Agustín del Castillo/ EL ECONOMISTA . Guadalajara
Domingo 6 de septiembre, 12.30 horas. Un gendarme disparó al aire y paralizó a la multitud: tres centenares de comuneros de Tateikie o San Andrés Cohamiata, la comunidad wixarika o huichola más norteña de Jalisco, en la Sierra Madre Occidental, atenazada por el crimen desde hace al menos un lustro, enmudecieron. La sorpresa favoreció el propósito del secretario general de gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, quien subió al helicóptero y despegó de el paraje conocido como El Bajío del Carrizal sin resolver las demandas comunitarias: que les quiten de encima la bota del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que al menos desde la pandemia de 2020 ha condicionado la vida de los moradores de estas montañas.
Todavía consternados por el abrupto escape del funcionario, quien tras dos horas en la zona se negó a esperar a autoridades federales y municipales de Mezquitic, como le exigían los wixaritari, la representación comunal emitió en vivo, en redes sociales, un comunicado desde el escenario de su protesta.
“La comunidad ha realizado un llamado urgente a los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, solicitando su presencia y la implementación de acciones inmediatas que permitan garantizar la seguridad integridad y tranquilidad de las familias de la comunidad. La exigencia comunitaria se encuentra sustentada en la necesidad de establecer una estrategia integral de seguridad y protección ante los hechos de violencia e inseguridad que han afectado a la población”, leyó un vocero de la demarcación indígena que fue reconocida con 74,940 hectáreas en noviembre de 1965, y que ha vivido por décadas bajo la presión de poderes fácticos de Nayarit y Durango, lo que han significado grandes despojos territoriales, y recientemente, los embates del grupo criminal fundado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, abatido por el ejército mexicano el 22 de febrero pasado.
El conflicto estalló el viernes anterior, 4 de septiembre, después de que representantes de bienes comunales regresaron de una privación ilegal de su libertad por parte de integrantes del grupo delictivo, y se determinó apostar una nutrida representación de comuneros en el citado paraje territorial. “Ellos dijeron que San Andrés es del cártel Jalisco y que todos deberán trabajar con ellos; son más de cinco años, pero ya hemos llegado al límite”, confió un comunero que pidió reservar su nombre, ante el evidente riesgo.
El llamado, siguió en vocero en la transimisión, fue para “las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que acudieran de manera puntual al lugar de los hechos y atendieran directamente las demandas planteadas por la comunidad. La comunidad otorgó [a partir de la hora de la cita en El Bajío del Carrizal] un plazo de 3 horas para que las autoridades correspondientes pudieran coordinarse y establecer una respuesta institucional conjunta frente a las problemáticas de inseguridad que actualmente enfrenta la población […] con la intención de propiciar un diálogo directo, respetuoso y resolutivo con las autoridades competentes buscando acuerdos y acciones concretas para garantizar la seguridad de las personas y del territorio comunitario”.
El secretario de Gobierno, Salvador Zamora, asistió. “Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por la comunidad, el funcionario se retiró del lugar sin atender de manera integral el llamado realizado por las autoridades y representantes comunitarios, situación que generó inconformidad y preocupación entre las personas presentes. La comunidad considera que la presencia de los representantes gubernamentales debe traducirse en acciones concretas, coordinación interinstitucional y atención directa de las demás planteadas, particularmente ante la gravedad de la situación de inseguridad”.
Entonces se dio el disparo al aire para abrir paso al funcionario en su retirada, que no era aprobada por los manifestantes. “La comunidad señala que cuenta con evidencia correspondiente sobre dicho acontecimiento, misma que deberá ser puesta a disposición de las autoridades competentes para que se realicen la investigación y diligencias necesarias y se determine conforme a derecho lo ocurrido y las responsabilidades que pudieran derivarse”, advirtió el vocero.
Ya por la tarde, desde Guadalajara, la dependencia que encabeza Zamora Zamora aseguró que mantiene bajo resguardo a la comunidad con la presencia de elementos de corporaciones policiacas del estado y del municipio, y aunque reconoció “momentos del tensión”, señaló que la comunicación está abierta y que habrá una representación de la secretaría en la zona en cuanto se designen y arriben los representantes municipales y federales, y se pueda arrancar con el diálogo.
Los comuneros exigieron, en ocho puntos, “la presencia y coordinación efectiva de los tres niveles de gobierno” para la “atención inmediata de la problemática de inseguridad que afecte a la comunidad”, esto es, “el establecimiento de una estrategia integral de seguridad y protección para la población”, así como “el esclarecimiento de los hechos relacionados con el disparo de arma de fuego registrado durante la presencia de elementos de la Policía Estatal de Jalisco” (los indígenas resguardan el casquillo de bala disparado).
Esto incluye una mesa permanente entre autoridades y comuneros y “la adopción de medidas inmediatas que permitan venir nuestros nuevos hechos de violencia y garantizar condiciones de seguridad para las familias de la comunidad”, pues los agentes del CJNG deambulan libremente por la región.
BAJO LA BOTA DEL CRIMEN
“No nos ayudan los policías municipales; de hecho, se sabe que están ligados a ellos [al CJNG]”, dijo un indígena entrevistado por El Economista.
“Los del cártel ya tienen mucho tiempo. Habían privado de libertad a unos compañeros, unos transportistas que viajan a Huejuquilla, que dan ruta y la comunidad los rescató; entonces solicitamos una base al gobierno federal, que nos pusieron aquí, con algunos militares, pero que no pueden intervenir para enfrentar a los del cártel ni los pueden detener. Necesitamos otro tipo de medidas”, explicó.
Todo se agravó a partir de la pandemia, hace casi seis años. “Porque tenemos la particularidad de que estamos en una zona de frontera, se colinda con Nayarit, con Durango y Zacatecas, y estaban en disputa esos territorios entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco, entonces nos pegaba fuerte, somos la comunidad pues más afectada por este tema. Sobre todo, han pasado robos y levantamientos en la zona de Canoas [Durango], que es paso obligado para subir desde Huejuquilla; otras comunidades vecinas, como Bancos de San Hipólito, también viven esos robos y levantones…”.
No es la primera ocasión en que se manifiestan contra este estado de cosas. En Jesús María, la cabecera comunal de la comunidad cora [nayeri], municipio de El Nayar, también tomaron espacios públicos y por un tiempo se logró reducir la presión de la delincuencia organizada. “Pero fue temporal”.
Ahora, se han acostumbrado a vivir bajo condiciones que restringen su movilidad y encarecen la vida cotidiana. “Esta situación afecta mucho la economía de la comunidad y sobre todo el abasto en materia de salud, las obras que se están haciendo en las escuelas, las obras que dan o el recurso que entregan directamente a la comunidad a través de caminos artesanales […] se van paralizando porque los proveedores no pueden entrar a la sierra, ya les han robado vehículos y maquinaria; entonces, pues ya ellos no quieren trabajar, y los que sí lo hacen, ya elevan los costos de material y ahorita en Huajuquilla, está carísimo el material que te traen acá”.
Por ejemplo, agrega, “para arena en una góndola de doble eje de 14 metros cúbicos, antes lo estaban dando a 16 mil pesos, ahora ya subió a 20 mil pesos, y el recurso que nos entregan del gobierno federal ya no rinde, no se alcanzan las metas para las construcciones de los caminos y en eso estamos afectados, porque las instituciones nos dicen que no les importa la razón, pero si no alcanzamos metas, nos quedamos sin dinero para la siguiente anualidad. Es un problema muy grande”.
La movilidad afecta otros aspectos, “sobre el tema de salud, porque la vuelta que se hace este cuando comisionan a los doctores tienen que ser bajo escolta de la Guardia Nacional o por los militares, y cuando salen también tienen que ser escoltados. Y también pasa con la Comisión Federal de Electricidad, cuando solicitamos atención por una falla eléctrica […] si no hay Guardia Nacional, pues se va el servicio de luz o nos quedamos sin doctores o enfermeras”.
Por ahora, el CJNG está reclutando indígenas coras de Jesús María, lo que desconcierta a los comuneros, porque antes se reclutaban en el cártel rival. “Aunque sea a pie, entran a los pueblos, llegan a las tiendas de abarrotes, piden cuota; no hemos cedido a nada y por eso antes de que ya llegue a mayores el tema, estamos solicitando más bien la intervención de las autoridades correspondientes para que nos limpien la comunidad”.
- ¿Cómo se puede asegurar que sean agentes del Cártel de Jalisco, dada la cercanía de la zona de conflicto?
- Sí son del Jalisco. Ellos mismos dicen: somos Cártel Jalisco de Nueva Generación y San Andrés es de nosotros, así nos amenazan. Según según las versiones que tiene el comisariado, cuando lo secuestraron le dijeron que van a tomar a toda la comunidad, quieren cobrar piso, ganadería, cobrar a los maestros, a los de Sembrando Vida, cada uno de los que reciben recursos. Ellos se quieren apropiar de eso, ya lo han dicho verbalmente. Dicen que vamos a estar bien, que les demos chance y que no nos van a hacer nada, pues únicamente que les les tenemos que pagar.
Los comuneros permanecerán en su protesta en El Bajío del Carrizal, peor marcharán esta mañana del lunes por las calles de Guadalajara en demanda de protección.
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