El Instituto de Gestión Integral del Agua de Jalisco buscará garantizar el derecho humano al agua y saneamiento bajo bases ambientales.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Esta mañana, la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua del Congreso de Jalisco, presentará la iniciativa para la creación de dos entes que deberán enmarcar el proceso de modernización del sector agua en Jalisco: un organismo autónomo regulador, denominado Instituto de Gestión Integral del Agua de Jalisco, y la formalización del Comité Académico para la Gestión Integral del Agua como órgano técnico de la misma comisión.
En el primer caso, se trata de un organismo autónomo, equivalente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tendrá la tarea de “garantizar el derecho humano al agua y saneamiento”
“La regulación de la Comisión Estatal del Agua, como autoridad en materia hídrica, es incompatible con el derecho humano al agua ya que se erige como juez y parte en la materia. Esto implica un riesgo de politización innecesaria, sobre todo cuando se tutela un derecho humano de vital importancia. Se requiere un organismo regulador con expertos en la materia que determinen las soluciones, y se garantice la autonomía constitucional necesaria para garantizar este derecho”, justifica el texto de la iniciativa, del cual tiene copia MILENIO JALISCO.
Así, “se conforma el Instituto de Gestión del Agua de Jalisco como organismo constitucional autónomo cuya función sea promover y garantizar el pleno disfrute del derecho humano al agua y saneamiento, fungiendo como ente regulador en materia hídrica y organizado de la siguiente manera: […] siete comisionados, electos de manera escalonada, expertos en materia hídrica; contando como mínimo con título de posgrado en el área; debiendo además de contar con el reconocimiento de centros de investigación, o de universidades públicas o privadas, o en su defecto de colegio de profesionistas debidamente acreditados”. Los comisionados se elegirán por un “procedimiento mixto, en donde se realiza un examen por oposición en donde exista a su vez una evaluación integral de sus perfiles, a efecto que, los candidatos con mejor desempeño, sean electos por dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado”. Los comisionados estarán en el cargo nueve años “improrrogables”.
Las facultades del instituto: “Expedir disposiciones administrativas de carácter general: es decir normatividad interna para hacer más eficiente y eficaz sus funciones; será órgano rector en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico en materia hídrica en el estado de Jalisco, estableciendo los mecanismos para la generación de herramientas de propiedad industrial que sean necesarias para garantizar el desarrollo sostenible en garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento; se contará con una agencia de investigación para poder investigar y sancionar irregularidades en materia hídrica, como sería el caso cuando las tarifas y demás políticas públicas no garantizan el derecho humano al agua”.
Fungirá “como defensor del derecho humano al agua y su saneamiento de los habitantes en Jalisco, estableciendo en su normatividad interna, los defensores gratuitos y accesibles a la población en caso que sus prerrogativas se vean vulneradas, teniendo facultades para dictar las medidas cautelares necesarias, para evitar que las acciones lesivas en materia de este derecho se lleven a cabo”.
Otras funciones: “formulación, seguimiento y alineación de la gestión integral del agua en Jalisco con los indicadores correspondientes al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas denominado: Agua para Todos, así como de la agenda internacional de ONU-Habitat. Intercambio de experiencias exitosas y mejores prácticas de manejo nacionales e internacionales y liderazgo en la conformación de comunidades de aprendizaje. Definir los umbrales de mínimo vital que, de acuerdo con los criterios del derecho humano al agua, deberán tener los hogares como acceso en cantidad y calidad los habitantes de Jalisco”.
También, la “consolidación estratégica de atención y seguimiento interinstitucional, con sólidos instrumentos de participación ciudadana, que garantice la implementación de las acciones al paso de las administraciones públicas y a la lógica propia de los tiempos políticos. Generar y mantener un marco de cooperación entre los organismos y actores del sector del agua en el Estado para lograr la transversalidad e integralidad de las políticas hídricas con un enfoque de equidad, derechos, mínimo vital y gestión integral y efectiva del recurso hídrico”.
Además, “monitorear y evaluar a través de la definición de objetivos estratégicos indicadores de desempeño, resultados e impacto, la efectividad y equidad del recurso hídrico en el estado, a través de los principios de efectividad, predictibilidad, simplicidad, justicia, equidad y consistencia”.
El marco de la necesidad de este organismo es que “pese a que han pasado cinco años desde que se constitucionalizó el derecho humano al agua potable y al saneamiento, sigue sin que se expidan los marcos jurídicos que se encuentren armonizados con los compromisos adquiridos con la comunidad Internacional”. El acceso real al agua sigue siendo un problema, sobre todo para grupos vulnerados. “El saneamiento resulta preocupante, en donde la mayor parte de las entidades y municipios no cuentan con la infraestructura adecuada que responda a las necesidades de la población; además que éstas operan de manera deficiente”.
En cuanto a la calidad del agua, “no se cuenta con información suficiente para los usuarios que garantice que ésta cumpla con los estándares internacionales; sobre todo existe opacidad en la materia, lo cual se traduce en una inversión adicional que deben de realizar éstos en comprar botellas de agua”.
En materia de asequibilidad, “los sectores pobres deben de pagar más por su agua, sobre todo atendiendo a la opacidad en cuanto a la claridad en cuanto a su calidad; por no mencionar que al existir diversas tarifas que no están homologadas, pueden ser inclusive a veces desproporcionales. Esto se traduce en que al tener los usuarios, sobre todo sectores vulnerados, que sufragar más gastos para acceder a éste derecho, otras prerrogativas se ven mermadas”, mientras en materia de igualdad y no discriminación, “siguen dándose numerosos casos en donde grupos vulnerados como es el caso de las comunidades indígenas que no ven satisfecho este derecho, con lo cual se incumple con la obligación por el que éste derecho debe ser accesible para todos; por lo que resulta preocupante que no se dé solución a esta circunstancia”.
Consolidan el órgano técnico
La comisión propone dar continuidad al Comité Académico para la Gestión Integral del Agua, estableciéndolo como su órgano técnico.
“Ha logrado establecer parámetros a favor del derecho humano del agua sin que implique un costo al Congreso del Estado en donde se ha hecho uso de la experiencia de centros de investigación e instituciones de educación superior. Se pretende darle continuidad, manteniendo su conformación actual a través de instituciones y centros académicos de expertos en donde sigan realizando sus funciones, auxiliando a la Comisión para la Gestión del Agua en el Estado de Jalisco”.
El órgano “sesionará con sus integrantes de manera colegiada, en donde cada universidad presidirá por un año de manera rotativa dicho órgano interno. A su vez tendrá la obligación de publicar informes mensuales”.
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