El Bajío, de ejido a negocio redondo

Jorge Vergara Madrigal contemplaba construir el proyecto JVC en El Bajío, pero al final sólo se edificó el Estadio Akron. (Foto: Grisel Pajarito) 

Agustín del Castillo ,24 de Septiembre de 2019, Diario NTR Guadalajara

En El Bajío del Arenal, antigua zona agrícola y de agostaderos con alta recarga de agua que marcaba el lindero poniente de la ciudad, la historia cambió con el siglo: llegaron grandes empresarios a hacerse de tierra barata para negocios inmobiliarios en un proceso de acaparamiento totalmente legal y, en el cual, los ejidos afectados no han hecho hasta ahora alguna reclamación. 

Tres comunidades agrarias: Jocotán, San Juan de Ocotán y Lázaro Cárdenas (antes comunidad indígena de San Juan de Ocotán) enajenaron sus tierras en procesos validados por sus asambleas, los órganos agrarios y los notarios públicos, con base en la reforma constitucional al artículo 27, de 1992, y sus leyes reglamentarias. Una de las principales ganadoras del proceso en la codiciada área es la mancuerna de los empresarios Héctor Francisco Cornejo Reynoso, Alfonso María Barragán Maldonado y sus familiares cercanos, quienes no sólo han aportado la tierra de la Villa Panamericana con valores que podrían alcanzar de 5 a 9 pesos por cada peso invertido originalmente en la adquisición, sino que han hecho su agosto al revender otros espacios para negocios privados ajenos, caso particularmente importante el proyecto JVC del dueño de las Chivas, Jorge Vergara Madrigal, presentado a principios de la década pasada y el cual consistía en la edificación de un centro cultural y de negocios para la zona, pero que terminó reduciéndose sólo al Estadio Akron. 

El también dueño de Omnilife es el principal propietario en toda la planicie baja ubicada entre el Anillo Periférico, la carretera a Chapala, el bosque La Primavera y el volcán extinto de El Colli. Adquirió al menos 47 parcelas directamente del ejido Jocotán y le compró a la dupla Cornejo-Barragán 10 unidades parcelarias más, del mismo núcleo agrario, para establecer el ambicioso proyecto JVC en un solo paño de terreno. Extraoficialmente se menciona que su propiedad completa es de casi 240 hectáreas (ha), de las cuales 47 ha se las adquirió a los empresarios de la Villa y sus socios el 29 de junio de 2007. 

 ¿Cuántas ganancias deja comprar tierra ejidal? Va un ejemplo: la parcela 419 del ejido San Juan de Ocotán, de 36 mil 727 metros cuadrados, propiedad del campesino Antonio Santos Olivares, fue adquirida por la inmobiliaria Cornejo Barragán, SA de CV, en poco más de 6.6 millones de pesos, esto es, a 180 pesos por metro cuadrado, unos 9 dólares al tipo de cambio actual, en noviembre de 2001. Años después, en el contrato fechado el 27 de junio de 2007, copia en poder de NTR, los Cornejo-Barragán negociaron con el dueño de Omnilife y de Chivas la venta de 471 mil 88 metros cuadrados (m²) de otras parcelas que adquirieron de Jocotán. Para ese entonces, el precio estipulado de la operación ya fue de 101.4 dólares, esto es, más de 2 mil pesos por m². 

Lo interesante es que la venta que hacen Cornejo-Barragán a Vergara Madrigal es de tierra en breña, sin urbanización, es decir, todo el mérito de los primeros compradores de tierra ejidal fue adquirir parcelas contiguas para hacer un solo “paño” de terrenos. Ya tenían noticia de la intención del dueño de Omnilife de desarrollar su centro cultural, deportivo y de negocios, y lograron arrebatar esas 10 parcelas al proceso de compra masiva de derechos parcelarios que Vergara realizaba en Jocotán en los mismos años. Fue una oportunidad de negocios única, pues lo hicieron pagar la tierra de 10 a 20 tantos más cara del precio en que la adquirieron. 

Lo mismo hicieron los Barragán-Cornejo al aportar los terrenos de la Villa. Crecieron el valor de los predios de un aproximado de 40 a 70 millones de pesos invertidos (por 20 ha) a 355.2 millones de pesos, nueve tantos según el valor de 2001, cinco según el valor de 2005 (ver El Diario NTR Guadalajara, 20 de septiembre de 2019). Hasta ahora sólo se entregaron alrededor de 16 ha.

EVASIÓN… LEGAL 

La forma en que tanto Vergara como Cornejo-Barragán adquirieron tierras ejidales les permitió evitar el pago de impuesto sobre la renta (ISR), pues se hicieron posesionarios o ejidatarios con el aval de las asambleas campesinas y se ampararon en el artículo 93 de la ley del ISR, fracción 28, que establece que la primera enajenación no paga para beneficiar a los campesinos vendedores… en este caso, empresarios que son “agricultores”. De este modo se fueron acumulando parcelas. Jorge Vergara ostentaba 47 unidades de dotación del ejido Jocotán y le compró otras 10 a Cornejo-Barragán, en parte en efectivo y otra en especie, pues les regresó alrededor de 98 mil m² de terreno urbanizado. Los certificados parcelarios a favor de Cornejo Reynoso y de Barragán Maldonado establecen expresamente que son “agricultores”. 

Las compras más baratas se pudieron lograr entre 2000 y 2003, pero con los cambios en las densidades del suelo autorizadas durante el último año en Zapopan, el valor creció: por ejemplo, una compra del 23 de noviembre de 2004 a la ejidataria Isabel Vidal Ramos ya tasó el m² a 496 pesos, es decir, casi 25 dólares. De esos montos, 10 por ciento era entregado a la asamblea de los ejidos, que se hicieron de capitales importantes, pero nunca semejantes al que da el negocio inmobiliario. “Yo sé de casos en que llegaron con nuestros clientes a ofrecer una asociación, pero a los ejidatarios les da temor meterse en procesos que no conocen. ‘A mí denme mi dinero, yo no le entro’, les dicen (a los empresarios) y venden la tierra por un muy buen dinero, pero que no se compara con lo obtenido por los inmobiliarios”, señala el representante legal de un ejido involucrado que prefiere la omisión de su nombre. 

Confirma que el proceso fue totalmente legalizado por las asambleas. Estas tres comunidades agrarias tienen una historia distinta al resto de las que rodean a Guadalajara. Durante los años de los asentamientos irregulares, a principios de 1960 y hasta 1990, los supieron impedir con gran éxito, pero cuando se reformó la ley agraria –en 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari– lograron vender y mantener en parte su estilo de vida a diferencia de otros ejidos literalmente tragados por la ciudad en un proceso ilegal. “Pero ellos son campesinos, saben sembrar la tierra y no hacer negocios con bancos y empresas. Muchos cobraron y luego compraron tierras hacia Tala y Ameca para seguir haciendo lo mismo, no tienen una mentalidad empresarial”, agrega. 

QUERÍAN UN PARQUE, PERO NO SE HIZO 

La dinámica de negocios inmobiliarios trastocó un valle que apenas unos pocos años atrás había sido visualizado para un parque público y una urbanización de bajo nivel, dada su calidad de zona de recarga de agua y sus dificultades ambientales como cuenca hidrológica cerrada y una atmósfera estacionaria. En 1999, el entonces director general de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), Francisco Pérez Arellano, aseguraba que había las condiciones para un parque de al menos 200 hectáreas, un proceso gradual, pero sólido. 

“Es una muy buena oportunidad que se ha llevado a efecto lentamente (...) tiene la ventaja de que no se han dado allí las formas tradicionales de construcción de otros puntos de la ciudad y es posible hacer una correcta vinculación de la zona con la metrópoli”, explicaba al diario Público (edición del 20 de abril de 2000). La idea era dejar el parque como franja colindante con el bosque La Primavera, “de manera que funcione como amortiguamiento de los efectos de la ciudad (…) El terreno se dotaría de instalaciones públicas, de origen estatal o municipal, con la idea de que se abra al disfrute de toda la población. Pérez Arellano advertía que los estudios y el manejo propuestos en el plan parcial de 2000 “nos aseguran que estaremos ante uno de los muy raros casos en que un área importante se manejará de manera adecuada”. Pero la especulación inmobiliaria llegó pronto. 

Ya en 2003, el gobierno zapopano de Macedonio Tamez Guajardo sorprendía con Planes Parciales que intensificaban la densidad en toda la periferia de La Primavera, lo que iba de la mano del lobby de Jorge Vergara y de los otros empresarios. El Bajío del Arenal se urbanizaría aunque se opusiera la opinión pública. Y así pasó. 

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Urbanización al alza 

La parte baja de la cuenca cerrada de los arroyos Arena Chica y Boca de Arena se extiende sobre aproximadamente mil 290 hectáreas. Es el llamado El Bajío del Arenal 

En 1993, el proceso de urbanización en El Bajío aún era menor con un total de 21 hectáreas que corresponden principalmente a los fraccionamientos Rancho Contento y El Bajío 

En los siguientes años aumentó la urbanización hasta que en 2011 la superficie total urbanizada era de 58 hectáreas, periodo en el que se establecieron edificaciones en la colindancia con el Periférico y la ladera norte y noroeste del cerro El Colli”. 

Para entonces ya estaban construidos los dos grandes proyectos locales. El complejo Chivas y la Villa Panamericana 

Luego vino la expansión, ya que en dos años aumentó 308 por ciento el crecimiento urbano, pasando la superficie urbanizada a un total de 237 hectáreas en 2013. 

Desde entonces “el crecimiento ha sido más moderado y en los últimos seis años la superficie cuyo uso de suelo cambió se incrementó en un promedio anual de 13 hectáreas por año, sumando un total de 315.81 hectáreas en 2019” 

Fuente: Decreto de zona de recuperación ambiental El Bajío, publicado el 3 de septiembre de 2019 en el periódico oficial El Estado de Jalisco

El Bajío, cambian maíz por cemento

El urbanista Jorge Camberos Garibi, uno de los más ilustres arquitectos de esa generación, demandaba que no se desperdiciara la gran oportunidad de proteger la zona de El Bajío. (Foto: Jorge Alberto Mendoza) 

Agustín del Castillo 8 de Septiembre de 2019, el Diario NTR Guadalajara

 

Rodolfo Álvarez pertenece a una familia pudiente de muchas generaciones en Guadalajara. Descendientes de antiguos hacendados, sus parientes poseen ranchos con cultivos y ganado en las zonas de Tonalá y Zapopan, además de crías de caballos cuarto de milla, aunque hoy obtienen mayor renta de la siembra de proyectos inmobiliarios. 

Rodolfo, en sus años mozos, iba los fines de semana a El Bajío del Arenal a bordo de su pick-up Ford roja 1957, totalmente equipada, y llegaba al predio llamado El Carril, donde se movían apuestas: eran carreras de caballo, más o menos legales, organizadas por el ejido Jocotán. El país se sumergía, a comienzos de los años ochenta, en la crisis del modelo estatista y de sustitución de importaciones. La deuda externa llevaba a la amenaza de moratoria de pagos, los capitales huían y un presidente de la República con raíces tapatías prometía defender el peso como perro. 

 

Pero en El Carril, bajo la mole silenciosa del cerro de El Colli, no se sentía el desastre. Billetes con la efigie de Allende, Hidalgo o sor Juana, entremezclados con los más codiciados verdes de Washington o Jefferson, corrían a raudales entre humo de cigarros, cervezas, botellas de brandy, pistolas disimuladas, lentes oscuros y tejanas. Todos se miraban con desconfianza mientras los fuertes equinos corrían carreras cortas entre los carriles separados por vallas de metal. Los billetes cambiaban de dueño con celeridad, a veces eran los mismos caballos o algún vehículo, la materia de la apuesta. 

 

Los grupos de mariachis o las bandas –la presencia de una creciente comunidad sinaloense, incluidas algunas familias de narcos ahuyentados por la Operación Cóndor, afianzaban una cultura alterna a la típica tapatía–, eran jalados por los vencedores para dejar parte de las ganancias en los bolsillos de los trovadores y sus canciones bravías o melancólicas. 

 

No todos salían felices de El Carril, pero el juego es adictivo. A Rodolfo le gustaba el ambiente más que el dinero. Nunca pasó de apostar unos pocos miles de pesos, y con las devaluaciones de la moneda de esos años, se requerían de muchos para hacer apuestas serias. Este potrero estaba en el límite de la ciudad: se entraba justo por el Periférico. Otras partes de la meseta deprimida contenían desde tiraderos de basura hasta explotaciones de material geológico de las empresas de la familia Martín: el saqueo de la caldera volcánica de La Primavera no se detuvo pese al decreto federal de protección de 1980, en buena medida, porque el crecimiento de zonas residenciales demandaba ingentes volúmenes de arena y grava. 

Los ejidatarios de Jocotán y los de San Juan de Ocotán sembraban la tierra: las mazorcas despuntaban al entrar el otoño sobre más de mil hectáreas. Las carreteras eran la marca de la civilización: la de Nogales, al norte, desde siempre, el camino de Guadalajara hacia Puerto Vallarta, Tepic y Tijuana. El Periférico, de apenas dos carriles, al oriente. El urbanista Jorge Camberos Garibi, uno de los más ilustres arquitectos de esa generación, demandaba que no se desperdiciara la gran oportunidad de proteger la zona de El Bajío antes de que llegara la mancha de la ciudad, pues estaba documentada su alta calidad como sitio de recarga de aguas. Además, por la endémica falta de áreas verdes públicas de una conurbación crecientemente privatizada. 

 

“Existe la oportunidad de rescatar la zona como espacio público, y construir un gran parque”, le dijo a un reportero del diario Siglo 21 a comienzos de 1993, cuando todavía funcionaba El Carril de los apostadores y la presión social había ocasionado ya el cierre de vertederos a cielo abierto, de algunas excavaciones de arena y del sueño de la Comisión Federal de Electricidad de explotar a cualquier costo los veneros de magma del bosque para fabricar energía. 

Desde 1993 han pasado ya 26 años, y ese mundo se murió. Ninguna autoridad municipal o estatal hizo uso del derecho al tanto previsto en la legislación que emergió en los mismos años 90, en buena manera autoría del ilustre profesor universitario (el “derecho al tanto” entraña la obligación de un propietario, al poner a la venta sus terrenos, de dar conocimiento primero a los gobiernos en caso de que estos deseen adquirirlos). En consecuencia, no se cristalizó ningún parque. 

EL MAPA 

Las reformas al artículo 27 constitucional, y a la Ley Agraria, fueron la Caja de Pandora que se abrió para privatizar ejidos. Y tanto Jocotán como San Juan de Ocotán cayeron bajo los encantos del dinero de corto plazo. Primero cambió el mapa de la propiedad, luego el espacio físico. Hoy ha sido crecientemente urbanizado, con el monumental estadio de futbol de las Chivas al centro, con las amplias edificaciones que albergaron la Villa Panamericana para los juegos de 2011, con un gran coto residencial, Ayamonte, y edificios corporativos de Intel y del Cinvestav en la periferia del estadio.

 

Hacia el Periférico, universidades privadas y la Ciudad Judicial. Hacia el norte, sobre la línea carretera, Rancho Contento ya existía antes de 1980 y se mantiene hoy un gran foso sin caminos donde todavía brotan espigas de maíz; pero se fueron derramando cotos nuevos y planteles de universidades privadas justo en la franja que colinda con el área natural protegida. 

 

Un mediodía de sábado la meseta luce quieta. El estadio no tiene actividad, algunos vehículos transitan hacia el sur, para entroncar Las Torres con prolongación Guadalupe; los edificios de la villa exhiben solitarios su lenta decadencia. Al interior de Ayamonte, edificios en obra negra que nadie parece poder impedir, y al fondo, el bosque de pino y encino, verde y tupido, con su engañosa invencibilidad.

 

Rodolfo ya roza los 60 años y ha abandonado Colinas de San Javier y la costumbre de apostar. El mundo se puso más difícil y hoy las armas se disparan más fácil. Jorge Camberos murió sin ver su sueño realizado. Las aguas bajan copiosas después de las tormentas en el bosque, y a veces se estacionan en las zonas urbanizadas. El debate por el futuro de este sitio, esencial para Guadalajara, no ha terminado. 

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Descripción de El Bajío 

La zona de El Bajío forma la parte baja de una cuenca endorreica (sin salida para el agua por superficie) que tiene su parteaguas al interior del bosque La Primavera 

El Bajío es la zona de pastizales y abarca cerca de 48 por ciento de la superficie total 

De las mil 280 hectáreas de su superficie, el gobierno de Jalisco considera que unas 315 ha están urbanizadas o tienen derechos para hacerlo 

El debate actual sobre habitar la Villa Panamericana o demoler sus edificios, prevalece, pese a la intención del gobernador Alfaro de que se den las licencias a los desarrolladores 

A cambio, el mandatario emitió un decreto de zona de recuperación ambiental sobre 980 hectáreas libres; el soporte legal es similar al que hizo su predecesor Aristóteles Sandoval para el vecino Cerro del Tajo

Crecerán inundaciones si se urbaniza El Bajío

 

Las modificaciones humanas provocarán más anegamientos en la zona. (Foto: Jorge Alberto Mendoza) 

Agustín del Castillo, 6 de Septiembre de 2019, el Diario NTR Guadalajara 

El hecho de ser la parte plana y baja de una cuenca endorreica (sin salida para el agua) y montañosa que se extiende sobre apenas 24 kilómetros cuadrados de superficie, hace que el área de El Bajío del Arenal, cuenca de los arroyos Arena Chica y Boca de Arena, sea más proclive a problemas de inundación. 

Con la urbanización que a la fecha existe —según el gobernador Enrique Alfaro, ya se urbanizaron 315 hectáreas de las 980 de la zona—, ya se ha detonado una transformación que ocasiona encharcamientos; si el proceso continúa, el crecimiento del riesgo será exponencial. Esto lo advierte un documento elaborado en el contexto de la revisión del plan de ordenamiento ecológico local de zapopan (POELZ): Estudio hidrológico detallado del municipio de Zapopan (2017), análisis que forma parte del trabajo que desplegó el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS Occidente) bajo el liderazgo del investigador Luis Gabriel Torres González. 

 

“La cuenca de los arroyos Arena Chica y Boca de Arena forma parte de la región hidrológica RH12-E y se encuentra localizada en la parte Centro-Sur de Zapopan. Esta cuenca es de tipo endorreica, ya que no vierte sus aguas de manera superficial a ningún arroyo o río (…) El valor superficial de esta cuenca es típico de las cuencas pequeñas, con alta probabilidad de ser cubierta en su totalidad por las eventuales tormentas y susceptible a provocar inundaciones repentinas, debido, entre otras cosas, a su corto tiempo de recorrido del flujo recurrente”, señala el extenso texto de 478 páginas en el que se revisan todas las subcuencas del municipio maicero. 

 

Debido al proceso de urbanización que se ha dado a últimos años en esta cuenca, su proceso natural está alterado. ¿Cómo funcionaba?: “En total, esta cuenca produce en su estado natural y en respuesta ante una tormenta de 43.83 milímetros de altura y una duración de una hora, un volumen total escurrido de 160 mil 115.7 metros cúbicos, lo que equivale a una capacidad de generar escorrentía del orden de 44.4 metros cúbicos por segundo”. 

 

LA INTERVENCIÓN HUMANA 

Pero la condición hidrológica actual es otra. “Se han diversificado los tipos de cobertura de acuerdo al criterio racional debido a la intervención antrópica en la superficie de esta, particularmente en la parte del valle de esta cuenca, conocido como el Bajío, donde aparecen desarrollos de tipo industrial, comercial y habitacional”. 

 

Aunque el estudio resalta que “las superficies con vegetación, en sus diferentes cantidades de cubierta vegetal y tipo de pendiente del terreno, ocupan todavía 88.5 por ciento del área total de esta cuenca, los tipos de cobertura característicos del proceso de urbanización ocupan ya en total 9.78 por ciento, donde las calles representan 3 por ciento y las áreas comerciales 2.4 por ciento, mientras que a su vez la superficie destinada para casa-habitación ocupa ya en total 2.3 por ciento del total de la superficie de la cuenca. 

También se observa un 1.6 por ciento de la superficie de la cuenca en proceso de desarrollo o desmonte, donde se espera aparezcan nuevos desarrollos”. Estos efectos han producido un descenso en la superficie con vegetación, particularmente en el área del valle, la cual ha disminuido en 18.8 por ciento de acuerdo al análisis. 

 

Además, los cambios en la zona han generado ya modificaciones significativas en los aportes de escurrimientos directos, ya que las coberturas de los procesos urbanos aportan 39.8 por ciento del volumen total que esta cuenca es capaz de generar ante una tormenta determinada, con solo 9.78 por ciento de la superficie total de la misma, “donde las calles aportan por si solas 13.6 por ciento del volumen total y los distritos comerciales (entre ellos el estadio), aportan 11.06 por ciento, mientras que la superficie destinada para las casas-habitación ya sean totalmente edificadas o con espacios verdes (jardines y baldíos) aportan 6.7 por ciento respecto al volumen de escurrimiento directo que esta cuenca es capaz de producir durante las eventuales tormentas”. 

 

De esta manera, “actualmente y en total, esta cuenca es capaz de generar 67.5 metros cúbicos por segundo en repuesta a una tormenta de 43.83 milímetros de altura y duración de una hora, lo que se traduce a 242 mil 998.4 (m3) durante toda la tormenta”, alrededor de 83 mil m3 más que en estado natural, es decir, 50 por ciento más agua, que en el pasado se infiltraba durante la tormenta. 

 

La conclusión es inevitable: para el desarrollo futuro, “habrá que considerar que la superficie ha sido revestida por una gran diversidad de materiales, modificando con ello la respuesta que las cuencas daban de forma natural (…) y generando aumentos en los volúmenes de escurrimiento directo que van desde el 18 hasta el 51.8 por ciento en las cuencas en las que el desarrollo urbano empieza a hacerse notar”. 

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 Los datos 

Superficie de la cuenca Arena Chica y Boca de Arena: 26.218 kilómetros cuadrados (km2) . 

Superficie de El Bajío en relación con la cuenca: 12.9 km2 (48% de la cuenca) . 

Superficie urbanizada: 2.6 km2 (9.78% de la cuenca, 20% de El Bajío) . 

Incremento de volumen de agua en tormentas sobre superficie: 51.3% en relación a lo que fluía en condiciones naturales 

Fuente: Estudio hidrológico de Zapopan, CIESAS, 2017

Congelado, plan de protección del Bajío

 

Agustín del Castillo, 1 de Septiembre de 2019, El Diario NTR Guadalajara 

La nueva versión del Plan de Ordenamiento Ecológico Local de Zapopan (POELZ) tiene más de un año paralizada. 

 

En el documento que se consultó durante 2018 se establece a la zona de El Bajío como un espacio con política de “aprovechamiento sustentable”, pero define además siete polígonos especiales de protección ambiental al interior de la demarcación, tendientes a impedir la urbanización en los principales sitios de recarga de agua, lo que condiciona fuertemente el desarrollo urbano en la zona donde se ubica la polémica edificación de la Villa Panamericana. 

 

La propuesta parte de hechos: construcciones como la Villa Panamericana y el Estadio Akron ya están construidos y cuentan con autorizaciones de impacto ambiental otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet). Queda por exigir que las condicionantes establecidas se cumplan. Pero la gran oportunidad es que 90 por ciento de la planicie aún se encuentra en breña, lo que significa que es posible mantener las condiciones ambientales para la recarga del acuífero. 

 

Como política general, en sus mil 288 hectáreas predomina el “aprovechamiento sustentable” dada la importante alteración del sistema natural. No obstante, unas 550 hectáreas son “puntos clave a proponer como polígonos especiales de protección ambiental”, y suman siete; algunos de ellos rebasan el territorio de El Bajío propiamente dicho, pero influyen en sus procesos biológicos e hidrológicos”. 

 

Uno, Socavón Boca de la Arena. 80.07 hectáreas. Lineamiento ecológico: “Manejo sustentable y restauración por su potencial para infiltración y recuperación de mantos freáticos; mantiene gran importancia geológica por ser un abanico aluvial originado por la desembocadura del arroyo Boca del Arenal, conformado por micro hábitats interconectados con el área natural protegida La Primavera (…) afectado por rellenos de basura y escombro, que deterioran el proceso de infiltración y las condiciones de sus sistemas. Considerar la creación de un parque y reforestación con especies nativas, para su reintegración a la ANP (Área Natural Protegida)”. Prohibido modificar usos de suelo. 

 

Dos, Socavón Norte JVC. 117.04 hectáreas. Lineamiento ecológico: “Manejo sustentable y restauración debida a que esta zona se encuentra altamente intervenida y por su ubicación la vuelve vulnerable. Por su estructura fisiográfica, se propone la creación de depósitos de recarga de acuíferos y de infiltración, debido a que es su principio funcional de la cuenca, supervisar e implementar las normas para el manejo de residuos de la zona (…) desarrollar conectividad porque la zona está intervenida y fragmentada por una vialidad. Elemento natural vulnerable: zona de recarga de acuíferos”. 

 

Tres, Socavón Sur JVC. 11.68 hectáreas. Lineamiento ecológico: “Conservar este tipo de estructura de origen antrópico, porque sus condiciones actuales favorecen la reducción de inundaciones, recarga de acuíferos y aguas subterráneas. Buscar su mejora mediante la supervisión e implementación de las normas para el manejo de residuos (…) Promover la reforestación con vegetación nativa que articule al ANP de La Primavera y generar programas para recuperación hidrológica (…) elemento natural vulnerable: zona de concentración de escurrimientos (cárcavas)”. 

 

Cuatro, zona Agrícola - El Convento (El Bajío-Rancho Contento). 144.72 hectáreas. Lineamiento ecológico: “Preservación de la zona, debido a que su topografía es la más plana, es una zona de recarga y de escurrimiento superficial; no se recomienda el establecimientos de industria, asentamientos humanos, debido a que es una zona de inundaciones. La agricultura permite el control y reducción de inundaciones. Deben realizarse actividades para la restauración de vegetación nativa, para estabilizar el arrastre de material en las pendientes y así reducir el escurrimiento. Se recomienda creación de un parque que interconecte la zona de recargas con el ANP de La Primavera”. 

 

Cinco, Zona del Bosque. 14.63 hectáreas. Lineamiento ecológico: “Conservar y mejorar para el manejo de agua de lluvia y para la elaboración de depósitos de recarga de acuíferos, así como evitar escurrimientos artificiales e inundaciones […] zonas de alta calidad para la producción agroalimentaria”. 

 

Seis, zona Las Torres. 62.81 hectáreas. Lineamiento ecológico: “Restauración de la zona por su vulnerabilidad y para el control de inundaciones en la parte baja de la cuenca, debe dotar de represas e infraestructura de retención de velocidad de escurrimiento superficial. Estabilización de taludes y reforestación con vegetación nativa para disminuir el impacto de agua por precipitación, no se recomiendan estructuras subterráneas, Manejo de residuos sólidos con las normas correspondientes y con plantas de tratamientos de aguas”. 

 

Siete, Piedemonte Norte. 116.37 hectáreas. Lineamiento ecológico: “Aprovechamiento de agua de lluvia e infiltración natural para la recuperación de mantos freáticos, de lo contrario podría generar inundaciones aguas abajo, sobre la carretera; se recomienda continuar con el manejo de agricultura y reforestación, prohibiendo la introducción de especies no nativas de la zona. No se recomiendan estructuras subterráneas”. 

UN PLAN EN LA CONGELADORA

El Ayuntamiento de Zapopan no ha citado desde el año pasado a los expertos que integran las mesas de trabajo para actualizar el Plan de Ordenamiento Ecológico Local de Zapopan (POELZ). El proceso, según el mismo gobierno de Zapopan, tenía marcada como fecha de término febrero de este año, pero hasta el momento no hay noticias sobre su publicación. 

 

“Algo está sucediendo porque ya se interrumpió el proceso de actualización del Plan de Ordenamiento Ecológico de Zapopan”, señaló Alejandro Mendo, doctor en territorio y sustentabilidad que representa al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en las mesas de trabajo para actualizar el POELZ. 

 

Agregó que en las mesas de trabajo había una fuerte presión del sector inmobiliario por mantener desprotegido a El Bajío en ese instrumento regulador. “Para El Bajío hay propuestas de promotores inmobiliarios que quieren urbanizar y sacar provecho y hay propuestas de representantes universitarios que estamos en contra de que se urbanice, estamos a favor de su conservación total”, dijo en entrevista con El Diario NTR Guadalajara. “Es una arena donde hay pugna de intereses, unos conservacionistas y otros desarrollistas”. 

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Baja densidad 

El actual Plan de Ordenamiento Ecológico Local de Zapopan data de 2011 

Reconoce a El Bajío como una zona de alta presión y vulnerabilidad, al tratarse de un sitio de recarga del acuífero de Atemajac 

 

La política señalada es la de aprovechamiento, de manera que en la zona donde ya está construida la Villas Panamericana y alrededores está zonificado en los planes parciales vigentes como H1, es decir, habitabilidad en baja densidad

95% de cambios de bosques a huerta de aguacate, ilegales

Las plantaciones de Persea americana crecieron 22 tantos su superficie en Jalisco, en dos décadas; la mitad de esa expansión fue a costa de bosques templados y tropicales

Agustín del Castillo / San Gabriel, sur de Jalisco. El Diario NTR Guadalajara


Entre 2003 y 2017, las huertas aguacateras del sur de Jalisco pasaron de 1,260 hectáreas a 28,833.5 hectáreas en las regiones Sierra del Tigre y Complejo Volcánico de Colima. 45 por ciento de ese cambio fue sobre bosques y selvas (12,384 hectáreas), pero sólo se entregaron permisos para sustituir 660 ha, es decir, fue un proceso ilegal en 95 por ciento de la superficie afectada.

Y no se trata de una irregularidad administrativa menor: el cambio de uso de suelo forestal sin permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es un delito. El artículo 418 del Código Penal Federal señala: “Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente: Desmonte o destruya la vegetación natural; corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o cambie el uso del suelo forestal. La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural protegida”.

No hay registros de acciones punitivas por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy fiscalía. El pretexto fue la prioridad del combate a delitos graves como delincuencia organizada, tráfico de estupefacientes, sin reparar que en muchos casos, es una impunidad asociada. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, clausuró seis huertos aguacateros que sumaban 145 hectáreas en julio de 2017, pero no ha vuelto a realizar nuevos operativos en la zona, ante el control territorial que mantienen grupos delictivos en el área.

Los datos duros del cambio de uso de suelo provienen de un análisis de coberturas sobre 12,790.41 kilómetros cuadrados de 36 municipios de Jalisco y una zona de influencia que incluye demarcaciones de Michoacán y Colima, con base en imágenes de satélite de los años 2003, 2011 y 2017, realizado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) del estado, del que El Diario NTR posee una copia.

El documento, denominado “Mapa de frontera forestal del complejo volcánico de Colima y cobertura de vegetación de la Sierra del Tigre”, identifica diversas tendencias de deforestación y cambio de uso de suelo que asuelan al área, no de forma exclusiva, por las huertas aguacateras, y fue contratado al IIEG por el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal (Fiprodefo), en busca de proveer de elementos a la toma de decisiones, pues el auge aguacatero, empujado por el gobierno de Jalisco y el federal, obligaba a enfrentar los enormes pasivos ambientales, lo que hasta ahora sigue pendiente. No se trata solamente de la pérdida de bosques, sino la consecuencia de esto: reducción de captura de carbono, extinciones locales de diversidad biológica, presión excesiva a fuentes de agua para poblaciones, erosión, incendios forestales, y como sucedió en San Gabriel el pasado domingo 2 de junio, derrumbes y aludes que destruyen patrimonio material y ciegan vidas.

ALGUNOS DETALLES
El auge espectacular de la actividad aguacatera, que propició que multiplicara por más de 2,300 por ciento la superficie a que le dedicaba la zona en 2003, ha sido en casi 54 por ciento a costas de usos de la agricultura de temporal y en consecuencia, al menos en la temática de cambio de uso de suelo, completamente legal, dado que no se requiere regulación federal porque no se afecta directamente al bosque. Sin embargo, los bosques y las selvas han aportado casi 45 por ciento de la superficie transformada a huertas, esto es, 12,384 hectáreas. En ese caso, era obligatorio obtener autorizaciones en materia de cambio de uso de suelo forestal.

Los registros oficiales de la Semarnat revelan que entre 2005 y 2018, solamente se otorgaron diez autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal por una superficie de 660 hectáreas. El resto de los cambios de uso de suelo forestal para aguacate son, en consecuencia, ilegales.

“En relación con el Complejo Volcánico y la Sierra del Tigre, sus áreas forestales se han visto amenazadas por los cambios de usos del suelo forestal y los incendios forestales; un estudio para el área del Volcán de Colima, aportado por la Semadet 2016, señala que se han perdido por deforestación poco más de 18 mil hectáreas de bosque templado y selvas; de esta pérdida, casi 15 mil hectáreas podrían deberse a cambios por agricultura, destacando los huertos de durazno, aguacate y otros con más de cinco mil hectáreas, lo que nos podría indicar que no es solamente el cultivo de aguacate el que avanzó sobre los bosques y selvas, si no que fue el sector agrícola en general el que afectó casi el 11 por ciento de la cobertura vegetal natural”, añade el documento.

Debido a este comportamiento “es necesario estudiar el avance de la agricultura y definir sus límites para ambas zonas de interés”, tanto en el Complejo Volcánico como en la Sierra de Tigre.

En cuanto al boom aguacatero, este primero afectó parcelas agrícolas y después comenzó a establecerse en coberturas forestales.

“La construcción de la presa de Vista Hermosa en Tamazula fue un detonante para un mayor auge de nuevas plantaciones en el municipio de Tamazula”; las zonas potenciales, “en su mayoría son coberturas forestales, sujetas a presión de cambio de uso de suelo, aproximado 40 mil hectáreas en la región Sur-Sureste”.

HAY MÁS FACTORES
Esto significa que aunque el aguacate es el cultivo de moda, los factores de deforestación son variados. Por ejemplo, el bosque templado de la zona pierde 6,242 ha a costa de la Persea americana entre 2003 y 2017, pero las pérdidas totales de esos ecosistemas son de 24,928 ha. Esto significa que 18,686 hectáreas (tres cuartas partes del fenómeno) se perdieron por causas distintas.

Con las selvas es incluso más acusado: fueron sustituidas 6,142 ha por plantaciones aguacateras, pero la pérdida acumulada de esos ecosistemas entre 2003 y 2017 es enorme: 71,746 hectáreas. Significa que por cada metro de comunidades forestales tropicales que se convirtió en huerta aguacatera, más de 9 metros se transformaron en usos distintos.

En conclusión: el aguacate ha sido uno de los grandes enemigos de los bosques en el sur de Jalisco, pero de casi 97 mil hectáreas deforestadas y transformadas entre 2003 y 2017, cerca de 85 mil ha no se destruyeron por su causa. Por eso la necesidad de atender todas las causas del fracaso del desarrollo rural en la región.

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Cambios de uso de suelo 2003-2017, sur-sureste de Jalisco



1. Agricultura de riego. En 2017, 52,741 hectáreas; en 2003, 36,646 ha. Gana 16,095 ha (+42%)

2. Agricultura de temporal. En 2017, 261,456 hectáreas; en 2003, 243,330 ha. Gana 18,126 ha (+16%)

3. Área urbana. En 2017, 2,149 hectáreas; en 2003, 1,267 ha. Gana 882 ha (+80%)

4. Bosque templado. En 2017, 273,532 hectáreas; en 2003, 298,460 ha. Pierde 24,928 ha (-9%)

5. Bosque tropical. En 2017, 490,990 hectáreas; en 2003, 562,736 ha. Pierde 71,746 ha (-14%)

6. Cuerpos de agua. En 2017, 8,886 hectáreas; en 2003, 4,479 ha. Gana 4,407 ha (+99%)

7. Desprovisto de vegetación. En 2017, 17,780 hectáreas; en 2003, 16,804 ha. Gana 976 ha (+8%)

8. Huertos de aguacate. En 2017, 28,833 hectáreas; en 2003, 1,260 ha. Gana 27,573 ha (+ 2,188%)

9. Invernaderos (agricultura protegida). En 2017, 3,314 hectáreas; en 2003, 278 ha. Gana 3,036 ha (+1,192%)

10. Pastizal. En 2017, 113,574 hectáreas; en 2003, 95,453 ha. Gana 18,121 ha (+21%)

11. Pradera de alta montaña. En 2017, 1,499 hectáreas; en 2003, 1,132 ha. Gana 467 ha (+41%)

12. Vegetación hidrófila (cercana a cuerpos de agua). En 2017, 3,548 hectáreas; en 2003, 4,382 ha. Pierde 834 ha (-20%)


Fuente: Estudio de cambio de uso de suelo del IIEG, 2018

AMG necesitan 25% más agua, pero desperdicia más de 30%

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

La construcción de una ciudad resiliente pasa por usar mejor el agua que ya está disponible;  30 por ciento se usa mal, y además, se desperdicia la lluvia


La dotación por día a cada habitante de Guadalajara bajo el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) es, en estos momentos, de aproximadamente 207 litros, lo que deriva de la extracción, durante el año 2018, de 315.7 millones de metros cúbicos de las tres grandes fuentes de abastecimiento en operaciones, es decir, poco más de diez mil litros por segundo. Pero de acuerdo a cifras oficiales, hace falta de 25 a 38 por ciento más agua.

¿De dónde debe salir el agua que falta? Contra lo que se suele pensar, la opción de nuevas fuentes de abastecimiento es solamente eso, una de las posibilidades, y no la mejor. Aunque el discurso oficial se ha negado a tomarlo en serio, la inversión para mejorar el rendimiento del agua que ya está disponible es la mejor solución si se trata de generar una metrópolis sostenible en el largo plazo. Quien lo señala en el caso tapatío y de otras grandes urbes del país no puede dar motivo de sospechas a los expertos del sector oficial: es la propia Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su Programa Nacional contra las Sequías (Pronacose), en cuyo marco se realizaron  programas de medidas preventivas y mitigación en los últimos seis años a nivel de sus organismos de cuenca.

El estudio específico para Guadalajara revela que de los diez mil litros por segundo que se surten a la ciudad (sin considerar la pérdida en redes) al menos tres mil se usan mal: para excusados y mingitorios, para riego de áreas verdes, para lavado de autos, labores en las cuales las aguas tratadas pueden cumplir estándares suficientes de calidad. Otro mal uso es el del agua de lluvia. El investigador Marco Antonio Ramírez, de la UdeG, señala que el volumen de precipitación, si se construye infraestructura de captación en cada vivienda, puede permitir que se deje de usar el agua del SIAPA de tres a cuatro meses. Pero además, si se cuidaran las zonas de recarga, ese recurso se inyectaría al subsuelo y aumentaría el almacenamiento del manto freático, el agua disponible más barata y accesible.

La solución al desabasto, entonces, no se puede limitar a habilitar las nuevas fuentes de agua.

¿CUÁNTA AGUA FALTA?

En cuanto a la determinación del déficit, ¿por qué la amplia disparidad? Porque las fuentes son contradictorias. El informe del año 2018 lo publicó el SIAPA en enero de este año y allí se dan los últimos datos duros sobre el uso del agua anual en la ciudad: el lago de Chapala provee 187.8 millones de m3 anuales, esto es, 60 por ciento; hay 88.2 millones de m3 de agua de los sistemas subterráneos Atemajac y Toluquilla, 28 por ciento; la presa Elías González Chávez o Calderón entregó 35.45 millones de m3, alrededor de 11 por ciento, y los manantiales aportaron menos de 1 por ciento: cuatro millones 171 mil m3.

En total, 315 millones 701,458 m3, para un volumen diario de 864,935 m3 con una población de cuatro millones 173,555 habitantes. Pero el sistema solamente atiende a 83 por ciento de los moradores de la conurbación. Esto significa que poco más de 800 mil habitantes dependen de sistemas autónomos a nivel colonia o municipio, fundamentalmente proveídos con agua subterránea, dentro de lo que destaca el caso Tlajomulco.

De acuerdo a un ejercicio del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, la Comisión Nacional del Agua, en 2016, en su justificación del proyecto El Zapotillo con cortina a 105 metros, destacaba que la ciudad demandaba 439 millones de m3 (13.9 m3 por segundo), lo que arrojaría un déficit de casi 125 millones de m3 pero sólo considerada la población que actualmente abastece el SIAPA. En contraste, los datos a nivel metropolitano generador por el organismo ciudadano bajo la visión de “cifras integradas del suministro” planteaban una dotación anual de 411.7 millones de m3, es decir, 12.5 m3 por segundo, para derivar en un déficit actual de 96 millones de m3.

Mientras que en 2018 se entregan 207 litros por persona, Conagua subraya la necesidad de aportar un promedio de 300 litros y el ejercicio integrado del observatorio señala la cifra de 240 litros al día.

Así, en el mejor de los casos, falta 25 por ciento de agua.

CRISIS COMO OPORTUNIDAD

Pero como se dice, el diablo está en los detalles. En el enorme volumen de agua pendiente, se ocultan problemas de gestión integral del agua que jamás han sido resueltos y podrían bajar considerablemente la demanda.

Por ejemplo, cuatro de cada diez litros de agua de primera calidad en los domicilios, es decir, potabilizada para el contacto y consumo directo de las personas, se deriva a usos que con aguas grises o tratadas podría satisfacerse: si se dejara de usar agua potable excusados, irrigación de áreas verdes, lavado de autos, enfriamiento en procesos industriales, se podría recuperar entre tres mil y cuatro mil litros por segundo, de acuerdo al informe preliminar del Programa de medidas preventivas y de mitigación de la sequía, que ordenó elaborar el Consejo de cuenca del río Santiago. Ese volumen a recuperar es superior al déficit reportado.

En Guadalajara, apunta el texto, “el déficit de agua que padecen las ciudades durante una sequía no debe ser enfrentado sólo con aumento en la extracción de agua subterránea o superficial, sobre todo cuando ya los acuíferos están sobreexplotados; sino que por el contrario, se debe adoptar primeramente estrategias de control y reducción de la demanda. Entre las principales medidas están la reducción de pérdidas y el incremento de la eficiencia en el manejo del agua”.

Entre estas medidas de gestión, se busca usar el agua de primera calidad exclusivamente para el contacto directo con las personas o con procesos de insumos de consumo humano, y no para otro tipo de procesos. Incrementar el reciclaje, tratar aguas y generar un mercado local de agua reusada. De 8,500 litros por segundo de aguas negras y grises de la ciudad, menos de 500 litros se reutilizan. Además, de 315 millones de m3 que se extrajeron en 2018 de las fuentes de abastecimiento, sólo alrededor de 230 millones de m3 llegaron a los usuarios, lo que habla de 85 millones de m3 que se pierden en fugas.

Esto significa que antes de buscar agua de otras fuentes, se requiere una alta inversión de adaptación de infraestructura, tanto principal como domiciliaria, pero dado el beneficio, se paga en el corto plazo.

“Los impactos de la sequía son no estructurales-advierte el documento de Procanose- y se extienden sobre un área geográfica más grande que los daños y perjuicios que son resultado de otros desastres naturales. La sequía rara vez produce daño estructural. Por estos motivos, la cuantificación de impactos y la provisión de apoyos son tareas mucho más difíciles para la sequía que para otros desastres naturales […] el término gestión de la sequía implica que la intervención humana puede reducir la vulnerabilidad e impactos. Para tener éxito en este esfuerzo, muchas disciplinas deben trabajar juntas en el estudio y seguimiento de las complejas cuestiones asociadas con el descubrimiento, respuesta, y preparación para afrontar los inevitables eventos futuros. La gestión de desastres, de la cual la gestión de la sequía es un subconjunto, requiere que los científicos y tomadores de decisiones se enfoquen tanto en la porción de la protección, así como en la de recuperación/rehabilitación del ciclo del agua”.

Esta es la tarea central de la gestión del agua en Guadalajara.

HERRAMIENTAS

Las grandes cifras del agua en AMG

1 millón 201,959 usuarios tenía registrados el SIAPA en diciembre de 2018, de los cuales, 1,035,681 son usuarios domésticos, es decir, casi 87% de las cuentas

307 millones de m3 es la producción anual de agua que hace el SIAPA, de los que alrededor de 222 millones de m3 se entregan a los diferentes usuarios

Los usuarios domésticos consumen alrededor de 79 por ciento del agua que efectivamente se entrega, casi 180 millones de m3

22.9 millones de m3 gasta el sector comercial del área metropolitana, 7.5 millones los industriales conectados (que no son todos) y 12.5 millones de m3 los edificios públicos

542 km de Colectores mixtos, 7,600 km de redes de alcantarillado mixto, 16,000 Bocas de tormenta y 120,000 pozos de visita son la red de drenaje o desalojo de las aguas residuales

3,595 millones de pesos fue el ingreso anual del SIAPA en 2018, lo que deriva en un pago por m3 de 11.71 pesos

1 de cada 4 litros de agua de consumo doméstico se usa en los excusados

Fuentes. Informe anual 2018 SIAPA, Pronacose/Conagua

Juez ordena acatar amparo al Registro Público de Agua

La suspensión en la emisión de nuevas concesiones debe ser estrictamente observada en los registros del agua.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La suspensión de plano concedida al ejido Agua de Obispo, de San Juan de los Lagos, contra los decretos presidenciales del pasado 6 de junio de 2018, debe ser acatada también por el Registro Público de Derechos de Agua (Repda), instancia que deberá dar publicidad a la prohibición de inscripción mientras se define el fondo del juicio de garantías, advirtió el juez 7 de distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, de Zapopan, en una determinación del pasado 12 de septiembre.

Esta suspensión fue concedida por el Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa, que previamente le había negado el mismo juez, en la queja 222/2018 derivada del juicio de amparo 2090/2018. La suspensión impide los efectos del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación.

“Con la notificación al Repda, buscamos que se cierre la pinza respecto a este tema que mucho preocupa a los productores de Los Altos, pues consideran que los estudios que fundamentan el levantamiento de vedas no son sólidos ni suficientes, y por el contrario, ofrecen pruebas de la escasez crónica de agua en la región”, advirtió el abogado de los quejosos, Alejandro López Aguayo.

Dado que el Repda es el instrumento vigente para conocer el estado de las concesiones de aguas nacionales, es oportuno que esa instancia pública advierta sobre los efectos, por ahora temporales, de la suspensión, a la espera de que sea confirmada o negada al abordarse el fondo del caso.

De acuerdo al decreto impugnado, se establece un volumen de agua para “gasto ecológico” y se abre la posibilidad de disponer del resto. Independientemente de la impugnación legal que entraña el amparo, las cifras del decreto no cuadran: señala una disponibilidad en sus 33 subcuencas de 10,168.1 millones de m³, con lo que genera una reserva ecológica… de 12,698 millones de m³ (ver MILENIO JALISCO, 9 de julio de 2018). Es decir, no puede haber menos agua disponible que en reserva ecológica, porque en este caso, la determinación de agua disponible es previa, justo para determinar con base en el volumen que arroje, el agua que se destinará a reserva ecológica… el agua sobrante de esa operación es la que se entrega para nuevas concesiones.

“Lo procedente es conceder al ejido aquí recurrente la suspensión de plano, en tanto se resuelve el fondo del amparo, para los efectos siguientes: Para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y como lo solicita el poblado ejidal, ‘... no se dé ninguna concesión o asignación de volúmenes de agua, ni permisos, ni ningún documento que consigne algún acto de autoridad en ese sentido ... ‘, únicamente respecto de lo que hubiera sido dotado o corresponda en derecho en tierras, aguas, pastos y montes al ejido quejoso”, señala el resolutivo de la queja (ver edición de este diario, del 16 de agosto de 2018).

Agrega: “así como para que no se lleven a cabo actos derivados del decreto o de las normas generales reclamadas, que impliquen privación ilegal de la propiedad, posesión y disfrute de aproximadamente 473-67-80.67 hectáreas, de terrenos de uso común, de monte, temporal y agostadero y su substracción del régimen jurídico ejidal del que forman parte".

La medida cautelar “no autoriza invalidar las determinaciones asumidas antes de la presentación de la demanda, pues esto implicaría dar a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que en este caso tendría que ser materia exclusiva de la sentencia de fondo que se emita en el juicio de amparo”.

El colegiado se pronuncia también respecto al reclamo de que la autoridad no aplica el llamado “principio precautorio" por la posible afectación al equilibrio ecológico,” y la manifestación en relación con la no disponibilidad de recursos hídricos, atañen a cuestiones que involucran la legalidad del Decreto reclamado, lo cual concierne a la materia de lo que, en su caso, será elucidado al resolverse el fondo del amparo”. El Colegiado apunta que la suspensión se da “para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y como lo solicita el poblado ejidal ...no se dé ninguna concesión o asignación de volúmenes de agua, ni permisos, ni ningún documento que consigne algún acto de autoridad en ese sentido ...’ [pero] únicamente respecto de lo que hubiera sido dotado o corresponda en derecho en tierras, aguas, pastos y montes al ejido quejoso”.

En el documento de la queja interpuesta por el abogado del ejido, se señala claramente el decreto completo. Y se indica: “reclamamos la aplicación a los suscritos de las disposiciones legales antes indicadas, así como todos los actos y procedimientos que tengan como objetivo aplicar las leyes y reglamentos que se impugnan como inconstitucionales en este amparo…”.

Conagua impugna… y pierde

Dentro del juicio de amparo concedido en queja al ejido Agua de Obispo, se ligó a los campesinos la Asociación Ganadera local de San Juan de los Lagos. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretendió impugnar la personalidad del apoderado de los productores pecuarios, José Luis de la Torre Muñoz, alegando que este tenía representación insuficiente de acuerdo a las cláusulas de poder general que los ganaderos le otorgaron en 2014. El tecnicismo es que de acuerdo a un punto de la cláusula cuarta, las acciones jurídicas supuestamente requieren de la concertación de al menos dos de los tres apoderados designados, lo que derivaría en “representación insuficiente”. No obstante, el juez determina que la impugnación de la Conagua es incorrecta, porque esa condición sólo se pone para “poder general cambiario”, y no para la presentación de un juicio de amparo. De este modo, desecha el recurso interpuesto por el organismo federal.

Desmienten campesinos de Cerro Grande a la RJDH

Los dirigentes de las comunidades de la montaña que comparten Jalisco y Colima desmienten abusos contra derechos humanos y señalan que su agua no nace en Ayotitlán

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El agua que el Cerro Grande provee a Colima-Villa de Álvarez no tiene que ver ni con Toxín, ni mucho menos con el territorio de Ayotitlán, sino que nace justamente en esa montaña de casi 2,550 metros de altura cuya geología calcárea la distingue del resto de los macizos montañosos del Eje Neovolcánico y de la Sierra Madre del Sur, con los que colinda.

Al ser de piedra caliza, es altamente erosiva, por lo que el agua ha abierto más de un centenar de cavernas por donde se da el proceso de recarga de un acuífero que brota en los manantiales de Zacualpan, de donde se envía por acueducto a la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez. Este es en síntesis el argumento con que los ejidatarios poseedores de la montaña desmienten las aseveraciones del presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos , Óscar González Garí, quien descalificó como “violatorio de derechos humanos” la aprobación por el Congreso de Colima, del mecanismo de pago de servicios ambientales (MILENIO JALISCO, 6 de septiembre de 2018).

“Nosotros, que somos habitantes y dueños de predios en Cerro Grande, en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, consideramos que el licenciado González Garí está mal informado. Agradecemos a la Red Jalisciense de Derechos Humanos sus esfuerzos para defender los derechos que tenemos pobladores de la Sierra de Manantlán. Coincidimos en que no se debe privatizar el agua y que los legítimos dueños de los territorios que producen agua deben ser consultados sobre proyectos que les afecten. Hubiéramos agradecido que viniera a consultar con nosotros antes de hacer sus manifestaciones. Él no ha venido a nuestras comunidades en Colima para analizar esta situación, y por este motivo sus manifestaciones están equivocadas. En vez de ayudarnos nos perjudica por que confunde a la opinión pública”, dijeron en una misiva a este diario, firmada por Mariano Jiménez, presidente del Subconsejo Intercomunitario de Cerro Grande, y Jesús Flores Carrillo, presidente de la Comunidades Rurales para la Conservación y Desarrollo Sustentable de Cerro Grande, AC.

Y enumeran lo que para ellos son los errores en la crítica del activista: uno, su aseveración de que es ’falso que el mecanismo de pago de servicios ambientales hidrológicos vaya a beneficiar a los dueños de los bosques donde se genera el agua’ es equivocada. El mecanismo abre nuevas oportunidades para beneficiarnos a través de un financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario que nosotros mismos hemos estado definiendo. Esto es muy importante para nosotros considerando la contradicción de que en nuestros territorios que producen el agua para la capital de Colima, pero paradójicamente ¡no tiene agua! Por ser piedra caliza no fluyen arroyos ni ríos superficialmente, y nuestra agua se infiltra por cuevas y sale solamente en la parte baja de Cerro Grande”.

Dos, “cuando dice que no ha habido ‘…el mínimo respeto por el derecho humano de la consulta libre, previa e informada’ y que el mecanismo es ‘…violatorio de los derechos humanos de los habitantes de la reserva’, se equivoca. Las comunidades de Cerro Grande sí hemos sido consultadas durante años, y tanto las comunidades ejidales como indígena somos co-responsables en diseñar del Mecanismo como parte del consejo asesor de la RBSM en el Estado de Colima”.

Tres, “sus manifestaciones de que ‘el agua de Cerro Grande viene de El Toxín… y por ende, forma parte sustancial de los recursos naturales de la Comunidad Indígena de Ayotitlán’ y que se manifiesta un ‘… despojo de recursos naturales que única y fundamentalmente le pertenece a la Comunidad Indígena de Ayotitlán, Jalisco’ es incorrecta. El agua en cuestión se genera en los bosques de Cerro Grande donde somos propietarios los ejidos de La Laguna y Toxín en Jalisco; y El Terrero, Campo Cuatro, Platanarillo, Lagunitas y la Comunidad Indígena de Zacualpan en Colima, donde emerge el agua generada en la parte alta. Toxín, además de que no está en el ejido de Ayotitlán, se encuentra en una subcuenca cerrada en la cuenca del Marabasco, y el agua fluye por una cueva debajo de la montaña y emerge en una localidad llamada ‘La Tasa’ que sale al río Ayuquila y por lo tanto no está conectado con el manantial de Zacualpan de donde sale el agua para Colima”. Anexan un mapa elaborado por técnicos de la Universidad de Colima “que muestra que el agua de Cerro Grande, incluyendo la de la comunidad indígena de Zacualpan en la cuenca del Río Armería, no tiene relación alguna con el agua de las cuencas del Río Marabasco que es donde está ubicado Ayotitlán”.

Si bien “hay conflictos de linderos entre Jalisco y Colima en Cerro Grande, en ningún caso tiene que ver con el Ejido de Ayotitlán, donde los conflictos de linderos entre los estados están asociados a la mina de Peña Colorada. Comprendemos el argumento de González Garí sobre los ‘territorios ancestrales’ que algunos mencionan que llegaban hasta la costa del Pacífico, pero debemos respetar los linderos legalmente establecidos. Apoyamos que Ayotitlán reciba los terrenos a los cuales tienen derecho, pero sin afectar los derechos de otras comunidades indígenas y ejidos circundantes”.

En ese tenor, desestiman el argumento de que los consejos asesores han desaparecido, pues ellos participan en el de Colima, y es el que presidirá el mecanismo local en esta zona.

“Creemos que se equivoca cuando describe el Mecanismo como una de las ‘patrañas privatizadoras’ del agua. Estamos en contra de la privatización del agua. El mecanismo es un esquema de financiamiento público para manejo público del agua para beneficio tanto de los dueños de los terrenos donde se produce el agua como de la población donde se recibe el agua. El agua es un derecho humano universal que nunca debe ser privado. Creemos que no es útil que se generen conflictos entre las comunidades de la Sierra de Manantlán cuando más bien nos debemos estar apoyando mutuamente. Esperamos que se respeten nuestros derechos a recibir pago por los servicios ambientales que prestan nuestras comunidades rurales a las ciudades”, concluyen.

Jalisco carece de modelo de gobernanza del agua

Legisladora Mónica Almeida destaca trascendencia de Instituto de Gestión Integral del Agua de Jalisco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

No existe en Jalisco “un modelo decisional para la gestión integral y la gobernanza hídrica”, advirtió ayer la legisladora local perredista Mónica Almeida López, tras destacar la trascendencia del comité académico instituido el año pasado para asesorar a la comisión especial que presidió, y de la propuesta que empujó como diputada parta crear un Instituto de Gestión Integral del Agua, que presentó hoy.

“Este consejo académico ha sido un parteaguas, entendiendo que es un derecho vital, que es un derecho humano, y que nos da la oportunidad con este documento a las instancias públicas, tanto del poder Ejecutivo como del Legislativo, de tener elementos argumentados, técnicos, especializados, para impulsar soluciones”, dijo.

El informe sobre la presa El Zapotillo, del que MILENIO JALISCO adelantó detalles, “demuestra puntos clave de lo que se hace y de lo que se está dejando de hacer, y por eso es valioso; primero en materia de gobernanza hídrica, que no existe per se, pero que deberíamos tenerla, garantizar la perspectiva humana de derechos humanos, y una perspectiva de manejo de cuenca, comprendida esta como la propuesta para una gestión integral; una política pública, procesos de planeación basados en prioridad de derechos humanos, y procesos de consulta, hoy están ausentes o son ineficientes; no nos garantizan la participación democrática, el acceso, la construcción de gobernanza […] lamentablemente, la presa El Zapotillo, como un estudio de caso, nos tiene en una parálisis a los jaliscienses, con un proyecto millonario, con una serie de problemáticas de interpretación jurídica, y lo peor, sin garantizar el derecho humano al agua de la población, algo que nos tiene hoy aún con un alto grado de incertidumbre”.

Las luces que el comité ha arrojado permiten derivar en una iniciativa de ley “para que ésta comisión se constituye de manera ordinaria, en atención a los vacíos que les explico, para que esta comisión ordinaria le dé una respuesta a la sociedad, para que trabaje desde la perspectiva de una gestión integral”.

Una segunda propuesta “derivada de este trabajo, es una iniciativa de ley en la que se crea un organismo regulador, un organismo constitucional autónomo, como primera propuesta de lanzamiento, para así dar un marco jurídico que nos permita tener un modelo decisional, que garantice un derecho humano al agua” (los detalles de esa iniciativa se pueden consultar en la edición de ayer de este diario).

Observatorio desconfía de propuesta 

Con relación a las reformas propuestas a la legislación local para crear el Instituto de Gestión Integral del Agua de Jalisco, “pareciera más una concreción de acciones que los negocieros [sic] del agua pretendieron afianzar en la fallida ley de agua ‘Korenfeld o Pichardo’ en el sentido de desplazar a los usuarios de aguas nacionales, a la sociedad y concentrar el conocimiento de manera única y excluyente en grupos o instituciones selectos, o creados exprofeso, que considera a la ciudadanía en infancia permanente y se debe decidir por ellos. Cabe resaltar que el sector académico no es usuario consuntivo del agua y sus intervenciones –acertadas o desafortunadas- no inciden de manera directa sobre ellos”, dijo el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez.

También lamentó que el informe del consejo académico, entregado ayer, haya sido omiso respecto al papel del Observatorio y que omitiera la gravedad de la falta de respuestas a las recomendaciones emitidas en torno a El Zapotillo y la exportación de aguas a León.

“El llamado comité académico no emitió un posicionamiento respecto a las recomendaciones del Observatorio, ya que además de ser necesario para cualquier análisis técnico, son de obligada consideración para ellos, al ser –dicho comité- producto de un acuerdo interno de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua del lado de Jalisco, del Congreso Local. Tampoco hacen una amplia referencia –o análisis- a la evolución actual del proyecto presa y acueducto El Zapotillo, lo que indica que no lo tienen en su poder o no lo conocen a detalle; de igual manera, no han atendido las demandas de los habitantes y productores de Los Altos, que han entregado al Congreso de Jalisco y han publicado a nivel nacional y local en medios impresos y electrónicos y sí en cambio, centran sus opiniones en las comparecencias a modo, de algunos titulares de dependencias del Ejecutivo llevadas a cabo el 30 de agosto del 2017”.

El Congreso lanza iniciativa para ombudsman del agua

El Instituto de Gestión Integral del Agua de Jalisco buscará garantizar el derecho humano al agua y saneamiento bajo bases ambientales.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Esta mañana, la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua del Congreso de Jalisco, presentará la iniciativa para la creación de dos entes que deberán enmarcar el proceso de modernización del sector agua en Jalisco: un organismo autónomo regulador, denominado Instituto de Gestión Integral del Agua de Jalisco, y la formalización del Comité Académico para la Gestión Integral del Agua como órgano técnico de la misma comisión.

En el primer caso, se trata de un organismo autónomo, equivalente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tendrá la tarea de “garantizar el derecho humano al agua y saneamiento”

“La regulación de la Comisión Estatal del Agua, como autoridad en materia hídrica, es incompatible con el derecho humano al agua ya que se erige como juez y parte en la materia. Esto implica un riesgo de politización innecesaria, sobre todo cuando se tutela un derecho humano de vital importancia. Se requiere un organismo regulador con expertos en la materia que determinen las soluciones, y se garantice la autonomía constitucional necesaria para garantizar este derecho”, justifica el texto de la iniciativa, del cual tiene copia MILENIO JALISCO.

Así, “se conforma el Instituto de Gestión del Agua de Jalisco como organismo constitucional autónomo cuya función sea promover y garantizar el pleno disfrute del derecho humano al agua y saneamiento, fungiendo como ente regulador en materia hídrica y organizado de la siguiente manera: […] siete comisionados, electos de manera escalonada, expertos en materia hídrica; contando como mínimo con título de posgrado en el área; debiendo además de contar con el reconocimiento de centros de investigación, o de universidades públicas o privadas, o en su defecto de colegio de profesionistas debidamente acreditados”. Los comisionados se elegirán por un “procedimiento mixto, en donde se realiza un examen por oposición en donde exista a su vez una evaluación integral de sus perfiles, a efecto que, los candidatos con mejor desempeño, sean electos por dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado”. Los comisionados estarán en el cargo nueve años “improrrogables”.

Las facultades del instituto: “Expedir disposiciones administrativas de carácter general: es decir normatividad interna para hacer más eficiente y eficaz sus funciones; será órgano rector en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico en materia hídrica en el estado de Jalisco, estableciendo los mecanismos para la generación de herramientas de propiedad industrial que sean necesarias para garantizar el desarrollo sostenible en garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento; se contará con una agencia de investigación para poder investigar y sancionar irregularidades en materia hídrica, como sería el caso cuando las tarifas y demás políticas públicas no garantizan el derecho humano al agua”.

Fungirá “como defensor del derecho humano al agua y su saneamiento de los habitantes en Jalisco, estableciendo en su normatividad interna, los defensores gratuitos y accesibles a la población en caso que sus prerrogativas se vean vulneradas, teniendo facultades para dictar las medidas cautelares necesarias, para evitar que las acciones lesivas en materia de este derecho se lleven a cabo”.

Otras funciones: “formulación, seguimiento y alineación de la gestión integral del agua en Jalisco con los indicadores correspondientes al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas denominado: Agua para Todos, así como de la agenda internacional de ONU-Habitat. Intercambio de experiencias exitosas y mejores prácticas de manejo nacionales e internacionales y liderazgo en la conformación de comunidades de aprendizaje. Definir los umbrales de mínimo vital que, de acuerdo con los criterios del derecho humano al agua, deberán tener los hogares como acceso en cantidad y calidad los habitantes de Jalisco”.

También, la “consolidación estratégica de atención y seguimiento interinstitucional, con sólidos instrumentos de participación ciudadana, que garantice la implementación de las acciones al paso de las administraciones públicas y a la lógica propia de los tiempos políticos. Generar y mantener un marco de cooperación entre los organismos y actores del sector del agua en el Estado para lograr la transversalidad e integralidad de las políticas hídricas con un enfoque de equidad, derechos, mínimo vital y gestión integral y efectiva del recurso hídrico”.

Además, “monitorear y evaluar a través de la definición de objetivos estratégicos indicadores de desempeño, resultados e impacto, la efectividad y equidad del recurso hídrico en el estado, a través de los principios de efectividad, predictibilidad, simplicidad, justicia, equidad y consistencia”.

El marco de la necesidad de este organismo es que “pese a que han pasado cinco años desde que se constitucionalizó el derecho humano al agua potable y al saneamiento, sigue sin que se expidan los marcos jurídicos que se encuentren armonizados con los compromisos adquiridos con la comunidad Internacional”. El acceso real al agua sigue siendo un problema, sobre todo para grupos vulnerados. “El saneamiento resulta preocupante, en donde la mayor parte de las entidades y municipios no cuentan con la infraestructura adecuada que responda a las necesidades de la población; además que éstas operan de manera deficiente”.

En cuanto a la calidad del agua, “no se cuenta con información suficiente para los usuarios que garantice que ésta cumpla con los estándares internacionales; sobre todo existe opacidad en la materia, lo cual se traduce en una inversión adicional que deben de realizar éstos en comprar botellas de agua”.

En materia de asequibilidad, “los sectores pobres deben de pagar más por su agua, sobre todo atendiendo a la opacidad en cuanto a la claridad en cuanto a su calidad; por no mencionar que al existir diversas tarifas que no están homologadas, pueden ser inclusive a veces desproporcionales. Esto se traduce en que al tener los usuarios, sobre todo sectores vulnerados, que sufragar más gastos para acceder a éste derecho, otras prerrogativas se ven mermadas”, mientras en materia de igualdad y no discriminación, “siguen dándose numerosos casos en donde grupos vulnerados como es el caso de las comunidades indígenas que no ven satisfecho este derecho, con lo cual se incumple con la obligación por el que éste derecho debe ser accesible para todos; por lo que resulta preocupante que no se dé solución a esta circunstancia”.

Consolidan el órgano técnico 

La comisión propone dar continuidad al Comité Académico para la Gestión Integral del Agua, estableciéndolo como su órgano técnico.

“Ha logrado establecer parámetros a favor del derecho humano del agua sin que implique un costo al Congreso del Estado en donde se ha hecho uso de la experiencia de centros de investigación e instituciones de educación superior. Se pretende darle continuidad, manteniendo su conformación actual a través de instituciones y centros académicos de expertos en donde sigan realizando sus funciones, auxiliando a la Comisión para la Gestión del Agua en el Estado de Jalisco”.

El órgano “sesionará con sus integrantes de manera colegiada, en donde cada universidad presidirá por un año de manera rotativa dicho órgano interno. A su vez tendrá la obligación de publicar informes mensuales”.

El Ejecutivo “no tuvo voluntad”para discutir el tema Zapotillo

Presentaninforme “Los problemas de la gestión integral del agua y la Presa El Zapotillo”.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Durante las jornadas de trabajo que se dieron en agosto de 2017, unas semanas después de que el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz decidió decantarse por el proyecto de cortina de 105 metros en El Zapotillo, y la definitiva inundación de los tres pueblos alteños ubicados en la zona del embalse, los legisladores no contaron con la seria participación de los representantes del Ejecutivo, que se limitaron a convalidar la decisión tomada sin apegarse a los temarios específicos que se les entregaron.

Esto hizo imposible llegar a conclusiones y sobre todo, a acuerdos, señalan los autores del informe “Los problemas de la gestión integral del agua y la Presa El Zapotillo”, que se presenta formalmente hoy.

“El pasado 30 de agosto del 2017, se llevó a cabo en el H. Congreso del Estado de Jalisco una comparecencia con el titular de la Comisión Estatal del Agua y los secretarios de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; Planeación, Administración y Finanzas; Infraestructura y Obra Pública; Desarrollo Rural; Desarrollo Económico, y General de Gobierno. Asimismo, el 31 de agosto del presente se desahogó un diálogo con el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco. El ejercicio de deliberación surge a partir de un Acuerdo Legislativo del día 17 de agosto por el cual se insta a los titulares del Poder Ejecutivo estatal mayormente involucrados con el tema de la Presa El Zapotillo a comparecer y responder preguntas sobre asuntos específicos acerca del proyecto de infraestructura y gestión integral del agua en Jalisco”, señala la publicación.

“Se observó que, aun existiendo un formato previo sugerido para abordar la información, todos los funcionarios, excepto la Semadet, optaron por presentarla sin atender a dicho formato, lo cual dificultó el análisis comparativo de la congruencia integral de la información presentada”, añade.

El formato previamente acordado consistía en los temas y planteamientos diversos, entre ellos: 1. Nivel de cumplimiento de recomendaciones del Observatorio Ciudadano del Agua. 2. Mecanismos de compensación y expropiación a afectados directos. 3. Conclusiones de estudios de impacto ambiental, evaluaciones ambientales estratégicas y costo-beneficio social.

Problemáticas en torno a la construcción de La Presa El Zapotillo: “1. Con base en la información disponible y analizada, dimensione las problemáticas social, económica, ambiental y de gobernanza en torno a los siguientes aspectos del conflicto de la Presa El Zapotillo. 2. ¿Qué escenarios y proyecciones vislumbra con base en el conflicto actual para cada uno de los 3 temas? 3. ¿Qué alternativas propone en caso de presentarse el escenario menos favorable para cada uno de los 3 temas? 4. ¿Qué procesos de negociación y colaboración se han llevado a cabo o se requerirían para solucionar cada uno de estos tres aspectos?

Otros temas: 1. Volúmenes de agua comprometidos por Jalisco para la construcción de la presa El Zapotillo. 2. Afectaciones Económicas del sector ganadero y agrícola de los Altos de Jalisco. 3. Estimación de afectaciones a pozos y bordos de los Altos de Jalisco. 4. Proyecciones y planes de Acción para minimizar la afectación a productores de Los Altos”.

El desdén de los funcionarios del ejecutivo tuvo sus efectos: “Algunos legisladores abandonaron la sesión por considerar que el formato era inadecuado y por sentirse ofendidos. No se percibió un debate propositivo y de discusión seria de diferencias, sino más bien de confrontación. Como resultado de la comparecencia, los miembros del Comité Académico para la Gestión Integral del Agua de Jalisco presentaron algunas observaciones sobre los temas abordados u omitidos que quedaron inconclusos o insuficientemente discutidos y clarificados con el ánimo de rescatar la discusión en torno al conflicto del proyecto de la Presa El Zapotillo y encontrar salidas que sean económicamente viables, socialmente justas y ecológicamente sustentables”. El resultado es el informe, que se publica hoy, y del que MILENIO JALISCO ha ofrecido adelantos en sus ediciones del 13 y 14 de agosto de 2018.

El Zapotillo y trasvase, con un efecto ambiental desconocido

La débil e incompleta manifestación de impacto ambiental de hace diez años obliga al legislativo a impugnar el proyecto.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El impacto ambiental del trasvase de agua de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, con un acueducto de 140 kilómetros, y del sobredimensionamiento de la presa de 80 a 105 metros de altura, así como la casi duplicación de la superficie sumergida, que pasaría de 2,100 hectáreas a 3,864, nunca ha sido evaluado.

Nadie sabe a ciencia cierta qué efectos traería sacar casi 120 millones de metros cúbicos de agua desde el río Verde hacia el río Turbio, de qué modo se afecta el territorio con una gran línea de agua que lo corta, qué significa un embalse casi al doble de grande en términos ambientales y humanos, y además, si es ambientalmente sensato mover grandes volúmenes de agua del río Turbio al lago de Chapala, si bien, por ser parte de su cuenca, esto debería suceder de forma cotidiana (y no necesariamente es positivo: el Turbio es uno de los ríos más contaminados de todo El Bajío, y ha tributado siempre al Lerma).

“Aun cuando los cambios que se realizarán al proyecto original incrementarán la superficie del embalse, de 2,100 ha a 3,864 ha, el sistema ambiental regional que se delimitó en la Manifestación de Impacto Ambiental (SAR), que se elaboró para aquel proyecto, no se modificará. Esta afirmación tiene como base el hecho de que los mencionados cambios en el diseño de la obra sólo impactarán una parte del SAR y lo harán sólo en el incremento de la eliminación de una parte de la cubierta vegetal y de suelo, aspectos que, debe decirse, ya se evaluaron en el documento de la MIA anterior y que ya tiene una resolución en Materia de Impacto Ambiental por parte de la DGIRA [Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental]”, dice el documento Modificación al Proyecto: Presa El Zapotillo, para Abastecimiento de Agua Potable a Los Altos de Jalisco y a la Ciudad de León, Guanajuato, elaborado por la Comisión Nacional del Agua .

El documento añade más adelante que los impactos ambientales ya están dados por la ganaderización de la región, “podría señalarse, en una primera aproximación a describir el escenario futuro de la región del Sistema Ambiental Regional, que de no cambiar los procesos de trabajo y las relaciones sociales de producción que aún rigen la forma de apropiación de los recursos naturales, aún sin la construcción del proyecto, no se prevé ningún indicio de recuperación o rehabilitación del ambiente natural del Sistema Ambiental Regional del proyecto a una condición menos deteriorada, y si por el contrario, con las premisas antes anotadas se puede asegurar que en un futuro, a corto y mediano plazo, se presentará una tendencia a profundizar más los daños del sistema ambiental” (disponible en la dirección electrónica ftp://ftp.conagua.gob.mx/zapotillo/07.%20Estudios%20Ambientales/7.02.%20Impacto%20Ambiental%20Federal/7.02.02.%202009-Ampliacion%20MIA/Ampliacion/04%20capitulo%20IV%20Ampliacion.pdf).

Esta clara señal de responsabilizar a los productores del daño ambiental y no señalar impactos reales de una obra de gran infraestructura, ocasionó grandes dudas entre los académicos que trabajaron el Informe técnico sobre propuestas para la Gestión Integral y Sustentable del Agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la Presa El Zapotillo, cuya publicación definitiva acaba de hacer el Congreso del estado.

“En relación a la manifestación de impacto ambiental en la modalidad regional del proyecto Presa El Zapotillo, para abastecimiento de agua potable a los altos de Jalisco y la Ciudad de León, Guanajuato, elaborado, a saber, por La Peninsular Constructora SA de CV, empresa dependiente de Grupo Hermes, autorizado por la Semarnat mediante oficio SGPA-DGIRA-DDT-1310/06 de fecha 22 de junio de 2006 […] se perciben importantes carencias o deficiencias”, entre las cuales, destacan:

“Por determinación de la autoridad se dejan de analizar todos los efectos ambientales de aumentar la presa en su cortina más allá de los 80 metros originalmente planteados en el estudio analizado. Esto implica, de origen, la inutilidad del estudio para ofrecer datos confiables y oportunos respecto de los impactos ambientales reales de la obra (si fuera el caso a 105 metros) y sus efectos asociados. A pesar de ser una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de carácter regional y que por su naturaleza implicaría el análisis de los impactos precisamente en lo que se denomina un sistema ambiental regional y siendo el caso que el transvase implica o puede implicar importantes impactos tanto a la cuenca receptora como a la cedente, en la práctica la delimitación del área de influencia del estudio se constriñe a 120 kilómetros cuadrados a los márgenes del cauce del río Verde, sin que se defina este sistema ambiental regional ni se mencione o caractericen los aspectos que sean relevantes a analizar de la cuenca receptora que, para efectos del estudio simplemente no existe , por lo que en lo que respecta a este punto puede considerarse un estudio puntual y no regional como demanda el caso”, señalan en el documento, en poder de MILENIO JALISCO.

Así, “dichos impactos adicionales no fueron medidos, ni compensados o mitigados. Este solo aspecto pone en entredicho la efectividad del estudio y su posterior autorización por parte de la federación para garantizar que los impactos ambientales fueron satisfactoriamente analizados si la presa fuera a construirse a 105 metros. Destaca el hecho de que no se realiza ningún análisis de alternativas al proyecto a pesar de ser requerido en las guías mínimas que al respecto emite Semarnat para este tipo de estudios. En general, los efectos del transvase en todos los componentes de los sistemas bióticos y abióticos, así como en sus impactos ambientales con referencia a la cuenca receptora no se encuentran suficientemente estudiados o simplemente no fueron considerados”.

El planteamiento “está establecido de manera tal que impide el análisis de los principales impactos ambientales atribuidos a una obra de esa naturaleza, presa y trasvase. El documento aprobado no permite observar que los principales impactos no están solo en la construcción en sí de la presa sino en los efectos asociados de la obra en su conjunto en razón del territorio a intervenir, primero directamente [zona de influencia] con la inundación, almacenamiento, fragmentación de ecosistemas y demás y, segundo, en un nivel macro dentro del sistema ambiental regional que implica modificaciones en la subcuenca cedente y receptora”.

Así “entonces la lógica del estudio subestima precisamente los impactos los cuales de por si no podrían ser debidamente mesurados y compensados por la pobreza misma del capítulo descriptivo y por todos los impactos asociados al aumento de la altura de la cortina que fueron exentados por la autoridad”.

De ahí la pertinencia de la nueva controversia para atacar el impacto ambiental. Incluso la presa a 80 m no analiza el impacto del acueducto.

Presenta Congreso reclamación 

Los diputados de Jalisco interpusieron un recurso de reclamación contra el desechamiento de la demanda de controversia constitucional 116/2018, contra el proyecto de la presa El Zapotillo, debido a que el ministro instructor no habría analizado los argumentos aportados por los legisladores, en especial, en el tema de las omisiones de los ejecutivos federal y de Jalisco en el tema del impacto ambiental y de la cesión de derechos de vía para el acueducto El Zapotillo-León, de los cuales se hace conocedor el Congreso apenas el pasado mes de mayo de 2018, lo que acreditaría que no hay plazo aún vencido.