Las Cruces, megaobra de la CFE, se derrumba

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

El polémico megaproyecto Las Cruces, el cual generaría electricidad para Jalisco y que ha atravesado tres presidencias de la República, de Felipe Calderón a Andrés Manuel López Obrador, está a punto de ser cancelado en definitiva: ni tuvo asignación presupuestal en 2019, ni es viable económica y socialmente, advirtió ayer la asociación civil Sumar-Voces por la Naturaleza.

El costo del proyecto pasó de 7 mil 995 millones de pesos en 2012, a 13 mil 300 millones de pesos en 2018, además que debió afrontar una férrea defensa de las comunidades del río San Pedro-Mezquital y la mirada recelosa de la convención Ramsar por su posible efecto negativo sobre el mayor sitio costero adscrito a la declaratoria de Naciones Unidas de Humedales Prioritarios: las marismas nacionales de Nayarit, una de las zonas ambientalmente más valiosas del país

Lo cierto es que la Secretaría de Energía (Sener) ha retirado el proyecto hidroeléctrico Las Cruces del Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen 2016-2030), para proponer en su lugar “una diversificación de la matriz eléctrica con tecnología renovable”, dijo a NTR Guadalajara el director de la organización defensora de la naturaleza, Ernesto Bolado Martínez.

“La apertura del sector eléctrico a la inversión privada y las tendencias internacionales de generación de energía con fuentes renovables, han cambiado las proyecciones de la Sener respecto al proyecto hidroeléctrico. Lo anterior aunado a un incremento de sus costos en más de 80 por ciento, tanto por el incremento de los materiales de construcción como de la variación en el tipo de cambio respecto al dólar, que elevó su costo a más de 13 mil millones de pesos”, indicó.

SE APOYAN DE DIAGNÓSTICO

El activista presentó un estudio realizado por la asociación civil, que concluye que Las Cruces es un proyecto “inviable estratégica y financieramente”.

Entre los detalles, documentos de la Sener señalan que el sistema eléctrico en México “presenta una pérdida de energía por transmisión y distribución de aproximadamente 13 por ciento, lo que a su vez representa pérdidas de 42 mil 246 millones de pesos anuales. Estas pérdidas no se valoraron para el proyecto Las Cruces, que produciría energía en Nayarit, para enviarla a Jalisco, Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí, quienes demandarían 73 por ciento de esta energía”.

El estudio “identifica que, en el nuevo contexto del sector energético, Las Cruces no es necesaria hoy, ni a futuro, para satisfacer los requerimientos del sistema eléctrico nacional. La inversión en tecnologías renovables a pequeña escala y cerca del lugar de consumo, es más atractiva para los inversionistas, más estratégico para el sistema eléctrico nacional y más eficiente para las redes de distribución”, señaló Bolado Martínez.

En el trabajo, se analizó el proyecto “bajo el enfoque de sustentabilidad financiera y ambiental, resultando que en su valoración no se consideraron los costos de impactos ambientales, sociales y económicos en localidades aguas abajo de la presa y sus respectivas medidas de mitigación. Tampoco se incluyeron los costos de operación, mantenimiento y abandono de las instalaciones durante y después de su vida útil”.

Todo proyecto de gran escala “posee un costo propio e intangible, que debe ser cuantificado. Para el caso del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, existen muchos aspectos por analizar, por no contemplarse en los estudios que solicitó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Por ello, el presente estudio amplía el conocimiento sobre la afectación que tendría Las Cruces, considerando los impactos sociales y las afectaciones al sistema ambiental bajo distintos escenarios. Asimismo, se evalúan otras alternativas al proyecto para la generación de energía y se realiza un estudio económico sobre los costos tangibles e intangibles de cada propuesta, con la finalidad de encontrar la mejor alternativa”, señala el resumen ejecutivo.

IRREGULARIDADES

En septiembre de 2014, la Semarnat avaló el manifiesto de impacto ambiental (MIA) del proyecto promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La autorización se otorgó de manera condicionada al cumplir con una serie de observaciones, entre ellas, con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y apegarse al nuevo marco jurídico de la reforma energética.

“En particular, la condicionante 1 del resolutivo de Semarnat (Oficio No. SGPA/DGIRA/DG 07893), exige a la CFE, entre otros, el cumplimiento del artículo 120 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE, 2014), respecto a la obligación de presentar una evaluación de impacto social.

Además, un documento de la Sener y la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), de 2015, señala “que México puede lograr los 17 GW (gigavatios) requeridos para 2030 con las grandes hidroeléctricas que ya cuenta. Estas pueden experimentar un incremento de capacidad en sus unidades, lo cual debería realizarse, antes de construir nuevas hidroeléctricas. Por ejemplo, Infiernillo (en Guerrero) constaba de cuatro generadores de 160 MW (megavatios) y dos de 180 MW (1000 MW en total). Cuatro nuevas turbinas de 200 MW han reemplazado a las de 160 MW, por lo que su capacidad total aumentó a 1160 MW”.

Durante 2016, las hidroeléctricas sólo aportaron 10 por ciento de la generación total de energía producida en el país. “Esta tecnología es altamente vulnerable frente al cambio climático, por la variabilidad en las precipitaciones y la captación de agua para las presas, y obliga a buscar otros tipos de energías limpias y renovables”, finalizó.

Impactos a la salud social y ambiental

El primer riesgo de un proyecto hidroeléctrico “comienza con la llegada de un gran número de trabajadores a un área remota, los cuales comúnmente acarrean enfermedades infecciosas como tuberculosis, sarampión, influenza, sífilis y sida”. Durante la construcción de presas, “enfermedades como la diarrea aumentan en el orden de 60 por ciento”

Existen varias localidades y núcleos agrarios que deben ser relocalizadas y no solo San Blasito. Además, la reubicación de éste sería en un sitio de alto riesgo de desarrollo de enfermedades transmitidas por moscos, ya que se localizaría dentro del área de peligro de 2 kilómetros alrededor del vaso de la presa

Una hidroeléctrica “en un clima tropical, durante sus primeros 10 años de vida, emitirá cuatro veces más carbono que una planta que funcione con combustibles fósiles. Es necesario agregar un impuesto que cubra los costos no contemplados en estos proyectos, como los daños sociales y los gases de efecto invernadero que emite”

Fuente: Estudio socioambiental de Sumar sobre hidroeléctrica Las Cruces
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“La apertura del sector eléctrico a la inversión privada y las tendencias internacionales de generación de energía con fuentes renovables, han cambiado las proyecciones de la Sener respecto al proyecto hidroeléctrico”

Ernesto Bolado Martínez, director de Sumar-Voces por la Naturaleza

Wixárikas reclaman a Jalisco dejar pasividad

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

“Si no vienen a decirnos que van a pagar por dejar nuestras tierras, no pierdan su tiempo”, exclamó Baltazar Herrera, uno de los pequeños propietarios afectados con las restituciones ordenadas por los tribunales agrarios a favor de la comunidad indígena de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), asunto que mantiene envenenadas las relaciones entre los moradores de los límites de Jalisco y Nayarit.

Quienes escuchaban eran las comitivas de dos gobiernos estatales y el federal, citados en la ciudad de Tepic, el 7 de febrero, y como gobiernos de reciente asunción (caso de Jalisco y el de la República), reprochaban que no se hubieran puesto de acuerdo las partes en tantos años. También había una delegación de los comuneros. “No hay un acuerdo más que el pago de las tierras, los wixaritaris no están dispuestos a entregar un solo metro de tierra, y nosotros no estamos dispuestos a dejarlas si no nos pagan”, siguió un parvifundista, frente a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Hoy, autoridades de Wuaut+a se reúnen nuevamente, en Guadalajara, con los responsables de Asuntos del Interior, que preside Manuel Romo Parra. Con la desazón de no ver que el cambio de gobierno haya sostenido el compromiso que se quedó firme en 2018 para que la Sedatu, a través del programa Conflictos Sociales en Medio Rural (Cosomer), pagara indemnizaciones para resolver el centenario enfrentamiento.

Los wixárikas lamentan el afán de cada gobierno de administrar el conflicto y no resolverlo. Tienen a la mano diversos juicios agrarios que ya han ganado, bajo el principio de que el primero en tiempo es primero en derecho, y sus reivindicaciones datan de títulos del siglo 18, antes de que se conformaran los estados de Jalisco (1824) y Nayarit (1917).

“Pensamos exigir a los funcionarios de Jalisco que no se laven las manos, porque nos queda claro que este conflicto tiene como uno de sus componentes la pasividad de los gobiernos de este estado”, indiferentes al progresivo empuje de la frontera nayarita, que ha desposeído a la soberanía estatal de casi 3 mil kilómetros cuadrados, una superficie muy cercana a la que tiene el estado de Tlaxcala, señaló a El Diario NTR Guadalajara un dirigente del poblado wixárika.

MODIFICAR LOS LÍMITES

En ese afán de mover la frontera, vienen mezclados los afanes de los ganaderos por quedarse con tierras de la etnia de la Sierra Madre Occidental. Hubo procesos de venta de tierras y de protocolización de escrituras privadas avalados por los gobiernos implicados. “Eso significa que tanto Jalisco como Nayarit no se pueden lavar las manos”, añadió.

En octubre de 2017 se realizó la última restitución pacífica de tierras. Pero de las 10 mil 400 hectáreas (ha) en disputa, permanecen en poder de los ganaderos alrededor de 10 mil ha.

El decreto presidencial de restitución a favor de Wuaut+a data de 1953 y es base de las reclamaciones de las tierras que en su momento les fueron arrebatadas entre el siglo 19 y el periodo previo a la Revolución de 1910, sobre todo, a propósito de las leyes de desamortización promovidas por el gobierno federal. Waut+a ha podido recuperar judicialmente más de 200 de 320 kilómetros cuadrados invadidos, pues los derechos agrarios no prescriben. Los derechos de los posesionarios datan aparentemente de una escritura de 1906.

En 2018, la Sedatu señaló que existía la posibilidad material de ejecutar catorce juicios agrarios para entregar 922 hectáreas. “Nos reunimos con las instituciones del gobierno federal, de Jalisco y de Nayarit, el 5 de julio en Tepic, y lo que nos plantearon fue que en dos meses tendrían integrados los expedientes, eso lo dijo el director de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Mario Rentería, quien nos informó que por disposición de la secretaria (Rosario Robles, titular de la Sedatu) iba a tender este asunto, a través del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), y si van las fechas como ellos dicen, a principios de septiembre deben estar ya integrados los expedientes”, dijo en julio de ese año, el abogado de los comuneros, Carlos González García. Pero acabó el gobierno y no sucedió nada, pese a las protestas de los comuneros, que a partir del 30 de abril de 2018 cerraron el acceso a las 36 localidades de Wuaut+a, para impedir el proceso electoral; luego, en mayo, hubo cierre de escuelas y de centros de salud. En la jornada electoral dejaron de votar alrededor de 8 mil ciudadanos de la sierra.

Los casos inmediatos

Los 14 predios que se deben restituir de forma más próxima corresponden los posesionarios Baltazar Herrera López, con 53 ha; Ignacio Bugarín Arteaga, con 131 ha; Ignacio Quintanilla Montoya, con 14 ha; Ramón Montoya Utreras, con dos predios por 29.3 y 8.7 ha, y a Teodoro Montoya Utreras, con dos predios por 79.6 y 13 ha, respectivamente

También son ocupados por: José Quintanilla Medina, con 129.4 ha; Rafael Sandoval Muñoz, con 265.2 ha; Pascual Bugarín Carlos, con dos predios por 86 y 93 ha, respectivamente; Fortino Montoya Urtreras, con 0.06 ha; Francisco Bañuelos García, con 4.2 ha; Alejandro Hernández Márquez, con 3.5 ha, y Arnulfo Pacheco, con 12.2 ha.

El total de superficie a ejecutarse es 922.17 ha. Esto significa que a finales de 2018 y comienzos de 2019, apenas se llegaría a 10 por ciento de la superficie de Huajimic pendiente
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FRASE

“Pensamos exigir a los funcionarios de Jalisco que no se laven las manos, porque nos queda claro que este conflicto tiene como uno de sus componentes la pasividad de los gobiernos de este estado”

Dirigente wixárika que prefirió reservar su identidad

Peligran aves en Islas Marias

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

Guadalajara. El decreto presidencial para que las Islas Marías dejen de ser un reclusorio, debe integrar el componente de impacto ambiental que puede significar el cambio de estatus y uso de suelo del conjunto insular, dado que hay una importante riqueza biológica en juego, advirtió Víctor Busteros, director de la Fundación Ornitológica Txori.

“Tras la firma del decreto presidencial por el cual las Islas Marías dejarán de ser un reclusorio penal y se convertirán en centro cultural, hay riesgos de conservación para las poblaciones insulares de loro cabeza amarilla y de periquito Catarina […] en 2012 el doctor Anthony Mcculloc, consultor de Cites y colaborador de la fundación, pudo visitar el archipiélago para evaluar el estado de conservación del loro cabeza amarilla y del periquito catarina, concluyendo que ambas especies contaban con poblaciones sanas y estables en al menos dos de las islas”, dijo a NTR Guadalajara.

Busteros recordó que en el caso particular del loro, “el doctor Mcculloc sugirió que quizá se trataba de la última población silvestre viable de la especie en el occidente de México, ya que para entonces se le consideraba extirpado en la mayoría de los estados que formaban parte de su área de distribución histórica en la vertiente del Pacífico”.

El citado especialista y otros expertos en conservación afiliados a la Sociedad de Ornitólogos Psittacidae coincidieron en que el aislamiento y el acceso restringido, propios de la colonia penal en las islas, habrían contribuido a preservar con muy poca perturbación a las poblaciones de ambas especies.

“El loro cabeza amarilla (Amazona oratrix) es una especie legalmente protegida, ya que está catalogada en peligro de extinción. El periquito catarina (Forpus cyanopygius) igualmente cuenta con protección, además de ser endémico, es decir, que únicamente se le encuentra en el occidente de México. En ambos casos el tráfico ilegal y la pérdida de hábitat son sus mayores amenazas”, sostuvo Busteros.

La sede de Txori es el municipio de Zapopan, por lo que tiene amplia experiencia en conocimiento y manejo de especies de esta región del país.

“Al cerrarse el penal las medidas de control en el archipiélago se relajarán. Además es de esperarse que se genere visitación en embarcaciones turísticas y privadas que podrían servir de transporte a los traficantes de fauna, quienes no tardarían en encontrar la forma de escabullirse furtivamente a tierra para saquear nidos y capturar aves en zonas de las islas con poca vigilancia”, señaló.

Bajo esas premisas, “Fundación Ornitológica Txori hace un llamado a las autoridades responsables del cuidado de las Islas Marías, en especial a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Gobernación (Segob), para que mantengan una vigilancia estricta y eficaz en el archipiélago. Asimismo para que en conjunto diseñen un plan de visitación controlado que permita conservar la biodiversidad del lugar como hasta ahora”.

En México existen 22 especies nativas de aves psitácidas, todas bajo alguna categoría de riesgo, por tal motivo está prohibida y penada por la ley cualquier tipo de explotación o aprovechamiento de las mismas, puntualizó el conservacionista.

Amenazada

Los psitácidos, que abarcan la parentela de loros, pericos y guacamayas, están entre el grupo de aves más amenazadas de desaparecer por presión directa, pues son aves de ornato y compañía, así como por destrucción de su hábitat

En el occiente del país hay siete especies, y ninguna goza de cabal salud poblacional

Su estatus en la norma oficial mexicana 059 de especies en peligro de extinción: Guacamaya militar (Ara militaris), en peligro de extinción; Loro cabeza amarilla (Amazona oratrix), en peligro de extinción; Cotorra serrana occidental (Rhynchopsitta pachyrhyncha), especie endémica en peligro de extinción; Loro montañés (Amazona finschi), endémica en peligro de extinción; Periquito atolero (Aratinga canicularis), amenazada; Periquito azulado (Forpus cyanoygius), endémica amenazada; Loro guayabero (Amazona albifrons), amenazada; Fuente: Fundación Ornitológica Txori

Reclaman desacato a suspensión de basurero

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

Defensores del bosque en Atemajac de Brizuela denuncian que el ayuntamiento local se niega a respetar la suspensión definitiva que otorgó el juez tercero de distrito, en el amparo indirecto 2490/2018, contra el vertedero municipal enclavado en el predio Totomina o Toponima, el cual a su juicio viola la norma oficial mexicana 083-SEMARNAT, pero fue validado con “graves irregularidades”, dicen, por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

La suspensión definitiva data del 3 de septiembre de 2018. Pero fue hasta diciembre cuando el presidente municipal en funciones, Jesús Monroy Moreno, respondió al juzgado que se habían dictado instrucciones al director de obras públicas, el día 18 de ese mes, para que se hiciera “de su conocimiento que por instrucciones dictadas y determinadas dentro del incidente que por este medio se contesta, se abstenga de arrojar residuos sólidos al vertedero municipal que se localiza en el predio (…) ello en tanto la autoridad ambiental, por medio de la orden dictada por este juzgado, determine que se está (sic) cumpliendo con la NOM-083, ello al tomar en consideración que el destino final de la basura también es de interés público, pues la sociedad está interesada en que los desechos tengan un destino adecuado para su eficaz tratamiento”.

De acuerdo a los abogados de los quejosos, la Semadet determinó respaldar al ayuntamiento y asegurar que no se viola la NOM-083. Como consecuencia, el relleno sanitario sigue en operaciones.

La autoridad ambiental se cobija en el supuesto que el propio juez determinó: que la suspensión aplicaría siempre que la autoridad contra la que se invoca el juicio de garantías no demuestre que ha cumplido efectivamente con todo lo previsto por la citada norma oficial; si la Semadet y el Ayuntamiento de Atemajac ofrecen evidencias del cumplimiento, la medida cautelar no tiene efecto.

“Se concede la suspensión definitiva antes destacada , siempre y cuando los actos reclamados provengan únicamente de las autoridades señaladas como responsables y en atención a los antecedentes narrados en el escrito de la demanda, en el entendido de que la medida de suspensión no surtirá sus efectos, si el relleno sanitario cumple con los requisitos actuales que marca la norma oficial mexicana […] ello, al tomar en consideración que el destino final de la basura también es de interés público, pues la sociedad está interesada en que los desechos tengan un destino final para su eficaz tratamiento, y en el caso, no se tiene certeza jurídica de que el ayuntamiento cuente con diverso tiradero o relleno sanitario“ para sustituir el sitio, indica la resolución del juzgado federal.

La asociación civil Custodios del Bosque y Amigos de la Naturaleza es la promotora del amparo; los vecinos integrados en la misma señalan la falta de estudio de impacto ambiental (el ayuntamiento fue eximido por la Semadet de realizarlo), la cercanía al bosque de pino de esa área serrana, y las escasas aplicaciones de normas técnicas, y para el efecto, han presentado al juez videos y fotografías del estado que guarda la zona. Insisten en que la Semadet no puede respaldar una autorización otorgada desde 2003, pues ya está por cumplir 16 años y además, el sitio dejó de usarse casi quince anualidades.

Pérdida de especies daña la agricultura

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

La pérdida de insectos, aves y mamíferos polinizadores; de especies dispersadoras de semillas; de reptiles y aves controladores de plagas; de plantas y animales constructores de suelos y reductores de impactos y perturbaciones, puede ser desastroso para la agricultura y ganadería de Jalisco, primer productor nacional agropecuario. Y como esta entidad, buena parte del mundo debe prepararse para afrontarlo, según el informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), presentado ayer.

Cualquier cultivo exitoso en los que Jalisco es líder, como el maíz, el agave, las berries o el aguacate demandan servicios ecosistémicos de las especies silvestres: el suelo fértil, la sombra y regulación climática, el equilibrio de la cadena trófica para mantener bajo control a las especies potencialmente dañinas, el agua y el carbono capturados, la polinización. Pasa igual con la ganadería: los potreros bien manejados proveen más alimento, agua y sombra para reducir el estrés de los animales.

Casi 12 por ciento de la economía estatal se basa en producir alimentos, pero es evidentemente el sustento del total de la población. Con la destrucción de las especies –cambio de uso de suelo que arrasa bosques; envenenamiento de aves, de abejas y de reptiles y roedores, o extinción por pérdida de hábitat–  se altera el equilibrio de los ecosistemas, aumenta el calor y las plagas, se obliga a invertir más en paquetes tecnológicos que propician erosión y contaminan  suelos. Para el organismo internacional, urge mejorar prácticas y conocimiento para preservar todas las especies.

El estado de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura en el mundo “ofrece una evaluación de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura y su gestión en todo el mundo, basándose en la información proporcionada en 91 informes de países (preparados por más de mil 300 colaboradores), 27 informes de organizaciones internacionales y aportaciones de más de 175 autores y revisores”, señala el resumen ejecutivo difundido la tarde de ayer.

Ofrece cinco principales conclusiones: uno, la biodiversidad es indispensable para la alimentación y la agricultura, y en consecuencia, para la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible y la prestación de muchos servicios ecosistémicos vitales. Dos, “los múltiples factores impulsores del cambio que interactúan entre sí están afectando a la biodiversidad para la alimentación y la agricultura”, si bien “algunos brindan la posibilidad de fomentar una gestión más sostenible”.

Tres, “la biodiversidad para la alimentación y la agricultura está disminuyendo (…) (por lo que) es necesario mejorar los conocimientos sobre la biodiversidad asociada”.

En contraste, el punto cuatro destaca que “según los informes, está aumentando el uso de muchas prácticas respetuosas con la biodiversidad. En Jalisco, ciertas prácticas de agricultura de ladera preservan especies criollas de maíz, frijol y calabaza, así como una creciente utilización de abonos y pesticidas orgánicos.

Y cinco: “No hay suficientes marcos propicios para la utilización sostenible y la conservación de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. Es urgente establecer marcos propicios, o reforzar los existentes” para lograrlo. “La investigación sobre los sistemas alimentarios y agrícolas debe ser más multidisciplinaria y participativa, y centrarse en mayor medida en las interacciones entre los diferentes componentes de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura”. Es decir, más inversión en ciencia con diversos enfoques.

La biodiversidad alimentaria

La biodiversidad para la alimentación y la agricultura “incluye a todas las plantas y animales -silvestres y domésticas- que nos proporcionan alimentos, piensos, combustible y fibra. También abarca la miríada de organismos que apoyan la producción alimentaria a través de los servicios ecosistémicos, lo que denominamos biodiversidad asociada

Se trata de todas las plantas, animales y microorganismos (como insectos, murciélagos, aves, manglares, corales, praderas marinas, lombrices, hongos y bacterias que habitan en el suelo) “que mantienen los suelos fértiles, polinizan las plantas, purifican el agua y el aire, mantienen sanos a peces y árboles, y combaten las plagas y enfermedades de los cultivos y el ganado”

“La biodiversidad es fundamental para salvaguardar la seguridad alimentaria mundial, sostener dietas saludables y nutritivas, mejorar los medios de subsistencia rurales y reforzar la resiliencia de las personas y comunidades. Tenemos que utilizar la biodiversidad de forma sostenible, para poder responder mejor a los crecientes desafíos del cambio climático y producir alimentos de una forma que no dañe a nuestro medio ambiente”

Informe Mundial de Biodiversidad de la FAO

Golpe a SCT: indemnizará por obra carretera

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

Al abordar el amparo en revisión 6/2018, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito dio la razón al ejido Cedros, de Ixtlahuacán de los Membrillos, en su conflicto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por invasión de tierras ejidales para la ampliación y obras complementarias de la carretera Santa Rosa-La Barca, en el entronque con el Macrolibramiento de Guadalajara.

De este modo, la SCT deberá abrir un procedimiento de expropiación para indemnizar a la comunidad agraria afectada por las obras, pues el colegiado ha reconocido que debió pedirse permiso a la asamblea ejidal para hacer obras dado que no aplica aquí el tema de la servidumbre federal porque entra en colisión con el derecho agrario sobre predios de uso común: son terrenos que forman parte de la dotación presidencial de la comunidad.

La impugnación fue contra “la orden para la construcción, operación y mantenimiento de la carretera Santa Rosa-La Barca y sus obras asociadas y auxiliares, tramo carretero comprendido en terrenos del ejido quejoso, indicados anteriormente, así como realizar el cambio de uso de suelo y la destrucción de la corteza vegetal de los terrenos (…) así como impedir el libre acceso a dichos terrenos, así como al cruce de los mismos”.

El asunto derivó en queja porque el juzgado competente consideró que la apertura original del camino había dejado afectados los terrenos de la servidumbre, pero como no se acreditó haberlos expropiado, para el tribunal el derecho ejidal, imprescriptible, debe ser resarcido. Y al ser los dueños reconocidos del derecho, se les debió notificar y escuchar y posteriormente generar una indemnización.

“Resta entonces establecer el monto de la indemnización que, conforme al citado precepto deberá ser determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados. Por consecuencia, procede modificar la sentencia recurrida en la parte donde se negó el amparo solicitado y en su lugar conceder el mismo para el efecto de que las autoridades responsables procedan a realizar la indemnización que, conforme al artículo 94 de la ley agraria proceda a favor del ejido quejoso de los terrenos afectados por la construcción de la vía de comunicación denominada carretera Santa Rosa-La Barca, virtud de no haber observado ni respetado sus derechos de audiencia y defensa de manera previa al acto de autoridad que les reclama”, destaca la sentencia.

Y añade: “La construcción de una carretera sobre predios ejidales de uso común afecta directamente el derecho de propiedad sobre éstos y, por tanto, genera el derecho de los dueños a exigir el pago de una indemnización (…) debe exigirse la legalidad en la emisión del respectivo decreto expropiatorio y el pago de la indemnización correspondiente al valor comercial previo a la ocupación; y el quinto concepto de violación la parte quejosa sostiene transgresiones a los artículos 4 y 25 constitucionales, dado que hay estudios técnicos que demuestran la alta biodiversidad del área que puede afectarse con los actos reclamados”.

“Tales argumentos resultan fundados y suficientes para decretar la protección constitucional que se solicita, en tanto que, como ya quedó delimitado en el considerando quinto de esta ejecutoria, una carretera como vía general de comunicación no puede considerarse como una servidumbre legal de paso, lo que dicho en otros términos significa que su construcción sobre predios ejidales de uso común afecta directamente el derecho de propiedad sobre éstos y, por tanto, genera el derecho de los dueños a exigir el pago de una indemnización a través del procedimiento de expropiación previsto en el artículo 94 de la ley agraria”.

El espacio es parte de una demarcación protegida: el Área de Protección Hidrológica Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos. De hecho, el flujo hídrico, afectado con las dos carreteras, es esencial para el mantenimiento de un bosque de galería con ejemplares de más de medio millar de años. Pero la acción de protección estatal es posterior al permiso de impacto ambiental que otorgó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Sobre el arroyo Los Sabinos

“Con base en los razonamientos vertidos en la respuesta de la pregunta 6 y en la información analizada del Estudio técnico justificativo para la declaratoria de área estatal de protección hidrológica, este diestro puede determinar que, el arroyo Los Sabinos sí tiene un alto valor ecológico debido a su importancia como corredor biológico que conecta la parte alta de la cuenca, desde el cerro Viejo hasta el río Santiago, y por sustentar un bosque de galería de ahuehuete”, determinó un perito oficial en el amparo del ejido Cedros contra la SCT y otras autoridades

Ponen lupa a 33 fraccionamientos de Tlajomulco

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

Ya están los resultados del Diagnóstico del fenómeno de segregación socio-espacial y de las unidades habitacionales de vivienda de interés social y su entorno urbano en el municipio Tlajomulco, que se realizó en 33 fraccionamientos de interés social bajo la coordinación del consultor urbano Bernd Pfannenstein, y pone cifras al abandono de vivienda, la marginación, la inseguridad y la falta de calidad del espacio público, además que dimensiona la percepción de los habitantes de esos asentamientos degradados.

Con base en ese trabajo, el urbanista de origen alemán y su equipo buscan “definir un programa articulado para el desarrollo de las ciudades y su homologación entre los criterios urbanísticos y legislativos. Generar conceptos, metas, reglas claras y transparentes para todos los agentes involucrados en la producción del suelo urbano con el fin de alcanzar un proceso de gestión urbana planificada estratégicamente que aporte en la construcción de un sistema equilibrado y funcional”.

Los fraccionamientos incluidos son: Puesta del Sol, Casa Blanca, Hacienda de los Eucaliptos, Hacienda Santa Fe, Lomas de San Agustín, Los Abedules, Puerta Real, Renaceres Residencial, Los Silos, Los Cantaros, Mirador del Valle, Colinas Desarrollo, Lomas de Tejeda Condominio, Villas Terranova, Los Encinos, Novaterra Residencial, La Fortuna, Colinas del Roble, Villas de la Hacienda, Jardines de San Sebastián, Valle de los Emperadores, Los Nogales, Hacienda la Noria, Lomas del Carmen, Los Ciruelos, Rinconada de San Sebastián, El Paraíso, La Providencia, Arcos de San Sebastián, Bosques de la Esperanza, Villanova, Cima del Sol y Chulavista. Tienen 92 mil 356 viviendas de las cuales 14 mil 403 unidades no están en uso, esto es, 15.6 por ciento.

El plan incluye desde la planeación socialmente responsable y democrática del territorio municipal, metropolitano y estatal hasta mejorar la toma de decisiones de forma transversal “con instrumentos de planeación adecuados para desincentivar las problemáticas urbanas, sociales y ambientales”, así como “la generación de instrumentos innovadores que minimicen la fragmentación socio-espacial y segregación urbana a la vez que se promueva el respeto y cumplimiento de los derechos ciudadanos para interpretar la planeación territorial como un instrumento fundamental para lograr ciudades más seguras y poner las políticas de vivienda en el centro de las estrategias de intervención”.

Por ello, el estudio tiene como alcances “la elaboración de una base de datos georreferenciada del fenómeno de la segregación socio-espacial y de las unidades habitacionales de vivienda de interés social y su entorno urbano de la vivienda cual no está en uso (por fraccionamiento), incluyendo un análisis multidimensional (componente espacial)”; y “la aplicación de un estudio socio-empírico comparativo con un cuestionario estandarizado por vivienda derivado de un muestreo representativo por fraccionamiento (componente social)”.

Las encuestas son especialmente valiosas para que el ejercicio de planeación sea incluyente con lo que los propios vecinos demandan, pues de otro modo, no se podría hablar de una plena integración en condiciones de equidad a la vida de la ciudad.

Pfannenstein destaca la importancia de un trabajo de campo y participativo muy serio, para que sea un instrumento eficaz para soluciones de largo aliento que demandan las dimensiones del problema; la otra parte es que sea instrumentado con acuerdos entre todos los órdenes gubernamentales, pues de lo contrario no tendrá futuro.



A partir de 197 encuestas

El caso de Los Silos

En 84% de las viviendas consultadas hay percepción de inseguridad

En 96% mencionan que no tienen acceso a servicios básicos de salud

En 69% ven el estado de las áreas verdes y de los espacios públicos en un estado mejorable o insuficiente

En 72% no cuentan con acceso a Internet<

En 69% refieren que la parada del transporte público no es segura

En 54% informan que se usa el servicio de mototaxi

En 70% hay cortes frecuentes de los servicios básicos en el fraccionamiento

Proponen acuerdo nacional para viviendas abandonadas

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

Académicos especialistas con experiencia directa en la planeación y el desarrollo urbano de Jalisco, piden a los gobiernos federal, estatal y municipales, que se integre una agenda abierta de discusiones para poder llegar un gran acuerdo nacional para afrontar el problema de las viviendas abandonadas, el cual es multifactorial y no puede ser resuelto si se prescinde de la sociedad civil y sus organismos intermedios, dijo ayer el presidente de la Academia  Mexicana de Desarrollo Urbano (Amdeur), Antonio Rocha Santos.

Hay entre 218 mil y 300 mil unidades casa-habitación solas en todo el estado (la cifra varía según la fuente; la primera se proporcionó el 12 de febrero en una mesa entre alcaldes metropolitanos y el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan); la segunda la aportó el presidente del Colegio de Arquitectos Urbanistas de Jalisco, Carlos Orozco Santillán, el 21 de enero); el abandono obedece a diversos factores como la insolvencia de los compradores, la falta de servicios básicos, la inseguridad, la lejanía de centros de trabajo y educativos, entre muchos más.

“Están en proceso de destrucción, lo cual significa una afectación al patrimonio de los organismos que financiaron su construcción”, alertó Rocha Santos, quien añadió que las viviendas son utilizadas como tierra de nadie para resguardo de bandas de delincuentes o inhumaciones clandestinas, además del saqueo a que están expuestas.

La propuesta de la Amdeur es que se ataquen los conflictos jurídicos (posesión, invasiones, titularidad del inmueble, juicios de recuperación de crédito por Infonavit, Fovissste, Pensiones o los bancos), que se analicen las posibles modalidades para afrontar el problema del impago de créditos, sea por altas tasas de interés o problemas de liquidez de los compradores; determinar el estatus del fraccionamiento ante el ayuntamiento; que la propiedad de las viviendas se formalice para que paguen impuesto predial; que se integren urbanísticamente las zonas para mejorar sus comunicaciones y sus servicios urbanos; que se atienda la calidad ambiental del entorno, y que se garantice vigilancia.

También deberán determinarse problemas técnicos como la ubicación de asentamientos en zonas de riesgo, sitios insalubres o inundables.

El grupo interdisciplinario propuesto incluye ingenieros, arquitectos, abogados, ecologistas, geólogos, trabajadores sociales y especialistas en finanzas, para que se elabore un diagnóstico integral y un plan de trabajo con objetivos precisos y medibles. “Estoy seguro que daríamos los primeros resultados en un escenario de seis meses”, aseguró Rocha Santos.

Al respecto, la maestra en urbanismo Silvia Ortiz Gómez, estimó: “Quizás no ha habido la determinación (visión) y deseo de atender esta problemática por parte de las autoridades”, pese a que el gobierno de Enrique Peña Nieto diagnosticó con precisión el problema en sus programas de desarrollo urbano y de vivienda.

El lobby de los grandes vivienderos que aumentan su utilidad con la expansión de la ciudad “también influye, pero cuando hay planes y programas de desarrollo urbano y vivienda que limitan esta dispersión, el problema no se replicaría. Por ello es importante participar en la actualización y en consulta pública de estos instrumentos de planeación y asegurar la evaluación y seguimiento de los proyectos, programas y acciones a través de un sistema de evaluación y seguimiento acorde con los objetivos del plan rector”, agregó.

En general, no se han dado seguimiento a los indicadores urbanos cuando se aprueban nuevos desarrollos; esa información debe estar debidamente georreferenciada para que lo aprobado corresponda a la planeación adecuada de los centros de población, puntualizó.

NÚMEROS

5 millones de viviendas abandonadas en México

218 mil a 300 mil viviendas abandonadas en Jalisco

69 mil viviendas abandonadas en Tlajomulco

45 mil viviendas abandonadas en Zapopan

ELOGIO DE LA LIBERTAD DE PRENSA

Agustín del Castillo/El Respetable

“Gobierno es orden. El periodismo es desorden. La vida imita al periodismo”.

James Deakin



En el tránsito de los siglos XVIII al XIX, años en que fue parida la modernidad en que aún vivimos, uno de sus más agudos observadores, el vizconde de Chateaubriand, diagnosticó: “La libertad de prensa es origen y fundamento de todas las demás libertades; anúlenla, y surgirá el tirano…” (Memorias de Ultratumba).

Esto sigue siendo una de las verdades palmarias del orden democrático. La libertad de publicar opiniones de cualquier materia y por cualquier medio (o sea, de expresarse abierta y públicamente) es la base necesaria de todo lo demás, porque va al corazón de las características de la persona: denota su capacidad de ser “por sí mismo” (per se, la raíz de “persona”), su autonomía indisputable, su posibilidad inalienable de poner a prueba esa libertad, esto es, de expresarse públicamente por más desazón, molestia o escándalo que dicha opinión genere.

Más allá de la vieja retahíla de las supuestas desventajas de admitir esta libertad radical (radical no por extrema, sino porque deriva de “raíz”, pues está en la base del concepto de “persona”), señalamiento que alude a la defensa del orden, de la paz social, de la moral, de la supresión del escándalo, de derechos de los sujetos privados y de otros argumentos que suelen traducirse en el sostenimiento del privilegio de ciertos grupos políticos y económicos para cobijarse en su impunidad (lo que en el pobre es borrachera en el rico es alegría); a una sociedad abierta que cree en los principios básicos de la legalidad, de la igualdad y la libertad, le conviene sostener este derecho a la libre expresión como pilar.

No es poco lo que se gana: una sociedad que acepta la alteridad en el orden social, y la crítica en el político, suele tener capacidad de cambio y adaptación, y evita polarizaciones graves que derivan en conflicto y parálisis, pues el rito de expresarse y de escuchar al otro es parte esencial de un sistema que se construye y legitima justamente con ese concurso de opiniones y visiones de mundo variopintas. Las discusiones, cuando se hacen con sensatez y autocontención, derivan en comunes denominadores que permiten sacar acuerdos generales. No es poca cosa.

Dirán los apasionados del orden por encima de la libertad que ésta suele ser desenfrenada y abusiva. Lo cierto es que sucede como con los niños: si se les da gradualmente el poder de decidir sobre sí mismos, llegan a la ciudadanía y la adultez real, un maridaje que es imposible sin elementos esenciales como el conocimiento de lo cierto y la noción de responsabilidad como anverso de la libertad. No es pues, el camino a la anarquía, sino a la madurez.

Pero a los esquemas autoritarios no les convence esa solución, que requiere respeto, tolerancia al error (la libertad de prensa es en buena medida un derecho a equivocarse: siempre que se esté dispuesto a aceptar el error, y siempre que se reconozca que muchas verdades del día caducan, y por eso es necesario privilegiar los hechos), tiempo y paciencia. Prefieren el expediente fácil de la autoridad que resuelve sin consulta porque “sabe lo que Jalisco necesita” (un clásico de ese paternalismo autocrático en esta región del mundo), y del ciudadano-súbdito, que se inclina ante la mística del poder y vive en la perpetua infancia de no deberse preocupar de sus problemas.

SI LA REALIDAD LO DESMIENTE, PEOR PARA LA REALIDAD. SI LOS PERIODISTAS LA DOCUMENTAN, SON “ESTUPIDECES” DE LA “PRENSA BASURA”.

Es que la prensa rompe el orden, la armonía social, da voz a disidentes que son enemigos del pueblo, de los “ciudadanos libres”, del progreso social. Un contemporáneo muy célebre del vizconde de Chateaubriand lo dice mejor que nuestros aspirantes a autócratas locales y nacionales: “la libertad de prensa debe estar en manos del gobierno, la prensa debe ser un poderoso auxiliar  para hacer llegar a todos los rincones del imperio  las sanas doctrinas y los buenos principios. Abandonarla a sí misma es dormirse junto a un peligro” (Napoleón Bonaparte).

El modelo de negocios que fundamentó al periodismo, en México y el mundo, está ahora en crisis: la prensa no ha sabido reinventarse ante las redes sociales. El poder lo aprovecha. La debacle permite regresar a las viejas prácticas de usar el dinero público para chantajear y condicionar proyectos periodísticos, e incluso, como hace Alfaro en Jalisco, fingir un infinito desprecio pues manda avisar a los ávidos directivos que “no invierte” en periódicos (que contradictoriamente lo hacen irritar: atacó al diario NTR hace quince días y lo acusó de decir mentiras; luego, no aplica el sabio axioma de que “duele más la indiferencia”); desde el poder económico, es lo mismo, el afán de controlar reportajes que cuestionen negocios turbios. Se reproduce la máxima tristemente célebre del presidente José López Portillo: “no pago para que me peguen”. La prensa está a un tris de regresar a su papel orgánico, cercano al poder, lo que es un riesgo para la sociedad que tiene derecho a información libre para tomar decisiones y expresarse. Si esto sucede, no olvidemos que nos espera el Estado autoritario y el desplome del resto de los derechos civiles. Y eso al poder le gusta y le conviene, pero no se ha derramado tanta sangre en el mundo como para permitir tan fácil que las cosas regresen al día anterior de la Declaración de los derechos del hombre, que fue un 26 de agosto, de 1789, cuando esta convulsa modernidad fue parida.

El pueblo de los dos nombres sale a la calle por su bosque

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

La Mazata y La Estancia de Ayones salieron a la calle. El pasado 16 de febrero se realizó una manifestación en este poblado de dos nombres por estar enclavado en la frontera de dos municipios, San Juanito de Escobedo y Etzatlán. En la protesta multitudinaria demandaron que cese la tala sobre sus encinares que dan agua, paisaje, aire limpio y clima a la región.

“Hicimos una marcha pacífica; el pueblo nos apoyó, también el párroco en misa, se pidieron los permisos correspondientes y del municipio mandó una patrulla, una ambulancia. Nos acompañaron muchos niños y ancianos”, dijo la señora Aguilar, quien entregó fotografías y videos para dar constancia de la movilización desacostumbrada por un asunto de este tipo.

Escuchó las inconformidades el diputado federal Eduardo Ron, quien aseguró que ha abordado el tema con el gobernador Enrique Alfaro, quien a través de él pidió “paciencia” para poder tratar legalmente el problema, esencialmente, de que se trata de un aprovechamiento forestal autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Hay siete peticiones entregadas al representante popular y al Ayuntamiento de Etzatlán: “que se revisen los permisos otorgados para la tala de árboles en nuestra comunidad para verificar la legalidad de los mismos”; que “se respeten los permisos, leyes y reglamentos relacionados con el cuidado y protección de los recursos forestales”; que “se detengan y sancionen las actividades hechas fuera del permiso otorgado”; que “se conforme un consejo de vigilancia con la participación de los representantes de nuestra comunidad, autoridades municipales y personal especializado en la protección, vigilancia, ordenación y aprovechamiento de nuestros recursos forestales”.

También, que “se ejecuten programas productivos de restauración, de protección, de conservación y de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y suelos forestales de nuestra comunidad”, sumado al fomento del aprovechamiento sostenible, es decir, sin rebasar la capacidad de regeneración de los propios ecosistemas “para garantizar su disponibilidad en el futuro”.



Se trata de una movilización desacostumbrada por un asunto de este tipo.
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La última exigencia es que se dé seguimiento a todas las peticiones, es decir, que tengan respuesta formal y se canalicen a las instancias correspondientes.

El legislador de Movimiento Ciudadano consideró importante dar voz a las comunidades cuando se determinan los permisos de aprovechamiento forestal, y en general, los cambios de uso de suelo, pues el ambiente es un factor de territorio y atmósfera, y por ende, afecta a todos. Los responsables del ejido, encabezados por su presidente, Ramón Ramos, fueron convocados, pero no asistieron. Ellos han mandado decir que se trata de un proceso totalmente regular, pero no convence a los pobladores, que sugieren que presuntamente fue aprobada la extracción de madera para carbón por la minoría directiva, y no por parte de la asamblea, lo que podría derivar en una irregularidad que tornaría endeble jurídicamente la autorización. Pero habrá que entablar demanda correspondiente.

Por lo pronto, los ciudadanos esperan que su protesta alcance eco en las autoridades.

Alteran desarrollos ribera de Chapala

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

La aprobación de desarrollos de densidad media y alta en Jocotepec, por más de medio millón de metros cuadrados, en 11 desarrollos inmobiliarios autorizados entre 2006 y 2016, así como la permisividad de la autoridad municipal de Chapala para tolerar desde fincas hasta fraccionamientos sobre la cota de mil 600 metros sobre el nivel del mar, que en lo general no cuentan con permisos, son el problema más grave de urbanización caótica que padece la ribera norte del mayor lago del país.

De acuerdo al recuento de hechos presentado por diversos colectivos a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, en un extenso escrito, recibido en la sede de la Semarnat el jueves 14 de febrero, resulta urgente valorar al embalse como sitio Ramsar y reconocer los valiosos servicios ambientales que provee, además de en su cuenca propia, en la aportación de agua para la ciudad de Guadalajara.

“El lago de Chapala está amenazado por un desarrollo urbano anacrónico y desordenado, que implica más presiones al humedal por las descargas doméstico-urbanas, la pavimentación de cerros, que impermeabiliza y obstruye las descargas de agua al lago, la pérdida de cobertura vegetal y de biodiversidad; ya no solo el cambio climático es la amenaza inminente, sino una ausencia de políticas urbano-ambiental que garantice el que México cumpla con los compromisos de tener al humedal más grande del país”, sostienen los firmantes, el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Vecinos de Ajijic unidos por el Lago de Chapala, Axixic Chimalli, y la Red metropolitana de parques, barrancas, ríos, arroyos y el lago de Chapala.

“La gestión y administración de un sitio Ramsar como es el lago de Chapala, se vuelve más que caótica y complicada, tomando en cuenta la dispersión de competencias en los tres niveles de gobierno y la ausencia del gobierno federal en el ordenamiento de los usos del suelo en la cuenca propia del lago de Chapala. A nivel del estado se han realizado esfuerzos para manejar al lago de Chapala, sobre todo a partir de que fue declarado sitio Ramsar en 2009 (…) existe el Comité Estatal de los Humedales que aglutina a los 13 sitios Ramsar que tiene el estado. En este referente, el lago de Chapala es un humedal de carácter internacional a partir del 2 de febrero de 2009 (…) en el ámbito federal si bien es cierto existe un organismo focal que da seguimiento al cumplimiento de las políticas de Ramsar (…) quien organiza productiva y territorialmente el suelo es el Municipio y los estados”.

La falta de alineación de políticas se convierte en el gran desafío. “La vulnerabilidad jurídica e institucional del sitio Ramsar es una asignatura urgente a homologar”.

CAOS EN LA RIBERA

Las actividades productivas predominantes en la cuenca propia del lago de Chapala son las de “servicios, turismo, agricultura y pesca. Los municipios donde más se desarrolla la actividad turística es en la franja comprendida de Mezcala a Jocotepec, pasando obviamente por el municipio de Chapala. Ahora bien el turismo corroborado en diferentes visitas por los peticionarios es de fines de semana y en periodos vacacionales y ha demandado que los ayuntamientos de Chapala y Jocotepec implementen una política de desarrollo urbano no planificada y caótica alrededor de los cerros del lago que nutren a este importante ecosistema hídrico”.

A la par, la llamada agricultura protegida o de invernaderos “ha tenido un importante auge sobre todo en los municipios de Jocotepec y Tizapán que albergan una expansión de agricultura de invernadero de frutos rojos; sin controles ambientales (…) Jocotepec es uno de los municipios aledaños al lago con mayor actividad agrícola de la ribera y junto con el municipio de Chapala son los de mayor flujo turístico. Se destaca que en la mayoría de las comunidades ribereñas una de las principales actividades es la pesca, la agricultura y finalmente la industria, esta última presente en los municipios de Poncitlán y Ocotlán”.

Todo esto refiere las grandes presiones de las que es objeto el lago, cuya cuenca directa se altera y deforesta, y en cuyas zonas bajas se producen residuos peligrosos sin controles. “Por eso es urgente que el gobierno federal intervenga”, señalan.

Fraccionamientos autorizados en Jocotepec

En 2007. Rivera del Lago (72,400 m²)

En 2008. Senderos del Lago (54,665 m²); El Huamuchil (32,136 m²), e Iprovipe Carrizal (40,000 m²)

En 2011. Centro Comercial en Chantepec (8,665 m²) y Sierra Lake (41,628 m²)

En 2015. Puerta del Lago (16,650 m²); El Cardenal (8,000 m²); Vistas del Ángel II (193,598 m²); Lake Short Residencial (48,641 m²), y Condominio San Cristóbal Zapotitlán (9,964 m²)

Falta cultura civica para acotar el poder

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

El siglo 20 enseñó “que ni los muros ni los regímenes totalitarios pueden sostenerse por mucho tiempo; el siglo 21, que las revoluciones ya no ocurrirán en un lugar, en un momento o en un acto, sino que las transformaciones sociales ocurrirán en todos lados, todo el tiempo, a través de la acción de mucha gente”, pondera el académico, experto en procesos sociales y urbanos, Héctor Castañón, integrante de colectivos que buscan democratizar la ciudad.

“Con la globalización y su escala planetaria, hemos migrado de un paradigma de poder central a uno de poder distribuido. Pero esa distribución es profundamente desigual, y las pretensiones totalitarias no dejan de estar presentes en el imaginario político. Ya no es posible que una persona mande, pero la realidad es que seguimos creyendo que así es, aunque sea sólo una máscara, una ficción”, explica en una opinión a solicitud de El Diario NTR Guadalajara.

“Quién creemos que manda es la cuestión. Y las perspectivas pueden ser distintas: Quién controla los recursos y las instituciones. Quién influye en la opinión pública. Quién rige la moral pública. A quién le conferimos esa investidura o quién la ha tomado para ejercer el poder construido en el imaginario social”. La realidad es que “la mayoría de quienes habitan la ciudad no obedecen directamente los designios de quienes más poder ejercen sobre ellos, pero su vida cotidiana está condicionada por las estructuras afectadas por sus decisiones. Si para definir quién manda en Guadalajara consideramos a quienes deciden sobre las estructuras que más influyen en las trayectorias de vida de más personas, podríamos decir que quienes controlan la educación, la vivienda y el trabajo serían las personas que más poder real ejercen. En el caso de la educación, considerando que el punto de quiebre para quienes aspiran a mejores condiciones de movilidad social es el acceso a la educación superior, aquellos que definen los cupos y la calidad de la educación de las preparatorias y universidad pública tendrían mayor influencia sobre las posibilidades de desarrollo individual y colectivo en la ciudad”, señala Castañón.

Si se tratara de una persona, agrega, “sería entonces Raúl Padilla, quien a través de sus decisiones personales afecta el presupuesto que efectivamente se destina a la educación superior en nuestra entidad. En lo concerniente a la vivienda que, según la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Vivienda Adecuada, Leilani Farha, atraviesa todas las dimensiones de la vida urbana, los desarrolladores inmobiliarios que definen la forma urbana a través de sus proyectos, inversiones y captura de plusvalías, serían quienes en mayor medida condicionan las dinámicas socioeconómicas, urbanas y de movilidad, incidiendo con ello en el acceso a servicios y oportunidades, en la salud de los ecosistemas, en la calidad del aire y en la calidad de vida de las familias que viven en el Área Metropolitana de Guadalajara”.



La mayoría de quienes habitan la ciudad no obedecen directamente los designios de quienes más poder ejercen sobre ellos, pero su vida cotidiana se ve afectada por sus decisiones.
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Gremio con poder

Se trata de un gremio “con gran poder de gestión de permisos y apoyos gubernamentales para sus negocios, y que a través del financiamiento de campañas políticas inciden en la voluntad de las autoridades para configurar a su modo las instancias de desarrollo urbano, los instrumentos de planeación y gestión del territorio, y los programas de inversión en infraestructura pública. Se trata de los grandes capitales del estado quienes de forma colateral invierten en el sector inmobiliario”.

A su juicio, “si se tratara de una persona, sería Enrique Dau, quien ha operado como gestor de las inmobiliarias y las constructoras de infraestructura, colocando a funcionarios afines a sus intereses en los gobiernos de cualquier partido que llegue al poder”.

Finalmente, “en lo que se refiere al trabajo y las condiciones laborales, el empresariado, a través de los organismos cupulares, inciden en la calidad, estabilidad y niveles de ingreso de los empleos a los que tienen acceso los trabajadores y sus familias; también influyen en el paquete de incentivos y programas que propician la localización industrial, la inversión extranjera y el desarrollo de sectores seleccionados. De su cultura y prácticas de responsabilidad empresarial dependen el bienestar de las personas trabajadoras y sus familias a través de un salario justo y equitativo, el acceso a la seguridad social y los créditos a la vivienda, la libre organización sindical”.

Remata: “Si entendemos la estructura social como una pirámide, parecerá normal que el poder se ejerce y se concentra en la cúspide. Si la entendemos como una red en donde todas las personas tienen los mismos derechos, podemos ejercer el poder desde cada uno de nuestros espacios con base en las garantías que reconoce la constitución, entre los que se encuentra el inalienable derecho de alterar el gobierno y las instituciones para asegurar que atienden el interés público antes que los intereses de particulares. De esta manera, ningún individuo podría estar por encima de la voluntad popular. En este sentido, la Carta Magna dice claramente quién manda. Sólo hace falta que realmente lo creamos, porque como le revela Lord Varys a Tyrion en la conocida serie Juego de Tronos: “el poder reside donde la gente cree que reside”.

Guadalajara 477, poder, trafico de influencias e imaginación

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

Mucho se ha dicho que el gran poder de tres décadas ejercido por el líder indiscutido del grupo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Raúl Padilla López, nace del reconocimiento de sus enemigos. “Si ustedes imaginan, es decir, tienen la imagen de que es poderoso, entonces se hace realidad: sí es poderoso”, le dijo un colaborador al gobernador priísta Carlos Rivera Aceves, el primero que debió hacer frente a los amagos del entonces rector, con quien se enfrentó por el tema del presupuesto y el de la autonomía universitaria. En ambos casos ganó el ex líder de la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG).

El caudillo universitario de raíces alteñas, hijo de un ex secretario estatal de los tiempos del desarrollo estabilizador, fue especialmente astuto para enfrentar el bisoño gobierno panista de Alberto Cárdenas Jiménez, a quien como diputado le torpedeó el crédito japonés para abastecimiento y saneamiento de la ciudad pese a no contar más que con otro compañero de bancada del naciente Partido de la Revolución Democrática (PRD). Tuvo la gran habilidad de movilizar a la mayoría priísta –los tricolores habían recuperado el control legislativo en las elecciones de 1997–, y de contar con un valioso y dialogante académico como rector y sucesor: Víctor González Romero, una especie de policía bueno que era bien visto por el equipo de Cárdenas Jiménez. Esos años de transición lo consolidaron.

Para muchos tapatíos, el papel del grupo UdeG ha sido de contrapeso a la histórica huella de una clase empresarial conservadora y de visión de cortoplazo muy ligada al arzobispo en turno. En el imaginario, es una visión fuertemente legitimadora. Y si se revisa el papel de otros grupos, todos tienen su “relato” de justificación.

ES UNA RELACIÓN

A partir de los mitos se puede bajar a la realidad: el poder es una relación. “El poder en la ciudad se ejerce por varias vías, de pronto complementarias. El poder de lo tapatío tradicional, lo que llamo de los apellidos con puestos, que parte de la tradición, pero también del poder económico y del poder de ‘picaporte’, es como su derecho natural a ser interlocutores del poder político”, señala un reconocido observador de la política local.

“Este tipo de poderosos moldean la ciudad, dictan sobre la educación, que suelen confundir con la moral y, en mucho, sostienen el esquema de castas, merced a esa esclavitud que ponen en práctica: la de la familiaridad, la que prodigan como si dieran bonos a sus empleados, a la gente del común, que debe agradecer que condesciendan a tratarlos como de la familia.  En términos económicos privilegian la tasa de retorno expedita y con altas tasas; de este modo, la ciudad padece su cortoplacismo”, agrega.

En cuanto al poder político, acepta ser parte del juego de los apellidos compuestos: Alfaro y Aranguren: como los burgueses enriquecidos que adquieren credenciales nobiliarias en la Francia revolucionaria, a la Balzac y la Stendhal. “Aunque trate de mostrar, en dónde puede, de lo que es capaz: sindicatos, reglamentos, leyes. Es raro que se niegue a que el presupuesto sirva de capital semilla de negocios privados, y no pocos de quienes han detectado este poder han tratado de impulsar, a dieta de erario e influencia en el gobierno, grupos económicos nuevos que disputen a los tradicionales, que suelen cerrar filas. La ciudad es el campo de batalla y el resultado es la anarquía que la ha desfigurado, ninguno de los contendientes se ha detenido a pensar en ella como continente de vidas, de culturas: es ubérrima fuente de dinero, nada más; y para los poderosos políticos, momentáneo acceso a un Olimpo que cuando su periodo termina, los desprecia”, puntualiza.

“¿Valdrá la pena reparar en la rauda forma en que el ex gobernador Aristóteles Sandoval, apenas en retiro desde diciembre, ha perdido poder? ¿La salida de su padre Leonel del Poder Judicial, al que mangoneó por seis años, no lo expresa de forma nítida?”, cuestiona un viejo político en retiro.



EL ‘GANGSTERISMO’

El corto plazo se expresa mejor en negocios inmobiliarios, porque otro tipo de actividades productivas requieren paciencia y sacrificios. No es casual que esas fortunas se labren de un sexenio a otro con negocios de urbanización. El culto a la ganancia rápida quizás sea también la que explica la facilidad con que los capitales del crimen logran asentarse en la ciudad. En realidad, apunta un reputado politólogo, Guadalajara naturalizó el gangsterismo desde muchas décadas antes de Rafael Caro Quintero.

“Los que estudiamos en los años de la FEG, recordamos que los autos con placas HVW eran pasaporte de impunidad, estaban asignados a los líderes estudiantiles y hacían lo que querían […] era tan raro que se les quiso copiar en otros estados, pero no pudieron. Solamente el gobernador Flavio Romero de Velazco les topó. Y vea el caso de las mafias sindicales, don Helio y don Porfirio, hoy en la rotonda -aunque apenas leían-, les paralizaban la ciudad a Orozco Romero y Álvarez del Castillo, con esto quiero decir que la criminalidad tiene carta de naturalización”, sostiene.

Justamente, el tráfico de drogas, el gangsterismo estudiantil, los golpes sindicales y los paros camioneros, la irrupción guerrillera y la criminalidad común ocurrían ante los ojos de la Policía Secreta y eran completamente tolerados, mientras se mantuvieran bajo ciertos márgenes. El papel del poderoso “policía del régimen” Javier García Paniagua y sus herederos es aquí parte esencial de la explicación. Pero es cierto: a un Estado eficaz en la administración de la violencia ha sucedido una anarquía expresada con claridad en los narcobloqueos que periódicamente siembran terror en las periferias de la ciudad.

Aun así, ni siquiera el poder de Nemesio Oseguera, El Mencho, y su Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es indiscutido. “El Cholo, Carlos Enríquez Sánchez Martínez, se le rebeló en la zona de El Salto y Tlaquepaque, y por eso estos días han salido tantos muertos”, revela un reportero de nota roja en este febrero del aniversario 477 de una ciudad desbordada.

El poder sindicado

Cámaras empresariales: Coparmex, CCIJ, Careintra, Consejo Regulador del Tequila, Canaco

Sindicatos: FTJ (CTM), CROC, FROC, CROM

Clerecías: Iglesia católica, parroquias, Opus Dei, Legionarios de Cristo, masones, La Luz del Mundo, iglesias evangélicas y protestantes

Universidades: UdeG, ITESO, Univa, Tec de Monterrey, UVM, Univer, UAG, UP

Moldean a la metrópoli

Un reconocido personaje de la política local, quien pidió no ser identificado, considera que personajes como Raúl Padilla “moldean la ciudad, dictan sobre la educación, que suelen confundir con la moral y, en mucho, sostienen el esquema de castas”

Guadalajara 477, una historia desde el poder

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

Su reino sí es de este mundo. Guadalajara, que hoy alcanza oficialmente 477 años de su cuarta y definitiva fundación, constituyó desde el principio una fuente de poder opuesto al centralismo de la capital de la Nueva España, liderazgo que ostentó claramente hasta el Porfiriato, cuando el dictador domesticó a las elites locales en su preocupación por mantener unido al país. Más de un siglo después, la ciudad mantiene un capital simbólico y un grupo de hombres que lo gestionan. Son los que tejen las redes del poder, los que mandan en los destinos de la capital de Jalisco y de sus 5 millones de habitantes.

¿Quiénes son los que en la actualidad inciden en el destino de los tapatíos? No caben las posturas absolutistas. La ciudad se ha vuelto cada vez más compleja y plural. El Diario NTR Guadalajara ha hecho una consulta con 10 personajes informados –políticos en activo o retiro, periodistas, empresarios, consultores, líderes de opinión– y bajo la condición de no identificarlos, han ayudado a trazar con total libertad un mapa con los principales nombres.

Entre los lógicos y muy públicos, en la parte alta: el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez; los dos cardenales católicos, Juan Sandoval Íñiguez y Francisco Robles Ortega; y el líder del grupo político más experimentado y sólido del estado, Raúl Padilla López, hombre fuerte de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

LA FUERZA DE LOS EMPRESARIOS

Pero al desgranar el resto de los nombres, se puede evidenciar la presencia de las viejas y nuevas elites empresariales y sus ligas privilegiadas con la política: en primer lugar, la propia familia del gobernador en funciones, con Miguel Alfaro Aranguren a la cabeza; el también ex presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara “maneja prácticamente el gabinete económico”; están además la familia Herrejón Alfaro y socios (Tierra y Armonía, Mendelssohn), cuyos proyectos inmobiliarios se han impuesto sobre zonas de alta fragilidad ambiental como cerro del Cuatro, El Nixticuil y La Primavera, y por si les faltara un símbolo de poder, han arrebatado un carril central a la colapsada avenida López Mateos para garantizar el acceso al centro comercial Punto Sur, lo que motivó una protesta vecinal que no ha sido resuelta desde diciembre de 2018.

Contiguo a la familia, en un sitial privilegiado de influencia, está el polémico priísta Raymundo Gómez Flores –por confesión del propio gobernador, su padrino y mentor–, también próspero inmobiliario (es dueño de Grupo GyG, socio frecuente de los Herrejón Alfaro y de los Leaño) cuya fortuna creció en los gobiernos de Enrique Álvarez del Castillo (1983-1989), y alcanzó notoriedad nacional con la compra del grupo Dina al gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

De los otros empresarios de alta influencia, se debe mencionar al dueño de Motormexa, importante inmobiliario (dos casos polémicos por su impacto ambiental: Ciudadela y El Pabellón) y presidente de la asociación Extra AC (de atención a trabajadores de medios de comunicación), Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, cuyo peso en el principal sindicato patronal, la Coparmex, es decisivo, apenas contrapesado por el ex presidente del gremio, José Medina Mora. El caso de Javier Arroyo Chávez, dueño de Farmacias Guadalajara, posiblemente el más exitoso empresario jalisciense, se cuece aparte, pues es visto como una alta autoridad moral que no siempre ejerce, algo similar al caso del ex secretario de Agricultura de dos gobiernos federales y empresario agroalimentario, Francisco Javier Mayorga Castañeda.

También sostiene una influencia –aparentemente declinante– la familia Leaño, dividida tras la muerte del rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Antonio Leaño Álvarez del Castillo. Los Leaño Reyes mantienen la que es la primera universidad privada del país y algunos negocios parauniversitarios, además de terrenos de muy alta plusvalía en el poniente de la ciudad. Los Leaño Espinoza, hijos del expresidente de la Federación Mexicana de Futbol, Juan José Leaño (hermano del patriarca) son los autores de Puerta de Hierro (en sociedad con Raymundo Gómez Flores) y de Andares, sobre la cuenca de Los Colomos, partícipes principales (sin minimizar El Pabellón de Covarrubias Valenzuela) del acusado deterioro hidrológico de la zona, posiblemente la más cara en términos comerciales de toda la ciudad.

Están también los empresarios de origen libanés, los Dau, los Dipp y los Hemuda. Enrique Dau Flores fue, al menos hasta diciembre de 2018, uno de los hombres más poderosos de Jalisco, con su cargo formal de asesor del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. “Todos iban con él, era el que indicaba si se podía dar o no una factibilidad de agua”. Su reputación le ganó ser señalado popularmente como líder “del cártel del agua”. En el caso de los Dipp, su fortuna está en decadencia desde la muerte  de don Jorge, “un pillo simpático”, y los Hemuda sobreviven al fallecimiento de don Antonio con algunos de los terrenos baldíos más caros de la ciudad (Trasloma, Plaza Patria), pero ya con escasa influencia.

Felipé Tomé, quien siempre ha sido señalado como “prestanombres de Martha Sahagún”, fue muy poderoso en el pasado reciente y logró, por ejemplo, que el desarrollo Central Park (en terrenos de la casona que perteneció a Jorge Dipp, frente a Plaza México) fuera construido en violación de todas las normas urbanas, gracias a las “afirmativas fictas” del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE). Esas torres chuecas fueron enderezadas por el reglamento ad hoc que creó el entonces alcalde Enrique Alfaro. Desde hace meses se ausentó de la ciudad. Se dice que debido al volumen de deudas acumuladas.



DIFERENTE A SANDOVAL.

Pese a ser un moderado arzobispo en funciones, Francisco Robles Ortega mantiene una fuerte influencia en la capital de Jalisco y el país.
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MÁS ALLÁ DE LOS FINANCIEROS

No se puede dejar pasar a Jorge Vergara Madrigal. El valor de Chivas como símbolo mexicano trasciende fronteras, lo que le allanó el camino a transformar la zona de recarga de El Bajío con un estadio de futbol, contra todas las recomendaciones ecológicas, en terrenos obtenidos a muy bajo precio del ejido Jocotán. Otro empresario con fuerte respaldo desde el centro, pero que no termina de pesar: Carlos Lomelí Bolaños, fabricante de medicamentos y súperdelegado federal, opositor formal del gobernador Alfaro.

En los medios de comunicación, el empresario poderoso es Carlos Álvarez del Castillo, dueño de El Informador, ligado también a los negocios inmobiliarios y cercano, siempre, a los gobernadores, alcaldes y obispos. El apenas fallecido conductor de Televisa, José Antonio Fernández, hijo de uno de los fundadores de la UAG, fue el comunicador más influyente de la región, respetado y temido por la clase política.

Líderes espirituales y temporales en Guadalajara son los obispos católicos. Esta es la ciudad donde ejerció su ministerio el polémico Francisco Orozco Jiménez, enemigo del régimen de Calles y amigo-enemigo de José Guadalupe Zuno, cabeza de una dinastía política decaída. Fue la ciudad la primera sede cardenalicia mexicana, con el poderoso José Garibi Rivera, considerado por muchos historiadores como el tapatío más importante del siglo 20. Hoy tiene dos cardenales, un dudoso privilegio que divide esferas de influencia: Juan Sandoval, muy anciano, vertebra a la derecha católica más extrema, y Francisco Robles Ortega, el moderado arzobispo en funciones, y uno de los hombres más influyentes de la Conferencia Episcopal Mexicana.

Pero la católica ciudad alberga una próspera herejía, dicho en buen Ripalda. Eso es el fenómeno de la Luz del Mundo, una potente iglesia de manufactura tapatía crecida al oriente de la metrópolis que se consolidó económica y espiritualmente con proyectos inmobiliarios planeados desde la óptica rigurosa de su comunidad central, la Hermosa Provincia, donde una edificación eclesiástica imponente domina el paisaje hacia Oblatos y Tonalá. El poder de los “apóstoles” como el fundador, Eusebio Joaquín (un coronel nativo de Colotlán), su hijo Samuel Joaquín, y su nieto Naasón Joaquín, es reconocido en toda la ciudad. Gobernadores y alcaldes del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano les hacen visitas de cortesía desde hace tres décadas y la agrupación tiene frecuentemente representantes populares, sobre todo en el PRI.

Finalmente, no se puede hacer a un lado el creciente poder del crimen organizado. Hasta los años 90, la criminalidad fue controlada en el país y el estado por el policía del régimen, el jalisciense Javier García Paniagua. Esos controles se rompieron con el cambio de régimen y la muerte del ex cacique de Autlán, senador y secretario de estado en varias presidencias de la República. Los grupos criminales tienen en dos personajes herederos de García Paniagua a sus operadores ante los poderes formales: Sergio Kurt Smith Sandoval, La Pistola, y el constructor Otto Camarena. Un tercero era el primogénito de don Javier, Javiercito García Morales, asesinado en la colonia Providencia el 6 de septiembre de 2011.

De acuerdo a informes policiacos, el criminal más poderoso de la ciudad –y posiblemente del país– es Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y organizador de “narcobloqueos” que impactaron la paz de la conurbación durante los gobiernos de Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval Díaz. Ejerce un poder omnímodo y ubicuo a través de sus jefes de plaza, quienes condicionan fuertemente la vida social y económica, sobre todo en las zonas periféricas de la urbe. Así, el reino delictivo crece a expensas del endeble estado de derecho de la otrora orgullosa ciudad castellana.



Raúl Padilla López mantiene el control del grupo político más experimentado de Jalisco.
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El ejercicio

El Diario NTR Guadalajara consultó a 10 personajes –políticos, periodistas, empresarios, consultores, entre otros– para trazar un listado sobre las personas y familias más influyentes de la ciudad

Los nombres

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco

Francisco Robles Ortega, arzobispo y cardenal en funciones

Juan Sandoval Íñiguez, cardenal emérito

Miguel Alfaro Aranguren, empresario

Raymundo Gómez Flores, empresario y político

Raúl Padilla López, líder del grupo UdeG

Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del CJNG

Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, empresario

Javier Arroyo Chávez, empresario

Jorge Vergara, empresario y dueño de Chivas

Familia Herrejón Alfaro, desarrolladores inmobiliarios

Carlos Álvarez del Castillo, empresario periodístico

Carlos Lomelí Bolaños, empresario y súperdelegado federal

Sergio Kurt Smith Sandoval, La Pistola, empresario

Otto Camarena, empresario

Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo

Familia Leaño Reyes y Leaño Espinoza, empresarios

Enrique Dau Flores, empresario y político

Felipe Tomé, empresario inmobiliario

Hay muertos que hacen ruido en El Ahogado

Agustín de Castillo/Guadalajara-NTR

El niño Miguel Ángel López Rocha bajó del fraccionamiento La Azucena, de El Salto, a la corriente de El Ahogado, tributaria del río Santiago, los primeros días de febrero de 2008, y se sumergió en sus aguas. El 13 de febrero fue declarado muerto por falla orgánica múltiple derivada de la presencia masiva de arsénico en su organismo, presumiblemente consumida en la corriente maloliente. Desde entonces, no ha podido descansar.

Las aguas en las que chapoteó estaban fuertemente contaminadas: 430 mil NPM (literalmente: número más probable) de coliformes fecales por 100 mililitros; 0.558 miligramos por litro (mg/l) de fierro; 13.75 mg/l de grasas y aceites; 0.0127 mg/l de arsénico (sustancia que según el forense tuvo que ver con la muerte del menor); 116.4 mg/l de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), y 247 mg/l de demanda química de oxígeno (DQO), son los parámetros que midió entre el 10 y el 11 de febrero de ese año la Comisión Estatal del Agua (CEA), y que fueron analizados por un laboratorio acreditado.

Se omitió el análisis de las sustancias activas al azul de metileno (SAAM, o sea, detergentes): la espuma que flotaba como fantasma entre hedores insoportables. Otro componente de ese estudio permite un buen resumen de la situación del río en febrero de 2009: cero oxígeno disuelto. Es decir, la gran cantidad de materia orgánica que transportaba demandaba oxígeno en el agua muy por encima de la disponibilidad de la corriente fluvial (es lo que los hidrólogos y ecólogos denominan capacidad de carga; los parámetros que miden ese fenómeno son el DBO y el DQO). Esa carencia es permanente y es la explicación de por qué no sobreviven los organismos más complejos, como peces y moluscos.

Los metales identificados provienen de los desarrollos fabriles mal controlados de toda la cuenca: desde el corredor industrial de El Salto hasta las zonas de Las Pintas y Agua Blanca. Otras sustancias pueden derivar de los mismos procesos industriales, pero también tienen presencia en el manto geológico que ha sido socavado por miles de años con el recorrido del río. Con la sobreexplotación del acuífero de Toluquilla para abastecimientos humanos, su presencia en el agua potable se ha convertido en un problema de salud pública en Tlajomulco, Tlaquepaque y El Salto.

UNA TRAGEDIA

La muerte del niño es desde entonces un escándalo. Echó a andar un proceso de denuncia pública y de preocupación por sus costos políticos para las autoridades. Esto derivó en la famosa macrorrecomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), 01/2009, a raíz de la cual el gobierno del estado redefinió un polígono de alta fragilidad ambiental (pofa) que había sido decretado en 2007 para el tema de la calidad del aire: sería el territorio a atender para restaurar el ambiente de la región.

El activo más importante creado fue el saneamiento: la planta de El Ahogado entró en operaciones en mayo de 2012. En marzo de 2014 se reportaba un tratamiento de 2 mil 70 litros por segundo de aguas negras, no industriales. El problema es que la ciudad no ha dejado de crecer y ese sistema está ampliamente rebasado. Los vecinos de Azucenas señalan que el agua está “igual de mala” que cuando murió el niño.

Raúl Muñoz, presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto, destaca que mientras el planteamiento permita la impunidad de algún sector, no tiene futuro la protección efectiva de los niños como Miguel Ángel y los adultos.

“Tenemos que invitar a los industriales, no pueden quedar fuera, pero también al mismo tiempo a todos los Municipios, no se puede hacer caso omiso del artículo 115 constitucional, que se les mandata desde la reforma del 92, a que traten sus aguas. Dirán que cuesta mucho dinero, pero necesitan enseñarse a ser gestores de recursos, acompañados con sus diputados locales y federales,  para poder lograr estos recursos a nivel federal, para que puedan construir sus propias plantas y de manera integral, ir metiendo a todos en cintura. Sobre todo, sabemos que el tema de los industriales es muy importante, y es el más preocupante, porque se necesita mano firme por parte del gobierno federal, pero creemos que mientras no exista un discurso donde se homologuen los tres niveles de gobierno y trabajen juntos, va a ser muy difícil”, considera.

13 de febrero de 2019, 11 años después. La muerte de un niño que simboliza una lucha ambiental, no termina de potenciarla.

Las realidades en la zona

El caso de El Salto es uno de los expedientes más observados por organismos internacionales como la ONU y el Tribunal Latinoamericano del Agua

En noviembre de 2016, la organización ecologista Greenpeace, apoyada en diversas asociaciones locales de la zona de El Salto, y un grupo de científicos, presentó un estudio de la calidad del agua en la cuenca de El Ahogado, entre la descarga de la planta de tratamiento de alta tecnología que opera desde 2012 y la desembocadura hacia el río Santiago

El análisis demuestra que el problema de residuos de las grandes ciudades es muy complejo y no se puede resolver simplemente con tratamiento de aguas negras y con el control de metales emitidos por actividades fabriles. Las muestras se levantaron en enero de 2016

Con el análisis “se identificó una amplia gama de sustancias químicas orgánicas y metales pesados, lo que exhibe los pobres resultados que ofrecen soluciones paliativas como las plantas de tratamiento en lugar de atacar el problema de fondo: la descarga de sustancias tóxicas en el agua”

La presencia "de ciertas sustancias químicas hace evidente que exista una preocupación para el medio ambiente y para la salud humana ya que estas escapan del tratamiento de la planta El Ahogado y por su naturaleza son altamente tóxicas”, concluye el informe