El Observatorio del Agua en Jalisco señala que se habían consensuado dos acuerdos para enfrentar intereses de León, pero fueron desechados sin explicación.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La alianza de los diputados del Partido Movimiento Ciudadano en Jalisco con los grupos civiles opuestos al trasvase de agua del río Verde, desde la presa El Zapotillo hacia la ciudad de León, ha dejado mucha retórica política pero muy pocos resultados reales, pues en dos oportunidades, en el pasado mes de julio, fueron desechados un exhorto al gobernador para defender los intereses de Jalisco y exigir un nuevo convenio de distribución, y un acuerdo para interponer una controversia constitucional contra el Ejecutivo por ceder servidumbre pública de carreteras estatales para el acueducto sin permiso del legislativo.
"Nosotros hemos dado elementos a los diputados para que se realicen acciones legales, pero no sabemos que se haya procedido de algún modo, por lo que pronto los buscaremos para que nos expliquen y saber si eso se va a cumplir, lo que es esencial para los objetivos que hemos planteado", dijo ayer el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez.
Los dos acuerdos legislativos buscaban combatir la posibilidad de que el estado de El Bajío se lleve el agua de la cuenca alteña por considerar que ésta es deficitaria y se atentaría contra los derechos humanos, económicos y culturales de la región que es principal productora de alimentos de origen animal del país, y cuyo producto interno bruto (PIB) supera al de la ciudad de León.
Ambos acuerdos no tienen fecha precisa sino la referencia del mes de julio de este año, y MILENIO JALISCO tiene copia simple con firmas de diversos legisladores del PMC. El primero tiene un punto único: "Se instruye y faculta a la Mesa Directiva de este Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para que comparezca ante Suprema Corte de Justicia de la Nación, para interponer una Controversia Constitucional, así como ante los órganos judiciales competentes para demandar la nulidad del denominado "Acuerdo del secretario de infraestructura y obra pública del estado de Jalisco por el que se otorga permiso para ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino, dentro de los derechos de vía de la carretera estatal número 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe, suscrito el día 01 del mes de junio del año 2016, por el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco".
El segundo tiene dos puntos, en un exhorto al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz: "Primero. El Congreso del Estado manifiesta su postura a favor de la defensa del agua para Jalisco, para el beneficio de sus habitantes, así como del pleno respeto de los derechos de los afectados por la construcción del proyecto hídrico presa El Zapotillo. Segundo. Se exhorta al Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, para que, en caso de suscribir un nuevo convenio sobre el uso y destino de las aguas superficiales propiedad de la nación en la cuenca del Río Verde, velando por el beneficio de los Jaliscienses, considere lo establecido en el punto décimo del presente Acuerdo Legislativo".
¿Qué señala el punto referido? "Considerando que la actual Legislatura y los Diputados que la integramos, en nuestra calidad de representantes sociales no podemos ni debemos ser ajenos a decisiones que de tomarse sin considerar una verdadera Gobernanza Ambiental (que tanto ha promulgado [sic] la actual administración), alejada de los ciudadanos, de los productores y de los afectados directos, pudieran generarse condiciones de ingobernabilidad y comprometerse la sostenibilidad ambiental de la región, es que los diputados integrantes de la fracción parlamentaria de MC a través del presente Acuerdo proponemos una forma alterna social y técnicamente viable que le permita al gobernador del Estado garantizar primeramente el agua para Jalisco, basar su decisiones en un escenario más realista de la situación que 'prevalece actualmente en la cuenca y dar cumplimiento a lo que anteriores gobernadores omitieron por lo que heredaron un grave problema jurídico que a una década no se ha logrado destrabar. Baste recordar que la opinión de UNOP'S [Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, consultora contratada por el gobierno para definir su postura sobre el proyecto] no modifican la situación jurídica del proyecto que cuenta con diversas suspensiones y amparos que en este momento hacen inviable el posicionamiento político asumido por el titular del Ejecutivo estatal".
Añade: "considerando que la decisión tomada por el Ejecutivo del Estado requiere la celebración de un nuevo convenio sobre el uso y destino de las aguas superficiales del propiedad de la nación en la cuenca del río Verde, se hace necesario que inicie las gestiones ante las autoridades federales de la Conagua, y el Estado de Guanajuato, a efecto suscribir un nuevo convenio".
Dicho acuerdo, a juicio de los legisladores, debería llevar los siguientes puntos: uno, "el agua debe ser para Jalisco. La disponibilidad de agua no permite que se realice la distribución como establece el decreto presidencial de 1995. Este decreto permite que de no existir la disponibilidad de agua, no será obligatoria la disposición en los volúmenes señalados en el mismo. Esto conforme al párrafo cuarto del artículo 2, del decreto por el que se declara la reserva de las aguas nacionales superficiales en la cuenca del Río Verde, para usos doméstico y público urbano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1995, que a la letra señala: '[ ... ] el aprovechamiento de los volúmenes anuales que se reservan, se podrá realizar conforme se requiera, siempre y cuando exista disponibilidad y no se afecten derechos de terceros".
Dos, "no al trasvase". Tres, cortina de la presa El Zapotillo a 80 metros "garantizando el agua para zona metropolitana de Guadalajara y los Altos de Jalisco". Cuatro, "no inundar Temacapulín", pues el acuerdo de 1995 supedita el cumplimiento del acuerdo a los derechos de otros grupos humanos. "El aprovechamiento de los volúmenes anuales que se reservan, se podrá realizar conforme se requiera, siempre y cuando exista disponibilidad y no se afecten derechos de terceros".
No hubo explicación, simplemente fueron desechados. Al día de hoy, los derechos de León están firmes en el agua del río Verde, sustentados en dos decretos presidenciales de 1995 y 1997, en un estudio de disponibilidad de agua de 1994, en un convenio entre estados y federación de 2005, y en el título de concesión otorgado por la Conagua a favor de León, en 2015. Ninguno ha sido combatido.
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Claves
El efecto del trasvase jamás fue analizado en la MIA
La manifestación de impacto ambiental (MIA), modalidad regional, del proyecto Presa El Zapotillo para abastecimiento de agua potable a Los Altos de Jalisco y la ciudad de León, Guanajuato, elaborado por La Peninsular Constructora SA de CV, empresa dependiente de Grupo Hermes, fue autorizado por la Semarnat mediante oficio SGPA-DGIRA-DDT-1310/06 de fecha 22 de junio de 2006. Fue elaborada para una presa de 80 metros, pero es la misma que se usa para justificar el proyecto a 105 metros, a pretexto de que no variaban condiciones
"Por determinación de la autoridad se dejan de analizar todos los efectos ambientales de aumentar la presa en su cortina más allá de los 80 metros originalmente planteados en el estudio analizado. Esto implica, de origen, la inutilidad del estudio para ofrecer datos confiables y oportunos respecto de los impactos ambientales reales de la obra (si fuera el caso a 105 metros) y sus efectos asociados. A pesar de ser una MIA de carácter regional y que por su naturaleza implicaría el análisis de los impactos precisamente en lo que se denomina un sistema ambiental regional y siendo el caso que el transvase implica o puede implicar importantes impactos tanto a la cuenca receptora como a la cedente"
En la práctica "la delimitación del área de influencia del estudio se constriñe a 120 kilómetros cuadrados a los márgenes del cauce del Río Verde, sin que se defina este sistema ambiental regional ni se mencione o caractericen los aspectos que sean relevantes analizar de la cuenca receptora que, para efectos del estudio simplemente no existe, por lo que en lo que respecta a este punto puede considerarse un estudio puntual y no regional como demanda el caso"
Por haber considerado la Semarnat en 2009 que no se requería una nueva manifestación de impacto ambiental con motivo de la elevación de la cortina a 105 metros, pese a que la superficie a inundar aumenta a más del doble, "puede afirmarse que dichos impactos adicionales no fueron medidos, ni compensados o mitigados. Este solo aspecto pone en entredicho la efectividad del estudio y su posterior autorización"
Tampoco se realiza "ningún análisis de alternativas al proyecto a pesar de ser requerido en las guías mínimas que al respecto emite Semarnat para este tipo de estudios. En general, los efectos del trasvase en todos los componentes de los sistemas bióticos y abióticos, así como en sus impactos ambientales con referencia a la cuenca receptora no se encuentran suficientemente estudiados o simplemente no fueron considerados"
Además, "el cambio en el diseño del proyecto, así como las omisiones y descuidos del proceso de gestión del proyecto han implicado un aumento de costos a lo largo de tres administraciones: procesos jurídicos y demandas judiciales, realización de nuevos estudios técnicos (diques, balance hidrológico, ramales, entre otros), suspensión de obras, pago de indemnizaciones a empresas y, más recientemente, la posible demanda por incumplimiento de contrato referente al acueducto El Zapotillo-León"
FUENTE: "Alternativas para la Gestión Integral y Sustentable del Agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la Presa El Zapotillo", Comité Académico asesor de la Comisión Especial de Agua del Congreso de Jalisco; Iteso, Universidad Tecnológica de Jalisco, Universidad Panamericana y Universidad de Guadalajara
SRN
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