México le da la espalda al cambio climático

Agustín del Castillo/El Respetable                                                                                                                                               
“Corremos sin hacer caso hacia el precipicio, después de habernos puesto algo delante que nos impida verlo”                                                                                                                                                   

Blaise Pascal, Pensamientos                                                                                                                                                            
Podrá parecer contradictorio, cuando en los últimos años se ha construido y enriquecido de forma notable la información científica específica para México en el tema de cambio climático, y se ha aterrizado cada vez más en programas nacional, estatales y locales para prevención, mitigación y adaptación. Pero lo cierto es que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha decidido  darle la espalda al tema, como si la política de avestruz (metáfora construida con datos incorrectos tomados de la realidad de la famosa ave corredora, pero no por ello menos efectiva), sirviera de algo cuando la atmósfera es como una cuenta única y mancomunada: su mal manejo lleva a la quiebra incluso si muchos socios cumplen puntualmente con los pagos.

Lo que quiero decir es que México, con el bajísimo presupuesto ambiental asignado en 2019, con los proyectos de “desarrollo” anunciados sin cubrir ni siquiera el espectro de legalidad ambiental mínimo, con su apuesta para mantener el hidrocarburo como eje de la economía, ha decidido declararse en moratoria y omitir el pago a la deuda en esa cuenta.

Como consecuencia, sin necesidad de entrar en el negacionismo climático de la administración Trump -doblemente criminal porque parte de una mentira a nombre de los negocios de corto plazo, pero sobre todo, porque Estados Unidos, como México, será un territorio con altos costos a pagar en la medida que nos acerquemos a los dos grados de temperatura promedio global de ascenso, mientras avanza el siglo-, de facto, la baja inversión ambiental y la apuesta por un modelo petrolizado tienen el mismo efecto. Nos acerca al abismo.

¿Qué se ha dejado de hacer con el gasto público? Se omite cubrir las necesidades de inversión con recursos fiscales que demandan tanto la reestructuración de la economía bajo una nueva concepción del desarrollo, que sea bajo en emisiones; se omite la restauración urgente de los sumideros de carbono que son los bosques y la selvas, que se han perdido respectivamente en 50 y 80 por ciento desde el arribo de los europeos en el siglo XVI; y se omite el manejo del territorio para preservar el patrimonio natural sobreviviente, que sin duda es la base para hacer fuerte a México frente a los trastornos en marcha.

De por si estamos en el país donde siempre se ha pretendido cambiar la realidad por decreto. Fiat, hágase.La pura voluntad de cambio implica el cambio. En el pasado, esto tenía menos consecuencias al menos en el tema del impacto ambiental, sencillamente porque no se había rebasado la “capacidad de carga” de los ecosistemas: lo que el ser humano no hacía para resolver un problema de contaminación o destrucción, más allá de irse de lengua, la naturaleza lo remediaba. Los ríos remedian la contaminación orgánica, los bosques y selvas vuelven a nacer y crecer, los terrenos devastados se estabilizan y recuperan sus funciones vitales.

Después de 1950 la cosa cambio, por dos causas claras: uno, los pueblos de decenas de personas se hicieron de miles, las ciudades de decenas de miles se hicieron de millones, la de millones se hizo de decenas de millones. Además, la población al alza demandó bienes y servicios por encima del estándar de vida de sus ancestros: se impuso el modelo americano, el alto consumo típico de los estadounidenses, un fenómeno que se mundializó. La segunda causa es que la industrialización trajo el uso masivo de tecnología que antes no había puesto su huella sobre la tierra, y esa tecnología se mueve con hidrocarburos. También hay procesos económicos que demandan sustancias tóxicas como jamás se había dado en términos cuantitativos: desde los autos de motores ineficientes de combustión interna, que desaprovechan de 60 a 80 por ciento del combustible fósil, que se va a la atmósfera, hasta actividades tradicionales como la agricultura, dependiente de paquetes tecnológicos que mejoraron sus rendimientos pero contaminaron y empobrecieron suelos -luego agua, aire- con sustancias derivadas de petróleo, sobre todo, y que la naturaleza no tiene “tecnología” para remover sino en miles de años.

A estas alturas, el problema es mayúsculo. La “huella ecológica” de cada mexicano es al menos diez veces mayor a la de sus antepasados, digamos, de los tiempos de la revolución (dato muy conservador), y además, la cantidad de mexicanos se multiplicó por doce, y en promedio viven más del doble de tiempo. Si esto no lo entendemos y seguimos inmersos en la mitología caduca de que el problema es la distribución geográfica y de los bienes, es evidente que no estamos haciendo las cuentas de la manera correcta. ¡Lo de hoy equivale a vivir con  1,200 millones de personas de 1910!

Cierto que era un país muy lejos de la línea de agotamiento de recursos que en realidad rebasamos mucho después: en los años 80 del siglo XX. Para decirlo con simpleza: en 1961, cada mexicano necesitaba aproximadamente de los bienes generados por unos 4 mil metros cuadrados al año para vivir; en 2001, se necesitaban 2.5 hectáreas (25 mil m2). Actualmente, 3.1 hectáreas (31 mil m2). No invento los datos, vea usted el Reporte de la huella ecológica 1961-2001 en www.era-mx.org.

¿CUÁNTO SE DEBE INVERTIR, YA NO PARA REDUCIR TODA LA HUELLA ECOLÓGICA; AL MENOS, LA DE CARBONO, PROPICIADO POR NUESTRA DEPENDENCIA AL PETRÓLEO?

El INEGI ha calculado la necesidad de reinvertir 4.3 por ciento del producto interno bruto (PIB). El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático le puso números: invertir 10 mil millones de dólares anuales (200 mil millones de pesos) entre 2018 y 2030 para detener el aumento de temperatura en 1.5 grados, y conjurar lo peor de lo que viene (ver MILENIO Jalisco, 29 de noviembre de 2017). Por supuesto que el gobierno de Enrique Peña Nieto no hizo caso y asignó un gasto raquítico al sector, menos de la cuarta parte de sus necesidades. Con López Obrador, el ninguneo ya roza la irrelevancia.

En diciembre del año pasado, un análisis de la organización ambientalista Ceiba (Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente AC) puso la alerta al analizar el gasto federal: “el presupuesto de medio ambiente y recursos naturales se reduciría en 32.1 por ciento a precios constantes en 2019 […] la reducción acumulada de 2012 a 2019 llegaría a 76.7 por ciento a precios constantes, es decir, el año entrante se tendría apenas una cuarta parte [23.3 por ciento] del gasto ambiental federal de 2012”.

En un amplio análisis hecho público el 18 de diciembre, agrega: “esta reducción propuesta de 32.1 por ciento en valores reales para 2019 es la más alta de entre todos los ramos administrativos de la Administración Pública Federal. No hay razones que expliquen este tratamiento, ni en la Exposición de Motivos del presupuesto ni en los anexos correspondientes al Ramo 16 Medio ambiente y recursos naturales. Por el contrario, la estrategia programática refrenda los propósitos de controlar la contaminación del suelo, del agua y del aire, proteger la diversidad biológica y cultural, mejorar la gestión hídrica y provisión de agua potable para el bienestar de la población, promover el desarrollo forestal sustentable, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros, que son indispensables para el desarrollo sustentable y el bienestar de la población. Estos y otros objetivos enunciados —y además anunciados como parte de las directrices del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024—, merecen mayor apoyo presupuestal y que, al menos, se mantenga el presupuesto de 2018, para luego iniciar un proceso de recuperación”.

Es decir, el discurso es correcto, pero no tiene respaldo para convertirse en hechos.

“El acelerado deterioro del gasto ambiental federal de los años recientes y el que se propone para 2019 nos hace retroceder a épocas pasadas, en las que la protección y conservación ambiental se consideraban una actividad secundaria al desarrollo del país. En 2019 se llegaría a un gasto ambiental federal (Ramo 16) apenas superior al 0.1 por ciento del PIB, apenas un tercio del registrado en 2012, lo que significa un nivel parecido al que se registró a fines del siglo pasado. México es sin duda ya uno de los países de América Latina que menores recursos destina para la conservación de su biodiversidad; y entre países de la OCDE, México se encuentra en el sótano por el porcentaje del PIB que invierte en protección ambiental”.

Eso sí, proyectos de alto riesgo en el tema ambiental, como el polémico Tren Maya, las refinerías para seguir en la producción de gasolinas, la ruta transoceánica de Tehuantepec, un nuevo aeropuerto en Santa Lucía que generará un impacto ambiental en el norte de la Ciudad de México sin resolver el que causaba el cancelado de la zona este, reciben remesas de miles de millones.

Imposible saber si el presidente es consciente de esta contradicción mayor. La deforestación anual, de 100 mil a 200 mil hectáreas según la diversidad de fuentes y cálculos para medirla, no se detendrá. El famoso proyecto de un millón de árboles puede paliar solo una mínima parte. Pese a la crisis de las gasolinas, la apuesta es que sigan como eje del desarrollo nacional, y aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero. Sequías, incendios forestales, lagos y lagunas contaminadas, suelos improductivos, agua cada vez más difícil de disponer, olas de calor, huracanes extremos… la cuenta es mundial, los efectos son globales, pero uno de sus principales socios, México, ha decidido dejar de pagar.

Destruyen selva y río por hidroeléctrica

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró las obras ilegales para la construcción de una hidroeléctrica en el río Los Horcones, cuyas espectaculares barrancas pobladas de una selva mediana han dado fama mundial a la zona sur de Puerto Vallarta.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó a El Diario NTR de Guadalajara que no existe una autorización de impacto ambiental, indispensable para ese tipo de obra.

Los Horcones se ubica al pasar el lindero entre Puerto Vallarta y Cabo Corrientes; nace en la Sierra Madre del sur y desemboca a la bahía en Boca de Tomatlán. Es un sitio de alta diversidad biológica y que contiene proyectos tan importantes como el Jardín Botánico, pero también enfrenta proyectos que significan una amenaza a sus ecosistemas: desde una hidroeléctrica que tomó por sorpresa a todos, hasta la ampliación de la carretera o la construcción del libramiento a Puerto Vallarta.

“En Jalisco, estamos en un momento crítico. El frágil equilibrio ecológico del cañón del río Los Horcones está en juego, amenazando no sólo la vida silvestre nativa sino también la situación económica y cultural, la cual está íntimamente relacionada con este tesoro natural. Se requiere una acción colectiva para asegurar la supervivencia de este ecosistema”, advirtieron en un artículo entregado a este diario, Neil Gerlowski, director ejecutivo del Jardín Botánico de Puerto Vallarta, y Rafael Guzmán Mejía, uno de los más famosos botánicos del país.

“Durante los últimos meses, tanto el personal del Jardín Botánico de Puerto Vallarta como los vecinos de los ejidos de Las Juntas y Los Veranos, Emiliano Zapata y Boca de Tomatlán, hemos observado una deforestación sin precedentes, acompañada de excavaciones a gran escala (…) el jueves 17 de enero la destrucción del cañón se amplió con la llegada de una flota de vehículos pesados y equipo de demolición explosiva. De inmediato los trabajadores comenzaron a excavar en las paredes del cañón del río con una velocidad y eficiencia alarmantes. Nos informaron que estaban haciendo una represa ‘ecológica’. También nos aseguraron amablemente que contaban con los permisos para hacerlo y que todos se beneficiarían de sus acciones”, agregan.

No les creyeron. Se interpusieron denuncias ante la Profepa. El 22 de enero, el Jardín Botánico organizó una reunión con miembros del ejido Las Juntas y Los Veranos y con Mario Topete Cortés, presidente del ejido de Boca de Tomatlán y Mismaloya, además de José Ayala, representante del Grupo Hidrogenerador de Occidente, compañía que llevó a cabo la demolición.

“José Ayala declaró las supuestas especificaciones del proyecto, que incluía una presa total del río Los Horcones, aproximadamente 300 metros río abajo de Chico’s Paradise, el desvío del río a través de kilómetros de tubería de acero suspendidos sobre el suelo y una planta eléctrica en la comunidad de El Polvorín, en Boca de Tomatlán. Según nuestras estimaciones, el río quedará seco la mayor parte del año excepto la temporada lluviosa; ya que desviaría hasta la última gota de agua hacia la tubería”.

“Ayala nunca identificó a la compañía privada que sería propietaria y administraría la concesión. Cuando se le pidió mostrar permisos, dijo que no estaba obligado a hacerlo. Sólo mostró una lista de permisos que supuestamente se presentaron ante agencias locales y federales. La lista no incluía una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni la Evaluación de Impacto Social (EVIS). Tampoco indicó si el agua en sí sería de propiedad privada del dueño de la presa y luego se pondría a la venta y/o facilitando cambios adicionales en el uso del suelo”.

El 24 de enero, agentes de la Profepa inspeccionaron “y ordenaron rápidamente que las operaciones cesaran y desistieran al menos hasta que se completaran las investigaciones”. La Semarnat, que según la ley es la instancia que debe emitir la autorización de la MIA, confirmó que no existe ese trámite. La represa hidroeléctrica es totalmente ilegal.
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FRASE

“En Jalisco, estamos en un momento crítico. El frágil equilibrio ecológico del cañón del río Los Horcones está en juego, amenazando no sólo la vida silvestre nativa sino también la situación económica y cultural, la cual está íntimamente relacionada con este tesoro natural”

Neil Gerlowski, director ejecutivo del Jardín Botánico, y Rafael Guzmán Mejía, botánico.

Pipas deben ser solución pasajera

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

El gobierno mexicano deberá buscar una solución tecnológica que permita hacer frente al problema de extracción clandestina de gasolina de los ductos de Petróleos Mexicanos, ya que existe en el mercado el equipo necesario para detectar con censores las anomalías que se presenten en la red de distribución, y aunque es costoso, definitivamente es mucho menos del monto anual robado por la delincuencia, lo que lo hace viable, advirtió el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y jefe del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Carlos Suárez Plascencia.

“El manejo de la distribución con pipas deberá ser sólo temporal; es muy alto el riesgo para la población de mover en carreteras la gasolina porque sabemos de los problemas que significa cualquier accidente, además de que los costos tenderán a dispararse; el problema del robo de combustible se da en muchas partes, pero ha sido con soluciones tecnológicas como se ha podido resolver en países de primer mundo, y creo que países emergentes como México pueden ensayar ese camino”, explicó en entrevista con NTR.

En el caso específico del riesgo, hacer tomas, operar pipas, almacenar en sitios inadecuados y la venta ilegal del combustible son un riesgo para los más calificados, no se diga para los profanos. El caso de Tlahuelilpan, Hidalgo, lo demuestra patentemente.

El riesgo está implícito con el combustible, que ligado al oxígeno y alguna fuente de calor o chispa, genera explosividad que puede ser letal, con lo que se arriesgan no solamente los presuntos delincuentes, sino en general, la gente inocente que vive cerca, que va de paso, que se acerca por curiosidad o busca una oportunidad. Los diferentes procesos de las ordeñas del ducto y el envasado precario, el traslado y almacenamiento hacia sitios clandestinos que pueden ser simples casas, terrenos o ranchos, se agrega la falta de capacitación, de instrumentos, de vestimenta y de protocolos de control.

LOS PELIGROS

¿Qué podría suceder? Fugas, derrames o evaporaciones. La fuente de calor puede provenir de una simple soldadura y perforación cuando se hace el orificio a la tubería; de la pipa o de la ropa inadecuada se pueden generar cargas estáticas; incluso un auto que pase, algún cigarro encendido que se tira, un teléfono celular defectuoso. “Si el manejo de cualquier sustancia peligrosa en circunstancias controladas conlleva un riesgo, imagina en los manejos incontrolados, se incrementa el peligro”.

Los ductos de Pemex “son sistemas a alta presión, y en el momento en que son perforados generan un alto riesgo por la presión que maneja y lo inflamable y explosivo de las gasolinas. Las perforaciones requieren de un equipo especial, que no lo comercializan en la ferretería de la esquina, y de personal capacitado”. La toma clandestina también, en caso de derrame va a contaminar el suelo, algo muy costoso de recuperar, ya que hay que hacer saneamiento a partir del uso de bacterias, y se requiere supervisión técnica permanente.

Pemex debería usar instrumentos para detectar con mayor exactitud las tomas clandestinas. Indagar quién de su personal puede dar información a los ordeñadores, y aplicar con rigor la ley a los responsables. Suárez Plascencia consideró que en México se debe hacer un análisis completo para invertir lo que demanda la seguridad de una red que no puede ser destituida por pipas. Deberá mejorar las brigadas de atención de emergencias, y en general, que el ejército, los municipios y estados apliquen la prevención de riesgos de forma prioritaria.

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FRASE

“El manejo de la distribución con pipas deberá ser sólo temporal; es muy alto el riesgo para la población de mover en carreteras la gasolina porque sabemos de los problemas que significa cualquier accidente”

Carlos Suárez Plascencia, académico de la UdeG

Consejos del experto

Pemex debe utilizar instrumentos para detectar ordeñas

Se tiene que indagar al personal

Hay que aplicar la ley con rigor

“Fuenteovejuna, señor…”. Un pasaje por el país del huachicol

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

En esencia, es un pacto de silencio. ¿Cómo puede ser la coexistencia en una comunidad de “gente decente”, con quienes andan en el robo de ductos? “Es la misma gente del pueblo. Por eso nadie dice nada: no puedes comentar ese tema en público porque no sabes quién te está escuchando. Todos se conocen, los campesinos andan en sus siembras, sus hijos o sobrinos andan de huachicoles. Y aunque son unas cuantas familias que se identifican bien en el pueblo, si te escuchan diciendo algo de ellos así te anda yendo, mínimo un levantón, una golpiza, o de plano nomás te desaparecen y ya…”.

El señor F. es un ejidatario cuarentón de una comunidad rural cercana al Circuito Sur, ese libramiento carretero deteriorado pese a tener apenas 10 años de construido, que atraviesa Tlajomulco y se interna en Tala. Nervioso, admite hablar con el reportero porque ya lo ha visto por la zona y porque hay un compromiso de que no será públicamente identificado. El riesgo sería descomunal para su sencilla existencia y la de los suyos.

Su muy directo testimonio permite ligar esta actividad a otros delitos distintos que padecen los poblados de la que, para efectos de esta historia, podemos llamar la región huachicol de Jalisco: asesinato, desaparición de personas -temporal o permanente-, inhumaciones clandestinas, riña, lesiones, agresiones, cohecho y extorsión, corrupción de menores y tráfico de estupefacientes, para enumerar algunos tipos contenidos en ese prodigioso y polisémico diccionario de la vida cotidiana que es el Código Penal.

“Por eso nadie habla aunque todos lo sepan, quién anda y quién no, porque son muy descarados los que se meten al negocio, muy fanfarrones, así que prácticamente todo el pueblo sabe quiénes son…”, agrega mientras se limpia con un maltrecho paliacate los sudores copiosos que bajan por sus sienes. Estuvo cazangueando maleza toda la mañana en su parcela, bajo un Sol que ya calienta como si el invierno fuera más irreal que la presencia, por estos atribulados rincones de la patria, de los agentes de la Policía y del Ministerio Público.

Si sigues “la regla de oro” del silencio, de forma estricta, puedes aspirar a “llegar a viejo”, reflexiona el campesino, que si bien llegó hasta primero de prepa, jamás leyó Los trabajos y los días del primitivo poeta griego Hesíodo, aunque parece recitarlo. Será que en muchas comunidades más o menos tradicionales, la modernidad ha sido intermitente: el arte de matar y las redes sociales, por ejemplo, se encuentran muy entrados en el siglo 21, pero los que mandan son tan arbitrarios como señores feudales. Un texto menos arcaico que el del milenario poeta heleno, la Constitución, dice: “Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. Pero no hay que confundirse: ante la ausencia del Estado, esas son palabras aún más remotas que los 2 mil 700 años del poeta de Beocia.

El pacto de silencio se observa por todos los recovecos de esta región formada de valles agrícolas con alta productividad sobre todo en maíz, trigo y sorgo, lindada por montañas más o menos escarpadas que sirven de refugio cuando el combate contra el robo de hidrocarburos arrecia. En ocasiones, la milicia y la ahora Fiscalía General de la República (FGR) dan golpes más duraderos. Por ejemplo, las planicies dominadas por los ires y venires del río Zula, en Tototlán.

En agosto de 2018, hubo un gran operativo de la Secretaría de Marina para liberar ranchos de la opresiva presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que a su vez se había apoderado del predio de El Refugio, el cual un año antes pertenecía a una familia dedicada al huachicol y al asalto de tráileres. Parece que todo se detonó en una fiesta con banda en Ocotlán donde corrió el alcohol y dos adolescentes de ambos bandos se enfrentaron, se golpearon… y envenenaron la relación entre los padres, machos bragados para más señas. Los justicieros del CJNG hicieron un operativo paramilitar de película y provocaron la huida del empresario de lo ilegal. Fue un año pesado para quienes trabajan la zona con los ganaderos y agricultores.

“En cada venida me encontraba camionetas con hombres armados y encapuchados, me detenían, me preguntaban a dónde iba, me marcaban tiempo para que regresara sin dilación”, revela el médico A., un extensionista ganadero que ha transitado por años la zona. La Marina golpeó al cártel y se distendió la región. Hace seis días, cuando el médico A. regresó con sus clientes, pudo ver halcones -el típico adolescente de mirada pretendidamente torva, con radio, cachucha y lentes oscuros-  apostados a la vera de los caminos, pero lo interpreta como un método de defensa, pues desde que se desató la guerra contra los huachicoleros, el 28 de diciembre, los soldados son presencia cotidiana.

“Por si las dudas, hago mi chamba y me voy; nunca sabes lo que puede pasar si te confías de más”, añade el médico A.




El problema es que muchas veces, las bandas se refugian hacia las montañas. Tanto en la sierra Cóndiro Canales, entre Tototlán, Ocotlán y Atotonilco, como en Ahuisculco, un corredor montañoso que comunica al bosque La Primavera con la sierra de Quila, en donde se ubican casas de seguridad, vehículos con paramilitares que vigilan brechas. En la zona de Las Navajas, cerca de Ahuisculco, hubo un accidente con dos decesos en el combate de un incendio forestal en abril de 2017. Los combatientes se toparon con una gavilla de huachicoleros refugiados, y aunque no hay elementos que acrediten una acción directa, no se pudo clarificar el modo en que se originó el fuego ni la complejidad que asumió el combate ante la cercanía de los presuntos sicarios.

“Cuando vemos camionetas con bidones de gasolina de plano abrimos los vidrios para que nos vean, de ese modo, sabiendo que no tenemos nada que ver con el combate al huachicol, simplemente nos dejan pasar”, sostiene un brigadista forestal sobre la situación.

En Cóndiro Canales también abundan las casas de seguridad. “En las carreteras del sur mucha gente vende gasolina, pero la sierra es tranquila, salvo porque se refugian en ella”, advierte un activista social de la zona.

Un agricultor de Zula, el señor G, no quiere hablar mucho del asunto. “Todos sabemos que hay comunidades que casi enteras se dedican a esto, pero mis vecinos y yo no”, apura su testimonio.

¿Sirve para algo el anuncio de apoyo anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que las comunidades abandonen la ilegal y cada día más peligrosa profesión de ordeñar ductos? Tanto el diputado federal por la zona Ciénega, Absalón García Ochoa, ex alcalde de Ocotlán, como el presidente municipal de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, consideran que si no se trata de una estrategia de desarrollo social y se limita a repartir dádivas (en referencia al plan de desarrollo para el bienestar para comunidades por donde pasan ductos de Petróleos Mexicanos que son afectadas por el huachicol), el mensaje será pésimo para esa mayoría silenciosa que sólo observa la impunidad del delito y sus derivados.

Son sus vecinos, a veces sus hijos, sobrinos o compadres. La economía dinamizada por el hidrocarburo repercute en las ventas del tendero de abarrotes, en la compra de enseres agrícolas, en el contrato de seguros, en el pago de los impuestos, en la construcción de casas, en la venta de servicios de Internet o cable, ad nauseam. Por eso, el pacto de silencio, que a cierto nivel iguala delincuentes con pacíficos, parece una cadena difícil de romper.



PELIGRO. En Tlajomulco se han localizado ordeñas en zonas habitacionales.
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Reciente

La Fiscalía General de la República informó el 25 de enero que se localizaron nueve tomas clandestinas en distintos puntos. Las ordeñas se encontraron en el ejido de San Agustín, Tlajomulco; en las comunidades de La Paz y Coyotes, en Zapotlanejo, y en San Isidro Mazatepec y San Juan de los Arcos, en Tala

En 2018

La mayoría de las ordeñas encontradas en Jalisco durante el año pasado se registró en Tlajomulco de Zúñiga, pero también en:

Tala

Juanacatlán

Zapopan

El Arenal

Zapotlanejo

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FRASE

“Por eso nadie habla aunque todos lo sepan, quién anda y quién no, porque son muy descarados los que se meten al negocio, muy fanfarrones, así que prácticamente todo el pueblo sabe quiénes son”

Señor F., ejidatario en Tlajomulco

NÚMEROS

60 mil millones de pesos es el estimado económico anual de robo de gasolina en ductos por parte del gobierno de la República

558 detenidos por huachicol lleva el operativo federal

104 ordeñas se detectaron en Jalisco del 7 al 27 de enero

15 empresas son señaladas por presunta compra de combustible robado

11 municipios de Jalisco tienen presencia dentro del corredor Salamanca-Guadalajara

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Urge aterrizar estrategia con los Municipios 



La estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para reducir el delito de extracción ilegal de gasolina en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), no ha sido bajada a nivel de los gobiernos locales, y los anuncios en los medios de comunicación son ambiguos e incluso preocupantes, considera el presidente municipal de Tototlán, Sergio Quezada.

“Oficialmente no nos han confirmado nada, sólo sabemos lo que dicen los medios. Nadie nos ha visitado ni nos han bajado nada, no hay información oficial del gobierno. Lo que yo he escuchado, por un lado, ojalá lo haga, pero creo que más bien lo debería concentrar con los presidentes municipales el tema porque no es lo mismo lo que pasa en Tototlán, que en Tlajomulco o Degollado. Por otro lado, a lo que veo son puras dádivas, pero debería ser la oportunidad de establecer proyectos de desarrollo y crear fuentes de empleo reales; aquí tenemos una presa que podría activarse con inversión para una zona de riesgo, tenemos cero comunicación con el gobierno federal”, dice a NTR Guadalajara.

Reconoce que, como se ha dicho, “parece que se premia la comisión del delito. Poca gente se dedicó aquí al huachicol, básicamente el crimen organizado. Deberían ser estrategias locales, no tenemos nada y mis colegas de los Municipios cercanos tampoco lo saben, tampoco se acercaron con ellos”.



UNA OCURRENCIA

Por su parte, el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Absalón García Ochoa, ex alcalde de Ocotlán, considera que “es una ocurrencia más del presidente. Este tipo de programa que ha venido anunciado no está sustentado en ningún orden programático, en el Plan Nacional de Desarrollo o algún otro instrumento; son ocurrencias del presidente ante una estrategia fallida para combatir el robo de combustible; o sea, hay que combatir el robo de combustible, pero ¿a quién va a incentivar, a la población? Perfecto, ¿o va a incentivar a quienes cometen un hecho ilícito?, allí está mal”.

El legislador pide reconocer la naturaleza compleja de este delito porque sólo se inscribe como uno más de los muchos que realiza la criminalidad que se ha apropiado de los territorios: “En Jalisco se da por la falta de supervisión, por la falta de oportunidades, porque hay una serie de gente coludida empezando por Pemex, y porque el precio del combustible es insostenible para la gente; el presidente prometió durante 18 años eliminar el impuesto especial del combustible, y ese impuesto es como de 6 pesos por litro; reduciría el precio y bajaría la demanda del mercado negro. Vemos ahora la compra irregular de las pipas, pero además, es un modelo más costoso, es más riesgo en carreteras para la población que en el propio ducto, la logística será mucho más cara, como que no logramos entender lo que pretende”.

Se trata, entonces, de buscar estrategias integrales y mucho sentido común. “El huachicol es uno más en la amplia cartera de hechos delictivos del crimen organizado, que incluye trata de personas, secuestro, trasiego y venta de enervantes, es muy amplio y este es solamente uno más, entonces debe trabajarse con todo y debe fluir más información oportuna para que las personas se prevengan y los costos a la economía se minimicen”, añade.

Finalmente, el ex alcalde puntualiza que Las fallas de la estrategia se evidenciaron con el estallido del ducto en Tlahuelipan, Hidalgo, donde la omisión presunta de soldados y Policías deberá ser investigada.



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FRASE

“Hay que combatir el robo de combustible, pero ¿a quién va a incentivar, a la población? Perfecto, ¿o va a incentivar a quienes cometen un hecho ilícito?, allí está mal”

Absalón García Ochoa, ex alcalde de Ocotlán

La razón

Absalón García considera que el robo de hidrocarburos en Jalisco se da por diferentes factores

Falta de supervisión de los ducto

Ausencia de oportunidades para la población

Colusión entre diversos actores, incluyendo Pemex

El precio de la gasolina es incosteable

Cultivo de aguacate, un daño a bosques.

Agustìn del Castillo/Guadalajara-NTR

No está “internalizado”, como dicen los economistas, el costo ambiental del aguacate. Y este, que apenas rebasaba 800 hectáreas (ha) de plantaciones a finales de los años 90 del siglo 20 en Jalisco, hoy podría extenderse sobre casi 25 mil ha. Una parte creció a expensas de viejas zonas de cultivo, pero cerca de la mitad han sustituido bosques naturales, en un proceso de cambio de uso de suelo que sólo fue legal en menos de 5 por ciento, si se atiende a superficies.

Información recabada por NTR Guadalajara en dependencias ambientales federales y estatales acreditan que de 10 mil a 12 mil ha de bosques templados en el sur de Jalisco, en la región Sierra Occidental y hasta en los Altos de Jalisco, desaparecieron para dar paso a huertos aguacateros, un procedimiento que al menos desde 2010 es completamente ilegal, pues la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) puso en veda los permisos de cambio de uso de suelo, tras el escándalo de un permiso otorgado en el municipio de Mazamitla.

Paradójicamente, la ilegalidad fue incentivada por los fuertes subsidios gubernamentales, los grandes volúmenes de importaciones desde el lejano oriente y la Unión Europea (a Estados Unidos los aguacateros jaliscienses aún no exportan), y los excedentes monetarios de actividades ilegales de bandas del crimen organizado, incluidas operaciones de blanqueo de dinero. Los moradores del sur de Jalisco reconocen que los cárteles controlan en buena medida el territorio y la capacidad de inspección y vigilancia gubernamental está severamente acotada.


(Así se ha transformado el terreno Los Colomos y Loma. La primera foto es de 2013 y la segunda de 2016. Foto: Especial)

MODUS OPERANDI

Información de expedientes de investigación abiertos por la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) revelan un modus operandi bastante regular entre los que crecen sus huertos a expensas del bosque de pino: primero se obtienen permisos para extraer madera en rollo para ciclos de 10 años, con lo cual se justifican intervenciones y derribos intensivos de arbolado. Al solicitarse nuevos ciclos de corta, se fijan polígonos distintos en busca de sacar del aprovechamiento el espacio deforestado. Posteriormente, en las zonas fuera del ajuste se establece la huerta. Los aguacateros ilegales tienen apoyo de abogados, técnicos forestales, notarios públicos e incluso ayuntamientos, para asegurar que las subdivisiones y las modificaciones de nombre de los terrenos, los pagos de predial y los registros, estén en regla.

Esta relativa impunidad se garantizó por la falta de capacidad efectiva de la autoridad para inspeccionar, ante el control del territorio por grupos criminales, cuyos jefes de plaza deben dar el visto bueno y la protección a cambio de un pago. La madera extraída de forma ilegal encuentra espacios de transformación en muchos aserraderos de la región, que lo mismo trabajan madera con guías que troncos sin marca y documentación. El modo de documentar estas irregularidades es con apoyo en fotos satelitales o aéreas donde se comparan predios con autorización forestal de un periodo a otro (ver ejemplo en dos fotografías aéreas anexas: el predio se llama Los Colomos y Loma, en Mazamitla; la de arriba es de 2013 y la fotografía de abajo corresponde a 2016).

El contraste con las plantaciones aguacateras formales es importante, porque éstas prácticamente no han afectado más de 660 hectáreas de bosque desde hace 18 años, y se ubican sobre viejos espacios agrícolas cuya reconversión no requiere permisos especiales.

El registro oficial de huertas era de 13 mil 436 hectáreas en agosto de 2014 con un subregistro de 5 mil que se presumían ilegales. Un año después, la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, señalaba 16 mil ha (junio de 2015). La Semarnat y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) calcularon en 2018, de acuerdo a expedientes internos en poder de NTR, que las huertas se extienden sobre más de 25 mil ha de los bosques de Jalisco, de las cuales, entre 10 mil y 12 mil ha crecieron ilegalmente, a expensas de viejos bosques de pino.

Estas evidencias no fueron suficientes para una intervención decidida de la Semarnat o de Jalisco en años anteriores. Por el contrario, el 3 de septiembre de 2017, el entonces gobernador Aristóteles Sandoval festejaba con los productores, en el municipio serrano de Concepción de Buenos Aires, la elaboración del “guacamole más grande del mundo”… sin reparar en los bosques cercanos, fuertemente golpeados por la deforestación aguacatera.

En aumento

“El incremento en la participación de Jalisco en la producción nacional de aguacate se puede explicar porque de 2011 a 2016 la superficie sembrada de aguacate creció en 63 por ciento. Por su parte, en Michoacán la superficie sembrada creció 36 por ciento durante el mismo periodo [...] a partir de 2011 el estado de Jalisco ha incrementado su participación en la producción nacional: en 2016 (produjo) casi 10 por ciento del total nacional, mientras que en 2011 sólo produjo 3.3 por ciento”, señala el documento Producción y precio del aguacate en México, 2011-2016, de Laura Elena del Moral Barrera y Brenda Murillo Villanueva

Con protección

Información de la Semarnat y Profepa revela que los aguacateros ilegales son apoyados por abogados, técnicos forestales, notarios y ayuntamientos

Entregan expediente de despojo de playa

Agustìn del Castiilo/Guadalajara-NTR

Vecinos de San Francisco o San Pancho, poblado costero de la llamada Riviera Nayarit, entregaron ayer al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el expediente de las anomalías que denuncian contra el desarrollo Punta Paraíso, al que señalan de haber “empujado” la propiedad privada hacia la zona federal en playa.

Según información del comité de defensa de los bienes naturales y públicos del poblado de Bahía de Banderas, apenas este miércoles 23 de enero, un nutrido grupo de manifestantes hizo una marcha pública en defensa de la playa “y en contra de las modificaciones que pasadas administraciones han realizado a las zonas federales marítimo-terrestres, permitiendo y facilitando el despojo de decenas de miles de metros cuadrados de playa pública federal”.

El desarrollo Punta Paraíso es de la empresa Pacific Lifestyle SA de CV, cuyos socios principales son Carlos Lemus y Francis Bast, y que pretenden consumar “el primer despojo de al menos mil 200 metros cuadrados de playa, construyendo edificios sobre la duna costera y privando del uso de ésta a la población de forma indefinida y permamente. Peligrosamente y basados en argumentos legaloides pasadas administraciones han realizado cambios en la zona federal marítima y terrenos ganados al mar y aprobado manifestaciones de impacto ambiental que deben ser revisadas y anuladas o derogadas al demostrarse su ilegitimidad”, señalaron en un comunicado difundido previo a la visita del mandatario al estado de Nayarit.

La petición al presidente López Obrador fue su intervención “para que instruya a su equipo de colaboradores en Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y se investiguen a fondo las modificaciones a las zonas federales marítimo terrestres, los fraudulentos terrenos ganados al mar y las concesiones y los permisos otorgados ilegítimamente que incluyen la concesión DGZF-920/09, del expediente 1368/NAY/2007 16.27S.714.1.9-135/2007, de Futura San Pancho SA de CV y la autorización a la manifestación de impacto ambiental folio  38.01.00.01/3126/17”.

Gestiones realizadas con el equipó coordinador de la visita del presidente, abrió un espacio “de un minuto” para abordar el caso con el mandatario.  La petición que le entregaron: que “se deroguen los fraudulentos permisos y concesiones en la zona federal y terrenos ganados al mar”, que “se demuela el edificio de Punta Paraíso”, que “se restaure la duna costera, zona federal de uso público y hábitat de tortugas marinas y elemento de protección contra huracanes”.

El pasado miércoles, unas 800 personas se movilizaron por la avenida del Tercer Mundo y  terminaron en la playa frente al edificio Punta Paraíso. Previamente, se había acusado a “personas desconocidas” de tratar de impedir la marcha con desinformación.

No es ni de lejos un hecho aislado. Puerto Vallarta-Bahía de Banderas conforma un destino que atrae más de 10 por ciento de las divisas turísticas que llegan al país, pero a la par del crecimiento de su infraestructura y de su potencia económica, ha pagado un alto costo en su patrimonio natural: sus humedales costeros están contaminados, alterados y privatizados por los intereses inmobiliarios y hoteleros. De hecho, a pocos kilómetros al sur, sobre la línea del litoral, existe otro expediente de privatización que ha movilizado a la sociedad local: el estero La Lancha, donde desde hace casi un año se impide el acceso libre.

Contexto

El desarrollo inmobiliario ha alterado considerablemente cuerpos de agua de Bahía de Banderas, como son los esteros La Lancha, Punta Negra, Costa Capomo, San Pancho, Lo de Marcos, Punta Raza y Canalán, así como ríos importantes como el que baja en Sayulita y el de El Monteón

Frente a las presiones de los intereses inmobiliarios y hoteleros, hay expedientes donde la privatización de facto está ya consumada: Jarretaderas e isla de los Pájaros, en la desembocadura norte del río Ameca. Otros sitios públicos están severamente degradados, como el estero El Quelele

"Fracking" prospera ante indecisión del gobierno

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

Una nueva investigación de Cartocrítica detalla la dimensión del fracking en México: se mapearon 7 mil 879 pozos fracturados, bajo el respaldo legal de los lineamientos del anterior gobierno federal, que no han sido cancelados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque éste se comprometió a prohibir esa técnica extractiva con altos impactos ambientales negativos.

Ayer en la Ciudad de México, la organización civil presentó una actualización de su trabajo sobre fracking (fractura inducida de mantos de roca con uso masivo de agua) “que incluye un mapa dinámico que permite identificar la intensidad con la que ha sido aplicada esta técnica en México. La información presentada muestra que son 7 mil 879 pozos los que han sido fracturados y que suman 36 mil 159 fracturaciones”, difundió por la tarde. El informe está disponible en http://www.cartocritica.org.mx/2019/actualidad-de-la-fracturacion-hidraulica-en-mexico/.

Allí se detallan contratos y asignaciones vigentes para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, para lo que existen 26 bloques adjudicados, 25 de los cuales son asignaciones a Pemex. “El restante es un contrato otorgado bajo la modalidad de licencia firmado en noviembre de 2018 por CNH, Pemex Exploración y Producción y la empresa Operadora de Campos DWF, SA de CV, para la exploración y extracción de recursos no convencionales entre los estados de Veracruz y Puebla, con una superficie de 140.88 kilómetros cuadrados. De cumplirse el compromiso del Ejecutivo, ninguno de estos bloques podrá ser fracturado nuevamente”.

Roberto Ochandio, experto argentino en materia de extracción de hidrocarburos y los impactos del fracking, criticó los lineamientos emitidos por la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) en 2017, durante el mandato de Enrique Peña Nieto: “El documento describe las obligaciones de los regulados (las entidades que realizan las exploraciones), pero no indica cómo se hará para asegurarse que se cumplan estas obligaciones, qué métodos legales se usarán para prevenir daños, o qué consecuencias tendrá el incumplimiento de estas obligaciones. Queda todo en manos de los regulados: monitoreo de operaciones, informe de los eventuales daños, protección del medio ambiente, impactos en la salud y el medio ambiente. En ningún momento se indica cuáles serán las medidas en caso de incumplimiento, penalidades, proscripciones, publicación de estos daños, o compensación a poblaciones afectadas”.

Sin haberse cancelado esa legislación, “las instituciones federales están obligadas a implementar estos deficientes lineamientos en los 26 bloques de hidrocarburos no convencionales”, por lo cual, la Alianza Mexicana contra el Fracking insiste que para materializar el compromiso de no permitir fracking “se requiere la prohibición expresa en nuestra legislación”.

En México, “la fracturación hidráulica comenzó a utilizarse el 26 de enero de 1996, en el pozo Jacinto-5, en Tabasco; antes de que terminara ese año, ya se habían fracturado otros 11 pozos adicionales, en Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, que sumaban un total de 16 fracturaciones. Desde entonces y hasta principios del 2016 (corte de la información recibida de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2018), uno de cada cuatro pozos petroleros en el país (24.3 por ciento) ha sido fracturado hidráulicamente en algún momento de su vida productiva, es decir, que un total de 7 mil 879 pozos de los 32 mil 464 existentes han sido fracturados (CNH, 2018). Pero la intensidad en el uso de la técnica cambia en cada región, ya que un mismo pozo puede ser fracturado múltiples veces en su vida productiva”, señala el informe de Internet.

La fracturación hidráulica “normalmente ocurre al inicio, en la etapa de preparación (llamada ‘terminación’) del pozo, pero también puede ocurrir meses o años después de haber iniciado su producción, como parte de ‘reparaciones mayores’ cuando la productividad de un pozo disminuye”.

La problemática

En 7 mil 879 pozos fracturados se han realizado 36 mil 159 fracturaciones

La media nacional es de 4.6 fracturaciones por cada pozo que haya utilizado esa técnica

La intensidad en el uso del fracking cambia de un pozo a otro, y de un campo petrolero a otro

Bosques, marginados de tecnologìa y legañidad.

Agustìn del Castillo/Guadalajara-NTR

Uno de los problemas más graves del sector forestal en Jalisco y México, y que explica su insignificante aportación al producto interno bruto (PIB) pese a la potencia que significa 65 por ciento de territorios con vocación forestal, es su escasa integración a un manejo técnico y legal. Los bosques y selvas son espacios marginados de las innovaciones, la tecnología y las inversiones.

“De las 15 millones de hectáreas que tienen potencial para el aprovechamiento forestal maderable en el país, sólo 7 millones están incorporadas al manejo forestal maderable (…) En Jalisco de las 1.5 millones de hectáreas aproximadas que tienen potencial para el aprovechamiento forestal maderable en el estado, sólo 600 mil están incorporadas al manejo forestal maderable”, señala el documento Reconfiguración de la política pública forestal del estado de Jalisco, elaborado por la consultora Menos dos grados a solicitud del gobierno de la entidad.

“Sólo algunas comunidades y ejidos se caracterizan por realizar buenas prácticas de manejo. De las comunidades y ejidos que cuentan con superficies de bosques de coníferas, coníferas latifoliadas y selvas medianas, se tiene el registro de 121 empresas forestales comunitarias que corresponde a los núcleos agrarios que cuentan con aprovechamiento forestal maderable en sus territorios, la mayor parte de ellos en bosques templados”, añade.

En Jalisco, “el aprovechamiento de los recursos forestales maderables tradicionalmente se presenta en dos vertientes; una con fines comerciales y provienen de predios de bajo manejo, donde los volúmenes son destinados a las industrias de aserrío, celulosa y a las fábricas de tableros o aglomerados, y la otra que se realiza con fines no comerciales o domésticos donde los productos son utilizados con diversos fines, para leña combustible, para construcciones rurales para la manufactura de aperos de labranza, para posterías de cercas, entre otros usos. Este volumen normalmente no es contabilizado en las estadísticas de producción, siendo cantidades considerables que influyen en el análisis de la producción total”, agrega.

MENOR PRODUCCIÓN

Una prueba de lo inestable del sector es que los datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revelan una gran fluctuación en la producción maderable. La estadística de 2006 revela la presunta producción de un millón 138 mil 607.96 metros cúbicos (m³) de madera, mientras siete años después, se derrumba en casi un millón de m³: solamente 178 mil 845 m³

“El manejo forestal, en general, se ha caracterizado por la limitada infraestructura de caminos forestales, sistemas de transporte deficientes, bajo nivel tecnológico en las actividades de extracción y un importante grado de intermediarismo que limita un sistema comercial ágil. La mayor parte de las comunidades agrarias que aprovechan sus bosques, tienen una baja integración vertical en la cadena de valor. La extracción y el transporte de madera tienen diversos obstáculos. Algunas técnicas son inadecuadas y el parque de maquinaria, en su mayoría, es obsoleto. Los productores y contratistas no ganan lo suficiente para renovar su tecnología porque la productividad es baja y los costos son altos. Además, algunas prácticas de extracción causan impactos negativos al suelo”.

Desde la perspectiva de la transformación de las materias primas, “el problema radica en una ineficiente transformación industrial que utiliza tecnología obsoleta, que genera productos con problemas de calidad y altos porcentajes de desperdicio, generándose altos costos de producción y problemas de competitividad”. Así, estas actividades no son prioridad en la mayoría de los ejidos y comunidades, donde la mano de obra es escasa y poco calificada. “Estas actividades se realizan de manera extensiva, con equipo insuficiente o inapropiado desde el corte hasta el transporte a los centros de transformación, lo que provoca un alto impacto ambiental y el encarecimiento de los costos de producción”.

El flujo de créditos es insuficiente, pues la propiedad colectiva de la tierra es obstáculo para otorgar garantías; también padece la falta de cultura de negocios de largo plazo, que obligaría a una rigurosa organización interna en empresas forestales comunitarias separadas de los vaivenes de la política ejidal o comunal. A esto se agrega la falta de vías de acceso a las áreas forestales, los conflictos por la tenencia de la tierra y la atomización de la pequeña propiedad.

“Los altos costos de transacción que asumen los ejidos y comunidades para lograr la autorización de programas de manejo forestal maderable se ven incrementados por problemas de corrupción y constituyen una de las principales barreras al impulso de un manejo forestal sustentable”, subraya el documento. Y deriva en el abandono de los bosques, incremento de incendios, presencia de plagas y enfermedades no combatidas y la sobreexplotación forestal clandestina”.

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FRASE

“En Jalisco de las 1.5 millones de hectáreas aproximadas que tienen potencial para el aprovechamiento forestal maderable en el estado, sólo 600 mil están incorporadas al manejo forestal maderable”

 &Reconfiguración de la política pública forestal del estado de Jalisco


Problemas más severos de bosques

Incendios forestales provocados por quemas agrícolas o para establecer cultivos ilegales

Tala comercial clandestina en bosques de coníferas, encinares y bosque mesófilo de montaña

Explotación de especies para la obtención de leña combustible, carbón, postería y madera para construcciones rústicas y herramientas (a nivel de autoconsumo o comercialización a pequeña escala)

Degradación de bosques de coníferas y deforestación de encinares por la conversión de bosques a pastizales para la ganadería

Presión sobre poblaciones de algunas especies de plantas por la explotación de recursos forestales no maderables

Establecimiento o expansión de asentamientos humanos o el desarrollo de fraccionamientos campestres

Exploración minera o para establecer bancos de materiales

Impacto de infraestructura como caminos y carreteras y líneas eléctricas en la hidrología, los suelos y la calidad del paisaje

Turismo desordenado y acumulación de residuos sólidos

Fuente: Reconfiguración de la política pública forestal del estado de Jalisco, Semadet, 2017

70% de madera de bosques es ilegal

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

Uno de los aspectos más reveladores del abandono de los bosques de Jalisco es el enorme volumen de madera que se extrae de forma ilegal, con métodos propios del crimen organizado que domina amplios territorios del sur, el occidente y el norte del estado. Fuentes oficiales y empresarios consultados consideran que la sangría ilegal podría alcanzar hasta 70 por ciento del volumen total que se trabaja en los aserraderos.

“Lastimosamente no me parece exagerado; es un asunto de la delincuencia organizada donde obligan a ejidos a desmontar y a recibir una miseria por ello, y luego nadie vio y nadie sabe, y ya hasta que se desmontó todo dan aviso para no caer ellos en ‘delito’; seguramente no son todos, pero es muy recurrente el caso. La ley obliga a la autoridad a tener la certeza del sujeto activo del acto delictivo y pues jamás lo saben ni la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) ni el agente del Ministerio Público. Incluso en los incendios todas las denuncias no han llevado a nadie a prisión”, admite un funcionario del organismo federal a condición de no ser identificado.

Un caso reciente trascendió en la región Sur, cuando un grupo de ediles de Municipios de la zona de El llano en llamas demandaron la intervención de la autoridad federal ante la persistente presencia de camiones cargados de madera en sus carreteras locales. Se acordó establecer bases para investigar el tamaño del robo, pero un regidor confesó a NTR que no sería extraño que por cada 3 metros cúbicos (m³) de madera de pino con todos los requisitos de legalidad, se aporten hasta 7 m³ de madera clandestina.

“Muchos aserraderos se prestan a este trato, es algo parecido al huachicol, y que tiene mucho tiempo, pero con la fuerza que han tomado los maleantes, yo creo que se disparó aún más”, confió el edil.

La herramienta para identificar el problema se limita a las escasas denuncias recibidas y atendidas y de los operativos realizados por programa en el caso de la Profepa; la Comisión Nacional Forestal (Conafor) maneja un censo de la superficie que está sujeta a aprovechamiento y la que está en conservación, y la Secretaría de Medio Ambiente federal entrega los permisos. El dato esencial sería poder comparar la madera autorizada en los programas de manejo, la que se mueve con guías y la que recibe la industria transformadora.

DIAGNÓSTICO

El Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020, patrocinado por la agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), emitió el Informe Nacional México elaborado por Juan Manuel Torres Rojo, quien ostentó la dirección de la Conafor.

“La tala no autorizada o tala clandestina está fuertemente ligada a la pobreza y al esquema de tenencia de tierra de los terrenos forestales. En muchas regiones el inventario forestal de los ejidos o comunidades, a pesar de estar legalmente definido como propiedad común está dividido de acuerdo al valor del vuelo forestal (productos maderables) y los ‘usufructuarios’ aprovechan el recurso en función de sus necesidades inmediatas obviando en la mayoría de los casos la normatividad o incluso el programa de manejo existente. En otros casos, motivados por las mismas necesidades inmediatas, los ejidatarios o comuneros promueven la extracción ilegal a cambio de recompensas monetarias, ya sea por miembros de las mismas comunidades o por grupos o individuos externos a ellas”.

Agrega: “La actividad de extracción ilegal realizada por agentes externos a las comunidades se realiza por la falta de recursos destinados a la vigilancia de extensas áreas y la ausencia de mecanismos de coerción o credibilidad, así como el bajo costo de las sanciones relacionadas con este tipo de delitos”.

El silvicultor Javier Magaña Cárdenas señala que es tiempo de afrontar decididamente el problema: “Creo que el gobierno actual tiene la oportunidad de oro para reactivar el sector forestal; primero cerrar los aprovechamientos clandestinos, que están a la orden del día, tiene la fuerza fiscal para hacerlo; la otra es enfocar las baterías fuertemente en el fomento, y volvemos a lo mismo, la conservación productiva, propiciando que el bosque produzca madera, entendiendo que la madera podríamos manejarla casi como un producto secundario, en relación a los otros bienes que tenemos que conservar del bosque, y creo que el estado tiene a las personas adecuadas en estos momentos para hacerlo,  porque no son improvisados”.

Darle valor al bosque, para que los propietarios se involucren de nuevo y lo protejan es la única certeza para hacer frente a quienes sangran, fusil en mano, sus recursos más valiosos, advierte.

Antecedentes

En 1998 se midió el impacto del clandestinaje en México: de 7 millones de metros cúbicos (m³) autorizados como extracción, otros 13 millones de m³ se movían ilegalmente

En el caso de Jalisco, pasó de una producción legal de 1 millón de m³ a menos de 400 mil m³ en la actualidad

La madera ilegal de Jalisco podría rondar 800 mil a 1 millón de m³ anuales

Lanzan ofensiva contra el "fracking"

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

El fracking o la fractura de rocas para acceder a yacimientos de petróleo, gas u otro tipo de hidrocarburos, significa un gigantesco impacto ambiental que se comprometió a detener el gobierno de la República, al ascenso del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si bien, Jalisco no pinta estadísticamente, se ha señalado que podrían darse procesos de exploración en su territorio para gas shale junto con otras entidades no vinculadas históricamente a los hidrocarburos, como Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guerrero y Michoacán. Más allá de esa posibilidad, grupos ambientalistas como el Colectivo Ecologista y el Instituto de Derecho Ambiental pidieron públicamente que se prohibiera la actividad en el territorio jalisciense.

La organización Alianza Mexicana contra el Fracking, mantendrá esta semana actividades informativas desde la Ciudad de México y Veracruz, en busca de lograr el blindaje prometido, en alianza con diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y medio ambiente, entre las que destacan informes sobre el daño a mujeres por esa actividad extractiva, y conferencias del geógrafo Roberto Ochandio, geógrafo e ingeniero de campo de Hughes Service Company, y hoy activista contra ese proceso, así como Manuel Llano Vázquez Prada, fundador e investigador en Cartocrítica, AC, informó a NTR Jenny Zapata López, coordinadora de comunicación de la fundación alemana Heinrich Boll para México y el Caribe, coorganizadora de la jornada.

La Alianza Mexicana contra el Fracking maneja un documento analítico sobre los hidrocarburos no convencionales en México. Allí destaca: “Como parte de los argumentos utilizados desde el gobierno y por otros actores para impulsar la reforma energética de 2013, se posicionó la necesidad de explotar los hidrocarburos no convencionales, en yacimientos de lutitas y de arenas compactas, con el objetivo de enfrentar la caída de la producción de petróleo y las crecientes importaciones de gas natural (Pemex 2014, 2017 y 2017). Por sus características geológicas, la extracción de los hidrocarburos presentes en este tipo de yacimientos requiere el uso de la técnica de fractura hidráulica (fracking), que implica fuertes impactos sociales, ambientales y climáticos negativos, como lo muestra la evidencia existente de su utilización en otros países”.

Pese a que este tema comenzó a aparecer en el debate público en 2013, en realidad “existe evidencia de la utilización de la fractura hidráulica en yacimientos de lutitas en 2010 (información de Pemex Exploración y Producción, 2013), e incluso antes: desde 2006 en yacimientos de arenas compactas dentro del Proyecto Aceite Terciario del Golfo (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2010). En estos casos, fue Pemex quien llevó a cabo dicha actividad, con el apoyo de empresas petroleras privadas a través de contratos de servicios. Tras la reforma energética, se ha constatado la entrega de asignaciones a Pemex para la explotación de hidrocarburos no convencionales, así como de áreas a empresas privadas”.

Del mismo modo, “el Plan Quinquenal de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019 de la Secretaría de Energía (2017) incluye las áreas que el gobierno plantea abrir a licitación para este tipo de actividad durante esos años”.

Según la presidente de Idea AC, Raquel Gutiérrez Nájera, existe la intención por Pemex Exploración, desde 2013, de incluir territorio de Jalisco dentro de sus zonas a estudiar, de los más de 600 posibles yacimientos identificados en el país.

Para tener en cuenta

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, la actividad de Pemex para explorar gas contará con 96 por ciento más presupuesto, para situarse en una inversión de 3 mil 350 millones de pesos

Se pretende perforar 62 pozos exploratorios y 292 de desarrollo, de los cuales entre ocho y 10 pozos exploratorios serán perforados en una primera etapa, según la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)

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FRASE

“El Plan Quinquenal de Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019 de la Secretaría de Energía (2017)

Parte del documento de Alianza Mexicana contra el Fracking

Denuncian tala de un encinar en La Mazata

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

El ejido Estancia, de Etzatlán, ha otorgado permiso a carboneros provenientes presuntamente de Querétaro, para que aprovechen un valioso encinar (bosque donde predominan árboles del género Quercus), en un predio denominado El Plan, que brinda regulación climática, captura de carbono y de agua en beneficio de la comunidad de La Mazata, lo que ha levantado controversia al interior del poblado.

Moradores de esa localidad de la región Valles de Jalisco indicaron que hay preocupación por la posible devastación que pueda significar para sus bosques este tipo de aprovechamiento. Lamentaron además que el ejido decidiera sin tomar en cuenta la afectación para los moradores, dado que si bien las tierras podrán ser uso común de la comunidad agraria, el recurso forestal como tal es propiedad de la nación, es decir, no se puede disponer de este sin regulación de la autoridad federal. No han obtenido respuesta.

De acuerdo a la publicación Contribución al conocimiento del género Quercus (Fagaceae) en el estado de Jalisco, de la célebre botánica Luz María Villarreal de Puga, la especie dominante en ese rincón del estado es el Quercus castanea, cuyos nombres comunes son encino colorado, encino chino, encino rosillo, encino amarillo, encino rojo, encino blanco, encino negro, encino roble y encino prieto. Prospera a una altitud de 800 a 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar. “Es una especie importante debido a sus variados usos, se utiliza como leña, combustible, en construcciones rurales, así como para la manufactura de implementos agrícolas, horcones, soleras y vigas. Por su distribución y abundancia se explota como fuente de pulpa para papel”.

Si bien “es una de las especies con mayor distribución en el estado”, suele ser de alta importancia en la construcción de ecosistemas, pues “comparte varios hábitats, desde los más secos hasta los bosques más húmedos de pino y encino, y aún el bosque mesófilo de montaña. Pueden ser árboles majestuosos o simplemente arbustos de copa ancha, de fuste torcido ocasionado por el disturbio. También debe señalarse que es una de las especies con mayor polimorfismo foliar. En lugares que han sufrido fuerte perturbación, las hojas pueden ser más largas y anchas”.

De este modo, la importancia es por los servicios ambientales que presta. “Grandes extensiones de encinares mexicanos se han consumido debido a la explotación desmedida para la obtención de carbón vegetal, sobre todo en el siglo pasado y aunque parece que en las últimas décadas la demanda ha disminuido debido al uso más frecuente de otros combustibles, en algunas regiones la devastación sigue en auge”, reporta el artículo Bosque de Quercus, del Museo de las Ciencias Biológicas Iztacala, Enrique Beltrán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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“Pueden ser árboles majestuosos o simplemente arbustos de copa ancha, de fuste torcido ocasionado por el disturbio”

Extracto del estudio Controbución al conocimimiento del género Quercus

Bosques de Jalisco, sumidos en el deterioro

Agustìn del Castillo/Guadalajara-NTR

Si el sector forestal de Jalisco fue ignorado por la administración de Emilio González Márquez, desdén paliado por la alta inversión en bosques que hizo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, seis años después, el ninguneo fue del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, lo que ha dejado al sector en su peor situación desde 2002, cuando comenzó a operar la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y se estableció que los bosques eran “asunto de seguridad nacional”.

La reducción sustancial del presupuesto se reflejó cada año entre 2013 y 2018. Si se comparan los recursos transferidos por la Conafor, entre el primer y último año, la caída del gasto público es de más de 63 por ciento. El resultado: la persistencia en la mínima contribución del sector al producto interno bruto (menos de medio punto porcentual), la alta presencia del crimen en el saqueo de la madera y la casi nula diversificación productiva. La falta de valor que tiene el bosque se refleja en las estadísticas de incendios al alza (312 mil hectáreas los tres últimos años, el registro más alto de la historia de Jalisco), la degradación y contaminación, el rentismo de los dueños y el abandono general de un alto porcentaje los predios.

Cada una de las 4.1 millones de hectáreas (ha) del estado (dato que reporta el documento Reconfiguración de la política pública forestal del estado de Jalisco, Semadet, 2017) recibieron por todo el sexenio, de parte de la Conafor, 273.81 pesos, es decir, 45 pesos y 60 centavos al año o 3.80 pesos al mes (el total ejercido de los seis años es mil 122.5 millones de pesos). Pero mientras en 2013 otorgaron 66.8 pesos por ha, en 2018 sólo se destinó 25 pesos de presupuesto para cada ha.

En cuanto al gobierno del estado, su inversión es mucho más limitada: 413.7 millones de pesos básicamente para el tema de prevención y combate de incendios, lo que arroja 101.1 pesos por ha en seis años, 16 pesos con 85 centavos al año (fuente: Análisis cualitativo de programas y acciones 2013-2018, Semadet, octubre de 2018). El gasto en áreas protegidas estatales o coadministradas, que no están en este análisis, y ascienden a alrededor de 170 mil ha, es de mil 200 pesos por los seis años o 200 pesos al año. Un cálculo nacional del valor de los servicios ambientales de bosques y selvas es de 56 pesos por cada peso que se invierte desde el sector público (ver NTR, 9 de enero de 2019), lo que da una idea del enorme rezago.

Si se considera la apuesta estatal por el tema de incendios, es evidente el fracaso, pues se afrontaron los años con más daño de los que se tenga registro.

DIAGNÓSTICOS

Algo en lo que sí se invirtió fue en la generación de diagnósticos. La demostración del grave problema de degradación de los bosques y su consecuente pérdida de valor, lo revela un estudio del Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco (Fiprodefo), en el que se aborda la temática de las plagas.

No hay una política forestal para atender el problema, que requiere detección oportuna y acciones inmediatas, alejadas de la burocracia. El Fiprodefo estableció un diagnóstico y un sistema de monitoreo. Se destaca que el problema sanitario deriva de bosques pésimamente manejados por décadas, que provocaron la declinación genética: las nuevas generaciones han sido cada vez más débiles genéticamente, lo que se agrava porque el calentamiento global permite la progresiva colonización de nuevos territorios por las plagas y su presencia casi todo el año.

La información de selvas bajas, selvas medianas, bosques templados y pastizales derivó en un mapa de riesgo: se demuestra que se redujo la deforestación, pero no la degradación. 56 por ciento de los bosques de Jalisco presentan algún tipo de perturbación, y estas perturbaciones a la estructura vegetal llevan después al dato de que 34 por ciento de los bosques están afectados por plagas.

Con esto, el valor de los servicios ambientales declina: “Si quieres hacer una proyección de captura de carbono en un bosque que tiene muérdago, no la vas a tener porque el árbol está concentrado en tratar de sobrevivir; no va a llegar una siguiente generación, y si la llega a tener, si los conos caen y hay buena germinación, esos arbolitos están condenados a que desde su nacimiento presenten muérdago; eso hemos encontrado en todo el ciclo arbóreo, desde plántulas hasta arbolado adulto”, dijo la ex titular del Fiprodefo, Gabriela López Damián, en una entrevista el 3 de agosto de 2016.

Lo que el monitoreo exige es realizar sobrevuelos al menos cada dos años sobre bosques y selvas, y cotejarlos con mapas satelitales. Las denuncias de daños deben ser presentadas por las unidades de manejo forestal. La queja recurrente es la burocracia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que no permite actuar a tiempo.



ESCENARIO RECURRENTE.

Una de las principales debilidades de los bosques de la entidad son los incendios forestales.
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MENOS MADERA

Esto explica los bajos rendimientos en el aprovechamiento de los bosques. En la década de 1990 se extraían más de un millón de metros cúbicos (m³) de madera; ahora se reportan años de 300 mil m³. “Esa pérdida de potencial deriva del manejo histórico inadecuado; durante décadas, los industriales se dedicaron a ‘descremar’ los bosques (a extraer la mejor madera), lo que los desestructuró y degradó”, refirió a NTR el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Enrique Jardel Peláez.

El escaso valor del bosque en Jalisco también se refleja en la bajísima competitividad de Jalisco, que está entre las “entidades con un nivel de competitividad medio al obtener calificaciones relativamente buenas en dos subíndices y promedio en otros dos”, según el Índice de competitividad forestal estatal elaborado por Reforestamos México y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

El estado “ocupa el lugar 22 en permanencia de bosques. Su principal debilidad son los incendios forestales y está entre las 11 entidades con mayor degradación de terrenos forestales. Además tiene un desempeño medio en recuperación de bosques (lugar 16) y en porcentaje de bosques enfermos y bosques con peligro de deslizamiento (lugar 17 en ambas)”, señala el portal del proyecto.

El mejor desempeño de Jalisco está en “la condición sociopolítica de los bosques (lugar nueve) derivado de su alta cohesión social (séptima posición) y primer lugar en calidad de información presupuestal ambiental. Sin embargo, la alta corrupción (lugar 25) y el poco gasto local en desarrollo forestal (lugar 21) le restan competitividad”.

El indice ubico a Jalisco en la posición 16 “en potencial de aprovechamiento de los bosques. Lo anterior debido a que cuenta con pocas zonas prioritarias para el desarrollo forestal comunitario (lugar 24) y de plantaciones forestales comerciales verificadas (lugar 21). Sin embargo, el estado cuenta con un importante acervo de existencia de selvas y bosques (octavo lugar) y potencial de desarrollo maderable (sexto lugar)”.

El índice fue construido desde 2014 y los cambios son mínimos, salvo a la baja, como es el caso de los incendios forestales, que alcanzó su máximo histórico en 2017, con 190 mil hectáreas.

NÚMEROS

4.8 millones de hectáreas de Jalisco fueron forestales o de vocación forestal

35 por ciento de esa superficie se deforestó entre 1976 y la actualidad, según un análisis del Imco; se manejan 4.1 millones de hectáreas de vocación forestal y 3 millones de hectáreas específicamente forestales

54% de los bosques primarios y secundarios del estado están degradados; la infestación de plagas alcanza de 23 a 34%

1.5 millones de hectáreas tienen potencial maderable, pero solamente 600 mil hectáreas están incorporadas a esquemas de manejo autorizado por la Semarnat



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FRASE

“Durante décadas, los industriales se dedicaron a ‘descremar’ los bosques (a extraer la mejor madera), lo que los desestructuró y degradó

Enrique Jardel Peláez, investigador de la UdeG

AMLO en Los Altos, una prueba que fue postergada

Agustín del Castillo/enviado-NTR

Una tragedia de dimensiones todavía no precisadas: el estallido de un ducto de Pemex en Hidalgo con casi 80 muertos contabilizados hasta ayer -daño colateral de la guerra contra el huachicol que declaró la administración federal al arranque de 2019-, justificó la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador del municipio alteño de Encarnación de Díaz, donde los diversos actores  se quedaron con las ganas de medir el impacto que ha tenido en esta entidad la imagen del tabasqueño luego de tres semanas de desabasto de gasolina.

“Los organizadores querían controlar los accesos y nos advirtieron que no admitirían manifestaciones, ni siquiera mantas, pero no estoy seguro de que lo hubieran podido evitar; en la zona de La Chona hay mucho malestar porque dependen fuertemente del diesel y empieza a escasear, no olvidemos que esta es una de las regiones más productivas del país, y la economía se mueve con combustible”, confió a NTR un invitado.

La frustración se dio cuando el mandatario estaba en cadena nacional, desde la Ciudad de México. Fue hasta alrededor de las 8:00 am que López Obrador anunció por televisión que cancelaba su visita de dos días al estado. Los asistentes ya habían comenzado a andar desde Guadalajara y diversos puntos de la meseta alteña. Comenzaron a llegar los avisos a los whatsapp de funcionarios, activistas y periodistas. Se mantuvo el suspenso sobre la inminente cancelación del gobernador Enrique Alfaro, pues era posible que llegara alguno de los secretarios del gabinete federal. Pero a las 9:00 am, desde Tepatitlán o Jalostotitlán, los vehículos de gobierno dieron la vuelta, excepto la comitiva del superdelegado, Carlos Lomelí, el empresario de medicinas, ex amigo de Alfaro, rival en la disputa por la gubernatura, y ahora “empoderado” por el presidente para desgaste emocional del impulsivo gobernador.

Querían un día de fiesta para el presidente, pero le esperaban diversos expedientes que mantienen irritados a los moradores de Los Altos: sin duda, los efectos depresivos sobre la economía de la región por no contar con combustible suficiente para más de 160 mil unidades de producción, desde pequeños establos hasta grandes agroindustrias, que le dan primer lugar en alimentos de origen animal en el contexto nacional (arriba de 22 por ciento); en segundo lugar, la medida aparentemente insuficiente de los “precios de garantía” que anunciaría el mandatario, pues su cobijo es para un segmento muy reducido de ganaderos: solamente se otorgará a los dueños de hatos de 30 cabezas para abajo, lo que explica por qué el presupuesto 2019 de Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) no tuvo ningún incremento.

En tercer lugar, la enorme preocupación de los moradores de la meseta por los guiños lopezobradoristas a Guanajuato para que se concluya la represa de El Zapotillo a 105 metros, se inunden los poblados de la cañada del río Verde y se disponga de casi 120 millones de metros cúbicos de la región para el crecimiento inmobiliario e industrial de la ciudad del León, cuando si algo demanda la industria pecuaria es de agua.

¿Para qué sirve productivamente 120 millones de m3? Cada bovino consume al día, en promedio, 60 litros, entonces, ese volumen permite mantener un hato de casi 5.5 millones de cabezas, mientras la región posee más de 800 mil reses. Pero si se considera que la producción de un litro de leche requiere mil litros de agua (medidos en la región), por el tema de todo el alimento, son 120 millones de litros de leche, la producción total de la región por un mes. Con estos datos pretenden que el gobierno reconsidere su apoyo a la megaobra: para los quejosos es un despojo del recurso en el que no ganarán nada.

Esta agenda iba a probar la tolerancia y capacidad política del presidente, en una zona que de por sí, ha sido reacia a los discurso de la izquierda, y en general desconfiada de lo gubernamental,  desde la pacificación en los años treinta del siglo XX, tras la guerra cristera. Si se agrega un enfrentamiento en un subeybaja de 45 días con el gobernador Alfaro, la importancia de la visita crece. Pero el riesgo fue, al parecer involuntariamente, conjurado. El superdelegado Lomelí habló con quienes sí asistieron por carecer de información, y trató de hacer política: la ausencia fue por la responsabilidad del presidente en combatir un delito que es tan viejo como las explosiones de 22 de abril de 1992, en el sector Reforma de Guadalajara.

“Desde aquel entonces se debió haber iniciado a combatir este tipo de desgracias. México sigue en lucha, el Presidente no va a desistir de la transformación que requiere este país”, apuntó en La Chona ante un auditorio de rancheros despistados y funcionarios federales menores, disciplinados. Por lo pronto, todo se resolverá hasta la próxima, señor presidente.

HERRAMIENTAS 1

Guanajuato: El Zapotillo “va porque va”

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) le confirmó al Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que El Zapotillo “va porque va”, según dijo a la prensa local el propio mandatario panista, el pasado 12 de enero.

“Lo que nos confirmaron es que El Zapotillo va, están ellos en pláticas con Jalisco, la siguiente reunión la vamos a tener con Jalisco y Guanajuato, ya hay la posibilidad de llegar a un acuerdo y dar continuidad al proyecto; a Jalisco hay una presa que le interesa mucho se haga, es posible sea un proyecto en conjunto, pero primero iría El Zapotillo”. Aseguró que la cortina será de 105 metros, tras reunirse con la directora general de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros.

En el paquete se incluye destrabar el conflicto por el acueducto concesionado a la transnacional Abengoa, que se ha desentendido de construir por considerar que el gobierno mexicano no cumplió condiciones mínimas para propiciarlo. Guanajuato, un estado en la frontera con el gran desierto de Chihuahua, pretende ejercer derechos adquiridos sobre la cuenca del Pánuco, en San Luis Potosí, en un futuro próximo, aseguró el gobernador.

HERRAMIENTAS 2

La reunión que sí fue

En Encarnación de Díaz, el delegado de Programas de Desarrollo del gobierno federal, Carlos Lomelí, ofreció disculpas a los asistentes por la ausencia del presidente en un acto en el que se informaría “sobre los apoyos y los precios de garantía para pequeños y medianos productores de leche”.

El representante del Gobierno de México (sic) “lamentó lo ocurrido y solicitó respetuosamente guardar un minuto de silencio por las 66 personas que fallecieron en el estado de Hidalgo”, señaló el equipo de prensa. “Recordó el interés que tiene el presidente López Obrador por acudir a esta zona de la región de Los Altos, y confió que pronto sea reprogramada su visita.

Lomelí estuvo acompañado por Ignacio Ovalle Fernández, titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex); por David Monreal Ávila, coordinador nacional de Ganadería; por Bernardo Fernández, director nacional de operaciones de Segalmex; por Humberto López Rodríguez, gerente de Liconsa Aguascalientes; por María Padilla y Luis Fernando Torres, subdelegados de la regiones Altos Sur y Norte de los Programas para el Desarrollo en la entidad; por Oswaldo Chazaro, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas; por Adalberto Velasco, presidente de la Unión Regional Ganadera del Estado de Jalisco, y por Guillermo Cervantes, presidente de la Asociación Ganadera de Encarnación de Díaz.