320 millones de pesos, costo de desazolvar Zula y Santiago

No es una solución definitiva, dado que la alteración artificial de la cuenca sirve para garantizar agua extra a la AMG

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha entregado a los legisladores federales su receta para resolver las inundaciones periódicas de miles de hectáreas de cultivos en la Ciénega de Chapala, debido a la alteración artificial de las cuencas de los ríos Zula y Santiago, con el afán de proveer agua extra para Guadalajara: el costo ronda 320 millones de pesos. Pero no se trata de una solución definitiva.

Es decir, sería necesario que el Zula volviera a desembocar en el lago de Chapala, y que el Santiago naciera en el embalse natural, para que se recuperara el funcionamiento hidrológico natural. Pero esto se enfrenta a dos grandes intereses: el de las zonas de riego de Poncitlán-Ixtlahuacán, que tienen concesión vigente de aguas nacionales, y sobre todo, el de la concesión a favor del área metropolitana de Guadalajara (AMG), que cada año puede extraer hasta 240 millones de metros cúbicos del mayor lago de México, pero se ve imposibilitada de hacerlo porque la única línea existente del acueducto Chapala-Guadalajara provee solamente alrededor de 175 millones de m3 ante su mantenimiento insuficiente.

El resto del volumen extraído se lleva justamente por ese canal conocido como Atequiza, que es la infraestructura “vieja”, es decir, la que entró en operaciones en 1955, y que en la actualidad es usado por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para paliar la escasez en los puntos de demanda más altos, en los meses de abril y mayo de cada año.

Si las cifras de extracción reportadas por el organismo a la Conagua son reales, esa “ruta vieja” del agua provee entre 15 y 20 millones de m3 más a Guadalajara, aunque a una eficiencia considerablemente mejor, pues no es un acueducto revestido, sino un canal a cielo abierto que se contamina con más facilidad, que compite con los usos de riego y que a la intemperie a lo largo de 90 kilómetros, pierde la mitad del volumen en evaporación.  Te recomendamos: Más de 2,500 ha siniestradas por las inundaciones en Zula y Lerma

El diputado federal por la Ciénega, ex alcalde panista de Ocotlán, Absalón García Ochoa, entregó a MILENIO JALISCO los presupuestos preliminares de los trabajos de desazolve. El costo global calculado es de 320 millones de pesos, con impuestos incluidos. El asunto es que no se ha podido financiar desde el presupuesto de egresos de la federación y presentó un punto de acuerdo en busca de empujarlo para el gasto 2019.

En el caso de los trabajos de “limpieza, desazolve y formación de bordos con material producto del desazolve del río Santiago, en una longitud de 18.2 kilómetros”, se requieren 182 millones 376,900 pesos, para hacer lo siguiente: limpieza de árboles y maleza acuática, despalme de material no apto para cimentación, desazolve del cauce hasta la roca, acarreos de material y la formación de bordos que permitan que el río mantenga su cauce con la capacidad suficiente para contener grandes avenidas de agua.

En relación al río Zula, la obra de características similares, es sobre 29 kilómetros, y demanda 137 millones 665,941 pesos. De este modo, rectificar y reencauzar 47.2 km de ambos ríos se lleva 320 millones de pesos de presupuesto.

Por lo pronto, la negociación urgente es que los cultivos afectados con las excedencias del temporal de este año, sean resarcidos a los agricultores bajo la premisa de que tanto la Conagua como el SIAPA habrían sido presuntamente negligentes, y sin duda responsables, de los daños ocasionados por no operar con eficiencia las compuertas de represas y diques ubicados en las cuencas. Los afectados, de los municipios de Tototlán, Ocotlán y La Barca, estiman los daños en más de 60 millones de pesos, sin considerar las pérdidas de comercialización, que ascienden a más de 40 millones de pesos extra.

Abengoa busca 5 mil mdp por acueducto no construido

La transnacional sevillana renunció a la concesión de hacer y operar la infraestructura, pero quiere cobrar porque la Conagua no le cumplió condiciones para hacer la obra

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La empresa concesionaria del acueducto El Zapotillo-León, subsidiaria de la transnacional andaluza Abengoa, pretende recibir del gobierno mexicano más de cinco mil millones de pesos al responsabilizar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de no haber podido construir el acueducto de 140 kilómetros.

Es decir, por obras menores como movimiento de tierras y movilización de tuberías en alrededor de seis kilómetros, aspira a cobrar su parte de 51 por ciento en la inversión total de la infraestructura, la cual, huelga decir, no existe sino en los documentos de la concesión que no puedo ser hecha realidad desde el 14 de octubre de 2011, cuando se firmó el título de concesión. A esto le agrega conceptos como gastos financieros, gastos no recuperables, “indirectos por mayor permanencia”, “estimaciones pendientes de cobro aprobadas”, intereses de demora no pagados, costos reconocidos en la tercera modificación del título de concesión, seguros, fianzas y cartas de crédito.

Esta información está concentrada en el documento de “renuncia sin responsabilidad” que la empresa entregó el 25 de agosto de 2017 a la dirección del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Conagua; a lo largo de sus 95 páginas, la subsidiaria de Abengoa argumenta que el organismo federal fue reiteradamente omiso, para lo cual ofrece 94 documentos anexos en los que deja constancia de constantes peticiones de cumplir con la entrega de los predios por donde pasaría la infraestructura. Al momento de la renuncia, señala sólo haber recibido 46.4 por ciento del derecho de vía, pero los permisos para construir sólo amparaban 9.35 por ciento del tendido y ya se acumulaban 32 meses de retraso.

El documento y sus 94 anexos fueron obtenidos en un procedimiento de transparencia interpuesto por el ciudadano Alejandro López Aguayo, abogado de la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos y del ejido Agua de Obispo, que han demandado sendos juicios de amparo que en el segundo caso tienen suspendida la obra. Estas agrupaciones están integradas a la Alianza Cívica Alteña para la Defensa del Agua (Alcada), y al Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco.

LOS RECLAMOS 

La filial de Abengoa señala que desde que ganó la concesión, en 2011, hubo compromisos que quedaron asentados en el contrato y el posterior título, y Conagua no los cumplió.

“Hasta la fecha la Conagua no realizó la modificación al contenido de título de concesión número OCLSP-DAPDS-01-11 y al contrato de prestación de servicios número SAPAL/PS/005/2011, acorde con la realidad que se presenta para garantizar la operación del proyecto y la prestación del servicio…” (Página 75).

Además, “no se hizo entrega de 100 por ciento del uso y goce libre, gratuito y pacífico del derecho de vía y terrenos correspondientes, necesarios para ejecutar la infraestructura que se requiere para la prestación del servicio”; no hubo tampoco acciones para definir técnicamente un nuevo trazo ante las dificultades surgidas en la propuesta inicial (ver mapa); ni hubo cumplimiento a obligaciones de las condiciones octava, novena y quincuagésima cuarta del título, esto es:

La octava, derecho de vía. “El concesionario, de conformidad con lo dispuesto en el presente título de concesión y en las leyes aplicables, podrá utilizar el derecho de vía y los terrenos para la ejecución del proyecto […] la Conagua llevará a cabo todas las actividades y actos jurídicos necesarios para entregar al concesionario el uso, y goce libre, gratuito y pacífico […] para que éste pueda ejecutar la infraestructura, así como su operación, conservación y mantenimiento, incluyendo la prestación del servicio…”.

Novena, Inmuebles del municipio de León. “El concesionario tendrá la obligación de gestionar ante el municipio de León, de conformidad con las leyes aplicables, los permisos y autorizaciones para el uso y goce libre, temporal y pacífico de los inmuebles municipales necesarios para la ejecución la infraestructura, operación, conservación, mantenimiento y prestación del servicio…”.

Condición 54. “El Ejecutivo Federal a través de la Conagua podrá realizar el rescate de la concesión por causa de utilidad pública o interés público, conforme a lo previsto en la LAN, mediante pago de la indemnización respectiva, fijada por peritos en los términos del reglamento LAN [Ley de Aguas Nacionales], garantizando en todo caso que la misma sea equivalente por lo menos a la recuperación pendiente de la inversión efectuada y la utilidad razonable convenida en los términos de esta concesión. Asimismo, de conformidad con la Ley General de Bienes Nacionales, la declaratoria de rescate hará que los bienes materia de la concesión se entregarán y pasarán de pleno derecho, desde la fecha de la declaratoria, a la posesión, control y administración de la Federación a través de la Conagua y que ingresen a su patrimonio los bienes, equipos e instalaciones destinados directamente a los fines de la concesión. Podrá autorizarse al concesionario a retirar y a disponer de los bienes, equipo e instalaciones de su propiedad afectos a la concesión, cuando los mismos no fueren útiles a la Nación y puedan ser aprovechados por el concesionario; pero, en este caso, su valor no se incluirá en el monto de la indemnización”.

La residencia de la obra “no cumplió las obligaciones de la condición 20 del título (que dice: “La Conagua designará a un servidor público que fungirá como residente de obra”, entre cuyas obligaciones están: supervisar, vigilar, controlar y revisar la realización del proyecto, decidir sobre cuestiones técnicas para la correcta ejecución, resolver consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones, vigilar que se cumplan con las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción, así como la manifestación de impacto ambiental, y analizar opciones en caso de obstáculos).

Tampoco se realizaron las acciones para garantizar la continuidad del proyecto, ni se resarció al concesionario del cambio de condiciones del proyecto, ni tampoco se atendió la petición de suspender los efectos del título de concesión ante las “circunstancias de hecho y de derecho”.

Otra condición aludida es la número 41, justo la que menciona los problemas de retraso por causa ajena a los contratantes.

LAS “PRESTACIONES” 

¿Cómo llega Abengoa a la conclusión de que se le deben pagar ocho conceptos de “prestaciones”? La aportación de capital, señala el documento, se integra por tres conceptos: aportación de capital de riesgo para pago de estimaciones de obra, aportación de capital de riesgo para el pago de estimaciones a la supervisión y aportaciones de capital de crédito de Banobras.

Los gastos financieros son dos conceptos: intereses derivados y comisiones del contrato de crédito con Banobras, y honorario de la institución fiduciaria.

Los costos no recuperables: anticipos entregados por la concesionaria a la Conagua para la compra de terrenos, costos de asesoría técnica y legal “para el cierre”, daños por penalización por inmovilizar maquinaria, materiales, liquidación de personal, estimaciones pendientes de cobro y utilidades no recibidas. Los costos indirectos “por mayor permanencia” al no poderse ejecutar la obra de infraestructura; estimaciones “pendientes de cobro” aprobadas (definición 11 del título de concesión), incluida la compra de tubería; están los “gastos financieros por la omisión de pago de estimaciones, y los “costos reconocidos en la tercera modificación al títulos de concesión”, por costos extraordinarios y reprogramación de obra. Finalmente: seguros, fianzas y cartas de crédito, que incluyen seguros de todo riesgo en construcción, transporte y responsabilidad civil, cartas de crédito de garantía y “fianza de fiel cumplimiento” (sic).

Todos estos costos, resume, se incrementaron porque la Conagua no entregó los derechos de vía y por “el hecho de que la concesionaria tuvo que contratar los seguros, fianzas y cartas de crédito por el total del monto del presupuesto de construcción establecido […] siendo por motivos ajenos a la concesionaria…”. Y significan nuevas erogaciones. Todos los montos reclamados están tachados aludiendo a la “protección de datos” pese a que involucran recursos públicos.

No hay todavía una respuesta formal de la Conagua. Abengoa a nivel global se encuentra aún en una grave crisis financiera, con lo que ha tratado de recuperar recursos de todos sus contratos. Aunque en este caso, lo que haya dejado de obra sea mínimo y no pueda derivar en la prestación del servicio comprometido.

------------------------------------------------------------------

CLAVES 

La condición 41 *“Salvo por disposición en contrario establecida en este título de concesión o las leyes aplicables, la Conagua y el concesionario no serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones, en tanto haya ocurrido y permanezca un evento de caso fortuito o fuerza mayor”

*“…son eventos de caso fortuito todo acontecimiento ajeno a la voluntad de las partes y derivado de fenómenos inevitables e impredecibles de la naturaleza que afecten el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este título de concesión, entendiéndose como tales, en forma enunciativa más no limitativa, los siguientes: terremotos, inundaciones, nevadas, huracanes, deslaves, tormentas y tornados…”.

*“…son eventos de fuerza mayor todo acontecimiento en los que interviene directa o indirectamente la voluntad humana, pero ajeno a la voluntad de las partes contratantes, que afecten el cumplimiento de las obligaciones establecidas […] entendiéndose como tales, de manera enunciativa más no limitativa, a los siguientes: guerras, disturbios civiles, revueltas, insurrecciones, sabotajes, plantones, actos de terrorismo, huelgas, embargos comerciales en contra de México, accidentes de transporte, ya sean marítimos, ferroviarios, terrestres o aéreos; y actos u omisiones de la Autoridad Gubernamental que no hubiesen sido voluntariamente solicitados o promovidos por la parte afectada, ni ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones…”

*La fuerza mayor incluye: la imposibilidad de obtener oportuna y apropiadamente cualquier permiso indispensable para que la parte a que corresponda cumpla con sus obligaciones derivadas del título de concesión, siempre que dicha parte haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos […]

*“Si no se llevan a cabo la modificación o la prórroga del título de concesión en los términos señalados en el párrafo anterior y el caso fortuito o fuerza mayor continúa, el concesionario podrá renunciar a la concesión por dicho motivo, en cuyo caso tendrá derecho al pago de la tarifa a que se refiere el inciso 11 de la condición 42, en el entendido que cualquier otro tipo de renuncia se entenderá lisa y llana y no dará lugar a indemnización alguna” .

Fuente: Título de concesión OCLSP-DAPDS-01-11

Guadalajara vivió la semana de más calor de su historia

Datos meteorológicos del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico confirman que se rompió la marca de 1994 en Tlaquepaque

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los datos de temperaturas de las estaciones que opera el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), confirman que esta semana, Guadalajara vivió la ola más calurosa que se haya registrado históricamente con instrumentos tecnológicos: la marca de 38.6 grados Celsius alcanzada el 5 de mayo de 1994, fue superada 24 años después: primero, este 31 de mayo en la estación Tlaquepaque, con 39 grados, y ayer 1 de junio, de nuevo en la misma estación, con 40 grados.

Los datos están contenidos en el boletín hidrometeorológico de la Conagua, responsabilidad del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico. Ambos datos incluyen los registros de las 24 horas previas a la elaboración del documento, que es todos los días por la mañana, por lo cual, no se tienen disponibles las temperaturas ocurridas la tarde de ayer.

No es la mancha urbana, ni de lejos, la que tiene los mayores registros de Jalisco. El boletín señala la estación de Bolaños, en la zona norte del estado, la frontera suroccidental del desierto de Chihuahua, como la del dato más alto, con 45 grados Celsius. A nivel nacional, la ola afecta a 22 estados, y hay preocupación por sus efectos en la salud humana. El investigador de la UdeG, Arturo Curiel Ballesteros, señala que la marca de 32 grados es el nivel de confort de los humanos, y que estar sometido a temperaturas superiores a 35 grados puede ser peligroso para niños y ancianos.

Sobre el mismo tema hablaron ayer el coordinador general del SMN, Alberto Hernández Unzón, y el director de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Ricardo de la Cruz Musalem, desde la Ciudad de México.

“En los recientes días se ha registrado una intensa y prolongada onda de calor en la mayor parte del territorio nacional, los máximos registros de temperatura fueron los siguientes: en Sinaloa tuvimos 49 grados centígrados, en Huites, en el municipio de Choix. Por estándar de la Organización Meteorológica Mundial, temperaturas tomadas a la sombra. En el estado de Chihuahua, en Urique, se registraron 47 grados centígrados. Estos dos datos, tanto el de Sinaloa como el de Chihuahua, el 26 de mayo reciente. En la Zona Central del país el registro máximo de temperatura fue en el estado de Hidalgo, en Metztitlán, el 20 de mayo con 47 grados”, explicó el coordinador del SMN. Las 32 entidades federativas han superado el promedio de 32 grados.

“La circulación de una amplia e intensa alta presión, que pueden ver en los gráficos, que está localizada entre Jalisco, Colima y Michoacán, y que ha bloqueado la entrada de humedad, con condiciones muy estables esta alta presión, con cielos despejados y con mayor cantidad de horas de radiación solar, es el sistema meteorológico que produce este ambiente de onda de calor establece. Se ha, prácticamente, estacionado durante los últimos siete días a nivel nacional, pero se pronostica que, de acuerdo con los modelos numéricos, será hasta el 5 de junio, es decir, el próximo martes, que este sistema de alta presión comience a desplazarse de donde está ahorita, de Jalisco y Michoacán, y se desplace hacia Chihuahua y la zona suroeste de Estados Unidos”, explicó.

Esto “va a generar que la onda de calor, por lo menos, persista en todo lo que es el norte, noroeste y noreste del país, pero al mismo tiempo se estima la posible formación de una zona de inestabilidad, que son nublados al final de cuentas, son nublados con un posible desarrollo a ciclón tropical, también el 5 de junio, al sur de las costas de Michoacán y Colima”. Por ello, en 22 estados y 375 municipios se declaró una “emergencia extraordinaria” que curiosamente, no incluye un solo municipio de Jalisco.

Exigen a la Conagua cancelar explotaciones de arena

Movimiento por Temaca destaca irregularidades en las concesiones.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Las concesiones que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó para explotar material pétreo del lecho del río Verde, tienen notables irregularidades que obligaría a cancelarlas, aseguraron ayer los voceros del movimiento civil contra la presa El Zapotillo.

"La Conagua entrega una concesión para la extracción, rapaz, por 30 años [2003-2033], sin ningún tipo de regulación que evite o controle la depredación salvaje causada por el concesionario. Existen otras cuatro concesiones vigentes otorgadas por 10 y 15 años que no cuentan con fecha de inicio y término de autorización, lo que representa un grave 'error' ya que pueden rebasar los tiempos permitidos para la extracción sin consecuencias. Las autoridades municipales son extremadamente permisivas con los areneros ya que les han permitido durante años operar sin licencias municipales, por lo que además no cuentan con permiso de Semarnat ni manifestaciones de impacto ambiental como lo exige la Ley", resumió el integrante de Colectivo de Abogados, Guadalupe Espinoza Sauceda.

En conferencia de prensa, convocada además por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y los diputados Augusto Valencia y Candelaria Ochoa, los quejosos señalaron que "a pesar de que ya se dictó la clausura total temporal de obras de dragado y extracción de material pétreo, debido a que durante la inspección, la Profepa constató cambios adversos en el ecosistema del río, y de que existe un Reglamento de Tránsito y Vialidad para Cañadas, donde se especifica [artículo 48] que deben contar con un permiso del municipio para transitar por Temacapulín, los camiones han continuado circulando por la comunidad sin que las autoridades hagan algo para hacer valer la ley".

Por su parte, la diputada Candelaria Ochoa señaló que la fracción parlamentaria a la que está adscrita interpuso una denuncia en la Profepa que derivó en la cancelación de uno de estos puntos: "la Conagua debe suspender cualquier permiso de extracción de arena, pues hasta ahora solo se ha clausurado 1 punto de 23. Por lo que se debe ordenar la suspensión a lo largo de todos los kilómetros en donde hay excavaciones".

Añadió que pese a que no existen permisos de explotación y ante una suspensión por falta de estudios de impacto ambiental, la Conagua "sigue otorgado permisos a los concesionarios para la explotación de la arena. Además, la circulación de los camiones no está permitida en la zona. La responsabilidad es de la Conagua, pues debe cancelar los permisos debido a que la presa el Zapotillo está suspendida y por lo tanto no se justifica la extracción".

Conagua dejará la presa El Zapotillo en 80 metros

El organismo señala que dejarán la obra funcional para operar, y será tarea de la siguiente administración decidir si se insiste en los 105 metros.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido dejar la presa el Zapotillo a 80 metros de altura y con su canal de desfogue para que pueda eventualmente utilizarse, si es decisión de la siguiente administración; debido a los problemas judiciales del proyecto a 105 metros, y a que estos no tienen fecha de conclusión, no insistirá más en esas dimensiones, sino que se dejará un proyecto seguro de operar, dijo este martes el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra.

De gira por el valle de Tesistán, donde entregó obras de modernización del sistema de pozos que abastece a la ciudad, el funcionario señaló que están ya asignados 3,700 millones de pesos para continuar con las obras de la presa derivadora El Purgatorio, cinco kilómetros aguas arriba, en el río Verde, de la confluencia con el Santiago. El proyecto demorará alrededor de dos años y medio en ser concluido. También se han mejorado los equipamientos de pozos en los sistemas metropolitanos para resolver la temática de la escasez, que se suele agudizar entre los meses de marzo y junio por la sequía temporal.

“Acuérdense que la presa tiene un problema de carácter judicial, y no ha resuelto el tema de los amparos, y derivado de ello es que acordamos con el gobierno del estado seguir adelante en las otras obras que ya habíamos visualizado como posibles para abastecer al área metropolitana de Guadalajara […] ya tiene muchos años, y me parece que es un poco imposible especular. Nosotros ya hemos concluido la presa a 80 metros, no podemos pensar una presa en 105, la administración entregará la presa a 80 metros; ya concluimos la cortina, reforzaremos el canal de salida durante este año, y hacer un canal de llamada lateral, justamente para el caso en que la presa se llenara, tenga una salida. Queremos dejar esto concluido. Si no decide la autoridad siguiente ir a la presa a 105 metros, puede operar sin problema a 80 metros”, destacó.

Ramírez de la Parra destacó que Peña Nieto se comprometió a aumentar la dotación de agua para la ciudad, y que obras como el cierre del acuaférico, la modernización de los equipos de pozos y los trabajos de desazolve del canal de Atequiza tienen ese cometido. De hecho, la modernización de pozos hace posible incrementar la cuota de agua en alrededor de mil litros por segundo, equivalente a 10 por ciento de lo que consume la ciudad.

De las obras entregadas, este martes, el detalle lo dio el director del SIAPA, Aristeo Mejía Durán: “el compromiso presidencial CG-231 de dotar de 972 litros por segundo para mitigar el déficit ha sido sobradamente cumplido. La meta, ahora alcanzada, es de 1,319 litros por segundo, lo cual fue posible mediante acciones en 37 pozos, de los cuales 17 son nuevos pozos; se rehabilitaron quince y se equiparon cinco, junto a instalación de sus líneas de conducción”.

Para cubrir la inversión de pozos, el gobierno federal aportó 188 millones de pesos y el organismo operador, 59 millones, para un total de 247 millones. “Junto a ello, el Programa Tu casa con agua, la suma invertida fue de 510 millones de pesos”.

Precisó Mejía Durán que el lago de Chapala se mantiene como principal fuente de abastecimiento, a lo que se agregan la presa Elías González Chávez y los mantos subterráneos. “La suma de los caudales ha cubierto limitadamente la demanda de la población pero no ha quedado resuelto cabalmente el abasto, por lo que de todas maneras los esfuerzos y trabajos continúan pues la atención a los crecientes requerimientos es un reto permanente”. Consideró indispensable “retomar proyectos para el suministro de nuevas fuentes”, sin precisar más.

El titular de la Conagua dijo que el “acceso al agua fácil” ya se terminó, por lo que es fundamental la planeación y la realización de obras de infraestructura, aparejada con acciones de uso racional y reciclaje. Las obras de El Purgatorio dan agua para un equivalente de cerca de tres millones de personas, 60 por ciento de la población del AMG.

El día en que se cayó la presa El Zapotillo

Un muro de cartón derribado en la plaza la Liberación, la conmemoración número 14.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Con la edificación de una precaria cortina de cartón que simula el proyecto El Zapotillo, los activistas por Temacapulín, Acasico y Palmarejo, conmemoraron ayer, por catorce años al hilo, el Día Internacional de Acción contra las Presas y por los Ríos, el Agua y la Vida. Frente al teatro Degollado y los curiosos viandantes de la plaza de la Liberación, el simulado muro de piedra se derrumbó, como esperan lograr, pese a los intereses privados y de la Comisión Nacional del Agua, para salvar los pueblos de la inundación.

“En Jalisco, México, celebramos este día desde el año 2004, en oposición a la construcción de la Presa San Nicolás y la Presa de Arcediano – proyectos cancelados – y, actualmente, en rechazo a la Presa El Zapotillo - Acueducto Zapotillo-León”, señalaron, a propósito del performance.

“Nuestros ríos representan la sangre y las venas del planeta, reciclan nutrientes, purifican el agua, reabastecen los suelos, controlan inundaciones y son el hábitat del 40% de las especies de peces del mundo. En su trayectoria permiten - entre otros beneficios ambientales - la irrigación natural de valles e infiltración para alimentar acuíferos, fenómenos geohidrológicos del ciclo del agua que llegan a formar flujos de agua subterránea. En algunos casos afloran en manantiales y como fuentes naturales de agua son aprovechados para abastecimiento a poblaciones humanas. En este sentido logran construirse sistemas hidráulicos de captación, conducción y bombeo, como es el caso también de pozos y norias. Así también la formación de lagos y lagunas constituyen un prodigio de la naturaleza que como ecosistemas acuáticos nos ofrecen una riqueza incalculable de biodiversidad”, agregaron.

En Jalisco existen 30 ríos “contaminados o envenados como el río Lerma, el río Santiago, el río Azul, por las sustancias tóxicas que descargan miles de empresas sin regulación ambiental, ocasionando una catástrofe ambiental, enfermedad y muerte en las personas. Entubados como el río San Juan de Dios debido a las deficientes políticas de gestión del agua …”. La gente vio cómo la presa El Zapotillo puede derrumbarse. Imaginarlo es el primer paso, les dijeron a los escépticos.

SRN

Jalisco tiene el primer capítulo estatal del CCA

El organismo destaca la importancia de hacer escuchar su voz en las discusiones del tema en Jalisco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El Consejo Consultivo del Agua, una organización social con fuerte componente empresarial, ha abierto esta semana su frente en Jalisco, primer estado del país que cuenta con un capítulo de la organización, motivado, de forma explícita, por su papel relevante en los debates nacionales sobre el derecho humano, al agua, la contaminación y el uso del recurso para el desarrollo, en particular, por el controvertido caso de la presa El Zapotillo, en Los Altos de Jalisco.
on una importante carrera en la política local y nacional: Francisco Mayorga Castañeda, secretario de Agricultura en las dos administraciones panistas en la presidencia de la república, ex presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco y ex secretario de Desarrollo Rural en la administración estatal de Alberto Cárdenas Jiménez.

El discurso de Jesús Reyes Heroles, presidente de la organización nacional, fue cuidadoso al abrir la primer asamblea ordinaria de la agrupación, pero admitió la importancia de participar en los debates que actualmente se dan en el estado, donde un amplio frente opositor, integrado por liderazgos de Los Altos de Jalisco, el grupo político de la Universidad de Guadalajara, el Partido Movimiento Ciudadano –que es mayoría en el Congreso local- y la bancada reducida del Partido Acción Nacional (PAN), han decidido echar abajo la inundación de tres pueblos de la cañada del río Verde para evitar que la cortina del embalse artificial El Zapotillo canalice aguas de la cuenca hacia la ciudad de León, Guanajuato. Ese proyecto es empujado desde hace dos meses por el gobierno estatal de Aristóteles Sandoval Díaz.

“El Consejo Consultivo del Agua es un organismo de carácter nacional, apartidista, integrado por la sociedad civil, emanado de la Ley de Aguas Nacionales, como el único organismo de consulta para la Conagua (Comisión Nacional del Agua); entonces la fortaleza de que el organismo consultivo del agua haya cambiado sus estatutos para permitir la incorporación de estos capítulos en los estados, va a permitir que los acuerdos, proyectos y estudios que se realicen en Jalisco y otra entidades de la república en un futuro, tengan realmente la relevancia y la fortaleza para incidir en las políticas públicas en el tema del agua; una de las encomiendas principales es la probable modificación de las leyes de aguas nacionales, que es un tema que a todos nos debe de competir e interesar”, refirió Reyes Heroles a los medios de comunicación.

Y aunque el afán fue demostrar la imparcialidad, presentes en la investidura del CCA Jalisco, en el Club de Industriales, el lunes 25 de septiembre, estuvieron algunos de los principales promotores de El Zapotillo, insertos en el gobierno del estado: el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Felipe Tito Lugo; el director del SIAPA, Aristeo Mejía Durán; el consejero del gobernador, Enrique Dau Flores, y los empresarios Jacobo Cabrera Palos, presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco; César de Anda, ex presidente de la Unión Nacional de Avicultores y Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Jalisco.

Mayorga Castañeda agregó: “Hay temas que ya tienen muchos años en la sociedad tapatía, en los medios de comunicación, en la academia; el agua en Chapala, todo lo relacionado con la calidad del agua, la problemática del río Santiago, el abasto de agua a Guadalajara como un tema añejo y controvertido; la parte agropecuaria, siendo Jalisco el principal proveedor de alimentos a nivel nacional […] creemos que Jalisco puede hacer una contribución importante en el tema hidroagrícola, el riego y un uso adecuado el agua; está la parte de sanidad […] lo que podamos lograr aquí en la materia con un mejor uso del agua, que tenga aplicación en otras partes del país”, destacó.

Respecto al río Verde, no abandonó el tono de moderación: “no es nuestro papel convertirnos en jueces o en últimas instancias, participaremos en las discusiones basadas en ciencia sobre todo, pero también podemos construir con las experiencias de otros estados”. Hay una experiencia de acompañamiento con otros proyectos polémicos como el acueducto del Pánuco a Monterrey o el Independencia en Sonora. Hay la idea de que el empresariado puede participar ante la “falta de recursos públicos” en asociaciones público-privadas (app). También hay otros planteamientos que Mayorga Castañeda, en su experiencia pública y privada, ha sostenido desde el pasado: el país carece de una política pública en materia de agua, y tampoco ha tocado ese tema esencial en el marco del Tratado de Libre Comercio. “Participaremos con propuestas en todo eso”, remarcó Reyes Heroles.

SRN

El Zapotillo afronta su peor crisis política

Fuerzas políticas preparan ofensiva legal y piden que la Conagua pierda su monopolio en el tema.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El escenario construido por el gobierno de Jalisco, con base en el proyecto ejecutado por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), para decantarse por una represa a 105 metros en el sitio de El Zapotillo, y la inevitable inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y el respectivo trasvase de agua a la ciudad de León, Guanajuato, vive momentos críticos, con la generalidad de los actores locales en contra de la decisión asumida por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.

El grupo opositor, abanderado por el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco y con la autoridad moral emanada del movimiento ciudadano que lucha contra la inundación de los pueblos de las cañadas (Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, AC), ha logrado integrar en sus filas a legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (PMC) y Acción Nacional (PAN), a una corriente crítica priista, al poderoso Grupo Universidad que encabeza Raúl Padilla López, y en general, a todo el grupo político que encabeza el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, virtual candidato a la gubernatura.

El grupo legislativo aliado tiene en preparación una controversia constitucional contra el gobernador del estado, por haber cedido servidumbres de carreteras estatales a la concesionaria del acueducto, Abengoa, sin haber dado conocimiento y aprobación al poder Legislativo; también se han comprometido con el movimiento a no aprobar un nuevo convenio que permita a la Comisión Nacional del Agua elevar la cortina a 105 metros, e inundar los pueblos y entregar el agua en León.

El grupo Universidad pretende llegar más lejos: consideran sus expertos como esencial quitar a la Conagua el monopolio del agua en México y romper el paradigma de resolver todo con obras costosas de infraestructura.

"La gestión sostenible y justa del agua es un asunto estratégico y de seguridad nacional para el país. El agua es un derecho humano fundamental y su apropiación una fuente de conflictividad social que afectan la gobernabilidad de importantes regiones de México. Las presas ya no son siempre la mejor alternativa para resolver los problemas de abasto del agua, y su construcción requiere estar plenamente justificada por las afectaciones que generan en regiones enteras. Los trasvases entre cuencas constituyen la última opción a implementar una vez que se han agotado todas las posibilidades técnicas y científicas del uso racional y sostenible del recurso hídrico en una misma cuenca", señalaron en un escrito difundido previo a las manifestaciones del sábado pasado en las ciudades de Tepatitlán, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, y firmado por el Comité Universitario de Agua y Energía.

"El proceso que nos ha llevado como sociedad a la situación de conflictividad actual en torno de la Presa El Zapotillo en el Estado de Jalisco y el acueducto para el transvase de agua a la ciudad de León, Guanajuato, es consecuencia de la opacidad y la soberbia institucional con la que ha actuado la Conagua en la implementación del proyecto", añaden. Y hacen un recuento: los decretos y publicaciones oficiales son claros respecto a la falta de agua en la cuenca, independientemente de las conclusiones de la Unops. Por eso, el trasvase se debe cancelar, y encontrar la solución al problema de agua de León en su misma cuenca.

SRN

Conagua también es omisa con aguacateras

La dependencia federal tiene en veda aprovechamientos superficiales y subterráneos, lo que no explica el auge aguacatero.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe asumir una responsabilidad pública frente al problema de la expansión de la frontera aguacatera, pues todas las huertas, legales e ilegales, tienen un alto consumo de agua que incluso, en algunos puntos está colapsando el servicio público a las comunidades, señalan técnicos forestales del sur de Jalisco

Desde hace doce años, “el tema de los aguacateros en la región Sur ya se presentaba como un foco rojo de atención para la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales); según los datos estadísticos que la misma delegación estaba arrojando, el crecimiento de la mancha aguacatera en los mapas como en las gráficas llamaba la atención de los funcionarios y se alarmaban sin que hicieran algo al respecto, aunque reconocían que el crecimiento a la postre traería problemas con la fauna, el suelo y el agua”, dijo un ex empleado de la dependencia federal, a condición de no ser identificado.

La veda de facto a los cambios de uso de suelo forestal, decidida desde las oficinas centrales, no es legal, es solamente un modo de no resolver “el enorme problema que se les vino encima”, añade otro técnico involucrado.

La delegación, que ha sido debilitada desde 2014 con recortes presupuestales, adelgazó la nómina del personal de campo y eso hizo que los cambios de uso de suelo fueran de gran calado.

“El recorte lo cargó en su mayor parte la subdelegación de gestión ambiental área donde se hace el trabajo sustantivo. Actualmente la delegación aún mantiene su oficina regional en Ciudad Guzmán, lamentablemente será cosa como de 7 años que solo opera como una oficialía de partes, pues no hay personal operativo para las tareas de campo que necesita la dependencia y que por lo estratégico de los temas ambientales que convergen en la región (silvicultura, cambio de uso de suelo, y minería) serían una prioridad para la delegación”.

A esta debilidad, tercia otro técnico, hay que subrayar el tema del agua. “Por las características del cultivo del aguacate se requiere de mucha agua por lo que es seguro que cada predio o plantación contará con una obra similar a la anterior o bien con una obra de pozo profundo o somero que provea del líquido”. La Conagua decretó en veda las aguas superficiales y subterráneas de la zona desde hace años, “¿de dónde sacan el agua para los aguacates y a costa de qué otros usos?”.

“La situación a partir de esto tiene varias aristas: uno, la Conagua tendría que intervenir en el tema para inspeccionar que los aprovechamientos de aguas nacionales, no solo en los predios clausurados sino en todos los predios aguacateros se encuentran en la región, en los casos que estén legalmente concesionados observar que el consumo de agua sea acorde a la concesión autorizada, y en los que no proceder a la clausura inmediata a la obra y hacer el procedimiento administrativo para hacer la sanción económica correspondiente y que la ejecute Hacienda; la multa puede ser millonaria; dos, la Conagua tendría que replantearse sus requisitos para la autorización de concesiones de aguas nacionales, sean estas por primeras inmatriculaciones o por cesiones de derechos, ya que aunque en las solicitudes de plantaciones forestales o agrícolas (ambas de la modalidad agrícola para la Conagua) esta no solicita la previa autorización, o en su caso excepción, del cambio del uso de suelo de la Semarnat”

Un tercer aspecto: “Si la Conagua respondiera que si lo hace, habría que revisar simplemente los expedientes asociados a las concesiones de aguas que tienen una plantación de aguacate. Cuatro, por último la Sagarpa (Secretaría de Agricultura) antes de soltar los incentivos a la producción del aguacate tendría que requerir las correspondientes autorizaciones para el cambio de uso de suelo (sino es que hasta manifestación de impacto ambiental) emitida por la Semarnat y la concesión de aguas nacionales de la Conagua”.

La pregunta que no querrán contestar, dicen los entrevistados, “¿Semarnat, Sagarpa y Conagua están cumpliendo?”.

SRN

La presa El Zapotillo, en creciente abandono

Se han retirado miles de trabajadores y maquinaria, y se han desmontado oficinas en el predio, documenta MILENIO JALISCO en una visita reciente; acueducto tampoco avanza

El Zapotillo, Cañadas de Obregon. MILENIO JALISCO. 

El abismo del río Verde, justo a un costado del poblado de El Zapotillo, llegó a alojar dos mil trabajadores por turno hasta hace menos de tres años, en la tarea de edificar una cortina de materiales de 105 metros para almacenar más de 911 millones de metros cúbicos de agua. Ahora, con la construcción de la represa detenida en 80 metros de altura por mandato judicial, sólo restan unas decenas de personas; las oficinas están en proceso de desarmado, y mucha maquinaria emprende la salida de la zona, pues cada día sin operar genera pérdidas de miles de pesos a sus propietarios.

“Nos dijeron que no se va a dejar el sitio, que van a terminar la presa; la realidad es que no sabemos qué va a pasar, empezaron a quitar las oficinas hace menos de quince días”, señala un miembro del personal encargado del resguardo. La visita de MILENIO JALISCO, este jueves 8 de junio, se ha logrado por intercesión del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco, que ha conseguido la visita exprés con autorización del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El espacio confinado queda a pocos metros del poblado del mismo nombre. Una pluma de metal y cercado de malla ciclónica impiden el acceso libre de los curiosos, además de la presencia de un vigilante acucioso al levantar los datos de quienes tienen interés en llegar. El titular del observatorio, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, arguye que fue la propia Conagua la que ha establecido una política de “puertas abiertas” para acudir al área. Después de algunas llamadas y la reiterada toma de nombres, de fotografías y de datos de credenciales oficiales, se permite ingresar al reducido grupo para contemplar los restos del campamento, donde se desensamblan y apilan las láminas de techos y las paredes de materiales compactados de los módulos que alojaban oficinas; a la par, se desmonta espacio de maquinaria que se ha ido. Hay montacargas, trascabos y camiones que desplazan los materiales. El personal de seguridad contempla los afanes del reducido personal mientras conducen a los visitantes hacia la orilla del predio.

Desde el mirador interior de la obra, se observa el muro de concreto con una larga escalinata central que le da una apariencia de viejo templo precortesiano, pero que en realidad, es la forma de construcción adoptada a la cortina que, de acuerdo con los guías, permite que en caso de que el agua vierta, se reduzca la velocidad de su caída, en prevención de desastres aguas abajo. También obedece a recomendaciones de consultores ambientales, para evitar que la presa constituya un muro insalvable para las especies que habitan y recorren el río.

Es una gran edificación ocre, desnuda, con algunos derrumbes de taludes laterales, y cuya estampa impresiona ante la casi nula presencia de agua, pese a que se quedó trunca, en 80 metros.

Algunas pozas del río lucen el espejo irisado ante el viento refrescante de la tarde, pero hay amplios fragmentos del paisaje en que la corriente se ha convertido en un arenal. La barranca en que está sumida la obra es típica de estas tierras flacas: abundan las cactáceas de todos los tamaños, los matorrales, la hierba que quiere revivir con dos breves lloviznas de días previos, y el verde constante del follaje de esos ingeniosos –si se puede decir tal cosa de un vegetal- mezquites de los eriales mexicanos. Alguien comenta que son tan buenos conservando el agua, que un experto aseguraba que una plantación de 20 mil hectáreas de esa especie espinosa y recia aseguraría el agua anual que requiere todo el estado de Aguascalientes –a la sazón, vecino aguas arriba de este mismo río, al cual, sus actividades agropecuarias sólo dejan pasar algunos raquíticos caudales-.

Se trata, de hecho, del teatro más visible de la disputa por las aguas de este río, hijo del semidesierto mexicano que nace en la Sierra Fría de Zacatecas, atraviesa y casi se extingue en los amplios valles agrícolas aguascalentenses, y luego hiende la amplia meseta de Los Altos de Jalisco, donde vuelve a captar agua, de forma creciente, en la medida en que se acerca a su desembocadura en el río Santiago, en el frente norte de Guadalajara. Culturalmente, es también una cicatriz que históricamente separó a los pueblos propios de la comarca alteña, que forman parte desde el siglo XVI del corredor de comercio y metales entre Zacatecas, Guadalajara y la Ciudad de México, a los de los cañones, como Yahualica, Teocuitatlán o Cuquío, pueblos “de mujeres enlutadas”, más aislados y proclives a ver florecer cierto feudalismo político (los caciques).

El río ha sido escena de repetidos intentos de poner represas y aprovechar sus aguas supuestamente abundantes. En los primeros meses del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los vecinos recuerdan que se puso primera piedra del proyecto La Zurda, que ya había sido frustrado 30 años antes. No prosperó por el desastre del sector Reforma de Guadalajara, que derribó al gobierno que lo promovía, de Guillermo Cosío Vidaurri. Una década después, se intentó construir algunos kilómetros aguas arriba la presa San Nicolás, específicamente para la ciudad de León, pero los vecinos rebeldes y los problemas técnicos dieron al traste con la obra en 2005. Hoy, la resistencia contra El Zapotillo ha sido fructífera y ha impedido terminarla por tres años. Además, los parajes carreteros desde el entronque de la autopista lucen tubería con las leyendas de Abengoa –la filial del gigante español que obtuvo la concesión de acueducto a León-, y los gobiernos de Guanajuato y León. Dicen los vecinos que tienen semanas de haberlas dejado, y se interrumpió tras que se demostró que fue el propio gobierno de Jalisco el que les cedió a los concesionarios las servidumbres carreteras para hacer el tendido de tubos… contra el que luchan ciudadanos de Jalisco (MILENIO JALISCO, 27 a 29 de marzo de 2017). Una resistencia creciente en la zona, por los pueblos amenazados con inundación y miles de negocios agropecuarios que penden del agua escasa, y que han logrado politizar exitosamente en el centro de poder regional, Guadalajara.

Nadie sabe a ciencia cierta si esto es una derrota del megaproyecto o una simple pausa, ni en todo caso, de cuánto tiempo. Pero no se puede hacer una represa con unas cuantas personas y con tan poca maquinaria. Tampoco se puede construir un tendido de 140 kilómetros de tubos sin obreros y sin máquinas. Y ahora, toda la región de Cañadas de Obregón está solitaria, en espera de que las lluvias, tras una apretada sequía, se regularicen.

Tampoco sería la primer represa que debiera esperar por años para operar en esta misma cuenca: pocos kilómetros abajo, hacia Valle de Guadalupe, la cortina de El Salto se terminó en 1992 y ha demorado 25 años para que pueda abastecer agua, en este caso, a la cercana ciudad de Tepatitlán. Es que en estas mesetas agrestes, el tiempo y la historia parecen medirse distinto.

UN PUEBLO DE PROMESAS TRUNCAS

Al poblado enclavado a un costado de la megaobra, El Zapotillo, se le prometieron caminos modernos y pavimentados, mejorar su sistema de abastecimiento local y un nuevo pozo, un sistema de drenaje y una planta de tratamiento, entre muchos más. “Casi no nos cumplieron nada”, asegura el regidor Javier García Carvajal.
Es decir, el drenaje se instaló pero no hay planta de tratamiento; el pozo se rehabilitó pero no hay nuevo pozo, y se mejoró ligeramente la brecha, pero que al paso de la maquinaria pesada, no parece ni siquiera de la calidad que tiene en otros poblados aledaños. Por si fuera poco, de dos mil trabajadores por turno… 25 fueron para los zapotillenses. Migajas, les dicen.

----------------------------------------------------

CLAVES

El entramado judicial

La presa El Zapotillo se debió quedar en 80 metros de altura. El proyecto original fue concebido solamente para entregar agua a la ciudad de León, Guanajuato, y a poblaciones de Los Altos de Jalisco; el gobierno de Emilio González Márquez optó por ampliar el proyecto y estableció un nuevo convenio para llevar la cortina a 105 metros de altura, pero no consultó sus términos al Congreso de Jalisco

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 93/2012 a favor del Congreso de Jalisco, y estableció que el convenio que establecía la cortina a 105 metros era ilegal

Además, tres suspensiones de amparo confirman esta condición: 1093/2014, promovido por un grupo de quejosos denominado “hijos ausentes de Temacapulín en Guadalajara”; 1045/2014, promovido por 84 moradores de Temaca, y 1046/2014, promovido por la asociación civil Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, todos bajo la asesoría del Colectivo de Abogados

El acueducto a León cuenta con una suspensión judicial en contra, promovida por el ejido Agua de Obispo, de San Juan de los Lagos (1390/2014)

MC

SCT cedió vía federal, pero no se puede transferir a Abengoa

Las cuentas de la Conagua reportan 100 km de derechos de vía para acueducto, pero SCT apenas le cedió 4.1 km

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Sigue sin ser claro si la Comisión Nacional del Agua ha entregado ya la totalidad de territorio necesario para construir el acueducto El Zapotillo-León. Por un lado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) asegura que sólo le cedió un tramo de poco más de cuatro km en la carretera San Juan de los Lagos, bajo la advertencia de que no se puede "transferir a terceros". Por el otro, la propia Conagua asegura que son 100 km de derechos de vía lo se que se van a utilizar.

Faltan, así, casi 96 km en la cuenta. La información deriva de dos solicitudes de transparencia interpuestas por los defensores de la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos y del ejido Agua de Obispo, del mismo municipio.

En el caso de la SCT, se le preguntó: ¿Existe una autorización, concesión o cualquier acto jurídico otorgado a la Comisión Nacional del Agua para que pueda disponer del derecho de vía en el estado de Jalisco y Guanajuato [sic], para la construcción del acueducto Zapotillo-León, y a su vez, para que lo pueda transmitir a terceros?".

Hubo dos respuestas, emanadas de los centros Jalisco y Guanajuato de la SCT. La primera (oficio SCT.6.14.-96/2017), del 16 de febrero de 2017, establece:

"...existe un permiso otorgado por el Centro SCT Jalisco a la Conagua, de fecha 19 de marzo de 2015, para efectuar instalación marginal con tubería de acero de km. 77+885 al 82+080 de la carretera San Luis Potosí – Guadalajara, tramo San Juan de los Lagos - entronque San Juan de los Lagos – entronque ramal a Yahualica. Es importante señalar que dicho permiso no contempla la posibilidad de ser transferido a terceros". Firma el director general del Centro Jalisco de SCT, Salvador Fernández Ayala.

En cuanto al centro SCT Guanajuato, el titular del mismo, José Leoncio Pineda Godos, señala: "se hace de su conocimiento que en este centro SCT Guanajuato, no se encuentra con información al respecto" (SCT.-6.11.302.048/2017, 22 de febrero de 2017).

Pero desde el 31 de octubre de 2016, la Conagua había respondido a la solicitud de brindar un "informe pormenorizado de los derechos de vía liberados en Jalisco y Guanajuato para la construcción del acueducto Zapotillo-León". Esa información la contiene un escueto memorándum (B00.812.-2683), y está firmado por el director del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Conagua, Jorge Malagón Díaz.

"...me permito informarle, que una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva y minuciosa en las bases de datos y archivos que obran en la Dirección de Agua Potable Drenaje y Saneamiento de este organismo de cuenca por ser competente para conocer del asunto de confirmidad a lo dispuesto por el artículo 80 del reglamento interior de la Comisión Nacional del agua [sic], indica lo siguiente:...".

Y da un listado muy breve por estado,y su longitud en kilómetros. Para Jalisco, 21.691 km de predios particulares liberados ("adquiridos"); 100.400 km como "longitud del proyecto a incorporar al derecho de vía carretero", y 5.602 km de "predios particulares por liberar". Para Guanajuato, 10.417 km de "línea de conducción Guanajuato contrato de promesa de venta", y 44 km de "macrodistribuidor".

Así, la línea de conducción Jalisco suma 127.7 km, la línea de conducción Guanajuato tiene 10.417 km, y el macrodistribuidor para León es de 44 km, para un total de 182.117 km. Todo es, de acuerdo al mismo documento, "derechos de vía liberados", es decir, que ya estarían cedidos a la Conagua.

Par de dudas

Los datos de la Conagua abren dos dudas pendientes de respuesta: ¿Solamente cederá ese tramo de 4.1 km la SCT, y entonces, el resto de derechos de vía los entrega Jalisco, como ya sucedió con la carretera de Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe?, y ¿cómo puede ceder la Conagua a un tercero, la filial mexicana de Abengoa, un bien nacional que no puede ceder?

SRN

La Conagua entregó 109 derechos de vía para obras de acueducto

Reporta también la adquisición de 29 predios y el interés en decenas más para alcanzar la totalidad del trazo buscado hacia León.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Desde 2014, el organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha generado cinco actas de entrega de bienes inmuebles para la realización del proyecto de acueducto El Zapotillo-León a la concesionaria de la obra y operación, la filial mexicana de la andaluza Abengoa. Esto incluye 109 cesiones de derechos de vías federales y estatales, incluso cruces de arroyos, pero además, la entrega de 29 predios de diversas dimensiones, conforme con la quinta acta, que data del 8 de noviembre de 2016.

El documento se levanta “para hacer constar la entrega recepción parcial de los terrenos ubicados en los municipios de Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán y Unión de San Antonio, así como la delimitación de zonas federales de ríos y arroyos de los estados de Guanajuato y Jalisco, así como derechos de vía de la carretera libre de peaje San Luis Potosí-Guadalajara, tramo San Juan de los Lagos-entronque ramal a Yahualica 77.85 a 82.08 [km]”.

Esos terrenos, precisa, son para la construcción “de parte de la línea de conducción en los tramos de impulsión y por gravedad; la planta de bombeo número uno, de la infraestructura del acueducto …”.

En el texto, se hace referencia a la entrega previa, el 24 de agosto de 2016, en el marco de la tercera acta, “del tramo de la carretera estatal 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe, comprendido en el kilómetro.3.11 al 16.25 mediante el acuerdo del secretario de Infraestructura y Obra Pública del estado de Jalisco, Ing. Roberto Dávalos López, contenido en el oficio DCR/DV-03/06-16, de fecha 01 de junio de 2016 y la relación de planos respectiva” (MILENIO JALISCO, 27 de marzo de 2017).

Y se enlista, ya como parte de las entregas del acta específica, “29 escrituras públicas y originales de los planos, correspondientes a 29 terrenos pendientes, adquiridos por el gobierno federal a través del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Conagua, para la construcción de línea de impulsión y línea de conducción”. Son 14 escrituras en el municipio de Cañadas de Obregón; dos en el de Valle de Guadalupe; diez en Jalostotitlán y tres en Unión de San Antonio.

La Conagua alude que los derechos de vía federales de los tramos carreteros los recibió de los respectivos centros estatales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El oficio confirma que en paralelo a los discursos políticos en defensa de los derechos de los alteños, tanto los moradores de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo como los productores pecuarios de la meseta, se han dado actos jurídicos y financieros que contradicen ese propósito: primero, está la inversión de 600 millones de pesos del fondo de pensiones del Ipejal, institución estatal, para financiar a la concesionaria Abengoa (que ya enfrentaba problemas de liquidez severa que la pusieron al borde de la quiebra), lo que significa una apuesta al éxito del acueducto, y por ende, del trasvase del río Verde a León.

Segundo, los diversos juicios contra la presa El Zapotillo y el acueducto, que han llevado particulares y ejidos que se sienten afectados con las infraestructuras, en los que se apersona el gobierno de Jalisco como parte de la defensa gubernamental para defender el proyecto, es decir, en busca de evitar los amparos que a la postre detuvieron esas obras.

Tercero, la entrega de derechos de vía estatales para la apertura del acueducto, cuando Abengoa y la Conagua manifestaban dificultades para adquirir tierras ante la resistencia de rancheros de los municipios por donde atravesaría la tubería.

-----------------------------------------------------

Claves

Los derechos de vía de Jalisco entregados a Abengoa


Cañadas de Obregón
Cruces de arroyo, carretera estatal y caminos vecinales en Zula, La Joya, Buena Vista, La Campanita, La Paleta, Capellanía, El Aventurero, Catachime y Terrazas

Valle de Guadalupe
Caminos vecinales, zonas federales y carretera estatal en La Colmena, San Gabriel, El Rosario, San José y El Bajío

Jalostotilán
Caminos, cruces y carretera estatal en ejido Jalos, La Laja de Arriba, Providencia de San Antonio, La Soledad, El Peñón y Labor de Jiménez

San Juan de los Lagos
Cruces, carreteras municipal y estatal, arroyos y caminos vecinales en Corral de Piedra, El Sauz Amarillo, El Duarte, Mezquitic, El Terrero, El Desperdicio, El Rincón, Agua de Obispo [ejido con amparo vigente en contra de la obra], Sauz de los Ibarra y Santo Domingo

Lagos de Moreno
Cruces de río y caminos vecinales en Santo Domingo, Rancho Alegre, San José del Potrero, Ceja de Bolitas, Casas Blancas y La Trinidad

Unión de San Antonio
Cruces de arroyo, caminos vecinales y carretera estatal en La Torre, El Jaralito, El Zapote, Ejido Santa Teresa, La Tapona, Casas Blancas, Loma de Santa Gertrudis, Cañada de Mena, Ejido Carreón y Mamey

SRN

Jalisco y Conagua ceden carreteras y caminos para acueducto a León

Las acciones de los gobiernos federal y estatal fortalecen el acueducto con cesión de bienes públicos de territorio de Jalisco; ejido reclama violación a amparo con ese procedimiento

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Jalisco han procedido a entregar superficie territorial del estado, fundamentalmente, el derecho de vía de decenas de kilómetros de caminos vecinales y carreteras, a la empresa Abengoa, para construir su proyecto de acueducto El Zapotillo-León, de 140 kilómetros, de los cuales, alrededor de 100 km son en este estado.

El problema es que se trata de derechos de vía federales o estatales para los que ni se ha acreditado el derecho a hacerlo, ni en el caso de los caminos de jurisdicción estatal, se ha consultado ni mucho menos obtenido autorización de los ayuntamientos respectivos o del Congreso del estado, pese a tratarse de bienes de dominio público.

El gobierno de Jalisco sostiene públicamente su apoyo para la conservación de los pueblos de la cañada del río Verde y apenas el pasado 22 de marzo, convocó a un gran “frente por el agua” para defender los derechos de Jalisco en el tema; pero fue la misma administración estatal en marcha la que entregó bienes territoriales (está documentalmente acreditado en el caso del municipio de Cañadas de Obregón) o no actuó contra las entregas de la Conagua de caminos que conectan a numerosas comunidades y rancherías de los municipios de Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán y Unión de San Antonio, las cuales tampoco fueron consultadas.

Pasar el acueducto por derechos de vía públicos es una opción que se construyó a raíz de la fuerte resistencia que el proyecto ha generado entre los agroproductores alteños, que ven en el acueducto un despojo de sus aguas y por ende, un atentado a sus intereses económicos y sociales, pues se trata de una región de lluvia escasa y alta productividad, sobre todo, pecuaria, que sería amenazada por esa escasez inducida.

El 7 de octubre de 2014, se emitió en la ciudad de México el acta de entrega “física y jurídica” de 66 por ciento del “derecho de vía y terrenos, así como ocupación de inmuebles, y que incluye todos los permisos y autorizaciones que el concesionario obtuvo para el uso y goce libre, temporal, pacífico y gratuito de los inmuebles distintos a los inmuebles del municipio de León”, es decir, los correspondientes a Jalisco. En el acto sólo estuvieron presentes la representación de la Conagua, José Elías Chedid Abraham, entonces de director general del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico; el apoderado general de la empresa denominada Concesionara del Acueducto El Zapotillo SA de CV [filial de la española Abengoa], Joaquín Fernández de Piérola Marín, y dos representantes del consejo de administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León: Pedro Arnulfo González García y Óscar Ernesto Garza Romo, respectivamente, presidente y secretario del consejo directivo. Y si bien se trata de territorio de Jalisco, no existe una representación de este estado ni siquiera en calidad de testigo.

El documento está incorporado como prueba en un incidente recién promovido en relación a la posible violación de una suspensión de plano concedida por la justicia federal al ejido Agua de Obispo, que se ubica en San Juan de los Lagos, sobre el mismo asunto.

En esta suspensión se señala la imposibilidad de construir la infraestructura dentro del territorio ejidal. Eso no fue obstáculo para que la Conagua entregara los caminos vecinales de la zona, pese a que están reconocidos como parte de los bienes agrarios, y por tanto, son intocables en este proceso. El caso ya ha derivado en el citado “incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión” (juicio de amparo 1390/2014, Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo), que a juicio de la defensa del ejido, debería derivar en sanción para los servidores públicos inmiscuidos, esencialmente de la Conagua.

En este caso, la acción impugnada se realizó documentalmente tres meses después de que se otorgará la suspensión de plano a Agua de Obispo, la cual dejó claro que no se podía modificar el estado delos bienes en disputa mientras no se alcanzara una sentencia en el juicio de garantías.

Señala el abogado defensor, Alejandro López Aguayo: “… sin considerar la suspensión de plano que fue otorgada al núcleo ejidal quejoso, con fecha 7 de octubre de 2014, el maestro José Elías Chedid Abraham […] indebidamente hizo entrega de bienes inmuebles que son objeto de la medida suspensional otorgada en favor del ejido, pues forman parte de la propiedad del ejido protegida por dicha suspensión, e inclusive la descripción de los bienes afectados se hace conforme a los propios documentos presentados por la autoridad responsable, la Conagua, y en consecuencia se le priva al ejido, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios, inclusive lesionando al régimen jurídico agrario, pues sobre dichos bienes se pretende alojar la construcción del acueducto que llevará agua de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato”.

Son terrenos “ubicados en el área de uso común del ejido, son caminos utilizados exclusivamente por los propios ejidatarios, caminos que en realidad son verdaderas servidumbres de paso[…] el ejido quejoso nunca ha dado autorización ni ha suscrito acuerdo alguno, ni firmado documento alguno, ni ha suscrito acto jurídico alguno” para permitir al funcionario de la Conagua decidir el destino de los bienes […] por lo que hasta ahora conocemos, tampoco existe expropiación o procedimiento expropiatorio alguno para poder disponer de dichos bienes, ni federal ni estatal, ni municipal, ni mucho menos concesión y/o permisos otorgados por el gobierno federal y/o el Ejecutivo del estado, para que Conagua dispusiera de dichos bienes y los entregara a la concesionaria…”.

En procedimientos de transparencia, los municipios de Valle de Guadalupe, Jalostotiltlán, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, han respondido a la defensa de Agua de Obispo en diversas fechas de febrero pasado, que no sólo desconocen de estas entregas de territorio municipal, sino que carecen de antecedentes documentales de las mismas o siquiera alguna petición expresa hecha por los gobiernos del estado o federal.

Y sin embargo, el gobierno de Aristóteles Sandoval tiene participación activa en la entrega de terrenos en un caso documentado: Cañadas de Obregón. El 1 de junio de 2016, el secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) “otorga permiso para ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino dentro del derecho de vía de la carretera estatal número 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe”, según el oficio DCR/DV-013/06-16 firmado por el entonces titular de la cartera, Roberto Dávalos López.

Son obras “con el objeto de incrementar el servicio de agua potable a catorce municipios del estado de Jalisco y a la ciudad de León”, para, dentro del derecho de vía, “la construcción de un acueducto de 13.150 km en la margen izquierda de la carretera”. Así, más allá de los discursos políticos, el acueducto sigue en marcha con anuencia de Jalisco.

--------------------------------------------------------------

CLAVES

El Verde, la disputa política

*El proyecto El Zapotillo se ha politizado, es decir, se ha convertido en un tema de alta controversia entre los actores políticos de Jalisco, y de discusión corriente entre los ciudadanos. La causa no es menor: se trata de una disputa por agua y territorio, que más allá de discursos localistas, tiene que ver con derechos al desarrollo de regiones completas, en este caso, Los Altos de Jalisco

*Los actores políticos de Guanajuato han sido consistentes en reclamar la parte de concesión de aguas que se le otorgaron a la ciudad de León, que asciende a 119 millones de m3 anuales, a extraer mediante un acueducto desde la presa El Zapotillo, terminada en 80 metros y paralizada legalmente desde 2014

*En Jalisco, están divididos. El gobierno del estado, cuyo titular, Aristóteles Sandoval Díaz, manifestó vía twitter en febrero de 2013 que no permitiría la inundación de Temacapulín efecto de una presa El Zapotillo a 105 metros ; que permitió la conformación de un observatorio ciudadano con fuerte base en la región de Los Altos, y poderes vinculantes; y que contrató una misión internacional que ha sido duramente cuestionada (Unops-Pnuma) y que debe arrojar luces sobre la decisión a tomar, es el mismo que ha combatido con recursos legales juicios de amparo de los defensores de Temaca y de los habitantes de Los Altos, y también ha entregado territorio estatal para la cuestionada obra del trasvase

*El grupo de presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara que lidera el alcalde tapatío Enrique Alfaro Ramírez bajo la sigla del Partido Movimiento Ciudadano, tras fuertes debates, se ha sumado a la exigencia de que el trasvase a León no se concrete, si bien, la falta de definición clara sobre su defensa de Temacapulín ocasionó una reacción desconfiada de los defensores del poblado

*El Grupo UdeG, que preside Raúl Padilla López –cuyos orígenes familiares están en San Juan de los Lagos- ha señalado de forma permanente durante los últimos dos años la inviabilidad del trasvase por los graves efectos que podría tener sobre la región de Los Altos, afectada por escasez crónica de agua y fuertemente amenazada por el cambio climático

MC

Juez amenaza con destituir a funcionario de Conagua

El titular del organismo de cuenca se ha negado por dos años a ejecutar un amparo favorable a dos habitantes de Temaca y Acasico; la Ley de Amparo prevé separarlo y responsabilizarlo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La dirección del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), corre el riesgo de ser descabezada en los próximos días, pues se ha negado por más de dos años a ejecutar la sentencia del juicio de amparo 2245/2008, que concedió el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el marco del conflicto por la presa El Zapotillo a favor de dos moradores de la zona, y eso es causal de remoción de cargo y de denuncia penal, advirtió un oficio emitido el pasado 20 de enero por ese mismo tribunal.

"Se le otorga por última vez una prórroga de diez días, con fundamento en los artículos 192, 194, 195 y tercero transitorio, de la Ley de Amparo vigente, al director general del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua; y una vez transcurrido dicho plazo dentro de los tres días siguientes a estos, dé cumplimiento a la resolución de mérito, esto es, ciñéndose a los efectos de la sentencia de amparo deberá informar a este juzgado de Distrito si ya les concedió a los quejosos la garantía de audiencia permitiéndoles ejercer la defensa de sus derechos de propiedad y posesión respecto de los inmuebles defendidos en la presente instancia constitucional", señala la síntesis del resolutivo, publicada en la página del Poder Judicial de la Federación (http://www.dgepj.cjf.gob.mx/), mismo que fue notificado apenas el pasado 23 de enero.

Esto se deberá demostrar "mediante el ofrecimiento de pruebas y alegatos, dentro del procedimiento administrativo que resuelva si con el proyecto El Zapotillo se afecta o no, los bienes inmuebles de propiedad o en su posesión de los quejosos que han sido materia del presente juicio, así como de su resolución, remitiendo constancia fehaciente de ello, bajo apercibimiento", añade el documento.

De este modo, el titular del organismo, Jorge Malagón Díaz, deberá acreditar el cumplimiento o exponerse a lo que señala la Ley de Amparo, para proteger los derechos de María Consuelo Carbajal Espinoza de Temacapulín y Luis Villegas Ruiz de Acasico (cuyo expediente, el 2262/2008, fue acumulado al primero).

El 30 de mayo de 2014, el juzgado mencionado concedió el amparo y protección de la justicia federal, "en caso de llegar a determinar que procede privar a los quejosos de sus propiedades y posesiones, emitan una resolución en la que se funde y motive de manera reforzada, por implicar afectación a derechos fundamentales como vivienda y medio ambiente acorde a los principios de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad". Los recursos de revisión presentados, fueron resueltos en el sentido de confirmar la Sentencia de Amparo, señala el representante de los quejosos, Guadalupe Espinoza, del Colectivo de Abogados.

Desde el 12 de diciembre de 2015, la autoridad responsable, había venido informando al Juzgado de Distrito "que se encontraba tramitando expediente de expropiación, nuevamente sin respetar garantía de audiencia de los quejosos. Ante las constantes peticiones de cumplimiento, tanto del Juzgado, como de parte de los quejosos, la autoridad responsable ha cambiado de información y ahora dice no van a expropiar, debido a que la presa se encuentra suspendida y por lo tanto no hay afectación de derechos y se debería de tener a la autoridad cumpliendo la sentencia".

Pero el juzgado no lo ve de ese modo. Por ello, el pasado 11 de enero de 2017, pidió: "...previo a hacer efectivos los apercibimientos decretados en el citado proveído y con el ánimo de continuar procurando el cumplimiento a la ejecutoria de amparo", que el director general del organismo de Conagua "dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la resolución de mérito, remitiendo constancia fehaciente de ello, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa".

Tras ese incumplimiento, se dio el nuevo, y aparentemente último requerimiento, el 20 de enero (arriba descrito). ¿Cuáles son las consecuencias de que pueda volver a acreditarse omisión? El artículo 192 de la Ley de Amparo lo dice claramente. Ese funcionario responsable pasará de multa a responsabilidad penal, y ello significa la remoción.

"Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación [...]".

AC / Guadalajara

Jalisco propone órgano de control de contaminación

La planta de tratamiento cumple satisfactoriamente, pero debe ser ampliada; los desechos industriales requieren atención, señala el director de la CEA.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Resolver en definitiva el problema de contaminación de la cuenca de El Ahogado exige la aplicación de normas de competencia federal, al ser residuos de corredores industriales el principal componente de los tóxicos a que está expuesta la población de la zona.

Ante ello, el gobierno del estado plantea la posibilidad de establecer un órgano de control y vigilancia, previsto en la Ley de Aguas Nacionales, para que los tres niveles de gobierno se coordinen y garanticen "cero descarga" de contaminantes por las factorías de la zona, dijo ayer el director de la Comisión Estatal del Agua, Felipe Tito Lugo Arias.

El funcionario reconoció, en relación al reciente informe de calidad del agua en la zona de la organización ecologista Greenpeace, que ese documento prueba que son residuos de industrias el problema que no ha sido eficientemente enfrentado, pero también, que el saneamiento de aguas municipales es correcto, dado que no se detectaron parámetros "fuera de norma" de la carga orgánica que se trata en la planta de El Ahogado, inaugurada en 2012.

En lo que discrepa con Greenpeace es en su crítica de que la planta no es más que un "paliativo"; por el contrario, señaló que es un enorme avance poder depurar aguas domésticas, que constituyen el mayor volumen que genera la ciudad; "el caso es reconocer lo logrado pero avanzar para resolver las cosas que ellos efectivamente han detectado", apuntó en entrevista con MILENIO JALISCO.

Y no es que esté culminado el proceso de saneamiento de residuos municipales y domésticos, pues en la actualidad, la planta de El Ahogado tiene un déficit de casi 300 litros por segundo, lo que obligará a invertir –por parte de los operadores de la concesión- alrededor de 450 millones de pesos más en ampliar la capacidad promedio hasta en 750 litros más. Hay pendientes además de construir otros 56 kilómetros de colectores que llevan más de 700 millones de pesos de inversión, pero si se quiere poner coto al problema, se necesita que la expansión desordenada de la ciudad en la zona sur sea eficazmente contenida, tarea que corre a cargo de los municipios locales.

El gobierno de Jalisco defiende lo que se ha hecho en el tema. "La planta de El Ahogado es una de las más completas del país en materia de saneamiento porque cuenta con procesos avanzados; ha operado satisfactoriamente y la calidad de su agua cumple de forma sobrada las normas ambientales mexicanas, lo que se confirma en el estudio que hicieron los ecologistas [...] con su capacidad de diseño de 2,250 litros por segundo, a la fecha ha saneado 308.5 millones de metros cúbicos, lo que equivale al volumen de consumo de una población de un millón de habitantes por 4.6 años", o al total que consume el área metropolitana de Guadalajara en un ciclo completo.

La planta produce 65 por ciento de la energía eléctrica que requiere, lo que significa en ahorro 70 mil toneladas de bióxido de carbono, señala por su parte el superintendente de saneamiento de la Unidad Ejecutora de Abasto y Saneamiento, Trinidad Martínez Sahagún."esta obra cubre aproximadamente 20 por ciento de las aguas residuales domésticas que se generan, y beneficia a 800 mil habitantes [...] el año que entra arrancaremos con la construcción del nuevo módulo de 750 litros por segundo para la planta, lo que nos llevará a una capacidad promedio de tres mil litros por segundo, y se arrancará con la construcción de los 59 km de colectores pendientes", destaca.

Por su parte, Luis Aceves Martínez, director de plantas de tratamiento, advierte: "la planta de El Ahogado no fue diseñada para tratar aguas industriales; los ciudadanos no tienen por qué pagar ese costo, corresponde a los empresarios y se debe caminar a lograrlo de forma integral".

---------------------------------------------------------

Claves

Responsabilidades

Los ayuntamientos son responsables de gestionar los servicios integrales de agua a la población; esto deriva en que deben sanear el agua residual doméstica y municipal, que si bien tiene componentes variados, está caracterizada esencialmente por la alta carga orgánica

Si una empresa descarga aguas residuales de sus procesos en la red municipal, el responsable de controlarlo es el ayuntamiento o el organismo operador responsable (en Guadalajara, el SIAPA); lo usual es caracterizar la descarga con exámenes de DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y DQO (Demanda Química de Oxígeno) que son generales y permiten saber la presencia de residuos orgánicos y desechos químicos; con base en eso, se determina el equivalente a carga orgánica y se cobra lo que se rebasa en la descarga si se le compara con una descarga de casa habitación

Si la empresa descarga a cuerpos de agua nacionales, es responsabilidad directa de la Comisión Nacional del Agua regularlos y obligar a tratamiento en caso de exceso en los parámetros, dado que se debe preservar la calidad de los cuerpos de agua

Ciudad de México se integra a cuenca Lerma

En la 15 sesión del consejo de cuenca Lerma Chapala, el más antiguo del país, los mandatarios o representantes de los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y México recibieron a un sexto miembro estatal: la Ciudad de México, que pese a explotar alrededor de 300 millones de m3 de agua en las fuentes del Lerma (Almoloya del Río), no estaba integrada a este organismo que determina los destinos y el manejo de la cuenca de más de 50 mil kilómetros cuadrados.

El pasado lunes 27 de noviembre, se realizó en Morelia, Michoacán. En representación de Jalisco acudió el director de la CEA, Felipe Tito Lugo Arias, quien destacó la integración de la capital del país como uno de los más importantes cambios en el organismo interestatal que preside la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Así, se acordó incrementar las vocalías y modificar las reglas generales de integración, organización y funcionamiento del consejo; de este modo, se pasó de 18 a 27 vocales con voz y voto, uno solamente por el gobierno capitalino, cinco respectivamente para cada uno de los estados fundadores, y uno más para la Comisión Federal de Electricidad, la mayor empresa usuaria de agua del país.

Otra medida relevante fue la reactivación de la comisión de cuenca propia del lago de Chapala, que permanece acéfala y sin funciones desde hace más de diez años; "debido a la importancia ambiental, económica y social del lago de Chapala, esta comisión tendrá el objetivo de mejorar las condiciones ambientales de la cuenca y la conservación del lago, así como vigilar el nivel de almacenamiento y la correcta distribución del agua".

Una tercera medida fue ratificar como presidente del consejo a Jorge Jiménez Campos, representante a su vez del estado de México, a quien se le reconoció liderar proyectos esenciales como la creación del fideicomiso de la cuenca.

Existen 26 consejos de cuenca en el país; Jalisco tiene territorio en cuatro de esas cuencas, pero la del Lerma, cuyo consejo se formó en 1993, es de lejos la más relevante en términos políticos y económicos, pues sustenta casi 10 por ciento del producto interno bruto del país. En la cita, que presidió el gobernador de Michoacán, Silviano Albores, se informó de la inminente conclusión de la segunda gran etapa de saneamiento de aguas en la demarcación: 48 plantas de tratamiento datan de la primera etapa, y habrá 58 más cuando sean terminadas las de la segunda, para totalizar 106 instalaciones saneadoras.

El ciclo de lluvias fue 3 por ciento menor al promedio histórico, es decir, 705 milímetros, lo que generó escurrimientos por 4,468 millones de m3. La asignación de volúmenes para los diversos usos es menor en 11 por ciento a la asignación en demanda máxima. La distribución total será de casi 3,700 millones de m3, lo que garantiza a Guadalajara los 240 millones de m3 a que tiene derecho en su título de concesión.

-----------------------------------------------------------------

Claves

Una cuenca sobrepresionada

El Lerma es una de las cuencas productivamente más importantes de la historia del país, y genera entre 9 y 11 por ciento del producto interno bruto nacional

Es también la región hidrográfica con más lagos naturales, entre los que sobresalen el gran lago de Chapala, entre Jalisco y Michoacán, y la laguna de Yuriria, entre Guanajuato y Michoacán

Siempre fue una importante productora de granos, pero entre los años sesenta y setenta del siglo XX, se levantaron las presas de mayor capacidad, lo que tuvo por efecto el decremento sustancial del agua que llegaba al lago de Chapala, que desde mediados de los años 80 vivió una crisis tal de existencias de agua, que generó el movimiento político por la preservación del lago

La cuenca, de por sí deficitaria, y que cuenta con la mayor parte de los acuíferos subterráneos sobreexplotados del país, tiene una precipitación media anual de apenas 726 milímetros y es amenazada con sequías recurrentes; deberá prepararse ante condiciones más extremas ante las malas perspectivas que podría traer el cambio climático

Colectivos por Temaca exigen cambiar estudio de la Unops

Es fundamental que se haga un trabajo serio porque hasta ahora no hay certezas sobre caudales del río Verde, advierten

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Los colectivos por la preservación de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, amenazadas por inundación de la presa El Zapotillo, demandan al gobernador de Jalisco “se revise públicamente, con participación de las comunidades afectadas, especialistas y organizaciones, la metodología del balance hídrico que realiza la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), y se reorienten y modifiquen los términos de referencia del estudio”, por considerar que la orientación dada a conocer es insuficiente y obsoleta.

Luego del foro con técnicos de la UNAM, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de la UdeG y del Iteso, realizado el pasado 13 de octubre, se cuestionó fuertemente el modelo de análisis. A juicio de los afectados por la presa, los términos de referencia deben incluir: uno, “cuál es la extracción sostenible de la región en la cual tiene influencia el río Verde, porque este flujo está intercomunicado con cuencas vecinas”; dos, “debe tener congruencia entre sus áreas de investigación que incluyan la química del agua, el referente geológico, isotopía, la hidráulica subterránea y la hidrología superficial, la respuesta en superficie de suelo y vegetación, en suma acorde con la metodología de los sistemas de flujo”; tres, “rechazamos el costo de 4.6 millones de dólares (90 millones de pesos) por la realización del estudio. Consideramos que es exorbitante, actualmente el Instituto de geografía de la UNAM realiza estudios de esta magnitud, del orden de 20 millones de pesos. Este costo es excesivo y no responde a los objetivos propuestos”.

Cuatro, “la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo cuarto especifica que en estudios de este tipo debe haber una amplia participación ciudadana respaldada por la academia. Por lo que la UNOPS está obligada a incluir la participación tomando en cuenta las condiciones de los actores”. Cinco, “demandamos la realización de un estudio hidrogeológico que considere fundamentalmente el agua subterránea”.

A la Comisión Estatal del Agua (CEA) le exigen: uno, “con base a lo presentado y reconocido en el foro por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), concluimos que no se puede considerar el estudio de Evaluación de la disponibilidad conforme a la NOM-011-CNA-2000 para el abastecimiento de la Zona Conurbada de Guadalajara, como un estudio integral para la toma de decisiones sobre disponibilidad del agua en la Zona Conurbada de Guadalajara y validar la continuación del proyecto El Zapotillo”.

Dos, “en el estudio de disponibilidad solicitado al IMTA por la CEA, encontramos una gran carencia presente en la NOM-011-CNA- 2000 debido a que no maneja conceptos de con validez científica actual ya que se carece de datos históricos de tiempo y espacio”. A la Comisión Especial del Agua para la Gestión Integral del Agua de Jalisco (GEIA), del Congreso de Jalisco, uno, “la exhortamos a retomar el contacto y la comunicación con las organizaciones, comunidades y especialistas que la promovieron y desarrolle el plan de trabajo aprobado bajo la presidencia del Diputado Ismael del Toro”; dos, “exigimos lleve a cabo las comparecencias establecidas en su plan de trabajo, y llame de inmediato a comparecer a la CEA, la Secretaria de Medio ambiente y Desarrollo Territorial y la Secretaria General de Gobierno”.

Finalmente, “hacemos un llamado a todas las organizaciones y especialistas en defensa del agua a estar atentos y organizados para incidir en la no aprobación de una Ley General del Agua que atente contra los derechos al agua y el territorio de los pueblos”.

Los firmantes: Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), Tómala Ciudad, Colectivo de Abogados, Agua y Ciudad, Instituto Nacional de Geografía de la UNAM, Iteso y UdeG.

El foro “analizó la importancia de la realización de estudios sobre la disponibilidad del agua más allá del balance hídrico, sus metodologías y el adecuado uso de los resultados para la toma de decisiones de las políticas y la gestión integral del agua en el estado de Jalisco”, con base en el estudio de disponibilidad del agua del IMTA, contratado por la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Estudio de Balance Hídrico de la Cuenca del río Verde del Proyecto Jalisco Sostenible Cuenca Río Verde ,que está realizando la Unops, contratado por el gobierno de Jalisco.

Los colectivos aseguran que la no participación de la Unops en el foro (MILENIO JALISCO, 14 de octubre de 2016), la privó de “insumos fundamentales para el trabajo que realizan. Reprobamos esta actuación de una de las oficinas de las Naciones Unidas, la Unops en este caso, debido a que de manera permanente hemos procurado el dialogo con esta instancia. ¿Por qué el temor de debatir en público sobre este estudio?”. Así, “continúa siendo una incógnita si este estudio generará nueva información hidrológica o se trata de un estudio más que analizará y sistematizará información y estudios ya existentes de las autoridades del agua”. Unops informó a este diario que su ausencia se debió a que sólo con cuatro días de anticipación fue invitado y no pudo modificar la agenda de su personal en campo para que acudiera al foro.

En el encuentro se cuestión la utilización de la NOM-011-CNA-2000 ante la falta de datos para determinar caudales, sobre todo en el tema de las aguas subterráneas; la enviada del IMTA reconoció la insuficiencia del estudio para determinar si hay agua en la cuenca; y por otr0o lado, se mencionaron los riesgos de una nueva tentativa de Ley General de Aguas que tendería a la privatización del recurso y su exclusión como derecho humano básico.

MC