicos básicos, y la formación de recursos humanos especializados en la industria petrolera, a fin de complementar la adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico , va dirigido a las universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que se inscriban en el registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas que establece la Ley de Ciencia y Tecnología. 

• Su eliminación contradice la política gubernamental de hacer del petróleo y la energía la “palanca del desarrollo nacional” • En estos 5 ejemplos, llevamos más de 40 mil millones de pesos, que no son recursos ociosos, que actualmente son absolutamente fiscalizables y que no serán totalmente recuperables ya que se encuentran al menos parcialmente comprometidos. En suma, a lo más que aspiran es a cambiarse el dinero de “bolsa” para entonces sí, llevar a cabo un gasto discrecional y sin rendición de cuentas, buscan trasladar recursos que hoy en día son absolutamente fiscalizables, a una bolsa que servirá para ejercer un gasto discrecional y que desde luego, NO será fiscalizable. 

• Los 68 mil millones de pesos, que se “pretenden” recuperar por la liquidación de 109 fideicomisos, representan apenas el 4.9% de lo que pagarán de servicios personales en el 2021. 

• Los 68 mil millones de pesos, que se pretenden recuperar equivalen al 4.5% del incremento de la deuda neta total en estos 19 meses de gobierno o bien al 0.5% de la deuda neta total del país. 

• Los 68 mil millones de pesos, que se pretenden recuperar son menores a los 71 mil millones de pesos que costó cancelar el NAIM.

LAS GUERRAS PRIVADAS ENTRE LOS AMOS DE TOMATLÁN

En la costa de Jalisco quienes mandan a las autoridades y controlan los recursos naturales son los grupos delincuenciales, que ahora están se enfrentan en medio de la pasividad gubernamental 

Por Agustín del Castillo (@agdelcastillo).  Tomatlán, costa de Jalisco. 30 de enero de 2020

Han pasado 10 días desde que brotó la violencia que mantiene en vilo a los habitantes de este municipio. 

Es un ajuste de cuentas entre dos bandas delincuenciales, la dominante, que responde a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y su Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y la de algunos propietarios de dudosa reputación que, de acuerdo a las versiones extraoficiales, pretenden vengar a la familia López, ligados al Cártel de Los Zetas, quienes no estarían extorsionando ni disputaban plaza, sino se aparentemente se dedicaban a actividades productivas en La Trementina (rancho que originalmente habría sido propiedad del capo Rafael Caro Quintero y luego del famoso Osiel Cárdenas Guillén, fundador de la agrupación paramilitar), zona de Teocinte y Puentecillas, en la parte contigua a la presa Cajón de Peña. 

Esta historia puede dar una de las claves del fracaso de la lucha contra la violencia emprendida por los gobiernos estatales y el federal: no reconocen haber perdido el control de los territorios, donde los nuevos amos, cual señores feudales, imponen su ley y libran sus guerras particulares mientras el pueblo y la autoridad municipal son observadores pasivos, en el mejor de los casos. 

No existe información oficial. Solo indicios muy reveladores de que algo ha pasado estas dos semanas. Los habitantes de El Tuito, al norte de la demarcación, destacan que en estas jornadas aciagas, contra la costumbre, por las noches no atraviesa ni un alma, es decir, ni un Torton o trailer, sobre la carretera federal 200, la cual es ruta indispensable de abastecimiento de combustible para la ciudad de Puerto Vallarta. 

“Son noches demasiado tranquilas, es evidente que no quieren transitar a estas horas”, me dice un lugareño. Lo compruebo personalmente la noche del 25 de enero: la carretera permanece más de ocho horas solitaria, hasta el amanecer. Un funcionario de la Universidad de Guadalajara en en Puerto Vallarta me ha confirmado desde el viernes 24: “no sabemos qué sucede, pero tenemos en observación la zona: los alumnos del módulo de la prepa de Tomatlán están asistiendo en menor cantidad de lo habitual, sobre todo los que viven en esa área de Puentecillas. Por ahora no hemos suspendido clases, pero de ser necesario, lo determinaremos. Le sugiero sólo ir de día, parece que el problema es tierra adentro, no propiamente en la costa”. Otros planteles escolares, jardines de niños y primarias, responden a la alerta sin abrir clases. El virtual toque de queda aplica a las ocho de la noche en todos los poblados de la importante zona agrícola y ganadera, sin protesta. 

“Yo busqué y pude hablar con el presidente municipal de Tomatlán, Jorge Luis García Tello, pero negó cualquier anomalía. Pero se le notaba en el teléfono lleno de ansiedad, como si algo más quisiera decirme pero no pudiera hablar”, me reveló un veterano periodista de Vallarta. Los pescadores de La Cruz de Loreto hacen mutis a las preguntas de los interesados, y apenas musitan: “es un asunto entre ellos, nosotros estamos bien…”. 

La refriega habría comenzado alrededor del 15 de enero, pero se recrudeció a partir del lunes 20 de enero. La intervención de las fuerzas del orden -ejército, Guardia Nacional, policía estatal- se notó apenas el jueves 23 de enero, con el paso de diversas unidades motorizadas desde Vallarta o el reforzamiento del campamento de Pérula, en el vecino La Huerta, algunas detenciones y el retiro de algún cuerpo, según las versiones siempre extraoficiales. 

En el semanario digital Nuestra Región, el columnista Gerardo Sandoval Ortiz publica el 22 de enero: “Se calienta Tomatlán por el control de la plaza”, donde apunta claves para entender esta pequeña guerra entre ejércitos privados, síntoma claro del Estado fallido en estos rumbos de la soberanía mexicana -como en muchos más-. «Intentemos explicar en breve la violencia desatada en Tomatlán: Cuando en noviembre del 2018 asesinaron al ex alcalde y diputado local en la fecha, Saúl Galindo Plazola, los sicarios iban por su primo Moisés El Moy Galindo Sahagún. Un mes antes, masacraron a una familia de Puentecillas, a ‘Los López’, ataque atribuido a El Moy, aparentemente por culparlos de enviar semanas atrás a las fuerzas armadas al rancho La Trementina suscitándose ahí una balacera con saldo de cuatro muertos, miembros del grupo del primo de Saúl Galindo», indica la columna de opinión.

«La historia pareciera un crucigrama pero no lo es. El pasado martes 14 ocurrió una gresca que casi pasa inadvertida pero fue la llama que revivió la violencia en Tomatlán y sus pueblos. Fue en Puentecillas y sus alrededores y otra vez se volvió a mencionar a Los López y a El Moy Galindo. ¿Por qué al primo de Saúl Galindo? Por ser público que es el Jefe de la Plaza del cartel que controla la zona”, es decir, del CJNG. El columnista apunta que Guadalupe Galindo Real, el padre de El Moy, era amigo de Los López, y esto arranca de un conflicto entre amigos. Las batallas de estos días serían la venganza de los López contra El Moy, quien se habría apoderado de los ranchos de los primeros, emporios creados por Caro Quintero y donde según el periodista Ricado Ravelo (Osiel, vida y tragedia de un capo, 2009), Cárdenas Guillén asumió el control en 1999 del Cártel del Golfo-Los Zetas. 

Para el líder del CJNG, era importante expulsar a esos operadores de un cártel rival. “A mediados de 1999, Osiel Cárdenas viaja a Tomatlán, Jalisco, y se instala en La Trementina. Uno de sus fastuosos ranchos. Lo acompañan Eduardo Costilla, Víctor Manuel Vázquez Mireles Arturo Decena y Paquito, su inseparable asistente personal”, cita a Ravelo el columnista vallartense. El capo concibe la traición a su jefe Salvador El Chava Gómez, a quien asesina, añade Reveles. Con el paso de los años, la finca se dedicará al trabajo “honrado” sin aparentemente entrar en conflicto, primero, con el cártel de Sinaloa, que opera Ignacio Coronel, y después, sus sucesores del CJNG. Estos toman el control hace menos de una década, y determinan ir por el monopolio de la región. 

El Moy es apoyado por el principal colaborador de Nemesio Oseguera, el jefe regional Agustín Hernández, El Guti, residente de Cabo Corrientes, verdadero señor que impone su ley sobre los presidentes municipales de la costa de Jalisco desde hace al menos tres trienios. “No existe el poder municipal sino como una extensión de ellos; están sometidos, imponen a sus jefes de policía, a sus abogados, a sus tesoreros; eso explica por qué la policía municipal no interviene si se trata de una acción de ese grupo dominante”, me refiere un político veterano de la zona. La autoridad de El Guti es incuestionada: determina desde quién debe morir hasta el árbol que se puede cortar. Como verdadero señor feudal. 

“En este momento la cabecera municipal Tomatlan y varias de las delegaciones y agencias municipales están en sicosis colectiva, servicios y comercio cerrados, planteles escolares con suspensión de clases y aún cuando hay muchos rumores, hay poca movilización policiaca municipal, nula presencia de fuerzas estatales y los militares tampoco se ven, aunque se sabe que son más discretos. El ambiente de es de mucha calma, tranquilo, pero con la ciudadanía temerosa y expectante. ¿La federación y el Estado? Bien, gracias”, me escribió un habitante de la región en esa última semana violenta. Me detalló: “Hace algún tiempo, tres años, uno de los cabecillas, llamados jefes de plaza o de sicarios, Moisés Galindo, a la sazón primo hermano del fallecido diputado y exalcalde Saúl Galindo Plazola, despojaron de bienes inmuebles por medio de asesinatos y despojos a miembros de la familia López, luego de haberlos hecho huir del rancho donde vivían, y se posesionaron de sus bienes. Esta familia salió huyendo, pero al contar con un familiar en el gobierno, creo la Secretaría de Marina, se repusieron y están tomando venganza, con el apoyo y/o el beneplácito de las fuerzas federales que se han visto poco. Los elementos estatales ni sus luces”. 

El objetivo de la venganza es ultimar a El Moy, de quien ahora, al finalizar enero, se desconoce paradero. “Nada se publica desde hace años y en cuanto un medio local empezó a sacar algo secuestraron a un hermano de Saul Galindo y lo desaparecieron, hace mas de un año. Dos hermanos de Saúl tenían ese medio gráfico semanal de circulación regional intitulado Opiniones de la Costa”, me reveló la fuente. “Al gobierno municipal lo tienen cooptado. En este momento y desde hace días el presidente y secretario están escondidos”. 

¿Cómo es don Guti? “Los que lo conocen expresan de el características de los caciques y líderes tradicionales; buena onda, empático, fuerte de carácter y muy a toda madre. Es el patrón de El Moy”. De los López asesinados, no se sabe ni los nombres. 

SIN AUTORIDAD AMBIENTAL 

Desde 2017 me habían alertado en Cabo Corrientes: No existe en la zona algo llamado Semarnat o Profepa, sino la plaza y el cártel. “Aquí no se necesita un permiso de la Semarnat, aquí debes tomarle el parecer al jefe de plaza, se llama Agustín Hernández, y es el que decide en toda la zona de El Tuito qué palo se corta y qué palo se deja”, me dijo un indígena de Bioto cuando le pregunté sobre una gran parota derribada en el corazón de la selva; y aunque sus gruesos tablones yacían a la vera del camino, nadie los osaba tocar. Me aclaraba: no son criterios ambientales los que prevalecen en las determinaciones de don Agustín. Puede ir desde la simpatía o compasión que le despierte el pedigüeño, hasta la ojeriza que le traiga, sin dejar de pasar como tema de cobro de derechos y de intereses “superiores”, que a veces pueden –por increíble que parezca- coincidir con la conservación. 

Lo cierto es que desde hace al menos diez años, la apertura de un mercado internacional, el de las “maderas duras”, hizo que los bosques tropicales del litoral de Jalisco fueran desprovistos de granadillo, de tampiciranes, de barcinos, tres especies muy apreciadas en los mercados chino e indio, potencias emergentes del Asia oriental. Los estudiosos de la diversificación de los grupos criminales señalan que la versión moderna y más cruenta de estos, pasa por el control territorial y de todas las actividades económicas (al estilo de La Camorra napolitana), situación que ha prevalecido en el litoral de Jalisco.

“Entre los nuevos giros delictivos que se han sumado al tradicional negocio del trasiego de drogas ilícitas están los que han incursionado los traficantes de droga con la intención de robustecer el capital rentista, y entre ellos figuran el robo de combustible, la explotación de mano de obra en minas de carbón, la tala ilegal y el tráfico de fármacos […] De igual forma, los traficantes de droga han establecido vínculos con el sector empresarial y la esfera política en lugares que resultan de interés para el gran capital, lo que ha generado efectos diversos en la población, incluido el desplazamiento forzado de familias, colonos y comunidades”, señala el investigador Jorge Alejandro Vázquez Valdez, en su tesis de doctorado Auge de la economía criminal en el México del siglo XXI bajo el expediente de la ‘guerra contra las drogas’ (Universidad Autónoma de Zacatecas, 2016). 

La única posibilidad para los habitantes de la región costa de Jalisco ha sido la adaptación. De algún modo, el Estado mexicano es intermitente. Las endebles instituciones públicas, como las policías locales, los ayuntamientos y los partidos políticos, no resisten la presión. El CJNG deja amplios espacios en tiempos de paz y suelen llevar una relación de prudencia con la sociedad, pero sus intereses económicos están fuertemente anclados a la zona: además del trasiego por tierra o mar de enervantes, de cultivos de amapola en las soledades de la sierra, tanto en Manantlán como en Cacoma, de los numerosos narcolaboratorios, de las extracciones de madera o de minerales ilegales (que se embarcan en el puerto de Manzanillo, como la Profepa lo ha reconocido); las investigaciones judiciales han llevado a la incautación de bienes inmuebles de la zona que demuestran su riqueza patrimonial. 

La historia ambiental de la costa también da un giro: “Cuando se extrae un recurso en particular, no nada más le estás pegando a ese recurso, sino que haces brechas, tiras lo que hay alrededor, entonces se está afectando todo el ecosistema; además, en el clandestinaje no hay un programa de trabajo, un programa de corta, entonces queda puro destrozo y no hay manejo adecuado de la selva […] nosotros vemos un cargamento de madera y lo podemos parar, hacer una revisión, cotejar guías […] de repente no tenemos la posibilidad de parar todos los contenedores, probablemente haya que hacer una estrategia con el SAT [Servicio de Administración Tributaria] para contenerlo en aduanas, como ya hemos hecho con el hierro que se embarcaba de forma ilegal”, me dijo un funcionario ligado a la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente). 

En cuanto a la minería ilegal, también es controlada por El Mencho. Con China como destino, se trata de extracciones ilegales de hierro, pues la parte sur de la costa de Jalisco tiene las mayores existencias comprobadas de ese metal en el país. Es un metal “a flor del suelo”, lo que facilita las extracciones hormiga en Cuautitlán, La Huerta y Tomatlán. 

El Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Jalisco, recibió un juicio de garantías (1691/2016), en el que se reclamaban bienes asegurados durante el “Operativo Jalisco” de 2015 en la zona: dos ranchos del municipio de Casimiro Castillo, uno en Lo Arado y otro en Tecomates, con ganado de registro, animales exóticos, ocho autos de lujo, maquinaria agrícola, joyería y artesanías de alto valor (noticia de Jorge Martínez en MILENIO JALISCO, 16 de noviembre de 2016). 

Por otro lado, el famoso Hotelito desconocido, de Tomatlán, formaría también parte de las riquezas del grupo y fue embargado por la PGR desde 2015, con base en información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El CJNG se diversificó en negocios turísticos (dos más: uno en Vallarta y otro en Tapalpa), una mueblería, dos de bienes raíces, una tequilera, un restaurante de sushi en Puerto Vallarta, una empresa de publicidad, dos centros comerciales, una marisquería, una compañía del sector agrícola, cuatro “cuyas actividades no se encuentran especificadas” y dos clínicas dedicadas a la aplicación de tratamientos de rejuvenecimiento vaginal (sic), de acuerdo a esa institución estadounidense. 

Para los habitantes de la costa no resulta, entonces, rara, la ola de crímenes no aclarados, o impunes, contra políticos y activistas sociales, contra empresarios de medios y presidentes municipales. No es seguro, así, dedicarse a alguna actividad pública en la zona “haciendo como si no pasara nada”. 

Al controlar territorio, el cártel intenta imponer su propia legalidad, es decir, instituirse como un nuevo Estado, señala el ex director del Cisen, Guillermo Valdés Castellanos (Historia del narcotráfico en México, Aguilar, 2013). “…en gran medida lo logran en regiones donde tienen superioridad militar, como el caso de muchos municipios donde ni autoridades ni ciudadanos pueden ser defendidos por las policías municipales o estatales –porque son muy débiles o porque trabajan para los delincuentes- ; y entonces, en esas regiones, quienes mandan e imponen las normas, e incluso los impuestos [la extorsión a las empresas es, para todo efecto práctico, un impuesto], son los líderes de las bandas criminales». «Esa capacidad de imponer un orden legal y social alterno al del Estado coloca a los ciudadanos en una encrucijada: ante la indefensión en que se encuentran [el Estado que debería defenderlos está ausente o en complicidad con los criminales] sus opciones consisten en oponer resistencia o aliarse con los criminales que los extorsionan cotidianamente. La decisión, la mayoría de las veces, es colaborar para evitar males mayores. Ello establece una relación de complicidad social con los criminales y con su ‘orden’…”. 

Aparejado, la posibilidad de sacar provecho a esa relación y eliminar rivales o competidores en actividades económicas, agrega el experto. Es decir, una red tortuosa de posibles beneficiarios no siempre significa que la cabeza esté al tanto de las acciones relativamente autónomas de sus capataces. Por eso, hay que hacer ocasionales sangrías y renovación de los pequeños tiranos para mejorar la imagen y recordar quién es el que manda (el caso de la región de Llano Grande, donde se ‘limpió’ de asesinos al corporativo en 2014, es emblemático. Lo narré en MILENIO JALISCO en las ediciones del 22, 23 y 24 de diciembre de 2015). 

“En otras palabras, ante la ausencia del Estado que proteja y promueva los intereses de los ciudadanos, por ejemplo, de los campesinos que no tienen opciones productivas; de jóvenes sin oportunidades de mejora social o económica; de empresarios que ven en su asociación con el narcotráfico un manera de hacer crecer sus negocios; la tolerancia, complicidad o colaboración de esos grupos sociales fortalecen al crimen organizado…”, remata Valdés Castellanos. 

Si este tema no es atendido en la agenda oficial, parece que la estrategia de pacificación estará condenada y seguiremos en lucha de cifras por ver qué estado tiene más desaparecidos y más asesinados. ¿El gobernador Enrique Alfaro y el presidente Andrés Manuel López Obrador estarán en algún momento dispuestos a enfrentar esta hidra de mil cabezas que burla al Estado hasta reducirlo a la irrelevancia? 

Por lo pronto, los cuervos hacen fiesta en el maizal y el espantapájaros yace desplomado entre los surcos.