Alteños piden a AMLO anular trasvase a León

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

Hoy se presenta el Manifiesto de los Altos de Jalisco. Agrupaciones civiles y eclesiásticas, académicas y empresariales, clubes sociales y organismos de productores, rancherías y ciudades, se unen para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que se cancele el trasvase de agua del río Verde a la ciudad de León, en Guanajuato, porque dañaría a una región de 807 mil habitantes que aporta un quinto de la proteína de origen animal -leche, huevo, cerdo, aves- que consume el país.

En un contexto de ruido excesivo y contradicciones, los representantes de 20 municipios subrayan la preocupación por las señales enviadas por integrantes del equipo del presidente, en particular, el caso de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la presidencia, quien el 1 de marzo se comprometió en la ciudad de El Bajío a llevar el agua del Verde a través del acueducto que Abengoa no construyó en la anterior administración. En contraste, los activistas por Temacapulín, Acasico y Palmarejo, fueron recibidos esta semana en la Secretaría de Gobernación y funcionarios se comprometieron a preservar sus pueblos de la inundación que provocaría la Presa El Zapotillo.

“A pesar de ser una zona semidesértica (…) la hemos convertido en la principal región productora de alimentos de origen animal del país y cualquier afectación al sector agropecuario, como despojarlo del agua, producirá un gran impacto negativo social, ambiental y económico con graves repercusiones a nivel nacional e incluso internacional, gracias a la gran aportación de alimentos que producimos: 12.4 por ciento en leche de bovino, 48.3 por ciento en huevo de plato, 26.8 por ciento en carne de cerdo, 11.7 por ciento en carne de bovino y 16.7 por ciento en carne de ave”, todos, porcentajes de la producción nacional.

La amenaza deriva del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1995, “que reserva las aguas superficiales de la cuenca del río Verde sólo para usos doméstico y público urbano (lo que dio origen al proyecto presa y acueducto El Zapotillo) lesionando con esta restricción los derechos de los usos pecuario y agrícola -entre otros- indispensables para la producción de alimentos”.

PANORAMA SOMBRÍO

Actualmente, 12 de los 17 acuíferos de la región se encuentran sobreexplotados y las aguas superficiales están reservadas por el decreto antes mencionado, “lo que está generando un grave problema al sector agropecuario y que afectará de manera importante la producción de alimentos, además de la pérdida de empleos y el modo de vida de los más desprotegidos, agravando la migración campo-ciudad, entre otras afectaciones”.

En cambio, León, en Guanajuato, “no presenta actualmente problemas en el abasto de agua, ya que provee en 98.9 por ciento del agua a sus habitantes, además de tener otras opciones de abasto dentro de su estado”.

Por ello, “le pedimos de la manera más atenta, se inicien las gestiones correspondientes para la cancelación del pretendido trasvase Los Altos-León y se evite la inundación de las tres poblaciones amenazadas por la construcción de la presa. Que como presidente de la República, desde un enfoque de seguridad hídrica; desde el vínculo entre agua, desarrollo, energía y alimentación; en un escenario de cambio climático y desde la tutela prevista en el principio precautorio, en términos del artículo cuarto constitucional y lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, cancele el decreto de reserva de aguas del río Verde publicado en el DOF el 7/04/1995 por lesionar nuestros legítimos derechos”.

También, que “se declare de interés público la cuenca del río Verde y los Altos de Jalisco. Se atienda de manera prioritaria la problemática hídrica en la región alteña, sus acuíferos y su cuenca, en virtud de la escasez de agua y ordene la elaboración de un programa de ordenamiento hídrico en los términos de la segunda recomendación del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco (OCGIAEJ) y sea elevado a rango de ley”.

Son organizaciones integrantes de la Alianza Cívica Alteña para la Defensa de los Derechos y el Agua, que preside Cinthia Paloma Macías Muñoz

La integran un grupo de gobiernos locales: los ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Tepatitlán de Morelos, Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Unión de San Antonio, Jalostotitlán, Cañadas de Obregón

Asociaciones ganaderas locales de San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, San Diego de Alejandría, San Julián, San Miguel El Alto, Teocaltiche, Tepatitlán,  Unión de San Antonio, Villa Hidalgo, Bajío de San José, Acatic, Arandas, Atotonilco, Encarnación de Díaz, Ojuelos, Jesús María, Valle de Guadalupe y Cañadas de Obregón; ejido Agua de Obispo; Unión Ganadera Regional de Jalisco, Unión Regional de Porcicultores de Jalisco; Ovinocultores de San Juan de los Lagos, Foro Ganadero de Jalisco, Silvicultores de Los Altos AC

Centro Universitario de Los Lagos (UdeG), Sanjuanenses Unidos por el Bien de Todos, López Brockmann y Asociados SC, Círculo Histórico y Cultural Entre Amigos, Caballeros de Colón de San Juan de los Lagos, Colegio de Ingenieros y Arquitectos de San Juan de los Lagos, Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable AC, Asociación de Hoteles y Moteles AC, Asociación de Arquitectos e Ingenieros AC, Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco AC, Asociación de Abogados AC, Cámara de Comercio y Servicios Turísticos

Delegaciones Alteñas de Copatrmex, Tierra Viva SPR, RMANOL SPR, Siempre Puedes Ayudar AC, Asociación de Alumnos de la Universidad de Guadalajara sede San Juan de los Lagos, Colegio de Médicos del Estado de Jalisco AC, Deseos del Corazón A.C., Cooperativa Pedro Ezqueda, Consejo de Cronistas e Historiadores del Estado de Jalisco

Comunidades y ranchos: La Providencia, Las Cuatas, Agostadero, Trujillos, Tepozán, El Refugio, Estación San Juan, El Terrero, La Zagala, El Rodeo, La Carmenta, Santa Rosa, La Corriente, Verdolagas, Carrizo Norte, Cerro de las Liebres, El Matadero, El Mezquite, El Jaral, El Ternero, San José de  la Calera, El Húmedo, Los Portales, El Chamacuero, Los Charcos, La Jara de Jiménez, Vaquerías, Cerro de San Diego, El Mixtón, La Cajuela, La Purísima, Las Antenas, Hacienda Las Negritas, Casas Viejas, Carrizo de Arriba, Carrizo de Abajo, La Labor de Padilla, La Ronera, Los Aguirres, Estancia Vieja, Estancia Vieja de Abajo, Los Tanques, El Tepozan, Trujillos de Abajo, La Labor, La Palma, El Tecolote, Santa Teresa, El Duarte, San José, El Sauz, Los Mezcales, Alto de Encinillas, La Laja, Paso Hondo, Miranda

12 de los 17 acuíferos de la región de los Altos se encuentran sobreexplotados

AMLO en Los Altos, una prueba que fue postergada

Agustín del Castillo/enviado-NTR

Una tragedia de dimensiones todavía no precisadas: el estallido de un ducto de Pemex en Hidalgo con casi 80 muertos contabilizados hasta ayer -daño colateral de la guerra contra el huachicol que declaró la administración federal al arranque de 2019-, justificó la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador del municipio alteño de Encarnación de Díaz, donde los diversos actores  se quedaron con las ganas de medir el impacto que ha tenido en esta entidad la imagen del tabasqueño luego de tres semanas de desabasto de gasolina.

“Los organizadores querían controlar los accesos y nos advirtieron que no admitirían manifestaciones, ni siquiera mantas, pero no estoy seguro de que lo hubieran podido evitar; en la zona de La Chona hay mucho malestar porque dependen fuertemente del diesel y empieza a escasear, no olvidemos que esta es una de las regiones más productivas del país, y la economía se mueve con combustible”, confió a NTR un invitado.

La frustración se dio cuando el mandatario estaba en cadena nacional, desde la Ciudad de México. Fue hasta alrededor de las 8:00 am que López Obrador anunció por televisión que cancelaba su visita de dos días al estado. Los asistentes ya habían comenzado a andar desde Guadalajara y diversos puntos de la meseta alteña. Comenzaron a llegar los avisos a los whatsapp de funcionarios, activistas y periodistas. Se mantuvo el suspenso sobre la inminente cancelación del gobernador Enrique Alfaro, pues era posible que llegara alguno de los secretarios del gabinete federal. Pero a las 9:00 am, desde Tepatitlán o Jalostotitlán, los vehículos de gobierno dieron la vuelta, excepto la comitiva del superdelegado, Carlos Lomelí, el empresario de medicinas, ex amigo de Alfaro, rival en la disputa por la gubernatura, y ahora “empoderado” por el presidente para desgaste emocional del impulsivo gobernador.

Querían un día de fiesta para el presidente, pero le esperaban diversos expedientes que mantienen irritados a los moradores de Los Altos: sin duda, los efectos depresivos sobre la economía de la región por no contar con combustible suficiente para más de 160 mil unidades de producción, desde pequeños establos hasta grandes agroindustrias, que le dan primer lugar en alimentos de origen animal en el contexto nacional (arriba de 22 por ciento); en segundo lugar, la medida aparentemente insuficiente de los “precios de garantía” que anunciaría el mandatario, pues su cobijo es para un segmento muy reducido de ganaderos: solamente se otorgará a los dueños de hatos de 30 cabezas para abajo, lo que explica por qué el presupuesto 2019 de Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) no tuvo ningún incremento.

En tercer lugar, la enorme preocupación de los moradores de la meseta por los guiños lopezobradoristas a Guanajuato para que se concluya la represa de El Zapotillo a 105 metros, se inunden los poblados de la cañada del río Verde y se disponga de casi 120 millones de metros cúbicos de la región para el crecimiento inmobiliario e industrial de la ciudad del León, cuando si algo demanda la industria pecuaria es de agua.

¿Para qué sirve productivamente 120 millones de m3? Cada bovino consume al día, en promedio, 60 litros, entonces, ese volumen permite mantener un hato de casi 5.5 millones de cabezas, mientras la región posee más de 800 mil reses. Pero si se considera que la producción de un litro de leche requiere mil litros de agua (medidos en la región), por el tema de todo el alimento, son 120 millones de litros de leche, la producción total de la región por un mes. Con estos datos pretenden que el gobierno reconsidere su apoyo a la megaobra: para los quejosos es un despojo del recurso en el que no ganarán nada.

Esta agenda iba a probar la tolerancia y capacidad política del presidente, en una zona que de por sí, ha sido reacia a los discurso de la izquierda, y en general desconfiada de lo gubernamental,  desde la pacificación en los años treinta del siglo XX, tras la guerra cristera. Si se agrega un enfrentamiento en un subeybaja de 45 días con el gobernador Alfaro, la importancia de la visita crece. Pero el riesgo fue, al parecer involuntariamente, conjurado. El superdelegado Lomelí habló con quienes sí asistieron por carecer de información, y trató de hacer política: la ausencia fue por la responsabilidad del presidente en combatir un delito que es tan viejo como las explosiones de 22 de abril de 1992, en el sector Reforma de Guadalajara.

“Desde aquel entonces se debió haber iniciado a combatir este tipo de desgracias. México sigue en lucha, el Presidente no va a desistir de la transformación que requiere este país”, apuntó en La Chona ante un auditorio de rancheros despistados y funcionarios federales menores, disciplinados. Por lo pronto, todo se resolverá hasta la próxima, señor presidente.

HERRAMIENTAS 1

Guanajuato: El Zapotillo “va porque va”

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) le confirmó al Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que El Zapotillo “va porque va”, según dijo a la prensa local el propio mandatario panista, el pasado 12 de enero.

“Lo que nos confirmaron es que El Zapotillo va, están ellos en pláticas con Jalisco, la siguiente reunión la vamos a tener con Jalisco y Guanajuato, ya hay la posibilidad de llegar a un acuerdo y dar continuidad al proyecto; a Jalisco hay una presa que le interesa mucho se haga, es posible sea un proyecto en conjunto, pero primero iría El Zapotillo”. Aseguró que la cortina será de 105 metros, tras reunirse con la directora general de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros.

En el paquete se incluye destrabar el conflicto por el acueducto concesionado a la transnacional Abengoa, que se ha desentendido de construir por considerar que el gobierno mexicano no cumplió condiciones mínimas para propiciarlo. Guanajuato, un estado en la frontera con el gran desierto de Chihuahua, pretende ejercer derechos adquiridos sobre la cuenca del Pánuco, en San Luis Potosí, en un futuro próximo, aseguró el gobernador.

HERRAMIENTAS 2

La reunión que sí fue

En Encarnación de Díaz, el delegado de Programas de Desarrollo del gobierno federal, Carlos Lomelí, ofreció disculpas a los asistentes por la ausencia del presidente en un acto en el que se informaría “sobre los apoyos y los precios de garantía para pequeños y medianos productores de leche”.

El representante del Gobierno de México (sic) “lamentó lo ocurrido y solicitó respetuosamente guardar un minuto de silencio por las 66 personas que fallecieron en el estado de Hidalgo”, señaló el equipo de prensa. “Recordó el interés que tiene el presidente López Obrador por acudir a esta zona de la región de Los Altos, y confió que pronto sea reprogramada su visita.

Lomelí estuvo acompañado por Ignacio Ovalle Fernández, titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex); por David Monreal Ávila, coordinador nacional de Ganadería; por Bernardo Fernández, director nacional de operaciones de Segalmex; por Humberto López Rodríguez, gerente de Liconsa Aguascalientes; por María Padilla y Luis Fernando Torres, subdelegados de la regiones Altos Sur y Norte de los Programas para el Desarrollo en la entidad; por Oswaldo Chazaro, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas; por Adalberto Velasco, presidente de la Unión Regional Ganadera del Estado de Jalisco, y por Guillermo Cervantes, presidente de la Asociación Ganadera de Encarnación de Díaz.

Abengoa busca 5 mil mdp por acueducto no construido

La transnacional sevillana renunció a la concesión de hacer y operar la infraestructura, pero quiere cobrar porque la Conagua no le cumplió condiciones para hacer la obra

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La empresa concesionaria del acueducto El Zapotillo-León, subsidiaria de la transnacional andaluza Abengoa, pretende recibir del gobierno mexicano más de cinco mil millones de pesos al responsabilizar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de no haber podido construir el acueducto de 140 kilómetros.

Es decir, por obras menores como movimiento de tierras y movilización de tuberías en alrededor de seis kilómetros, aspira a cobrar su parte de 51 por ciento en la inversión total de la infraestructura, la cual, huelga decir, no existe sino en los documentos de la concesión que no puedo ser hecha realidad desde el 14 de octubre de 2011, cuando se firmó el título de concesión. A esto le agrega conceptos como gastos financieros, gastos no recuperables, “indirectos por mayor permanencia”, “estimaciones pendientes de cobro aprobadas”, intereses de demora no pagados, costos reconocidos en la tercera modificación del título de concesión, seguros, fianzas y cartas de crédito.

Esta información está concentrada en el documento de “renuncia sin responsabilidad” que la empresa entregó el 25 de agosto de 2017 a la dirección del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Conagua; a lo largo de sus 95 páginas, la subsidiaria de Abengoa argumenta que el organismo federal fue reiteradamente omiso, para lo cual ofrece 94 documentos anexos en los que deja constancia de constantes peticiones de cumplir con la entrega de los predios por donde pasaría la infraestructura. Al momento de la renuncia, señala sólo haber recibido 46.4 por ciento del derecho de vía, pero los permisos para construir sólo amparaban 9.35 por ciento del tendido y ya se acumulaban 32 meses de retraso.

El documento y sus 94 anexos fueron obtenidos en un procedimiento de transparencia interpuesto por el ciudadano Alejandro López Aguayo, abogado de la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos y del ejido Agua de Obispo, que han demandado sendos juicios de amparo que en el segundo caso tienen suspendida la obra. Estas agrupaciones están integradas a la Alianza Cívica Alteña para la Defensa del Agua (Alcada), y al Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco.

LOS RECLAMOS 

La filial de Abengoa señala que desde que ganó la concesión, en 2011, hubo compromisos que quedaron asentados en el contrato y el posterior título, y Conagua no los cumplió.

“Hasta la fecha la Conagua no realizó la modificación al contenido de título de concesión número OCLSP-DAPDS-01-11 y al contrato de prestación de servicios número SAPAL/PS/005/2011, acorde con la realidad que se presenta para garantizar la operación del proyecto y la prestación del servicio…” (Página 75).

Además, “no se hizo entrega de 100 por ciento del uso y goce libre, gratuito y pacífico del derecho de vía y terrenos correspondientes, necesarios para ejecutar la infraestructura que se requiere para la prestación del servicio”; no hubo tampoco acciones para definir técnicamente un nuevo trazo ante las dificultades surgidas en la propuesta inicial (ver mapa); ni hubo cumplimiento a obligaciones de las condiciones octava, novena y quincuagésima cuarta del título, esto es:

La octava, derecho de vía. “El concesionario, de conformidad con lo dispuesto en el presente título de concesión y en las leyes aplicables, podrá utilizar el derecho de vía y los terrenos para la ejecución del proyecto […] la Conagua llevará a cabo todas las actividades y actos jurídicos necesarios para entregar al concesionario el uso, y goce libre, gratuito y pacífico […] para que éste pueda ejecutar la infraestructura, así como su operación, conservación y mantenimiento, incluyendo la prestación del servicio…”.

Novena, Inmuebles del municipio de León. “El concesionario tendrá la obligación de gestionar ante el municipio de León, de conformidad con las leyes aplicables, los permisos y autorizaciones para el uso y goce libre, temporal y pacífico de los inmuebles municipales necesarios para la ejecución la infraestructura, operación, conservación, mantenimiento y prestación del servicio…”.

Condición 54. “El Ejecutivo Federal a través de la Conagua podrá realizar el rescate de la concesión por causa de utilidad pública o interés público, conforme a lo previsto en la LAN, mediante pago de la indemnización respectiva, fijada por peritos en los términos del reglamento LAN [Ley de Aguas Nacionales], garantizando en todo caso que la misma sea equivalente por lo menos a la recuperación pendiente de la inversión efectuada y la utilidad razonable convenida en los términos de esta concesión. Asimismo, de conformidad con la Ley General de Bienes Nacionales, la declaratoria de rescate hará que los bienes materia de la concesión se entregarán y pasarán de pleno derecho, desde la fecha de la declaratoria, a la posesión, control y administración de la Federación a través de la Conagua y que ingresen a su patrimonio los bienes, equipos e instalaciones destinados directamente a los fines de la concesión. Podrá autorizarse al concesionario a retirar y a disponer de los bienes, equipo e instalaciones de su propiedad afectos a la concesión, cuando los mismos no fueren útiles a la Nación y puedan ser aprovechados por el concesionario; pero, en este caso, su valor no se incluirá en el monto de la indemnización”.

La residencia de la obra “no cumplió las obligaciones de la condición 20 del título (que dice: “La Conagua designará a un servidor público que fungirá como residente de obra”, entre cuyas obligaciones están: supervisar, vigilar, controlar y revisar la realización del proyecto, decidir sobre cuestiones técnicas para la correcta ejecución, resolver consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones, vigilar que se cumplan con las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción, así como la manifestación de impacto ambiental, y analizar opciones en caso de obstáculos).

Tampoco se realizaron las acciones para garantizar la continuidad del proyecto, ni se resarció al concesionario del cambio de condiciones del proyecto, ni tampoco se atendió la petición de suspender los efectos del título de concesión ante las “circunstancias de hecho y de derecho”.

Otra condición aludida es la número 41, justo la que menciona los problemas de retraso por causa ajena a los contratantes.

LAS “PRESTACIONES” 

¿Cómo llega Abengoa a la conclusión de que se le deben pagar ocho conceptos de “prestaciones”? La aportación de capital, señala el documento, se integra por tres conceptos: aportación de capital de riesgo para pago de estimaciones de obra, aportación de capital de riesgo para el pago de estimaciones a la supervisión y aportaciones de capital de crédito de Banobras.

Los gastos financieros son dos conceptos: intereses derivados y comisiones del contrato de crédito con Banobras, y honorario de la institución fiduciaria.

Los costos no recuperables: anticipos entregados por la concesionaria a la Conagua para la compra de terrenos, costos de asesoría técnica y legal “para el cierre”, daños por penalización por inmovilizar maquinaria, materiales, liquidación de personal, estimaciones pendientes de cobro y utilidades no recibidas. Los costos indirectos “por mayor permanencia” al no poderse ejecutar la obra de infraestructura; estimaciones “pendientes de cobro” aprobadas (definición 11 del título de concesión), incluida la compra de tubería; están los “gastos financieros por la omisión de pago de estimaciones, y los “costos reconocidos en la tercera modificación al títulos de concesión”, por costos extraordinarios y reprogramación de obra. Finalmente: seguros, fianzas y cartas de crédito, que incluyen seguros de todo riesgo en construcción, transporte y responsabilidad civil, cartas de crédito de garantía y “fianza de fiel cumplimiento” (sic).

Todos estos costos, resume, se incrementaron porque la Conagua no entregó los derechos de vía y por “el hecho de que la concesionaria tuvo que contratar los seguros, fianzas y cartas de crédito por el total del monto del presupuesto de construcción establecido […] siendo por motivos ajenos a la concesionaria…”. Y significan nuevas erogaciones. Todos los montos reclamados están tachados aludiendo a la “protección de datos” pese a que involucran recursos públicos.

No hay todavía una respuesta formal de la Conagua. Abengoa a nivel global se encuentra aún en una grave crisis financiera, con lo que ha tratado de recuperar recursos de todos sus contratos. Aunque en este caso, lo que haya dejado de obra sea mínimo y no pueda derivar en la prestación del servicio comprometido.

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CLAVES 

La condición 41 *“Salvo por disposición en contrario establecida en este título de concesión o las leyes aplicables, la Conagua y el concesionario no serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones, en tanto haya ocurrido y permanezca un evento de caso fortuito o fuerza mayor”

*“…son eventos de caso fortuito todo acontecimiento ajeno a la voluntad de las partes y derivado de fenómenos inevitables e impredecibles de la naturaleza que afecten el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este título de concesión, entendiéndose como tales, en forma enunciativa más no limitativa, los siguientes: terremotos, inundaciones, nevadas, huracanes, deslaves, tormentas y tornados…”.

*“…son eventos de fuerza mayor todo acontecimiento en los que interviene directa o indirectamente la voluntad humana, pero ajeno a la voluntad de las partes contratantes, que afecten el cumplimiento de las obligaciones establecidas […] entendiéndose como tales, de manera enunciativa más no limitativa, a los siguientes: guerras, disturbios civiles, revueltas, insurrecciones, sabotajes, plantones, actos de terrorismo, huelgas, embargos comerciales en contra de México, accidentes de transporte, ya sean marítimos, ferroviarios, terrestres o aéreos; y actos u omisiones de la Autoridad Gubernamental que no hubiesen sido voluntariamente solicitados o promovidos por la parte afectada, ni ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones…”

*La fuerza mayor incluye: la imposibilidad de obtener oportuna y apropiadamente cualquier permiso indispensable para que la parte a que corresponda cumpla con sus obligaciones derivadas del título de concesión, siempre que dicha parte haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos […]

*“Si no se llevan a cabo la modificación o la prórroga del título de concesión en los términos señalados en el párrafo anterior y el caso fortuito o fuerza mayor continúa, el concesionario podrá renunciar a la concesión por dicho motivo, en cuyo caso tendrá derecho al pago de la tarifa a que se refiere el inciso 11 de la condición 42, en el entendido que cualquier otro tipo de renuncia se entenderá lisa y llana y no dará lugar a indemnización alguna” .

Fuente: Título de concesión OCLSP-DAPDS-01-11

Interponen la controversia contra acueducto a León

Los legisladores jaliscienses impugnan el acuerdo de 2005 que dio origen al proyecto, y la cesión de derechos de vía de carreteras estatales.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Congreso de Jalisco presentó ayer, por vía postal, la controversia constitucional contra los acuerdos entre los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, y el gobierno de la República, para el trasvase de agua del río Verde a la ciudad de León, Guanajuato, documento que ha sido recibido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, única instancia competente para este tipo de litigios.

El poder legislativo busca contravenir el acuerdo de coordinación del año 2005, que dio origen al proyecto de El Zapotillo, el cual fue signado sin considerar al Congreso, así como diversos actos jurídicos derivados, en los cuales tampoco se hizo de conocimiento ni se pidió aprobación de ese poder, aunque la Constitución Política de Jalisco así lo establece.

“…acto que nace tras el incumplimiento por parte de las autoridades demandadas, del marco normativo vigente, muy particularmente de la violación a preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, leyes secundarias y tratados en materia de Derechos Humanos y Medio Ambiente, firmados y ratificados por nuestro país, derivado de lo cual, se contraviene los principios de legalidad y seguridad jurídica”, destaca el texto de la controversia, de 177 páginas.

Los documentos y conceptos impugnados: uno, el “acuerdo de coordinación que celebran el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Conagua y los ejecutivos de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del río Verde, celebrado el 1 de septiembre del 2005, por la omisión de la autoridad demandada de presentar una Manifestación de Impacto Ambiental para la ejecución del acueducto Zapotillo-León, pues con dicha omisión se violan los derechos humanos de los jaliscienses a la igualdad y a la propiedad, a la seguridad jurídica y al acceso a un medio ambiente sano, al acceso al agua, al derecho a la alimentación y al derecho al desarrollo con dignidad”.

Dos, el acta de entrega-recepción inicial “del derecho de vía y terrenos, de fecha 7 de Octubre de 2014”, que firmaron el titular del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, José Elías Chedid Abraham, y el apoderado legal de la Concesionaria del Acueducto El Zapotillo SA de CV, Joaquín Fernández Píérola Marín, “en la que se consigna la entrega material y jurídica, de entre otros, terrenos de uso común del estado de Jalisco, sin que se cuente con autorización del Ejecutivo del Estado de Jalisco – quien ha sido omiso ante tal situación jurídica-, ni mucho menos autorización del Congreso del estado de Jalisco”.

Tres, el acuerdo de coordinación Jalisco-Guanajuato-Conagua “para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del río Verde, celebrado con fecha 1 de septiembre de 2005, por la omisión de presentar un estudio de riesgo, de impactos ambientales y sociales al amparo del principio precautorio establecido en el principio 15 y del principio de evaluación ambiental consignado en el principio 17, ambos, de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, de lo establecido por el artículo cuarto constitucional”, relativo al mismo acueducto.

El cuatro tiene que ver “particularmente los que tienen que ver con el derecho a la información, a la participación y a la consulta, el derecho a la alimentación, el derecho de acceso efectivo al agua, el derecho al desarrollo, desde el principio precautorio y el contexto de cambio climático”.

El quinto, es el “acuerdo del secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco por el que se otorga permiso para ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino, dentro de los derechos de vía de la carretera estatal número 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe”.

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Claves 

Dos datos 

Artículo 35 de la Constitución Política de Jalisco. “Son Facultades soberanas del Congreso: […] II. Facultar al Ejecutivo con las limitaciones que crea necesarias, para que por sí o por apoderado especial, represente la Entidad, en aquellos casos en que la ley lo requiera. Autorizar los convenios que celebre el Ejecutivo, cuando su vigencia trascienda al término del ejercicio para el que fue electo el Gobernador del Estado”

[…] XI. Autorizar al titular del Poder Ejecutivo, así como a sus entes públicos, para que celebren actos jurídicos que trasciendan el ejercicio de la administración estatal, representen enajenaciones o una afectación de su respectivo patrimonio o de su presupuesto de egresos en más de un ejercicio fiscal, y a los Ayuntamientos, así como a sus respectivos entes públicos, para que celebren actos jurídicos relativos a financiamientos y obligaciones que trasciendan el ejercicio de la administración municipal, en los términos que disponga la ley”

Economía agropecuaria contra los bosques

Es segundo estado ganadero por producción de carne en el país, con 11 por ciento, solamente detrás de Veracruz.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Jalisco es segundo estado ganadero por producción de carne en el país, con 11 por ciento, solamente detrás de Veracruz. En el caso de la leche, es primer productor, aunque esta se concentra en la región de Los Altos de Jalisco.

“Los cambios antropogénicos en la cobertura forestal del país se dispararon a partir de mediados del siglo pasado cuando se realizó la apertura más significativa de tierras de la historia de México, ya que se pasó de 5.9 millones de hectáreas a 14.7 millones de hectáreas destinadas a la agricultura. Asimismo, se creó la infraestructura básica que permitió el crecimiento económico en el campo mexicano. Por ejemplo, la superficie agrícola bajo riego pasó, entre 1930 y 1985, de 500 mil hectáreas a 5.6 millones de hectáreas gracias a la construcción de más de 1,000 presas. En la década de 1980 la superficie agrícola aumento en casi 1.7 millones de hectáreas como resultado de la política de autosuficiencia alimentaria”, señalan Julia Carabias Lillo y Salvador Anta Fonseca, reconocidos expertos mexicanos en el tema.

Por su parte, “la ganadería bovina extensiva, que en 1940 ocupaba 38.8 millones de hectáreas en el país, se extendió en 1983 a 90.4 millones de hectáreas, convirtiéndose en el principal motor de la deforestación y degradación de bosques en el país. El auge de la ganadería, tanto la de libre pastoreo, como la intensiva productora de leche en México, generó que numerosas tierras forestales, especialmente correspondientes a las selvas tropicales, se destinaran al cultivo de pastos o a la producción de alimentos para el ganado”, añaden los autores, de acuerdo al Documento de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE),elaborado bajo el patrocinio de la Comisión Nacional Forestal, y que es justamente la estrategia que se aplica en los bosques y sierras de la costa de Jalisco.

Se estima que en México “los bosques templados y las selvas húmedas y secas cubrían una superficie de aproximadamente 98 millones de hectáreas, lo que representaba poco más de 50 por ciento del territorio nacional. En la actualidad estos ecosistemas cubren solo 64 millones de hectáreas, lo que representa 32 por ciento”.
La extensión original de las selvas (bajas, medianas y altas) era de 40 millones de hectáreas “y hacia el 2002 la superficie disminuyó a 27 millones de hectáreas. Su deforestación se disparó a gran escala a partir de la década de 1970, cuando se transformaron millones de hectáreas en zonas agrícolas de temporal para la producción de maíz y de distritos de riego para productos de exportación, así como para el uso de grandes extensiones de tierras como agostadero (áreas de pastoreo) para la ganadería.

Los últimos datos reportados “señalan que las selvas altas y medianas (húmedas y sub húmedas) cubren en la actualidad una superficie total de 14.2 millones de hectáreas, mientras que las selvas bajas 16.1 millones de hectáreas. Por su parte, se estima que los bosques templados de coníferas y latifoliadas y los bosques mesófilos de montaña tenían una extensión original de 47 millones de hectáreas, la cual se redujo a 34 millones de hectáreas en el 2002 (Sánchez Colon, et al, 2009). Para el 2010, esta superficie se redujo a 31 millones de hectáreas y de éstas, 22.2 millones de hectáreas corresponden a bosques en relativamente buen estado de conservación (bosques primarios), las cuales representan 66 por ciento del total remanente”.

Las grandes amenazas para Jalisco están en la ganadería, y sobre todo, a últimas fechas, algunos agronegocios de alto valor, como es el aguacate para los bosques templados.

MC

San Juan de los Lagos, ignorado por acueducto

Sus ciudadanos están entre los más activos contra el trasvase a León, pero autoridades no participan.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Ayuntamiento de San Juan de los Lagos reconoce no estar desempeñando ningún papel en las negociaciones y los debates sobre la presa El Zapotillo, en particular, la construcción del acueducto que atravesará su territorio para llevar el agua desde el río Verde hasta la ciudad de León.

En procedimientos de transparencia interpuesto por ciudadanos de la demarcación, la autoridad también reconoce no estar al tanto de algún proyecto ejecutivo de la construcción del ramal que llevaría el agua del acueducto principal hacia la cabecera municipal, que vive crisis de gestión del agua desde varios años atrás, y presuntamente es una de las catorce cabeceras beneficiadas para Jalisco con el megaproyecto El Zapotillo.

El 21 de marzo de 2017, el responsable de transparencia municipal (oficio 080/17-0-PUM) recibió notificación del director de planeación urbana municipal, Marcos Rafael Torres Ballesteros: "en los archivos de esta dirección no existe el proyecto ejecutivo al que se refiere el solicitante y que solo [sic] se encontró una copia simple de un plano que al parecer indica la ubicación y trazo de una parte en donde se pretende construir el ramal que se menciona, el cual no contiene ningún sello ni firmas de autorización".

El plano anexo en realidad tiene que ver con el acueducto mayor, a León, y está marcado el punto de conflicto con el ejido Agua de Obispo, que tiene un amparo contra el paso de la infraestructura.
Tres meses después, el director de agua potable, Héctor Carranza de la Torre, respondió por escrito dos preguntas específicas que se hicieron al ayuntamiento por parte de un ciudadano.

- ¿En qué fecha y de qué manera la Conagua [Comisión Nacional del Agua] y la CEA [Comisión Estatal del Agua] le informó al municipio las ventajas de la presa El Zapotillo y su acuerdo para San Juan?
- Sabemos del proyecto y de lo que se comenta en las redes sociales más no tenemos datos de dicho proyecto.

- ¿Existe algún documento, grabación o cualquier otro medio que documenta tal información por parte de la Conagua y la CEA?

Alcalde impide manifestación ante Anaya

El presidente municipal de San Juan de los Lagos, Alejandro de Anda, consideró que dos mantas donde se planteaba el problema del agua en Los Altos, con relación al megaproyecto El Zapotillo, podrían resultar incómodas para el precandidato de Por México al frente, el panista Ricardo Anaya, quien visitó la cabecera el pasado 7 de febrero, y decidió ordenar a su policía que fueran retiradas.

La Alianza Cívica Alteña (Alcada) manifestó que el presidente municipal ha violado la libertad de manifestación y ha demostrado que no tiene interés en los problemas que aquejan a sus gobernados, pues también ha tratado de "desactivar" la inconformidad por la privatización de la carretera El Desperdicio-Lagos de Moreno, que corre paralela al tema de "despojo de agua" que entraña el acueducto El Zapotillo-León.

"Todo iba bien, de hecho varias personas que llegaron al lugar les hacían comentarios positivos en apoyo a su lucha, pero desafortunadamente en un lamentable acto de autoritarismo llegaron elementos de la policía municipal para retirar y confiscar las mantas colocadas. Al cuestionar a los elementos de la policía del porque se llevaban las mantas, solo contestaron que ellos obedecían órdenes de un funcionario de nivel superior", explicó Luis Antonio de Alba, integrante de Alcada.

Los quejosos preparan una denuncia ante la autoridad judicial, por la violación de sus derechos constitucionales.

SRN

Acueducto a León, ligado a privatización carretera

Documentos oficiales demuestran que la Conagua ya obtuvo permisos para usar el derecho de vía de la carretera que se pretende privatizar

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Documentos oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) muestran lo que a los alteños movilizados desde hace un mes, más preocupa: perder una carretera libre y perder su agua.

“Nos han dicho que son dos expedientes distintos, pero la realidad es que en los propios videos promocionales del acueducto El Zapotillo-León plantean que la ruta El Desperdicio-Lagos de Moreno, que se quiere privatizar, tiene entre otras cosas la finalidad de introducir por allí el tubo”, señala uno de los quejosos, en reacción a la petición del presidente municipal de San Juan de los Lagos, Alejandro de Anda (PAN), de no “mezclar” ambas agendas.

La cuestión es que en la realidad, son paralelas. De acuerdo a información recabada en diversas solicitudes de transparencia hechas a lo largo de 2017, demuestran que los actos jurídicos de la SCT y la Conagua convergen en el planteamiento de usar la servidumbre, o derecho de vía, para el tendido del acueducto. Y ello coincide con la segunda intentona de la Red de Carreteras de Occidente (RCO), concesionaria de la autopista, de retomar el control del tramo de 27.5 kilómetros, como sucedió en 2010. La objeción de los alteños se funda en que no se puede concesionar una carretera construida con recursos públicos y que nunca fue de cuota, y además, que no hay rutas paralelas “libres” para comunicar los pueblos y ciudades de la zona.

Desde el 12 de agosto de 2015, la Conagua recibió del Centro Jalisco de la SCT “la factibilidad de uso de derecho de vía correspondiente a la red federal libre en la carretera MEX-080 Lagos de Moreno-Guadalajara en el tramo del km 77+850 al km 82+080, se otorgó por este centro SCT” (oficio SCT.-6.14.306.195/2015).

Anexa la SCT una “minuta de trabajo” de una visita realizada el 19 de noviembre de 2014. Asistió personal de la SCT, de la Conagua oficinas centrales, del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico, de la concesionaria Abengoa y de la instancia técnica de seguimiento del proyecto. Se recorrieron tres tramos: dos corresponden al espacio concesionado y uno a la carretera federal libre. En el tramo 2 se identifica la ruta El Desperdicio-entronque con la autopista León-Aguascalientes.

“Existe la posibilidad de alojar el acueducto dentro de los 2.50 m del derecho de vía existente, a excepción del cruce por el ejido Agua de Obispo, en el cual existe oposición de los ejidatarios. Se requiere un análisis más completo, apoyándose en el levantamiento detallado de las secciones transversales del terreno”, señala.

El acuerdo: “la Conagua analizará otras opciones para el cruce del acueducto, por el ejido Agua de Obispo. En el resto de este tramo deberá elaborarse el proyecto de detalle, en base a los datos de campo que se requieran. En los distribuidores de las autopistas no es posible utilizar el derecho de vía existente. Deberán estudiarse otras opciones” (sic).

De esa visita derivó el permiso mencionado en el oficio anteriormente mencionado. Subyacente, permanece el “derecho” de concesión que pretende recuperar la RCO, empresa subsidiaria de Grupo Carso, que desde el año 2010 pretendía ejercer, pero se enfrentó a la oposición de los habitantes de Jalostotilán, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, y en general, de productores y autoridades locales alteñas.

Una maqueta del proyecto de acueducto ha sido difundida por el gobierno de Guanajuato, y se puede localizar en https://www.youtube.com/watch?v=vRKrg678q0g&feature=youtu.be. Allí, se aprecia claramente la autopista de cuota con sus barreras de contención, donde corre paralelamente el acueducto.

El 31 de octubre de 2016, la Conagua de la región dio el dato más actual de la situación de terrenos liberados para la construcción del acueducto: en Jalisco, se habrían adquirido predios sobre 21.691 kilómetros lineales y quedaban pendientes 5.602 km por “liberar”. Además, se utilizarían 100.4 km de carreteras públicas, privadas y libres, tanto federales como estatales, pues el gobierno de Aristóteles Sandoval había otorgado, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, los permisos correspondientes en el municipio de Cañadas de Obregón (MILENIO JALISCO, 27 de marzo de 2017).

Molestia por intervención de Chema

La intervención del senador José María Martínez (PAN) en busca de desactivar el conflicto por la privatización de la carretera El Desperdicio-Lagos de Moreno, ha suscitado molestias al interior del grupo negociador nombrado por los alteños inconformes. El presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes), Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, confirmó a este diario que el acto, que se mantuvo en la opacidad, rompió los acuerdos de información entre el grupo completo, pues los tres asistentes, Efraín González González, Juan Manuelo Segoviano y Juan Pablo Jiménez, no solamente no consultaron a sus pares, sino que dejaron fuera al propio Márquez Gutiérrez, y a Javier Ruiz Centeno, de Coparmex San Juan de los Lagos. Lo que preocupa es que el legislador trate de separar los conflictos que convergen, y operar a favor de la aceptación de la carretera privatizada.

SRN

Alianza alteña lamenta papel del Congreso en tema agua

Cuestiona la dirigente de la Alcalda el papel de los organismos empresariales en la definición del destino de la meseta alteña.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Alianza Cívica Alteña para la Defensa del Agua (Alcalda) lamenta la actuación de la Comisión Especial del Agua del Congreso del estado, porque ha ignorado sus demandas y ni siquiera ha reconocido el papel de un organismo como es el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, cuyas recomendaciones son vinculatorias.

“Los integrantes de Alcalda no nos sentimos representados en la Comisión Especial del Agua, del Congreso. Esta comisión nos ignora a nosotros y en consecuencia, también al Observatorio. Somos los ignorados en este tema. No aparecemos en su entrega parcial de resultados. Exigimos el respeto a nuestros derechos elementales como al desarrollo, a la alimentación, al agua, al trabajo; sin agua desapareceremos, sobretodo los pequeños productores y se perderían decenas de miles de empleos. También se pretende ignorar el gran impacto que se generaría en los precios de los alimentos por la enorme baja en la producción, afectando de manera importante a Jalisco y al propio país”, señaló la presidente de la alianza, Paloma Macías.

Consideró incongruente que mientras se da un ninguneo a los afectados directos con la exportación de agua de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, es decir, los habitantes de la meseta, y al organismo jurídicamente establecido por acuerdo del gobernador del estado para observar y arbitrar los asuntos de agua, esa comisión legislativa se dedique a dar mayor peso a otros organismos que si bien, tienen derecho a entrar al debate democrático, no tienen prelación frente al observatorio y a los propios afectados.

“La Comisión Especial da cabida al Consejo Consultivo del Agua, de Francisco Mayorga, sin que sea vinculante para el Congreso y pretende ignorar las recomendaciones del Observatorio Ciudadano del Agua que sí es vinculante. Mayorga mintió a los legisladores diciendo que no reciben recursos públicos. ¿Cómo se le puede creer? Además de que es economista, no es especialista en temas de agua”, subrayó.

Destacó que la CCA representa intereses “claramente empresariales” y vinculados al tema del agua como negocio, y no a los derechos de su acceso a que tienen los mexicanos de todas las clases sociales, como elemento básico del desarrollo social y económico de las regiones.

“En Los Altos no hay agua de sobra y ahí están las pruebas, en el río Verde, que a pesar de que tuvimos un buen temporal casi no traía agua, menos ahora que está casi seco. ¿De dónde la van a sacar si nuestros acuíferos están sobre explotados y se evapora casi tres veces la cantidad de agua que llueve en la región?”, añadió la abogada de San Juan de los Lagos.

Puso el caso de los 12 millones 600 mil metros cúbicos que se apartan en el decreto de 1997 para la actividad agropecuaria, “es totalmente insuficiente, utilizamos más de 14 mil millones de m3 para la producción del año pasado. Por eso insistimos en ser tomados en cuenta, en la cancelación del trasvase y que se haga un ordenamiento hídrico”, puntualizó.

GPE

Gobernador “simula” defender a Jalisco

Abogado de habitantes de Temacapulín señala episodios donde el gobierno del estado ha demostrado estar a favor del proyecto Zapotillo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Los defensores de Temacapulín no le creen al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz. El abogado litigante de los quejosos, Guadalupe Espinoza Sauceda, consideró una “simulación” la preocupación que el mandatario hizo explícita el pasado jueves 22 de noviembre, sobre la falta de cumplimiento del estado de Guanajuato a su parte en los acuerdos, como motivo para impedir que el agua se exporte de El Verde a la ciudad de León.

“No es creíble, me parece que es más electorero que otra cosa; decir que va a defender a Jalisco es un modo de tratar de quitarle banderas a Enrique Alfaro, el que por cierto, tampoco ha hecho demasiado por defender a los alteños con los que tiene acuerdos para impedir el trasvase”, dijo el integrante del Colectivo de Abogados.

Puso en relieve que esa ha sido la tónica de su actuación pública con Temaca, pues antes de asumir el gobierno se comprometió a evitar la inundación del poblado, y el 29 de junio de 2017, determinó retirar su palabra. También recordó que durante los años en que no se resolvió a una declaración pública a favor del megaproyecto, su personal combatió la totalidad de los juicios de amparo y administrativos promovidos por los moradores de Temaca en contra de la represa que se construye en el río Verde con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura. Otra contradicción es que su gobierno entregó servidumbres de paso de las carreteras estatales para el acueducto a León, sin considerar los intereses de Jalisco (MILENIO JALISCO, 27 de marzo de 2017).

Aristóteles Sandoval dijo en la conferencia de prensa del pasado jueves: “Yo no podría permitir mientras no haya claridad y estén asignados recursos, no voy a permitir que se construya a Guanajuato, inclusive voy hablar con todos los municipios que están para que si hay alguna obra la detenga el municipio si es que no hay el recurso asignado y garantizado, y también la construcción de la infraestructura para dotar de agua a los Altos y a la zona metropolitana de Guadalajara”.

SRN

Decreto del Verde viola derechos de los productores de Los Altos

Márquez Gutiérrez reta a Mayorga a demostrar sus cuentas y dichos sobre el trasvase de El Zapotillo y asegura que Chapala no será beneficiado.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los decretos de distribución de 1995 y 1997 que entregan a León, Guanajuato, 24 por ciento del agua "libre" del río Verde, no solamente corresponden a caudales que ya no existen en la cuenca dos décadas después, sino que entrañan la violación de derechos económicos y sociales de los habitantes de Los Altos, que fueron excluidos del reparto pese a la presunta excedencia, advierte el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez.

En respuesta a las consideraciones del presidente del capítulo Jalisco del Consejo Consultivo del Agua (CCA), Francisco Mayorga Castañeda, el también fundador de la asociación civil Conredes (Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable) retó al ex secretario de agricultura de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, a demostrar "con documentos científicos" sus asertos sobre la presunta excedencia de agua en la región, sobre la eventual disponibilidad de 12 millones de m³ para la ganadería, la desvinculación entre el agua superficial y la subterránea, y la posibilidad de cumplir con el retorno de agua de León a Chapala.

"El decreto del 95 que afecta los derechos de terceros al considerar toda el agua superficial de la cuenca del Río Verde, sólo para público urbano, dejando fuera los usos pecuario, agrícola, acuícola, industrial, de servicios, mixto, etcétera", lo que implica violación de derechos y cancelar posibilidades económicas, y por ende, sociales, para los habitantes de la meseta alteña, que se acercan a 800 mil personas en más de 20 municipios.

Lamentó que el ex secretario de Desarrollo Rural de Jalisco busque evitar que la agricultura de El Bajío pueda ser afectada al disponerse parte del agua de la zona para uso urbano, que desconozca el potencial de la Sierra de Lobos, al norte de León, para dotar a esa urbe, y que pretenda obligar a los alteños a un sacrificio extra a favor de la ciudad guanajuatense, cuando el uso sostenible del agua establece claramente "que la forma más racional de usarla es en su propia cuenca".

También lo contradijo respecto a la devolución acordada del agua exportada a León hacia el lago de Chapala. Primero, porque en el hipotético caso de que se haga, no se beneficia en nada a Los Altos, y si bien, el río Verde es subcuenca del Santiago, evidentemente se requeriría de un costoso bombeo y un acueducto para regresar el agua hacia la cuenca productora. Segundo, porque no hay antecedentes de que el agua comprometida vaya a poder llegar en volumen y calidad al lago.

"En el título de asignación para León, solo se autoriza a descargar 70 por ciento de los 120 millones de metros cúbicos. Se la llevarían potabilizada, entubada y descargarían 70 por ciento a cielo abierto en el río Turbio, mezclándose con las aguas contaminadas por las industrias, principalmente la curtidora. Un enorme porcentaje de contaminantes no los puede retirar la planta tratadora de aguas residuales de León y esas aguas se van a Chapala para consumo humano [...] descontando la infiltración, evaporación y uso legal o no en la agricultura a lo largo del trayecto hasta Chapala, se estima que llegue alrededor de 15 por ciento de 'atole' concentrado de veneno", advirtió.

Además, "no existe en el mundo antecedente de que eso, el retorno de aguas, ocurra". Señaló que el propio Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León reconoce que entre un porcentaje bajo del agua comprometida, no mayor a 12 por ciento, dado que el río Turbio tiene también concesiones de agua agrícola que debe satisfacer.

Por si hiciera falta, "¿cómo van a retirar los contaminantes químicos y metales pesados con una planta de tratamiento biológico. No tienen otra". Por eso considera que no hay consistencia en el análisis del empresario. "Queremos que demuestre sus afirmaciones con estudios científicos y documentos oficiales".

SRN

Ciudadanos luchan contra un megaproyecto de $50 mil mdp

La inundación de Temaca y la dotación de agua a Guadalajara y León es un barril sin fondo de dinero fiscal que piden detener colectivos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El proyecto de El Zapotillo "se ha convertido en la presa del derroche y la corrupción, por lo que nos resulta inadmisible que se le pretendan asignar más recursos públicos", advirtieron ayer, al lanzar la campaña #NiUnPesoMásAlZapotillo, los movimientos civiles que luchan desde hace doce años para evitar la inundación de Temacapulín.

La campaña "tiene como objetivos: uno, impedir que se apruebe el presupuesto 2018 para el proyecto presa El Zapotillo – Acueducto El Zapotillo a León, dos, denunciar el derroche de dinero, la impunidad y la corrupción del proyecto El Zapotillo y tres, visibilizar que a una obra suspendida no se le debe asignar más presupuesto".

En la propuesta de gasto federal 2018, en el apartado de Programas y Proyectos de Inversión, del ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, "se encuentran etiquetados 1,530 millones de pesos para la Presa El Zapotillo (clave 016B000084 ) y 100 millones de pesos para la presa y sistema de bombeo El Purgatorio-Arcediano (clave 1216B000084).

"En estos doce años de lucha el proyecto Zapotillo se ha convertido en la presa del derroche y la corrupción, por lo que nos resulta inadmisible que se le pretendan asignar más recursos públicos", explican en el comunicado leído ayer ante la prensa de Jalisco.

Y resaltan seis causas por las que no se les debe dotar de recursos públicos: uno, "El Zapotillo es una obra suspendida por mandato judicial". Dos, "una de las principales constructoras, Abengoa, ha renunciado al proyecto, de hacerse efectiva efectiva su salida y el cobro de la nueva indemnización que demanda, sin haber colocado un centímetro de tubo del acueducto, Abengoa recibiría 4,306 millones pesos". Tres, "se pretende asignar 100 millones de pesos para El Purgatorio-Arcediano, obra que también forma parte del Sistema Zapotillo y que se encuentra estancada. Este dinero se sumará al aumento de costos que ha venido presentando este proyecto, de 6,788 millones de pesos en 2014 subió a 9,800 millones de pesos en 2017, 31 por ciento más".

Cuatro. "A pesar de que el proyecto El Zapotillo podría llegar a costar más de 40 mil millones de pesos, continúan apareciendo nuevos costos, según Conagua para concluir el proyecto se necesitan otros cuatro mil millones de pesos y para obras adicionales, según Héctor Pérez Partida, titular de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, se requieren 9, 743 millones de pesos".
Congreso de Jalisco, recientemente, reafirmó lo que hemos venido denunciado las comunidades, que la Presa El Zapotillo no es justificable desde el punto de vista social, económico o ambiental".

Finalmente, denuncian que "se ha conformado el Capítulo Jalisco del Consejo Consultivo del Agua [CCA], Consejo integrado por empresarios con el objetivo de destrabar el Zapotillo. El capítulo lo preside el empresario y político Francisco Mayorga, uno de los principales promotores del Zapotillo en el gobierno de Fox y Calderón".

La campaña "está dirigida a los ciudadanos en general" para presionar a sus diputados clave como coordinadores parlamentarios, vice-coordinadores, miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de Comisión de Recursos Hidráulicos, y en general, diputados federales por Jalisco. Para el efecto, se pone una propuesta a disposición en la plataforma change.org: https://goo.gl/x3aMcF; se propone llamar al diputado, enviarle tuits o post, pedirles cita, subir foto con el hashtag #NiUnPesMásAlZapotillo en los perfiles de Facebook y Twitter, y compartir la iniciativa e invita a otros a sumarse en https://www.facebook.com/NoAlZapotillo/.

Los promotores: Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; Comité de Hijos Ausentes de San Juan Cósala, Guadalajara, Monterrey; comités de Hijos Ausentes de Watsonvill y Los Ángeles California, Estados Unidos; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), y Colectivo de Abogados.

SRN

Alianza opositora al trasvase, pura retórica sin resultados

El Observatorio del Agua en Jalisco señala que se habían consensuado dos acuerdos para enfrentar intereses de León, pero fueron desechados sin explicación.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La alianza de los diputados del Partido Movimiento Ciudadano en Jalisco con los grupos civiles opuestos al trasvase de agua del río Verde, desde la presa El Zapotillo hacia la ciudad de León, ha dejado mucha retórica política pero muy pocos resultados reales, pues en dos oportunidades, en el pasado mes de julio, fueron desechados un exhorto al gobernador para defender los intereses de Jalisco y exigir un nuevo convenio de distribución, y un acuerdo para interponer una controversia constitucional contra el Ejecutivo por ceder servidumbre pública de carreteras estatales para el acueducto sin permiso del legislativo.

"Nosotros hemos dado elementos a los diputados para que se realicen acciones legales, pero no sabemos que se haya procedido de algún modo, por lo que pronto los buscaremos para que nos expliquen y saber si eso se va a cumplir, lo que es esencial para los objetivos que hemos planteado", dijo ayer el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez.

Los dos acuerdos legislativos buscaban combatir la posibilidad de que el estado de El Bajío se lleve el agua de la cuenca alteña por considerar que ésta es deficitaria y se atentaría contra los derechos humanos, económicos y culturales de la región que es principal productora de alimentos de origen animal del país, y cuyo producto interno bruto (PIB) supera al de la ciudad de León.

Ambos acuerdos no tienen fecha precisa sino la referencia del mes de julio de este año, y MILENIO JALISCO tiene copia simple con firmas de diversos legisladores del PMC. El primero tiene un punto único: "Se instruye y faculta a la Mesa Directiva de este Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para que comparezca ante Suprema Corte de Justicia de la Nación, para interponer una Controversia Constitucional, así como ante los órganos judiciales competentes para demandar la nulidad del denominado "Acuerdo del secretario de infraestructura y obra pública del estado de Jalisco por el que se otorga permiso para ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino, dentro de los derechos de vía de la carretera estatal número 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe, suscrito el día 01 del mes de junio del año 2016, por el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco".

El segundo tiene dos puntos, en un exhorto al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz: "Primero. El Congreso del Estado manifiesta su postura a favor de la defensa del agua para Jalisco, para el beneficio de sus habitantes, así como del pleno respeto de los derechos de los afectados por la construcción del proyecto hídrico presa El Zapotillo. Segundo. Se exhorta al Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, para que, en caso de suscribir un nuevo convenio sobre el uso y destino de las aguas superficiales propiedad de la nación en la cuenca del Río Verde, velando por el beneficio de los Jaliscienses, considere lo establecido en el punto décimo del presente Acuerdo Legislativo".

¿Qué señala el punto referido? "Considerando que la actual Legislatura y los Diputados que la integramos, en nuestra calidad de representantes sociales no podemos ni debemos ser ajenos a decisiones que de tomarse sin considerar una verdadera Gobernanza Ambiental (que tanto ha promulgado [sic] la actual administración), alejada de los ciudadanos, de los productores y de los afectados directos, pudieran generarse condiciones de ingobernabilidad y comprometerse la sostenibilidad ambiental de la región, es que los diputados integrantes de la fracción parlamentaria de MC a través del presente Acuerdo proponemos una forma alterna social y técnicamente viable que le permita al gobernador del Estado garantizar primeramente el agua para Jalisco, basar su decisiones en un escenario más realista de la situación que 'prevalece actualmente en la cuenca y dar cumplimiento a lo que anteriores gobernadores omitieron por lo que heredaron un grave problema jurídico que a una década no se ha logrado destrabar. Baste recordar que la opinión de UNOP'S [Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, consultora contratada por el gobierno para definir su postura sobre el proyecto] no modifican la situación jurídica del proyecto que cuenta con diversas suspensiones y amparos que en este momento hacen inviable el posicionamiento político asumido por el titular del Ejecutivo estatal".

Añade: "considerando que la decisión tomada por el Ejecutivo del Estado requiere la celebración de un nuevo convenio sobre el uso y destino de las aguas superficiales del propiedad de la nación en la cuenca del río Verde, se hace necesario que inicie las gestiones ante las autoridades federales de la Conagua, y el Estado de Guanajuato, a efecto suscribir un nuevo convenio".

Dicho acuerdo, a juicio de los legisladores, debería llevar los siguientes puntos: uno, "el agua debe ser para Jalisco. La disponibilidad de agua no permite que se realice la distribución como establece el decreto presidencial de 1995. Este decreto permite que de no existir la disponibilidad de agua, no será obligatoria la disposición en los volúmenes señalados en el mismo. Esto conforme al párrafo cuarto del artículo 2, del decreto por el que se declara la reserva de las aguas nacionales superficiales en la cuenca del Río Verde, para usos doméstico y público urbano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1995, que a la letra señala: '[ ... ] el aprovechamiento de los volúmenes anuales que se reservan, se podrá realizar conforme se requiera, siempre y cuando exista disponibilidad y no se afecten derechos de terceros".

Dos, "no al trasvase". Tres, cortina de la presa El Zapotillo a 80 metros "garantizando el agua para zona metropolitana de Guadalajara y los Altos de Jalisco". Cuatro, "no inundar Temacapulín", pues el acuerdo de 1995 supedita el cumplimiento del acuerdo a los derechos de otros grupos humanos. "El aprovechamiento de los volúmenes anuales que se reservan, se podrá realizar conforme se requiera, siempre y cuando exista disponibilidad y no se afecten derechos de terceros".

No hubo explicación, simplemente fueron desechados. Al día de hoy, los derechos de León están firmes en el agua del río Verde, sustentados en dos decretos presidenciales de 1995 y 1997, en un estudio de disponibilidad de agua de 1994, en un convenio entre estados y federación de 2005, y en el título de concesión otorgado por la Conagua a favor de León, en 2015. Ninguno ha sido combatido.

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Claves

El efecto del trasvase jamás fue analizado en la MIA

La manifestación de impacto ambiental (MIA), modalidad regional, del proyecto Presa El Zapotillo para abastecimiento de agua potable a Los Altos de Jalisco y la ciudad de León, Guanajuato, elaborado por La Peninsular Constructora SA de CV, empresa dependiente de Grupo Hermes, fue autorizado por la Semarnat mediante oficio SGPA-DGIRA-DDT-1310/06 de fecha 22 de junio de 2006. Fue elaborada para una presa de 80 metros, pero es la misma que se usa para justificar el proyecto a 105 metros, a pretexto de que no variaban condiciones

"Por determinación de la autoridad se dejan de analizar todos los efectos ambientales de aumentar la presa en su cortina más allá de los 80 metros originalmente planteados en el estudio analizado. Esto implica, de origen, la inutilidad del estudio para ofrecer datos confiables y oportunos respecto de los impactos ambientales reales de la obra (si fuera el caso a 105 metros) y sus efectos asociados. A pesar de ser una MIA de carácter regional y que por su naturaleza implicaría el análisis de los impactos precisamente en lo que se denomina un sistema ambiental regional y siendo el caso que el transvase implica o puede implicar importantes impactos tanto a la cuenca receptora como a la cedente"

En la práctica "la delimitación del área de influencia del estudio se constriñe a 120 kilómetros cuadrados a los márgenes del cauce del Río Verde, sin que se defina este sistema ambiental regional ni se mencione o caractericen los aspectos que sean relevantes analizar de la cuenca receptora que, para efectos del estudio simplemente no existe, por lo que en lo que respecta a este punto puede considerarse un estudio puntual y no regional como demanda el caso"

Por haber considerado la Semarnat en 2009 que no se requería una nueva manifestación de impacto ambiental con motivo de la elevación de la cortina a 105 metros, pese a que la superficie a inundar aumenta a más del doble, "puede afirmarse que dichos impactos adicionales no fueron medidos, ni compensados o mitigados. Este solo aspecto pone en entredicho la efectividad del estudio y su posterior autorización"

Tampoco se realiza "ningún análisis de alternativas al proyecto a pesar de ser requerido en las guías mínimas que al respecto emite Semarnat para este tipo de estudios. En general, los efectos del trasvase en todos los componentes de los sistemas bióticos y abióticos, así como en sus impactos ambientales con referencia a la cuenca receptora no se encuentran suficientemente estudiados o simplemente no fueron considerados"

Además, "el cambio en el diseño del proyecto, así como las omisiones y descuidos del proceso de gestión del proyecto han implicado un aumento de costos a lo largo de tres administraciones: procesos jurídicos y demandas judiciales, realización de nuevos estudios técnicos (diques, balance hidrológico, ramales, entre otros), suspensión de obras, pago de indemnizaciones a empresas y, más recientemente, la posible demanda por incumplimiento de contrato referente al acueducto El Zapotillo-León"

FUENTE: "Alternativas para la Gestión Integral y Sustentable del Agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la Presa El Zapotillo", Comité Académico asesor de la Comisión Especial de Agua del Congreso de Jalisco; Iteso, Universidad Tecnológica de Jalisco, Universidad Panamericana y Universidad de Guadalajara

SRN

Temaca ratifica "abusos" de la CEA

Piden que se reconsidere medidas cautelares por parte de la CEDHJ

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), por un lado ha rechazado las medidas cautelares que estableció la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en el caso de la queja de los habitantes de Temacapulín, pero el rechazo es una actitud "dolosa y falsa", dado que quienes se oponen al proyecto de la presa El Zapotillo padecen hostigamiento y amenazas, advierte el abogado de los quejosos, Guadalupe Espinoza Sauceda.

"Es evidente el hostigamiento, la presión y el chantaje que están sufriendo hoy en día los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, por lo que pido se realice una inspección ocular en las comunidades mencionadas y se recaben testimonios y se dé fe pública de lo que la CEA ha hecho o la organización México Sustentable, que le hace el trabajo sucio al gobierno federal [en este caso, al organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico, dependiente de la Comisión Nacional del Agua] como al gobierno de Jalisco, siendo una de las personas afectadas en Temacapulín, el señor Braulio Torres Gómez, a quien la CEA obligó a tumbar su casa en el mes de mayo pasado, si es que quería irse a vivir a Talicoyunque", señala en un escrito entregado al tercer visitador de la CEDHJ, Aldo Iván Reinoso Cervantes.

El ciudadano se regresó del terreno del Nuevo Temaca, pero no tiene casa dónde habitar. Asegura el defensor de los quejosos que ese tipo de negociaciones, en lo individual, están dejando en la indefensión a los moradores del poblado, en busque de mermar al movimiento organizado contra la megaobra.

"La gente de Temacapulín no quiere que se derribe ni una casa más, que no hostiguen y no molesten, y que el comando especial que encabezará el secretario Miguel Castro Reinoso no se instrumente".

Esto lleva a pedir que se reconsidere emitir medidas cautelares ante la presunta omisión de las autoridades y la simulación en el respeto a los derechos humanos. El escrito se entregó ayer, a cinco días de la cita que tuvo el ombudsman estatal con los defensores de los poblados amenazados con la inundación por la presa.

La reunión del 20 de septiembre fue entre el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo y sus socios y defensores, con el presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón. El vocero del comité, Gabriel Espinoza Íñiguez, pidió: "queremos que se cumplan las recomendaciones y no solo sean simbólicas", a lo que el ombudsman aseguró que refrenda su compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos y que en el caso de Temacapulín "se ha dado cuenta del amor que le tienen a la tierra y de ahí su visita después de que lo nombraran titular de esa dependencia". Que no le gustan las estridencias y que le gusta hacer más el trabajo en forma, considerándose un defensor de los derechos humanos y que van hacer mucho mejor el trabajo que el que venían haciendo y que se inicia una nueva época en la CEDHJ", según el testimonio de Espinoza Sauceda.

SRN

Unops da una certeza: “el deterioro” de la cuenca

No es una decisión responsable permitir el trasvase a la ciudad de León, sostiene Magaña.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Los propios estudios y números del informe Jalisco Sostenible Río Verde, realizado por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), demuestran que no hay certeza de que la presa El Zapotillo pueda proveer agua para alimentar un trasvase constante a la ciudad de León. Y en lo que sí arrojan certeza, es que la cuenca del río Verde podría ser severamente alterada en la parte baja de la cortina, señala el investigador de la UdeG, Miguel Magaña Virgen.

El académico, integrante del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco por la casa de estudios, hizo un ejercicio de análisis que se adhirió al que el organismo sintetizó en un desplegado publicado el pasado 31 de julio en MILENIO JALISCO.

Sus señalamientos: "la manifestación de impacto ambiental de la Presa el Zapotillo propuso como gasto ecológico 133.34 metros cúbicos por segundo y [el estudio de la la Unops propone 68.8 m3/s. Si la MIA tiene razón, entonces se han disminuido los caudales en 51 por ciento en un plazo de 12 años, por lo tanto tenemos razón, no hay suficiente agua en el río Verde; por el contrario, si los datos de la Unops tienen la razón, entonces es una prueba de que la MIA no es un documento confiable para identificar los impactos ambientales por la presa, por lo tanto nos enfrentamos a un proyecto con ceguera ambiental", subraya.

La cuenca "no está preparada para facilitar caudales ambientales suficientes y permanente; la Unops acepta que el proyecto pone en riesgo la sustentabilidad de los ecosistemas que dependen de los caudales naturales del río Verde aguas abajo de la cortina, hasta el río Santiago".

Tanto la información presente en la MIA como la que aporta la agencia de Naciones Unidas "no establecen el manejo de embalses de la cuenca, por lo que no se está aplicando un criterio de manejo integral de la cuenca, por lo que el éxito del proyecto queda en entredicho".

La irregularidad en tiempo de las muestras y el número insuficiente de muestreos no sustentan representatividad para un cálculo estadístico, "por lo que los modelos de proyección fueron alimentados con datos insuficientes por lo que no tienen valor estadístico".

¿Dónde está lo sustentable del proyecto?, se cuestiona. "Certifica la Unops que el agua del río Verde no se encuentran principalmente contaminados por metales pesados, por lo tanto se pretende deprimir la salud ambiental de las aguas al trasvasarlas a la cuenca más contaminada del país, Lerma-Chapala [...] abundan los datos calculados y son escasos los certificados en campo, es un proyecto real cuya eficacia es teórica. Sus datos son contradictorios pues confirman que no se puede garantizar la disponibilidad de agua ni la calidad a largo plazo [...] los caudales actuales pueden ser aun menores a los reportados en 1987. Por lo que se debe estudiar con mejor detalle en el futuro. No tienen seguridad de que haya agua suficiente, le dan la razón al Observatorio".

Remata: "Unops calcula que se pueden satisfacer los caudales ecológicos entre la presa y la presa El Purgatorio [que se construye en la parte final de la cuenca para abastecer Guadalajara], siempre y cuando se tenga suficiente caudal firme, pero queda sin ninguna posibilidad de garantía el caudal ecológico [...] la depresión de una cuenca, la aridez de miles de hectáreas, y el impacto climático y productivo de la cuenca directa" es "el verdadero anuncio" del informe de la Unops.

SRN

Los trasvases de cuenca, una opción “inaceptable"

Grupos civiles de Jalisco y del país buscan arrebatar a la Conagua el control que ostenta del sector agua y dejar en el pasado megaproyectos costosos e insostenibles.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Con la polémica por la construcción de la presa El Zapotillo y el trasvase del río Verde hacia la cuenca en la que se ubica la ciudad de León como trasfondo regional, la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas avanza en la obtención de firmas y respaldos en todo el país. Una de las premisas básicas de ese planteamiento es que los megaproyectos, por sus costos sociales, ambientales y económicos, deben quedar en el pasado. Y un aspecto esencial es quitarle ese poder omnímodo y amplísimo que tiene en el tema la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Pedro Moctezuma Barragán, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), e integrante de los colectivos que impulsan la propuesta, comentó vía telefónica con MILENIO JALISCO la importancia de dar un viraje completo en el manejo del agua en México.

"Estamos saliendo de un proceso nacional; el último congreso fue en Jalapa, el 22 y 23 de octubre de 2016, al que asistieron personas de 26 estados de la república; hemos hecho foros, en un ciclo que llamamos Consenso Nacional por el Agua, donde han participado 17 universidades, centros de investigación, comisiones de cuenca, ejidos, comunidades y pueblos originarios, y a partir de esto se tiene la campaña de firmas, que ya rebaso el número necesario para presentar la iniciativa de ley; estamos trabajando para que los rectores de las universidades y otros representantes serios de la sociedad mexicana puedan conocer esta iniciativa, no tenemos prisa, porque sabemos que lo importante es construir la fuerza social que sque adelante esta propuesta", explicó.

El énfasis es "que se cumpla con la reforma al artículo 4 constitucional, que plantea que el agua debe ser gestionada de manera equitativa y sustentable, y que como garante, además de los tres niveles de gobierno, sea la participación ciudadana; actualmente en el país hay una dinámica de megaobras, que han sido destructivas y contaminantes, y hay todo un descuido en cuestiones como la contaminación del agua, que es un problema crítico; por ello, la ley que proponemos plantea una agenda que en primer lugar defiende la necesidad de agua para los ecosistemas, porque si se siguen deteriorando los bosques, desertificando el territorio nacional, vamos a carecer de este recurso; hay prácticas que arruinan los acuíferos, y destruyen la calidad de las aguas subterráneas de manera permanente; por lo tanto, estamos luchando para que se prohíban...".

Además, "estamos con la propuesta de agua de calidad para todos, para que haya una distribución equitativa en las ciudades, y se cuiden las normas de calidad; un tercer punto, es agua para la soberanía alimentaria; en el contexto internacional actual no podemos dejar a Estados Unidos la producción de alimentos básicos mexicanos, estamos en una dinámica de importación muy inconveniente, por lo tanto, comentamos que es importante priorizar el agua, no para los exportadores sino para los productores mexicanos, campesinos y pueblos originarios".

Un cuarto aspecto es que "se propone el fin de la contaminación, no el que contamina paga, sino dinámicas de descarga cero y de control que impidan la contaminación del agua; en quinto lugar, se busca luchar contra la práctica de la sobreexplotación de los acuíferos, que le llamamos minado de agua, porque están extrayendo, por ejemplo, en Chihuahua, aguas con 20 mil años de edad, en Ixtapalapa, aguas de cinco mil a ocho mil años, aguas fósiles, con metales pesados, que son inadmisibles para el consumo humano, que además generar hundimientos diferenciales, rompimiento de tuberías".

El aspecto número seis de la propuesta de ley plantea "que se ponga fin a la vulnerabilidad ante sequías e inundaciones, al mal manejo del agua, que ha agudizado estos problemas incluso en lugares de alta escasez: una parte del año hay inundaciones, al rato sequías, porque no hay esta dinámica de almacenaje y manejo del agua, no porque no haya proyectos y propuestas, sino porque no se invierte en ellos".

Finalmente, "fin a la impunidad y a la corrupción, por lo cual estamos proponiendo una contraloría social ciudadana del agua, en algunos lugares del país ya se ha instalado, incluso en la propia Constitución del DF, en los transitorios, se plantea la construcción de esta contraloría ciudadana del agua"; en general, se busca "una organización de abajo arriba, ciudadanizada también, a nivel de cuencas, microcuencas, y a nivel nacional".

- Es decir, ¿la Conagua dejaría de ser el amo casi absoluto o el árbitro supremo del agua?
- Exactamente; lo que estamos proponiendo es acabar con la corrupción del agua que reina en México, y cuyo responsable es la Conagua.
- Jalisco vive intensamente el debate por el agua en el proyecto El Zapotillo, y en particular, el trasvase de agua que este contiene para el abastecimiento de León, en la cuenca del río Turbio. Mover esa agua sacrificará a toda una región productiva pecuaria, Los Altos de Jalisco, dicen los opositores al proyecto.

- Estamos proponiendo que haya un equilibrio hídrico en las cuencas, y que el agua de las cuencas se maneje en las propias cuencas; debe haber una cultura donde no se hagan estas obras que son destructivas del ambiente, que tienen enormes costos, no solo en su construcción, en su gestión, en costos energéticos altísimos, en un momento en que hay muy poca seguridad energética. Se trata de evitar los trasvases de agua.

Los promotores de la nueva ley reconocen el entramado institucional y de poderes fácticos que ha propiciado los negocios del agua con la exclusión de la sociedad; "por eso buscamos la construcción de un poder ciudadano que llene este vacío que ha permitido la corrupción; hay actos de impunidad que deben ser corregidos, las legislaturas mexicanas deberían de tomar su papel para evitar que el agua sea un negocio en vez de un bien de todos".

Los promotores de esta iniciativa invitan a los ciudadanos a sumarse en la página web www.aguaparatodos.org.mx, para fortalecer la propuesta de ley.

Unops, un estudio que no convence a sus críticos

Al seno del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco, se ha dado un repaso y análisis de las cuatro mil páginas del informe del proyecto "Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde" que realizó la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para el gobierno de Jalisco, el cual sustentó la decisión del gobernador de mantener el trasvase de agua a León e inundar los pueblos alteños de la cañada.

El investigador de la UdeG, Hermes Ulises Ramírez Sánchez, se encargó de detallar el tema metodológico. Y a su juicio, este sale mal parado. Aquí sus dudas más importantes:

"Los resultados presentados por la Unops están basados en escenarios del modelo WEAP que necesita como insumos datos de muy diversa índole: climatológicos, demográficos, agricultura, cambio climático, calidad del agua, demandas de agua, económicas, edafológicas, hidrológicas [...] si al modelo se le alimenta datos de poca calidad, el resultado será un escenario de poca calidad, mientras que si se le alimenta de información confiable lo que aportara el modelo es un escenario con cierta probabilidad e incertidumbre, las cuales no son mostradas en el informe". Como los datos que alimentaron fueron de diferente calidad, eso debió reportarse y ponderarse. Y no está presentado así.

Ni Guanajuato ni Jalisco sanean sus aguas de forma satisfactoria ni en volúmenes amplios, "¿cómo harán para depurar el agua que nos regresaran a través del río Turbio-Lerma?".

Tres, "los caudales medio mensual (CMM) y caudales ecológicos (QM) solo son importantes durante los meses de temporal (Julio-Octubre) según lo reportado en el estudio. ¿Cómo se prevé llenar la presa a 105 metros con esos caudales tan bajos?". Cuatro, "se reporta según los resultados del análisis de los 32 indicadores de calidad del agua que las aguas del río Verde se encuentran en un estado trófico y avanzando hacia un estado hipertrófico si los nutrientes aumentan su concentración en los próximos años [...] ¿es prudente almacenar agua de baja calidad para el consumo doméstico en las ciudades (León y ZMG), tal como lo estipulan los decretos?".

Cinco. "Solo se utilizaron ocho sitios de aforo para determinar los caudales y solo durante un año (una estación lluviosa y cuatro en la época de secas). ¿Es suficiente para hacer una proyección de al menos 30 años de abastecimiento de agua?". Seis, "para estudiar los impactos de cambio climático en el río Verde, en el estudio se seleccionó como repositorio principal de información la provista por el NA-CORDEX. De esta forma para estudiar la exposición de la cuenca del río Verde a variabilidad climática se utilizan históricos y proyecciones climáticas de temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura promedio y precipitación promedio". Hay escenarios drásticos de variabilidad en precipitación y aumento de la temperatura que incrementa la exposición de la cuenca a sequías hidrológicas, sin que se clarifique el impacto sobre la cuenca y sus recursos.

"El Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC) del Estado de Jalisco, estima el incremento de la temperatura estatal entre los 3 grados centígrados [°C] y 6°C. La diminución de la precipitación promedio estatal se estima que será entre 10 y 15 por ciento, con un incremento de la precipitación en los primeros años y con intensificaciones en el transcurso del siglo. El estudio realizado por UNOPS, si bien reporta tendencias similares, marca una importante contribución en la identificación de la variabilidad espacial y temporal de los cambios proyectados. En base a estos dos resultados se vuelve a la pregunta original ¿Se llenara la presa y mantendrá su nivel operativo de aquí a finales de siglo?", insisten.

Respecto a los nodos de mantos subterráneos, "diagnosticados a través de Imágenes satelitales, se estimaron los volúmenes de cada uno de ellos. Sin embargo no se realizó medición de los mismos, por lo que solo es una estimación con cierta probabilidad e incertidumbre".

En el análisis de los escenarios de la presa tampoco se consideró el azolve progresivo de la misma; la Unops señaló cinco escenarios "donde el más viable según el estudio es el de altura de la presa de 105 metros, un gasto de 7.5 m3 por segundo estimando las demandas actuales y sin proyección de cambio climático. Y aquí es donde surgen varias preguntas. ¿Cómo es posible que es bajo las mismas condiciones de demandas actuales y de clima sea mejor el desempeño de la presa sacándole 7.5 m3 /s que 4.8 m3/s? ¿Será posible conservar las mismas demandas de agua actuales conforme avance el siglo? ¿Podemos desestimar los efectos de cambio climático y no tomarlos en cuenta?"

Finalmente, la pregunta reiterada de los últimos años, que no es respondida: "con base en las experiencias de otras cuencas en el mundo, ¿es sustentable el trasvase entre cuencas?".

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Claves

Lo que dice la Comisión Mundial de Represas

"Las represas han hecho una contribución importante y significativa al desarrollo humano, y han sido considerables los beneficios derivados de ellas. En demasiados casos se ha pagado un precio inaceptable y a menudo innecesario para conseguir dichos beneficios, en especial en términos sociales y ambientales, por las personas desplazadas, por las comunidades aguas abajo, por los contribuyentes y por el medio ambiente natural. Se considera inaceptable aplicar un enfoque de estado de situación financiera (de ganancias y pérdidas) para evaluar los costos y beneficios de las represas grandes, compensando las pérdidas de un grupo humano con las ganancias de otro –especialmente en vista de los compromisos vigentes con los derechos humanos y el desarrollo sostenible". Informe de la CMR, 2000.

SRN