Denuncian tráfico de influencias de desarrolladores, mientras estos responden que tiene todo en regla.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Los vecinos de San Francisco, en la Riviera Nayarit, están furiosos. Y han declarado que permanecerán en protesta por la presencia de un proyecto denominado Punta Paraíso, que consideran violenta todas las disposiciones ambientales y urbanas vigentes, mientras los promotores de los condominios alegan tener todos los permisos en regla, y que respetarán la zona federal marítimo-terrestre, que es propiedad de la nación, pero cuya invasión "preventiva" ya les ocasionó una clausura de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el pasado 7 de diciembre.
El enfrentamiento es anterior a la implantación de una reja en la zona federal por parte de los urbanizadores, lo que motivó la imposición de sellos de clausura en la estructura apenas hace ocho días, por posibles daños a una zona de anidación de tortugas marinas. Sin embargo, los desacuerdos son de más fondo: el proyecto pretende establecer dos torres de seis pisos y una de tres, con 62 departamentos, en terrenos propiedad del inversionista, y contaría con las licencias de construcción del Ayuntamiento de Bahía de Banderas y los que corresponden al gobierno federal en relación a los impactos ambientales. Los defensores del pueblo, señalan que eso es totalmente disruptivo con el modelo de desarrollo que tiene San Pancho desde los años setenta, que la autoridad violó su derecho a la consulta y que permitir edificaciones de ese nivel generará precedentes dañinos para la línea ambientalista que manejo como concepto Riviera Nayarit. Otro aspecto que les preocupa es la inoperancia del sistema de tratamiento de aguas negras, que no tiene posibilidades de hacer frente a nuevos caudales.
De acuerdo con los datos aportados por los quejosos, el promotor principal del proyecto es el empresario Carlos Lemus, asociado a los canadienses Regina Saskatchewan y Martin Bast; la manifestación de impacto ambiental fue autorizada, de forma presuntamente irregular, en la versión vecinal, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); también señalan como contactos de alto nivel de los empresarios al ex gobernador nayarita Roberto Sandoval, y al expresidente municipal de Bahía de Banderas, José Gómez Pérez.
Lo cierto es que ha sido una relación complicada entre inversionistas y pobladores. Los sitios de Facebook de la comunidad dan cuenta de los enconados debates, que van desde el aumento de la carga de personas y vehículos, hasta la alteración paisajística de la selva y la privatización de facto de la línea de playa.
En el caso de la clausura, los desarrolladores aseguran que sólo es para la malla instalada en zona federal, lo cual, alegan, fue "de buena fe", para evitar accidentes, pues los trabajadores de la construcción avanzan rápido con los condominios y hay maquinaria pesada en el entorno. Los manifestantes dicen que la falta de transparencia en el proceso genera dudas sobre lo que se hará, y sobre todo, sospechas de que se trata de un modelo de desarrollo que trastocará su calidad de vida.
"Nos declaramos en manifestación permanente y repudio total por las obras", señalaron ayer los quejosos. También hacen responsables de su integridad personal a los empresarios y a las autoridades gubernamentales que a su juicio han sido omisas.
SRN
No hay comentarios:
Publicar un comentario