Jalisco carece de modelo de gobernanza del agua

Legisladora Mónica Almeida destaca trascendencia de Instituto de Gestión Integral del Agua de Jalisco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

No existe en Jalisco “un modelo decisional para la gestión integral y la gobernanza hídrica”, advirtió ayer la legisladora local perredista Mónica Almeida López, tras destacar la trascendencia del comité académico instituido el año pasado para asesorar a la comisión especial que presidió, y de la propuesta que empujó como diputada parta crear un Instituto de Gestión Integral del Agua, que presentó hoy.

“Este consejo académico ha sido un parteaguas, entendiendo que es un derecho vital, que es un derecho humano, y que nos da la oportunidad con este documento a las instancias públicas, tanto del poder Ejecutivo como del Legislativo, de tener elementos argumentados, técnicos, especializados, para impulsar soluciones”, dijo.

El informe sobre la presa El Zapotillo, del que MILENIO JALISCO adelantó detalles, “demuestra puntos clave de lo que se hace y de lo que se está dejando de hacer, y por eso es valioso; primero en materia de gobernanza hídrica, que no existe per se, pero que deberíamos tenerla, garantizar la perspectiva humana de derechos humanos, y una perspectiva de manejo de cuenca, comprendida esta como la propuesta para una gestión integral; una política pública, procesos de planeación basados en prioridad de derechos humanos, y procesos de consulta, hoy están ausentes o son ineficientes; no nos garantizan la participación democrática, el acceso, la construcción de gobernanza […] lamentablemente, la presa El Zapotillo, como un estudio de caso, nos tiene en una parálisis a los jaliscienses, con un proyecto millonario, con una serie de problemáticas de interpretación jurídica, y lo peor, sin garantizar el derecho humano al agua de la población, algo que nos tiene hoy aún con un alto grado de incertidumbre”.

Las luces que el comité ha arrojado permiten derivar en una iniciativa de ley “para que ésta comisión se constituye de manera ordinaria, en atención a los vacíos que les explico, para que esta comisión ordinaria le dé una respuesta a la sociedad, para que trabaje desde la perspectiva de una gestión integral”.

Una segunda propuesta “derivada de este trabajo, es una iniciativa de ley en la que se crea un organismo regulador, un organismo constitucional autónomo, como primera propuesta de lanzamiento, para así dar un marco jurídico que nos permita tener un modelo decisional, que garantice un derecho humano al agua” (los detalles de esa iniciativa se pueden consultar en la edición de ayer de este diario).

Observatorio desconfía de propuesta 

Con relación a las reformas propuestas a la legislación local para crear el Instituto de Gestión Integral del Agua de Jalisco, “pareciera más una concreción de acciones que los negocieros [sic] del agua pretendieron afianzar en la fallida ley de agua ‘Korenfeld o Pichardo’ en el sentido de desplazar a los usuarios de aguas nacionales, a la sociedad y concentrar el conocimiento de manera única y excluyente en grupos o instituciones selectos, o creados exprofeso, que considera a la ciudadanía en infancia permanente y se debe decidir por ellos. Cabe resaltar que el sector académico no es usuario consuntivo del agua y sus intervenciones –acertadas o desafortunadas- no inciden de manera directa sobre ellos”, dijo el coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez.

También lamentó que el informe del consejo académico, entregado ayer, haya sido omiso respecto al papel del Observatorio y que omitiera la gravedad de la falta de respuestas a las recomendaciones emitidas en torno a El Zapotillo y la exportación de aguas a León.

“El llamado comité académico no emitió un posicionamiento respecto a las recomendaciones del Observatorio, ya que además de ser necesario para cualquier análisis técnico, son de obligada consideración para ellos, al ser –dicho comité- producto de un acuerdo interno de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua del lado de Jalisco, del Congreso Local. Tampoco hacen una amplia referencia –o análisis- a la evolución actual del proyecto presa y acueducto El Zapotillo, lo que indica que no lo tienen en su poder o no lo conocen a detalle; de igual manera, no han atendido las demandas de los habitantes y productores de Los Altos, que han entregado al Congreso de Jalisco y han publicado a nivel nacional y local en medios impresos y electrónicos y sí en cambio, centran sus opiniones en las comparecencias a modo, de algunos titulares de dependencias del Ejecutivo llevadas a cabo el 30 de agosto del 2017”.

El Congreso lanza iniciativa para ombudsman del agua

El Instituto de Gestión Integral del Agua de Jalisco buscará garantizar el derecho humano al agua y saneamiento bajo bases ambientales.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Esta mañana, la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua del Congreso de Jalisco, presentará la iniciativa para la creación de dos entes que deberán enmarcar el proceso de modernización del sector agua en Jalisco: un organismo autónomo regulador, denominado Instituto de Gestión Integral del Agua de Jalisco, y la formalización del Comité Académico para la Gestión Integral del Agua como órgano técnico de la misma comisión.

En el primer caso, se trata de un organismo autónomo, equivalente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tendrá la tarea de “garantizar el derecho humano al agua y saneamiento”

“La regulación de la Comisión Estatal del Agua, como autoridad en materia hídrica, es incompatible con el derecho humano al agua ya que se erige como juez y parte en la materia. Esto implica un riesgo de politización innecesaria, sobre todo cuando se tutela un derecho humano de vital importancia. Se requiere un organismo regulador con expertos en la materia que determinen las soluciones, y se garantice la autonomía constitucional necesaria para garantizar este derecho”, justifica el texto de la iniciativa, del cual tiene copia MILENIO JALISCO.

Así, “se conforma el Instituto de Gestión del Agua de Jalisco como organismo constitucional autónomo cuya función sea promover y garantizar el pleno disfrute del derecho humano al agua y saneamiento, fungiendo como ente regulador en materia hídrica y organizado de la siguiente manera: […] siete comisionados, electos de manera escalonada, expertos en materia hídrica; contando como mínimo con título de posgrado en el área; debiendo además de contar con el reconocimiento de centros de investigación, o de universidades públicas o privadas, o en su defecto de colegio de profesionistas debidamente acreditados”. Los comisionados se elegirán por un “procedimiento mixto, en donde se realiza un examen por oposición en donde exista a su vez una evaluación integral de sus perfiles, a efecto que, los candidatos con mejor desempeño, sean electos por dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado”. Los comisionados estarán en el cargo nueve años “improrrogables”.

Las facultades del instituto: “Expedir disposiciones administrativas de carácter general: es decir normatividad interna para hacer más eficiente y eficaz sus funciones; será órgano rector en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico en materia hídrica en el estado de Jalisco, estableciendo los mecanismos para la generación de herramientas de propiedad industrial que sean necesarias para garantizar el desarrollo sostenible en garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento; se contará con una agencia de investigación para poder investigar y sancionar irregularidades en materia hídrica, como sería el caso cuando las tarifas y demás políticas públicas no garantizan el derecho humano al agua”.

Fungirá “como defensor del derecho humano al agua y su saneamiento de los habitantes en Jalisco, estableciendo en su normatividad interna, los defensores gratuitos y accesibles a la población en caso que sus prerrogativas se vean vulneradas, teniendo facultades para dictar las medidas cautelares necesarias, para evitar que las acciones lesivas en materia de este derecho se lleven a cabo”.

Otras funciones: “formulación, seguimiento y alineación de la gestión integral del agua en Jalisco con los indicadores correspondientes al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas denominado: Agua para Todos, así como de la agenda internacional de ONU-Habitat. Intercambio de experiencias exitosas y mejores prácticas de manejo nacionales e internacionales y liderazgo en la conformación de comunidades de aprendizaje. Definir los umbrales de mínimo vital que, de acuerdo con los criterios del derecho humano al agua, deberán tener los hogares como acceso en cantidad y calidad los habitantes de Jalisco”.

También, la “consolidación estratégica de atención y seguimiento interinstitucional, con sólidos instrumentos de participación ciudadana, que garantice la implementación de las acciones al paso de las administraciones públicas y a la lógica propia de los tiempos políticos. Generar y mantener un marco de cooperación entre los organismos y actores del sector del agua en el Estado para lograr la transversalidad e integralidad de las políticas hídricas con un enfoque de equidad, derechos, mínimo vital y gestión integral y efectiva del recurso hídrico”.

Además, “monitorear y evaluar a través de la definición de objetivos estratégicos indicadores de desempeño, resultados e impacto, la efectividad y equidad del recurso hídrico en el estado, a través de los principios de efectividad, predictibilidad, simplicidad, justicia, equidad y consistencia”.

El marco de la necesidad de este organismo es que “pese a que han pasado cinco años desde que se constitucionalizó el derecho humano al agua potable y al saneamiento, sigue sin que se expidan los marcos jurídicos que se encuentren armonizados con los compromisos adquiridos con la comunidad Internacional”. El acceso real al agua sigue siendo un problema, sobre todo para grupos vulnerados. “El saneamiento resulta preocupante, en donde la mayor parte de las entidades y municipios no cuentan con la infraestructura adecuada que responda a las necesidades de la población; además que éstas operan de manera deficiente”.

En cuanto a la calidad del agua, “no se cuenta con información suficiente para los usuarios que garantice que ésta cumpla con los estándares internacionales; sobre todo existe opacidad en la materia, lo cual se traduce en una inversión adicional que deben de realizar éstos en comprar botellas de agua”.

En materia de asequibilidad, “los sectores pobres deben de pagar más por su agua, sobre todo atendiendo a la opacidad en cuanto a la claridad en cuanto a su calidad; por no mencionar que al existir diversas tarifas que no están homologadas, pueden ser inclusive a veces desproporcionales. Esto se traduce en que al tener los usuarios, sobre todo sectores vulnerados, que sufragar más gastos para acceder a éste derecho, otras prerrogativas se ven mermadas”, mientras en materia de igualdad y no discriminación, “siguen dándose numerosos casos en donde grupos vulnerados como es el caso de las comunidades indígenas que no ven satisfecho este derecho, con lo cual se incumple con la obligación por el que éste derecho debe ser accesible para todos; por lo que resulta preocupante que no se dé solución a esta circunstancia”.

Consolidan el órgano técnico 

La comisión propone dar continuidad al Comité Académico para la Gestión Integral del Agua, estableciéndolo como su órgano técnico.

“Ha logrado establecer parámetros a favor del derecho humano del agua sin que implique un costo al Congreso del Estado en donde se ha hecho uso de la experiencia de centros de investigación e instituciones de educación superior. Se pretende darle continuidad, manteniendo su conformación actual a través de instituciones y centros académicos de expertos en donde sigan realizando sus funciones, auxiliando a la Comisión para la Gestión del Agua en el Estado de Jalisco”.

El órgano “sesionará con sus integrantes de manera colegiada, en donde cada universidad presidirá por un año de manera rotativa dicho órgano interno. A su vez tendrá la obligación de publicar informes mensuales”.

El Congreso responderá, pero “será complicado”

Legislador destaca omisiones de anteriores legislaturas en los convenios de agua del Verde; Observatorio y defensores de Temaca lamentan resultado.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los legisladores sabían que iba a ser complicado hacer proceder la controversia constitucional contra el acuerdo de 2005 para edificar la represa El Zapotillo y enviar aguas del río Verde por un acueducto de 140 kilómetros a la ciudad de León, Guanajuato, pero se insistirá con los recursos legales para que no se deseche el expediente 116/2018, dijo el diputado Augusto Valencia López.

“Desde el inicio de la discusión sabemos que atacar el acuerdo de 2005 era muy complicado, porque la Corte ya había tenido conocimiento, y el tiempo para la controversia ya se había agotado; ese mismo acuerdo sirvió de fundamento para una suspensión o resolución [controversia 93/2012] que sigue vigente, y fue una insistencia con algunos grupos sociales y con el Observatorio del Agua , que buscaban que al menos se lleva a cabo una actuación, y nosotros veíamos que era una estrategia muy complicada, con muy pocas posibilidades de iniciar el trámite; lo que sí buscamos fue robustecer el argumento jurídico, del ataque sobre el acuerdo de 2005, advirtiendo la ausencia para los derechos de vía cedidos, y poniéndolo en la discusión dentro del documento”, explicó a MILENIO JALISCO.

Lo que se hará, y esto implica que las áreas jurídicas del Congreso lo operen, es presentar una queja, “buscando que la Corte pudiera ingresar al fondo del asunto”, señaló el diputado de la bancada emecista. E hizo observaciones que explican este posible fracaso: “las legislaturas anteriores, por lo menos tres hacia atrás, no advertían de manera adecuada el tema, en una estrategia jurídica para defender la distribución del agua para Jalisco, y me parece que es mas ya un tema político con el gobierno federal, de quien será el presidente, de quien dirigirá la Conagua [Comisión Nacional del Agua], y de los gobernadores de Jalisco y de Guanajuato, quienes podrían en todo caso buscar un nuevo acuerdo”.

Añadió que “en el terreno de lo legislativo, nosotros lo que hicimos fue agotar lo que nos habían solicitado los propios grupos de ciudadanos que han estado atendiendo este tema, pero prácticamente es un asunto cuesta arriba, muy complicado, que la Corte vaya a entrar al análisis, y más cuando los acuerdos fueron prácticamente avalados en el congreso, en legislaturas anteriores”.

De lo que “sí hemos dejado registro es de que en esta legislatura vamos a intentar mantener el tema vigente en la agenda pública, en la agenda política, y presionar para que se logre que las autoridades administrativas actualicen un acuerdo diferente”, puntualizó Valencia López.

Sobre el mismo tema, uno de los abogados del movimiento contra la inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Guadalupe Espinoza Sauceda, fue más optimista: “estaba forzada la presentación, pero aun está en veremos, porque el disentimiento lo hizo un ministro, entonces se va a ir al pleno de la sala, y ahí se va a resolver; sabemos que va presentar un recurso el congreso, un recurso de revisión, así que todavía sigue la moneda en el aire, creo que hay elementos, yo apostaría por un 50 y un 50, a favor y en contra, si la corte fuera garantista, y se respetaran los derechos humanos; si esta fuera la tendencia, yo creo que se debería de admitir”.

Finalmente, el presidente del Observatorio Ciudadano del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, lamentó que se negará a entrar al fondo de la demanda: “este proceder afecta de manera importante a la producción de alimentos del país, sobre todo a los que produce el sector agropecuario de la cuenca del río Verde y particularmente a los de Los Altos de Jalisco, pues no analiza de manera exhaustiva lo que el Poder Legislativo plantea en ella, al desdeñar los efectos negativos en la cuenca ocasionados por el cambio climático y no considerar el principio precautorio para salvaguardar los derechos de los campesinos, que para producir alimentos necesitan el agua. No considera en su análisis que el derecho humano a la alimentación está vinculado estrechamente con el del agua y por lo tanto, requiere un análisis integral y profundo de lo planteado en la controversia.

Tampoco hace una valoración del impacto que el trasvase produciría en el desarrollo de la región, afectando con ello a este derecho”. Tampoco analiza “el hecho y las implicaciones que conlleva la acción de la Conagua al entregar territorio jalisciense al concesionario de la construcción y operación del pretendido acueducto hacia León, sin tener atribuciones para un acto de esa naturaleza. Esta ligereza en el análisis obliga la presentación del recurso de reclamación que ha anunciado el diputado y con el que esperamos se acuerde el análisis a fondo de lo ahí demandado”.

Congreso de Jalisco no puede impugnar la presa El Zapotillo

El legislativo ha debido limitarse al caso del acueducto porque se quedó sin argumento legal contra la cortina.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Congreso del Estado no puede impugnar la construcción a 80 metros de la presa El Zapotillo, sencillamente porque en su momento, aprobó la obra. Esta circunstancia tiene en la inconformidad a los defensores de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, quienes reclaman que el embalse artificial solamente llegue a 64 metros, como sea.

Lo cierto es que la controversia constitucional interpuesta por los legisladores tiene cinco conceptos de violación a la legalidad, pero en ninguno está la impugnación de la cortina construida ya en el río Verde. La clave es justamente el decreto 21844/LVIII/07, publicado el 19 de abril de 2007 en el periódico oficial El estado de Jalisco, donde los legisladores le dan manga ancha al Ejecutivo para comprometerse con un proyecto transexenal.

Se autoriza que los actos jurídicos celebrados por el poder Ejecutivo del estado trasciendan su vigencia al término del ejericico de la administración pública estatal 2001-2007”, dice el título del decreto, aprobado en sesión del 30 de marzo de ese año. Se trata de 116 acuerdos, convenios, anexos técnicos y otro tipo de instrumentos que el gobierno de Francisco Ramírez Acuña firmó en diversos momentos de su gestión administrativa.

Para efectos del proyecto de agua, los importantes son los acuerdos de coordinación numerados de 113 a 116. Incluyen convenios sobre el tema del abastecimiento de agua a la ciudad, la infraestructura hidráulica para saneamiento, y el programa de “disponibilidad, distribución y usos del agua” en la región Lerma Chapala.

Pero el importante para estos efectos es el numerado CXIV (114): “acuerdo de coordinación que celebran el poder Ejecutivo Federal, el gobierno del estado de Guanajuato y el gobierno del estado de Jalisco, con relación al programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales e propiedad nacional de la cuenca del río Verde. Suscripción: dos mil cinco [sic]. Vigencia: indefinida”.

El 1 de septiembre de 2005, “se suscribió el Acuerdo de Coordinación entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Conagua [Comisión Nacional del Agua]y los ejecutivos de los estados de Jalisco y Guanajuato para llevar a cabo un Programa Especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad Nacional de la Cuenca del Río Verde, con el objeto de lograr el abastecimiento de agua potable a la ciudad de León, Guanajuato, localidades de Los Altos de Jalisco y Zona Conurbada de Guadalajara, a partir de la construcción y operación de la infraestructura hidráulica en el río Verde en los sitios de Zapotillo y Arcediano”.

En las cláusulas cuarta, quinta y octava de este acuerdo, “se pactó que la Conagua, Jalisco y Guanajuato, en la esfera de sus respectivas atribuciones, efectuarían las acciones necesarias para llevar a cabo el proyecto entonces denominado Zapotillo León para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de León, Guanajuato”.

¿Cuál es la base legal? El decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de abril de 1995, de interés público, que constituyó la reserva de las aguas nacionales superficiales del río Verde, para usos doméstico y público urbano, “por un volumen de agua anual máximo de 504 millones 576 mil metros cúbicos, correspondiendo 119 millones 837 mil m³ al estado de Guanajuato, y 384 millones 739 mil m³ al estado de Jalisco”.

Este decreto, que es la sustancia que Guanajuato argumenta como base de su derecho al agua de la cuenca, no ha sido impugnado por el Congreso. No obstante, la directriz de la aprobación de impugnar el acuerdo de 2005 deja abierta esa posibilidad.

Lo que se impugna

Así, ¿en realidad qué es lo que hasta ahora ha impugnado en la controversia constitucional del pasado 21 de junio? No la cortina a 80 metros, pero sí: uno, la “por la omisión de la autoridad demandada de presentar una Manifestación de Impacto Ambiental para la ejecución del acueducto Zapotillo-León”; dos, el acta de entrega-recepción inicial “del derecho de vía y terrenos, de fecha 7 de octubre de 2014 […] en la que se consigna la entrega material y jurídica, de entre otros, terrenos de uso común del estado de Jalisco, sin que se cuente con autorización del Ejecutivo del Estado de Jalisco – quien ha sido omiso ante tal situación jurídica, ni mucho menos autorización del Congreso del estado de Jalisco”.

Tres, el acuerdo de coordinación Jalisco-Guanajuato-Conagua “por la omisión de presentar un estudio de riesgo, de impactos ambientales y sociales al amparo del principio precautorio establecido en el principio 15 y del principio de evaluación ambiental consignado en el principio 17, ambos, de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo”, relativo al mismo acueducto. Cuatro, la violación del “derecho a la información, a la participación y a la consulta, el derecho a la alimentación, el derecho de acceso efectivo al agua, el derecho al desarrollo, desde el principio precautorio y el contexto de cambio climático”.

Y cinco, el “acuerdo del secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco por el que se otorga permiso para ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino, dentro de los derechos de vía de la carretera estatal número 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe”.

Congreso aprueba controversia contra acuerdos del río Verde

Con un enfoque similar a la de 2011, pretende echar abajo el último sustento para exportar aguas a la ciudad de León

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.  

El Congreso del estado de Jalisco, por 36 votos a favor y una abstención, aprobó ayer entablar controversia constitucional contra el acuerdo de coordinación celebrado entre el gobierno federal y los estados de Jalisco y Guanajuato, el 1 de septiembre de 2005, para establecer un “programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del río Verde”, por considerar que ese acuerdo se tomó en contra de los intereses del estado de Jalisco.

Fruto de un largo trabajo de discusión y negociación con el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, con Salvemos Temacapulín AC y sus asesores del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y el Colectivo de Abogados, los legisladores tenían pendiente de pasar a la acción en este tema al menos dos años.

El documento cuestionado fue firmado en el tiempo en que ejercía el gobierno de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, mientras su director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento era Enrique Dau Flores. El acuerdo señala, en principio, el abandono del sitio de San Nicolás por los efectos negativos contra poblados de San Gaspar de las Flores y del mismo San Nicolás, y ofrece El Zapotillo bajo la premisa de que no se afectan ni poblaciones humanas ni zonas de cultivo de alta calidad. Los legisladores destacan que el acuerdo cancela en su totalidad el derecho del área metropolitana de Guadalajara a 300 millones de metros cúbicos del río Verde, pues el sitio Arcediano, considerado en el acuerdo, recibe agua del río Santiago (si bien es la parte final de la cuenca del Verde, dato en el que no reparan).

En el documento aprobado ayer, la controversia se justifica porque el artículo 35 de la Constitución política de Jalisco establece como facultades del Congreso “II. Facultar al Ejecutivo con las limitaciones que crea necesarias para que por sí o por apoderado especial represente a la entidad en aquellos casos en que la ley requiera, autorizar los convenios que celebre el Ejecutivo, cuando su vigencia trascienda al término del ejercicio para el que fue electo el gobernador […] XI. Autorizar al titular del poder Ejecutivo para que celebren actos jurídicos que trasciendan el ejercicio de su administración o representen enajenaciones de su respectivo patrimonio en los términos de que disponga la ley…”.

Justamente, añaden los legisladores en el dictamen de acuerdo aprobado ayer, “dicho acuerdo fue celebrado por tiempo indefinido y tiene como objetivo alterar la distribución de volúmenes de agua que el Ejecutivo Federal había autorizado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1995 y es inconcuso que se enajenan los derechos patrimoniales del estado y además, se ha comprometido a las próximas administraciones del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco a asumir responsabilidades que no fueron avaladas ni mucho menos autorizadas por este Honorable Congreso del Estado de Jalisco”.

Los diputados concluyen que el gobierno de Ramírez Acuña y sus subordinados “actuaron en perjuicio a los intereses del patrimonio y del bien público de Jalisco, en un acto arbitrariamente unilateral, motu propio, omitiendo la previa autorización” de parte del Congreso. El enfoque es muy similar al de la controversia interpuesta en 2011 contra el convenio de 2007, que elevaba la cortina de El Zapotillo a 105 metros, en el que el máximo tribunal del país dio la razón al legislativo de Jalisco.

Ni Tlaquepaque ni el estado se preocupan por Cerro del Cuatro

La regidora Daniela Chávez destaca el peso de los intereses inmobiliarios, que deteriora la calidad de vida de la zona

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ni el Ayuntamiento de Tlaquepaque ni el Congreso de Jalisco han manifestado interés real en resolver la problemática ambiental del cerro del Cuatro, donde la mejora de la calidad de vida está de la mano de rescatar el Parque Central, de alrededor de 56 hectáreas, y sobre todo, alrededor de 300 hectáreas de espacios abiertos donde debería impedirse la urbanización por cuestiones de salud pública, dijo la regidora verde, Daniela Chávez.

“Yo creo que no hay voluntad política; nos han dicho los asesores que quedará muy endeble jurídicamente, y que no tendría caso hacer la declaratoria de zona de restauración ambiental del parque si no está bien sustentada; hay unas escrituras que hablan de 55 hectáreas de propiedad municipal, y luego un acuerdo de cabildo donde solo solicita 49 ha”, destacó en torno a la propuesta sobre la única área verde de grandes dimensiones en la demarcación orográficamente más elevada de la ciudad.

Por ello, considera fundamental que se apruebe el complemento: “la propuesta de modificar los planes parciales de desarrollo; cada día vemos más espacios verdes que cambian a otro uso de suelo, y vemos en los planes parciales que se sigue urbanizando, con los problemas que tienen los fraccionamientos, como Las Terrazas, por edificar en zonas de alta fragilidad, donde hay deslaves, derrumbes, filtraciones de agua; ya vienen las lluvias y vamos a ver lo mismo en los fraccionamientos que se construyeron en el Cerro del Cuatro, agua que se filtra de las paredes y provoca deslaves; la propuesta es que en 300 hectáreas hoy libres sean impedidos los cambios de uso de suelo, lo presentamos con la Comisión de Planeación Económica del municipio, pero aún no ha dictaminado esta propuesta, que cuenta con el aval de los vecinos; la verdad, yo no veo voluntad por parte de esta administración para que este tema avance y se dictamine”.

Por si fuera poco, “ni siquiera se está cuidando nuestro patrimonio municipal; yo al principio de la administración denuncié presuntas invasiones, y fuimos con Obras Públicas y delimitamos, pusieron mojoneras, y sí había gente que tenía ganado y otras actividades dentro del predio público sin autorización alguna; pasó un año y meses sin que la fiscalía hiciera caso, y metimos por el pleno del ayuntamiento un amparo por la inacción de la fiscalía, por no hacer nada, por no avanzar en el expediente en ese tiempo, y a la fecha vemos que no hay nada de avance, de todos modos”, agregó.

La última propuesta presentada es la creación de un organismo público descentralizado para la gestión y manejo del Parque Central. La representante popular espera que se le dé mayor celeridad que a las demás propuestas.

La edil respalda además la iniciativa de los vecinos con siete exigencias a las autoridades municipales y estatales para detener la degradación de la calidad ambiental y social de la zona, documento presentado en agosto de 2017 y que no tiene respuesta tampoco. Buscan establecer un decreto para la veda a desarrollos inmobiliarios hasta por 30 años, mientras se recupera el ciclo del agua y la calidad del aire.

Pese a tenerse dos decretos del gobernador (2007 y 2010) relativo al manejo de la zona de fragilidad ambiental que nace en el Cerro del Cuatro, así como dos recomendaciones de la CEDHJ tendientes a garantizar la calidad ambiental como un derecho básico de las personas, la zona no ha cesado de deteriorarse.

El decreto debería derivar en “suspender de inmediato todas las licencias existentes y la recepción de fraccionamientos para proceder a la revisión junto por parte de la sociedad de las obras existentes y se permita el acceso a la información para estar en posibilidad de emitir opiniones fundamentadas”.

MC

Observatorio urge a resolver agenda del agua

No al trasvase a León, los dineros de Abengoa, la contaminación en Tapalpa y Hurtado, temas "impostergables".

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los casos más apremiantes del agua en Jalisco: el trasvase de la cuenca del río Verde a la ciudad de León, el ecocidio en la presa de Hurtado, la contaminación y escasez en Tapalpa, el descuido del acuífero metropolitano y la sobredemanda de agua urbana en Colomos Providencia por construcción de torres, fueron ventilados en la sesión ordinaria que realizó ayer el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, en la sala de legisladoras del Congreso del estado.

Pero su coordinador, el empresario y activista social Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, destacó ante los diputados Oswaldo Bañales (PRI) y Pablo Torres (wikipolítica) que lo que tiene más fuertemente estancado al sector y al propio observatorio, es la indiferencia institucional, pues habiendo entrado en funciones desde 2014, no existe a la fecha una sola recomendación cabalmente cumplida, no obstante que el decreto de creación del organismo establece su carácter vinculante para el gobierno del estado y los municipios.

Entre las recomendaciones en las cuales, el Congreso local puede respaldar con su anuencia, está la realización del ordenamiento hídrico, un instrumento de gestión esencial tanto para la meseta de Los Altos de Jalisco como para toda la entidad, en particular, la presa Hurtado y la región Lagunas, donde se presenta una crisis de calidad y volumen de agua; y hay una explícita petición de que no se permita mover el agua del río Verde hacia la urbe de El Bajío, dijo el representante del Foro Ganadero, Alejandro López Aguayo.

También resaltó anomalías denunciadas como la entrega de territorio de Jalisco a la empresa Abengoa por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del gobierno del estado, ssí como dinero del fondo de pensiones, por más de 603 millones de pesos, casos en los que el legislativo debería pronunciarse.

Paloma Macías, presidente de la Alianza Cívica Alteña para la Defensa del Agua, advirtió: “Nadie, a excepción del Observatorio, nos ha tomado en cuenta. Personas que no son expertas ni de la región, que además no conocen a fondo el tema o la zona y mucho menos tienen en riesgo su patrimonio y forma de vida, están tratando de tomar decisiones y formular opiniones que nos afectan […] el decreto de 1995 [que reparte las aguas del río Verde] es muy claro y hasta las personas que no saben del tema o no son expertos lo pueden entender. Este decreto afecta nuestros derechos: en la región de Los Altos el agua es escasa y el manejo que los alteños hacemos es eficiente. La región no está en condiciones para realizar un trasvase”.

En conclusión: “el problema no es técnico, es político”, dijo Márquez Gutiérrez. “Es momento de tomar decisiones”.

SRN

Congreso se compromete a responder recomendaciones

El diputado Pablo Torres, presidente de la comisión especial del agua, reconoce la necesidad de construir agenda con las demandas del sector agua.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Congreso de Jalisco, a través de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua, trabajará para responder de manera puntual las recomendaciones que le ha emitido el Observatorio Ciudadano del Agua, y que han sido parcialmente ignoradas en los últimos tres años, aseguró ayer el nuevo presidente de la comisión, el diputado independiente Pablo Torres Guízar.

"Es una responsabilidad que tenemos de entrada, responder a todas las recomendaciones del observatorio, que nos enteramos que no les habían dado respuesta, por lo que trataremos dar respuesta puntual a cada una", dijo ayer, entrevistado por MILENIO JALISCO, al final de la sesión de trabajo del organismo ciudadano, a la que acudió como invitado.

Reconoció que el juego de intereses que representa el poder legislativo no ha ayudado a avanzar sustancialmente en la agenda. "Creo que el trabajo político ha sido la parte más complicada en este tema, no solo lo técnico, como nos decían en el observatorio; las recomendaciones muy puntuales ya existen, simplemente no existe la voluntad política, y para esto es importante pedirle a las demás fracciones parlamentarias que se sumen, no solamente a la recepción de iniciativas y de escuchar, sino también de proponer y hacer suyas estas recomendaciones, para realmente tener una acción y responsabilidad legislativa", destacó el legislador emanado de Wikipolítica.

Ahora, con el contexto electoral encima, se complica más lograr el propósito. "Sí, es un poco complicado el tema electoral, va a tener un papel encima; sin embargo, no debemos dejar el tema de lado, es de los más importantes en esta legislatura, y dado que nos hemos comprometido con un congreso ejemplar, abierto, tomar en serio también que el papel de esta legislatura termina en noviembre, y que vamos a seguir trabajando con ahínco y cuidar estos temas más allá de lo electoral".

Torres Guízar escuchó reclamos de colonos urbanos y de moradores de zona rural, pero no consideró que haya desencanto, aunque sí es una llamada de atención; "es una responsabilidad que nos falta cumplir con gente de la sociedad civil, académicos [...] todavía no ha habido la construcción tal cual de una ruta a seguir, para ver cuál es nuestra responsabilidad como congreso, y para determinar recomendaciones a otros poderes y a otras autoridades; creo que esa ruta debería implicar ya acciones concretas, pronunciamientos, productos legislativos que nos ayuden a disminuir la problemática tanto de casos puntuales como de generalidades".

- Los tres meses en que tú tomarás la presidencia, ¿se puede aspirar a una respuesta satisfactoria para lo que pide la sociedad?
- Es lo que esperamos construir a través de mesas de dialogo con académicos, con personas de la sociedad civil, que permita involucrarlos en las problemáticas que viven directamente en donde más se sufre la mala calidad, las fallas en la distribución, la contaminación, y poder contribuir a estos dictámenes que vamos a estar armando, para luego tomar una ruta de acción que ataque lo más urgente a resolver.

SRN

Denuncia penal contra el Jaltrade por compra de predio a sobreprecio

Funcionarios del gobierno de Emilio González Márquez habrían pagado casi 2 millones de dólares de sobreprecio en la adquisición de la casa del ejecutivo en Chicago.

Agustín del castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Contralora del estado, Teresa Brito Serrano, interpuso denuncia penal en la Fiscalía General del estado, en contra de ex funcionarios del Instituto Jalisciense de Fomento al Comercio Exterior (Jaltrade), por la adquisición a sobreprecio de la finca donde se ubica la Casa Jalisco en Chicago, la segunda ciudad con más jaliscienses en Estados Unidos, con un daño al erario de casi dos millones de dólares.

La denuncia fue presentada hace más de un año pero no había trascendido a la opinión pública: interpuesta el 29 de mayo de 2016, fue ratificada el 20 de junio siguiente (averiguación previa 1958/2016). Los funcionarios del gobierno de Emilio González Márquez habrían incurrido en responsabilidad al pagar un inmueble de casi 1.7 millones de dólares, en más del doble, 3.5 millones de dólares, sin mediar un avalúo o valoración a que estaban obligados como servidores públicos de Jalisco.

10px; padding: 0px;">El inmueble ha estado en el ojo del huracán desde que arribó Aristóteles Sandoval a la gubernatura. Además del alto costo del predio, hay reproches al proyecto de su antecesor porque es considerado muy costoso para el erario, lo que derivó en la aprobación de su venta por parte del Congreso de Jalisco, lo cual ya se ha puesto en marcha (decreto 26369/LXI/17, 30 de mayo de 2017).

La denuncia de la contraloría pretende probar las omisiones de los acusados, lo que podría constituir los delitos de peculado, y desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. No obstante, también se esbozan en la denuncia la posibilidad de "abuso de autoridad" y de algún tipo de fraude, pues sin señalarlo con claridad destacan "sobreprecio y lucro indebido" en la operación de compra.

Para adquirir el inmueble, precisa la denuncia, de la que MILENIO JALISCO posee copia, "tenía la obligación de allegarse los medios idóneos para conocer el precio del inmueble en el mercado; sin embargo, los adquirió [sic] sin atender lo preceptuado en las leyes [...] sin mediar avalúo alguno, ni comparativo de venta, donde marcara el rango de precio por pie cuadrado, por tanto fue una acción temeraria, volitiva y cognoscitiva [sic], porque conocía el resultado el cual no atendió con la máxima diligencia [...] atendía solamente su interés particular para obtener una ganancia ilícita al llevar a cabo una adquisición del multicitado inmueble, por lo que se puede materializar dolosamente un sobreprecio y un lucro indebido...".

Específicamente, el Jaltrade nunca aportó un estudio de mercado o avalúo que justificara pagar 3.5 millones de dólares. Pero la contraloría exhibe como prueba que existía un "informe confidencial de avalúo" que realizó el perito oficial Appraisal Research Counselors, con fecha 9 de enero de 2009, para el Jaltrade, donde se advertía que la finca a adquirir, sita en el 1600 West Lake Street, Melrose Park Illinois, valía un millón 690 mil dólares de Estados Unidos. Cinco años después, la misma consultora señala un valor de un millón 790 mil dólares. Es decir, se presume que los acusados sabían que se estaban pagando a sobreprecio.

Los pagos de la finca están fechados como egresos los días 22 de mayo de 2009, 28 de abril de 2010 y 2 de mayo de 2011. Se entregaron, respectivamente, 11 millones 799 mil pesos; 15 millones 858,015 pesos y 20 millones 111,130 pesos. El tipo de cambio vigente en ese periodo es de alrededor de 13 pesos por dólar.

La historia de esta auditoría ha sido lenta. Recibió la misión de investigar el primer contralor estatal de este gobierno, Juan José Bañuelos Guardado, pero fue hasta la llegada de Teresa Brito que se dio celeridad al asunto y se presentó la querella penal. Ya rebasó el año en manos de la Fiscalía General del estado, sin ofrecer hasta ahora resultados.

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Claves

Algunas dudas

¿Quién presidía el Jaltrade y se hizo cargo de las operaciones de la Casa Jalisco en Chicago?
Su director general, entonces, Fernando Tezozómoc Villalva Alberú, designado por el gobernador en funciones, Emilio González Márquez, en 2008

¿Qué instrucción recibió de la comisión de adquisiciones del Jaltrade?
Que se adquiriera el inmueble (sesión del 28 de agosto de 2008) "previo cumplimiento de la normatividad vigente" (artículo 61, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Jalisco)

SRN

Observatorio rechaza Ley General de Aguas

Se une a las voces críticas que ven en la iniciativa promovida por la Conagua una tentativa de privatizar el recurso.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integrada del Agua para el estado de Jalisco se pronunció hoy contra la iniciativa de la Ley General de Aguas recientemente aprobada en Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y exhortó al retiro de la iniciativa y la discusión seria y formal con grupos de la sociedad para generar una nueva ley consensuada y legítima.

"Objetamos particularmente [...] la inadecuada interpretación del derecho humano al agua al privilegiar usos no vitales antes que el necesario para la subsistencia sana de cada persona y a actividades imprescindibles para la vida y el bienestar de la colectividad, privilegiando irracionalmente la dotación a asentamientos humanos, y sin garantizar tanto la inocuidad, como gratuidad y accesibilidad necesaria del recurso", señalaron en un desplegado que aparece íntegro en la edición impresa de MILENIO JALISCO.

Agrega otras observaciones a defectos del planteamiento: "el desconocimiento de la visión ecosistémica del recurso y de los ecosistemas hídricos, omitiendo la necesidad de fortalecer la calidad de las aguas y de los ecosistemas mexicanos; el privilegio de los criterios económicos que generan el agotamiento de los recursos, sobre los criterios ecológico-sociales o economía ambiental, que es la que genera el equilibrio ambiente-sociedad en la gestión de las aguas. La iniciativa de referencia tiene una marcada tendencia a la privatización del recurso y el acceso condicionado al agua en calidad y en cantidad para la vida y el desarrollo humano, omitiendo también su importancia cultural".

También lamentan "la legitimación de prácticas contrarias a la gestión integral del agua como el caso de los trasvases y la desalinización, desvirtuando la visión de sustentabilidad; la grave limitación de la participación ciudadana en la toma de decisiones en la gestión integral del agua sin atender a un principio de subsidiariedad que fortalezca la gobernanza ambiental y la potencial criminalización de las actividades de investigación en materia de agua, así como de generación y divulgación de información propiciando un monopolio informativo que coarta diversos derechos en torno al acceso a la información y la libertad de expresión, incluyendo los de este Observatorio".

La ley que se pretende imponer padece además por "la indefinición de responsabilidades y atribuciones concretas que permitan vislumbrar mejores condiciones de gestión, saneamiento y remediación de aguas y ecosistemas hídricos y acuáticos a futuro".

Por ello, "para evitar lo que será un daño irreparable al desarrollo del país, solicitamos se evite su aprobación, se deseche esta iniciativa y se dé paso a una discusión abierta para que se analicen las necesidades reales en gestión integral de aguas, al igual que otras propuestas de regulación, garantizando una amplia participación de científicos, académicos, y sociedad civil organizada. Hacemos un llamado a los Diputados Federales y locales de Jalisco de todas las fracciones para que obren congruentemente con los intereses colectivos del pueblo de México, defiendan el patrimonio social, natural, de seguridad nacional, y rechacen esta iniciativa".

Firman las instituciones que respaldan a los 20 consejeros: UdeG, Univa, Iteso, Obispado de San Juan de los Lagos, Conredes, Fundación Nueva Cultura del Agua, Universidad Complutense de Madrid, Parlamento de Colonias, Foro Ganadero de Jalisco, uniones de porcicultores y silvicultores alteños, y Fundación Cuenca Lerma Lago de Chapala Santiago.

Congreso resucita el proyecto de Arcediano

Los legisladores locales aprobaron reformas a la Ley de Aguas y a un decreto del año 2007 que establecía los ejes de aprovechar el sitio para abastecer la ciudad.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Los diputados de Jalisco ya comenzaron a cocinar la receta hidráulica para regresar el megaproyecto de la presa Arcediano, sobre el río Santiago, seis años después de que fue cancelado por incosteable, en medio de fuertes críticas en el tema de la calidad del agua que captaría el embalse destinado a abastecer de agua al área metropolitana de Guadalajara.

En la sesión extraordinaria del pasado 9 de febrero, se votó y aprobó un decreto presentado desde diciembre pasado por las comisiones de Recursos Hidráulicos y Pesca, y de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos desde el diciembre anterior.

Dicho decreto reforma aspectos esenciales de la Ley de Agua para el estado de Jalisco y sus Municipios, así como del decreto 21,195 (del 3 de octubre de 2007), que alude al abastecimiento y saneamiento de agua de la capital del estado.

Los cambios están conducidos, por un lado, a hacer más estricto el cumplimiento de obligaciones de los usuarios de los servicios de agua y saneamiento y a reforzar la personalidad jurídica de la Comisión Estatal del Agua (CEA), y por el otro, a rehabilitar el proyecto Arcediano.

No es que este se hubiera legalmente cancelado; en el decreto ahora reformado permanecía “vivo” el planteamiento de invertir 3,200 millones de pesos para levantar el embalse artificial que aprovechaba aguas de los ríos Santiago y Verde (aunque nunca se menciona el sitio de “Arcediano”); pero hoy se modifican aspectos técnicos del proyecto.

El más importante cambio es que deberá ser una cortina de materiales graduados –como la Comisión Federal de Electricidad recomendó originalmente-, candado que tiene el propósito de evitar el encarecimiento que en su momento generó la CEA durante la gestión de César Coll Carabias, que gestionó un proyecto de cortina de concreto compactado con rodillo de casi 15 mil millones de pesos, incosteable, y que a la postre se debió posponer (MILENIO JALISCO, 15 de junio y 30 de octubre de 2009).

Tanto la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como el gobierno de Emilio González Márquez argumentaron en ese entonces que la necesidad inmediata de la ciudad se resolvía con la sobreelevación en 25 metros en la cortina de El Zapotillo y con el levantamiento de la derivadora El Purgatorio. Hoy, el primer caso está ampliamente cuestionado y trabado legalmente. Retomar río Santiago podría ser plan B por si se frustra El Zapotillo, o si no es el caso, es la fuente futura para la megaciudad en expansión.

La otra novedad es que en el decreto previo se hablaba de aprovechar las cuencas de los ríos Verde y Santiago, y ahora se restringe al segundo “en una primera etapa”. Un tercer aspecto es que se fija en 350 millones de metros cúbicos la capacidad y 10.4 metros cúbicos por segundo el gasto de agua a aportar, mientras el otro decreto no fijaba algún volumen.

Sobre aviso no hay engaño: el coordinador de consejeros del gobierno actual, Enrique Dau Flores, desde junio de 2013 había recordado que Arcediano no se había cancelado. En octubre pasado, el director del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Conagua, José Elías Chedid Abraham, se lo dijo a los mismos diputados: el futuro de Guadalajara depende de retomar la represa.

No obstante, al indicarse exclusivamente que se trata de un caudal del Santiago, se sugiere que el sitio de implantación de la cortina podría ser diferente al que en su momento se definió, que también aprovechaba el río Verde. Pero de todos modos, aunque se defina en el sitio original, se deberá rehacer el estudio de impacto ambiental, pues ese procedimiento fue invalidado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2009

Lo cierto es que, como lo planteó Chedid Abraham en octubre pasado, Arcediano es de nuevo parte de la agenda pública.

Claves

Los cambios

- “Construcción de un sistema de captación y bombeo en el río Santiago, cuyo costo estimado hasta por la cantidad de 3,200 millones de pesos, consistente en la construcción de una presa que técnicamente determine la CEA, planta de bombeo, línea de conducción (13 km), pago de indemnizaciones de inmuebles, estudios y proyectos, supervisión y administración. Dicha obra captará las aguas de los ríos Santiago y Verde”

- “Construcción de un sistema de captación y bombeo en el río Santiago cuyo costo estimado hasta por la cantidad de 3,200 millones de pesos consistentes en la construcción de una presa de 350 millones de m3 [materiales graduados], planta de bombeo, línea de conducción [13 km], pago de indemnización de terrenos, estudios y proyectos, supervisión y administración. Dicha obra captará en una primera etapa las aguas del río Santiago, en un caudal de 10.4 m3/segundo”

Fuente: Congreso del estado

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Reacciones:

Resurrección de Arcediano aumenta carga para el usuario

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Reformas del Congreso tienden a cerrar caminos a los ciudadanos en el servicio del agua, por el que cada vez deberán pagar más, advierte asesor jurídico de Temaca.

La “resurrección” del proyecto de Arcediano y las reformas a la Ley de Aguas del Estado de Jalisco y sus municipios entraña riesgos para los intereses de la población, que será presionada con herramientas legales más coercitivas para que pague tarifas por servicios que tienden a ser más caros, por el costo de las nuevas obras y por los intereses de rentabilidad privados que hay en su operación, advierte Guadalupe Espinoza Sauceda, integrante del Colectivo de Abogados.

Entidad no gubernamental que respalda la lucha jurídica de los moradores de Temacapulín contra la presa El Zapotillo, el litigante dio su opinión sobre la aprobación de reformas a la ley y decreto que dan vida a los esquemas y nuevos proyectos de infraestructura.

“Efectivamente hablan de hacer una presa de 350 millones de metros cúbicos porque qué sentido tendría hacer ese cambio si la presa hubiera sido cancelada; la diferencia es que el anterior decreto dice en el río Santiago y Verde y este dice nomás para río Santiago, lo que puede sugerir que moverán el sitio de la cortina para no tomar aguas del río Verde”, explicó.

En ese sentido, los cotos pagados para un proyecto previo que implicó estudios de ingeniería, mecánica de suelos, geología, compra de predios y desplazamiento de población podrían haber sido inútiles, al menos en parte.

A Espinoza Sauceda le preocupa que la ley señalaba que los usuarios del agua “tendrán la obligación” de pagar, y ahora serán “sujetos obligados a pagar”, o sea, habrá coerción del Estado para garantizarlo. “La ley reformada es laxa y la reforma es estricta, coercitiva”.

En el decreto reformado se dice “pago de indemnizaciones de inmuebles, mientras la reforma plantea pago de terrenos; es decir, la nueva es restrictiva, pues si bien los terrenos son bienes inmuebles, los bienes inmuebles son más amplios, hay bienes distintos a la tierra, lo que en resumen significa que quieren pagar menos a los afectados.

Otro aspecto de cambio que le genera dudas es la responsabilidad jurídica de la Comisión Estatal del Agua (CEA). “En el artículo V transitorio sí se refieren a la CEA, mientras la ley habla de derechos y obligaciones de la CEAS que pasan a la CEA, pero en la reforma desaparecen, con lo que podría interpretarse como que la CEA pierde acciones (derechos) y se desentiende de las obligaciones (no se hace responsable)”.

Finalmente “en la cuestión del agua la propuesta de reformas a la Ley de Aguas dice que hay que cuidar el agua, uso eficiente y no contaminar fuera de los parámetros legales o sea, si se puede contaminar pero que no se rebasen esos parámetros, en esencia, la permisividad de las normas oficiales”, apunta.