El organismo realiza un operativo en predios forestales donde se ha documentado cambio de uso de suelo ilegal para huertos de aguacate, y algunas industrias madereras.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y miembros de la gendarmería ambiental de la Policía Federal, realizan esta semana un intenso operativo de inspección y clausura de predios boscosos que fueron ilegalmente transformados a huertas aguacateras, sobre todo en los últimos siete años, y algunas industrias que reciben madera de dudosa legalidad.
La dirección de comunicación social del organismo, confirmó que se trata de un proceso coordinado desde la Ciudad de México por la subprocuraduría de recursos naturales de la Profepa, que preside el biólogo Ignacio Millán Tovar, y que se podrá emitir información oficial después del cierre del mismo, que se espera lograr en el curso de la tarde de hoy.
Mientras hay presencia de una veintena de elementos de la gendarmería, y de personal de oficinas centrales y de la delegación en Jalisco, la ausencia notable es de elementos del Ejército Mexicano, pues la Secretaría de la Defensa Nacional decidió no intervenir, pese a que los municipios de las regiones Sur y Sureste del estado se ha "normalizado" la presencia eventual de bandas criminales, en algunos casos, con intereses en los mercados de la madera y del aguacate.
Extraoficialmente, se sabe que se han realizado inspecciones y clausuras en predios boscosos de seis municipios, y algunas procesadoras de madera. El cambio de uso de suelo implica remover volúmenes grandes de madera, muy por encima de los que autoriza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y termina inundando el mercado con producto ilegal. Desde 2011 no se otorgan autorizaciones de cambio de uso de suelo en Jalisco, y a la fecha, no está definido un proceso por parte de Semarnat México, lo que ha empantanado cualquier expediente formal en las oficinas de la delegación.
Para algunos, ese es el factor que dispara las transformaciones ilegales de territorio, pues el incentivo económico de un mercado con un valor de 1,300 millones de dólares anuales, fuertemente impulsado y subsidiado por los gobiernos estatal y federal a través de las secretarías de Desarrollo Rural (Seder) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), ha sido más tentador que las restricciones impuestas al cambio de uso de suelo. Por si fuera poco, la presencia de grupos delictivos ha forzado en unos casos, e incentivado en otros, la ilegalidad.
"Nosotros no notamos tanto la presencia de criminales, pero sí una evidente llegada de empresarios grandes de Michoacán que han ocupado algunos predios en la montaña, han cambiado uso de suelo y nos provocan muchos problemas porque destruyen los caminos con sus camiones [...] en otros sitios nos ocupan tanta agua, que obligan a acarrear para las comunidades con pipas desde sitios lejanos; creo que los efectos negativos superan a los beneficios, lamentablemente", confió ayer a MILENIO JALISCO un presidente municipal de la región.
Otro alcalde, que como particular se dedica al aserrío, admite el caos del sector forestal y la escasa capacidad de inspección y vigilancia de las autoridades involucradas.
La Profepa y la Semarnat documentaron diversos casos donde las evidencias a través de fotografía vía satélite demuestran los cambios de uso de suelo. Hay predios debidamente geoposicionados y referenciados a los permisos vigentes de aprovechamiento forestal, donde el cambio de uso de suelo, que no fue autorizado, está ineludiblemente ligado a un prestador de servicios técnicos forestales. Es por ello que, en función de lo que establecen la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, sus diversos reglamentos, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y el Código Penal Federal (ver recuadro), que la Profepa hará valer los contratos que los hacen corresponsables de la violación del plan de manejo autorizado, a la par que al dueño del bosque.
Casos documentados de cambio de uso de suelo ilegal corresponden a los municipios de Gómez Farías, Mazamitla, Zapotlán el Grande, Tonila, San Gabriel, Tamazula de Gordiano, Atoyac, La Manzanilla de la Paz y Concepción de Buenos Aires. Pero la estimación global es que más de 10 mil hectáreas, de las 25 mil ha que podrían estar en producción de aguacate, derivan de ese proceso ilegal. Una situación documentada pero poco atendida son los alrededores de Nevado de Colima, la montaña más alta del occidente de México que ha visto perder bosque nativo y sufrir una presión creciente sobre su agua dulce.
El equipo de inspectores y la gendarmería empezaron sus actividades el pasado lunes 10 de julio. Un grupo atendió la Sierra del Tigre, que Abarca La Manzanilla, Concepción de Buenos Aires, Mazamitla, Quitupan y Tamazula; el otro se canalizó a Gómez Farías – el municipio que tiene algunos de los casos documentados más escandalosos de cambio de uso de suelo -, Zapotlán el Grande y Atoyac. La Profepa se comprometió a entregar un informe detallado sobre lo inspeccionado, lo clausurado, los procedimientos abiertos y los alcances de estas medidas.
La reacción de algunos prestadores técnicos ha sido tratar de revocar sus contratos y buscar asesoría legal para enfrentar posibles procesos administrativos y penales. Lo pendiente es saber cuántos de esos negocios irregulares del aguacate han recibido o están recibiendo subsidios de las entidades de fomento. "Uno de los problemas más graves es que no se certifican las plantaciones, y el consumidor sobre todo extranjero podría empezar a exigir que se garantice que el producto consumido es inocuo en términos ambientales, o empezarán abrirse denuncias de dumping, por ejemplo, ahora en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte", comentó al respecto un consultor de la Comisión Nacional Forestal que pidió no ser identificado.
Los bosques del sur de Jalisco siguen cambiando en estos momentos. Algunas pequeñas matas de aguacates (Persea americana) han sido plantadas las últimas semanas en predios que fueron asolados por fuego en el desastroso último ciclo. La sed por el oro verde no parece tener fin.
La Seder asegura que no ha financiado daño al bosque
La Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco, que presume el sistema aguacate como uno de los grandes capítulos de la potencia agropecuaria del estado, asegura que el daño de los bosques no es parte de la ecuación de los subsidios, asesoría y promoción que trabaja con los empresarios del ramo.
"Lo primero que hay que tener claro es que todas las actividades que se desarrollan deben de estar centradas en un marco jurídico, y esto implica también a la parte productiva; entonces, aquí nadie debe estar fuera de la ley, hay responsabilidades en cada sector, y el sector ambiental debe de hacer su chamba y proceder conforme a la ley [...]en la parte de fomento, que es el caso nuestro, yo primero dejaría claro que el responsable de dar el cambio de uso de suelo es la Semarnat, y hasta donde yo tengo registrado, en el sexenio de Aristóteles Sandoval no ha entregado ni un solo permiso; por ahí hace diez o doce años se dio una rapada importante o desmonte. Con esto quiero decir que el gobierno de Aristóteles Sandoval actúa con plena responsabilidad, y que la promoción del aguacate va en una línea clara de buscar la reconversión productiva, ir dejando de lado cultivos de menor valor a cambio de estos; yo creo que el grueso del desarrollo del estado se sustenta ahí...".
En entrevista con MILENIO RADIO, añadió: "si hay casos fuera de la ley, hay que aplicar la ley; pero creo que son muchas dudas de que la mayoría se vaya por el camino al margen de la ley; en caso de que tenga detectado esto la Profepa, pues debe de actuar y aplicar la ley con todo rigor", aseguró.
En su versión, la mancha aguacatera ha aprovechado en buena medida tierras donde se cultivaba el maíz, pero si hay destrucción de bosque, consideró que deben responder por ello los prestadores de servicios técnicos forestales. "El que esté fuera de la ley, hay que castigarlo". Se dijo abierto a entregar la información que requiera la autoridad ambiental.
- ¿Qué estímulos da la Seder para los que cultivan aguacate?
- Canalizamos una serie de estímulos; en algunos casos para el complemento del costo de la planta, para complementar sistemas de riego, para la tecnificación; el aguacate se riega todo por goteo [...] en otros casos, como el caso de los empaques, y para la presencia de empresas y productores en las ferias de promoción comercial, es el grupo donde se distribuye lo que tiene que ver con esto, pero en ningún caso está ligado el apoyo, que se da conjuntamente con la Sagarpa, a cambio de usos de suelo; eso yo lo dejaría perfectamente claro.
- ¿No deberían condicionarse los estímulos y apoyos a que los productores demuestren que su predio está legalmente tramitado o gestionado?
- Cada proyecto que se presenta integra totalmente la información.
- ¿O sea que ustedes sí se la piden al productor?
- Claro, cada apoyo corresponde a un proyecto.
- O sea, está perfectamente corroborado que el apoyo sea para productores que estén en regla.
- Así es, primero que la tenencia sea correcta, porque es la tenencia de cada productor, de cada dueño, o que esté rentando...
- ¿Y el caso del uso del suelo?
- En el caso del uso del suelo no vamos, porque se cambia de cultivos a otra actividad agrícola, no de bosque hacia la agricultura, ni de bosque a la ganadería...
- En este boom aguacatero en el sur del estado, ¿tenían ustedes idea de este fenómeno?
- Nosotros sabemos que en todas las actividades puede haber casos fuera de la ley, pero el grueso de la gente está en la normalidad; creo que sería fuera de lugar pensar que nuestra gente actúa al margen de la ley como una costumbre; no, en absoluto. Si hay casos, que quien los conozca, presente la denuncia a la instancia correspondiente, para que se haga la investigación, y se aplique la ley, como escuchaba ahorita que están empezando hacer los de la Profepa.
SRN
