El consejo consultivo convocado por el Congreso sostiene que no se ha desarrollado un proyecto integral y hay graves omisiones en estudio de Unops.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El Comité Académico de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la presa El Zapotillo, advirtió hoy que los promotores del embalse artificial no han demostrado ni su pertinencia, ni su integración en un proyecto de manejo del agua que sea beneficioso ambiental y socialmente, ni su integración a una metodología que lo inserte en el ciclo del agua, base sobre la cual se le podría aplicar la calidad de “sustentabilidad”.
El grupo dio su punto de vista en una conferencia de prensa en el Congreso del estado, acompañado de la diputada convocante, Mónica Almeida, y especialistas del Iteso, la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ), la Universidad Panamericana (UP) y la Universidad de Guadalajara (UdeG). De entre ellos, Sergio Graf Montero, Carla Aceves Ávila y Mara Robles Villaseñor, de la UdeG; Hugo Briseño Ramírez (UP) y Tomás Ávalos Sánchez (UTJ).
“Al día de hoy, no existen procesos adecuadamente definidos y desarrollados en ninguna de las etapas de política pública en torno al proyecto de la Presa El Zapotillo. En primera instancia, se carece de elementos a nivel de formulación y diseño de una política pública integral y sustentable en la gestión del recurso hídrico. En segundo lugar, el problema público ambiental no está bien definido. La narrativa y los esfuerzos en definir el problema se han concentrado en la falta de abastecimiento de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara, los Altos de Jalisco y Guanajuato”, apuntaron.
Desde la perspectiva de la política y la gestión ambiental “los instrumentos y metodologías ambientales han sido insuficiente e inadecuadamente aplicados u omitidos. Un problema de origen que no se evidencia por autoridad alguna consiste en la Manifestación de Impacto Ambiental que pretende sustentar al proyecto; la cual es inconsistente respecto del proyecto que defiende la presa a 105 metros, la construcción de un acueducto y el trasvase entre cuencas. Asimismo, el instrumento que existe considera al proyecto fragmentado, lo cual impide la ponderación integral de los efectos de todas las acciones y lo aprobado no permite evaluar los efectos del megaproyecto en su extensión y alcances reales”.
Y pese a la longevidad del proyecto, “aún no es demostrable la superioridad del interés público superior o primordial. Por tanto, los desplazamientos forzados internos no se encuentran debidamente justificados”. Y mientras no esté debidamente demostrado, deliberado y socializado “que el bien mayor de acceso al agua sea superior a las inversiones económicas hasta ahora realizadas [así como las pendientes de realizar], la obra no es justificable desde el punto de vista social, económico o ambiental aún en la etapa actual de avance en el desarrollo y erogación de inversiones ya realizada en la construcción del proyecto”.
El cambio en el diseño del proyecto, así como las omisiones y descuidos del proceso de gestión del proyecto “han implicado un aumento de costos a lo largo de tres administraciones estatales: procesos jurídicos y demandas judiciales, realización de nuevos estudios técnicos (diques, balance hidrológico, ramales, entre otros), suspensión de obras, pago de indemnizaciones a empresas y, más recientemente, la posible demanda por incumplimiento de contrato referente al acueducto El Zapotillo-León”.
Esto deriva en parte de que “en México no hay organismos reguladores”, pero “la privatización de servicios públicos de agua y concesiones privadas de infraestructura hidráulica están siendo interrumpidas y prohibidas total o parcialmente en diversos países de América Latina, América del Norte y otras regiones del mundo. Como alternativa a la intervención privada se fortalecen los organismos públicos y empresas estatales dotadas de mayores capacidades y ampliando la participación social”.
Comentaron el informe de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), con base en el cual el gobierno estatal legitimó su decisión de apoyar la presa y el trasvase. “Acredita con claridad que hay menos agua disponible de la originalmente contabilizada en la cuenca en el caudal del Río Verde, y una mayor demanda de la originalmente documentada para la misma cuenca. A pesar de ello, se sostiene por parte de los funcionarios que la única opción para abastecer de agua a la AMG y a la ciudad de León es la de una presa con una cortina a 105 metros y un trasvase de cuencas que derive agua a León Guanajuato”.
Sin embargo, “quedó evidenciada la toma de decisiones desde un modelo técnico-administrativo, burocrático y excluyente de gestión del agua que no considera los elementales principios de realidad y de subsidiariedad en la toma de decisiones que son esenciales para el derecho y la política ambientales y que se encuentran integrados en el marco normativo del agua en México”.
En el estudio referido “no se mencionaron otros costos que deben ser integrados como el caso de los costos de la estrategia de atención a los desplazados, el costo de la restitución de las condiciones de vida de los desplazados para substituir y en su caso mejorar sus actuales condiciones de trabajo, educación, salud, seguridad y esparcimiento en el o los nuevos asentamientos proyectados, donde en su caso serían reubicados”.
El proceso “ha demostrado manejar un proceso de información poco transparente, lleno de inconsistencias y diversas violaciones a los derechos humanos, especialmente en relación a las poblaciones potencialmente inundables (en Temacapulín sobre todo) y su posible proceso de reasentamiento”, cuando “debería tenerse presente que el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura (SCJN, 2014) indica que se debe de realizar un análisis profundo de la situación de los posibles afectados, buscando en todo momento salvaguardar los derechos humanos y no violentar los mismos; esto supone utilizar una técnica jurídica denominada ponderación, es decir, analizar profundamente qué es lo que más favorece a todas las partes, teniendo como referencia el catálogo de derechos humanos”.
También “se echó de menos una perspectiva del desarrollo basado en el respeto a los derechos humanos de todos. Pareciera que la realidad ambiental y la realidad social del proyecto no están siendo consideradas por los funcionarios, exhibiendo una visión lineal y no integral para la toma de decisiones, lo cual no construye gobernanza ambiental”.
En cuanto a la variable de cambio climático, “el escenario aceptado por el gobierno de Jalisco (escenario 5), no lo tomó en cuenta. En la comparecencia se recordó que la variable de cambio climático sólo se tomó en cuenta en uno de los escenarios [escenario 4] planteados por la UNOPS: “solo se tomó en cuenta en el escenario más radical”, mencionó la secretaria Magdalena Ruiz [Semadet]. No obstante, el cambio climático debe ser una variable fundamental a tomar en cuenta, en este caso y por la vulnerabilidad de la zona, debe incorporarse plenamente a una perspectiva integral para la construcción de un modelo de gestión integral del agua en la cuenca. Evidentemente el factor cambio climático no está incorporado en el escenario que retoma y asume el gobernador de Jalisco en relación al trabajo realizado por la Unops”. Otros aspectos opacos: calidad del agua y salud pública, y el impase judicial en que se encuentra.
GPE
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