Las acciones de los gobiernos federal y estatal fortalecen el acueducto con cesión de bienes públicos de territorio de Jalisco; ejido reclama violación a amparo con ese procedimiento
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Jalisco han procedido a entregar superficie territorial del estado, fundamentalmente, el derecho de vía de decenas de kilómetros de caminos vecinales y carreteras, a la empresa Abengoa, para construir su proyecto de acueducto El Zapotillo-León, de 140 kilómetros, de los cuales, alrededor de 100 km son en este estado.
El problema es que se trata de derechos de vía federales o estatales para los que ni se ha acreditado el derecho a hacerlo, ni en el caso de los caminos de jurisdicción estatal, se ha consultado ni mucho menos obtenido autorización de los ayuntamientos respectivos o del Congreso del estado, pese a tratarse de bienes de dominio público.
El gobierno de Jalisco sostiene públicamente su apoyo para la conservación de los pueblos de la cañada del río Verde y apenas el pasado 22 de marzo, convocó a un gran “frente por el agua” para defender los derechos de Jalisco en el tema; pero fue la misma administración estatal en marcha la que entregó bienes territoriales (está documentalmente acreditado en el caso del municipio de Cañadas de Obregón) o no actuó contra las entregas de la Conagua de caminos que conectan a numerosas comunidades y rancherías de los municipios de Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán y Unión de San Antonio, las cuales tampoco fueron consultadas.
Pasar el acueducto por derechos de vía públicos es una opción que se construyó a raíz de la fuerte resistencia que el proyecto ha generado entre los agroproductores alteños, que ven en el acueducto un despojo de sus aguas y por ende, un atentado a sus intereses económicos y sociales, pues se trata de una región de lluvia escasa y alta productividad, sobre todo, pecuaria, que sería amenazada por esa escasez inducida.
El 7 de octubre de 2014, se emitió en la ciudad de México el acta de entrega “física y jurídica” de 66 por ciento del “derecho de vía y terrenos, así como ocupación de inmuebles, y que incluye todos los permisos y autorizaciones que el concesionario obtuvo para el uso y goce libre, temporal, pacífico y gratuito de los inmuebles distintos a los inmuebles del municipio de León”, es decir, los correspondientes a Jalisco. En el acto sólo estuvieron presentes la representación de la Conagua, José Elías Chedid Abraham, entonces de director general del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico; el apoderado general de la empresa denominada Concesionara del Acueducto El Zapotillo SA de CV [filial de la española Abengoa], Joaquín Fernández de Piérola Marín, y dos representantes del consejo de administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León: Pedro Arnulfo González García y Óscar Ernesto Garza Romo, respectivamente, presidente y secretario del consejo directivo. Y si bien se trata de territorio de Jalisco, no existe una representación de este estado ni siquiera en calidad de testigo.
El documento está incorporado como prueba en un incidente recién promovido en relación a la posible violación de una suspensión de plano concedida por la justicia federal al ejido Agua de Obispo, que se ubica en San Juan de los Lagos, sobre el mismo asunto.
En esta suspensión se señala la imposibilidad de construir la infraestructura dentro del territorio ejidal. Eso no fue obstáculo para que la Conagua entregara los caminos vecinales de la zona, pese a que están reconocidos como parte de los bienes agrarios, y por tanto, son intocables en este proceso. El caso ya ha derivado en el citado “incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión” (juicio de amparo 1390/2014, Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo), que a juicio de la defensa del ejido, debería derivar en sanción para los servidores públicos inmiscuidos, esencialmente de la Conagua.
En este caso, la acción impugnada se realizó documentalmente tres meses después de que se otorgará la suspensión de plano a Agua de Obispo, la cual dejó claro que no se podía modificar el estado delos bienes en disputa mientras no se alcanzara una sentencia en el juicio de garantías.
Señala el abogado defensor, Alejandro López Aguayo: “… sin considerar la suspensión de plano que fue otorgada al núcleo ejidal quejoso, con fecha 7 de octubre de 2014, el maestro José Elías Chedid Abraham […] indebidamente hizo entrega de bienes inmuebles que son objeto de la medida suspensional otorgada en favor del ejido, pues forman parte de la propiedad del ejido protegida por dicha suspensión, e inclusive la descripción de los bienes afectados se hace conforme a los propios documentos presentados por la autoridad responsable, la Conagua, y en consecuencia se le priva al ejido, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios, inclusive lesionando al régimen jurídico agrario, pues sobre dichos bienes se pretende alojar la construcción del acueducto que llevará agua de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato”.
Son terrenos “ubicados en el área de uso común del ejido, son caminos utilizados exclusivamente por los propios ejidatarios, caminos que en realidad son verdaderas servidumbres de paso[…] el ejido quejoso nunca ha dado autorización ni ha suscrito acuerdo alguno, ni firmado documento alguno, ni ha suscrito acto jurídico alguno” para permitir al funcionario de la Conagua decidir el destino de los bienes […] por lo que hasta ahora conocemos, tampoco existe expropiación o procedimiento expropiatorio alguno para poder disponer de dichos bienes, ni federal ni estatal, ni municipal, ni mucho menos concesión y/o permisos otorgados por el gobierno federal y/o el Ejecutivo del estado, para que Conagua dispusiera de dichos bienes y los entregara a la concesionaria…”.
En procedimientos de transparencia, los municipios de Valle de Guadalupe, Jalostotiltlán, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, han respondido a la defensa de Agua de Obispo en diversas fechas de febrero pasado, que no sólo desconocen de estas entregas de territorio municipal, sino que carecen de antecedentes documentales de las mismas o siquiera alguna petición expresa hecha por los gobiernos del estado o federal.
Y sin embargo, el gobierno de Aristóteles Sandoval tiene participación activa en la entrega de terrenos en un caso documentado: Cañadas de Obregón. El 1 de junio de 2016, el secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) “otorga permiso para ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino dentro del derecho de vía de la carretera estatal número 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe”, según el oficio DCR/DV-013/06-16 firmado por el entonces titular de la cartera, Roberto Dávalos López.
Son obras “con el objeto de incrementar el servicio de agua potable a catorce municipios del estado de Jalisco y a la ciudad de León”, para, dentro del derecho de vía, “la construcción de un acueducto de 13.150 km en la margen izquierda de la carretera”. Así, más allá de los discursos políticos, el acueducto sigue en marcha con anuencia de Jalisco.
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CLAVES
El Verde, la disputa política
*El proyecto El Zapotillo se ha politizado, es decir, se ha convertido en un tema de alta controversia entre los actores políticos de Jalisco, y de discusión corriente entre los ciudadanos. La causa no es menor: se trata de una disputa por agua y territorio, que más allá de discursos localistas, tiene que ver con derechos al desarrollo de regiones completas, en este caso, Los Altos de Jalisco
*Los actores políticos de Guanajuato han sido consistentes en reclamar la parte de concesión de aguas que se le otorgaron a la ciudad de León, que asciende a 119 millones de m3 anuales, a extraer mediante un acueducto desde la presa El Zapotillo, terminada en 80 metros y paralizada legalmente desde 2014
*En Jalisco, están divididos. El gobierno del estado, cuyo titular, Aristóteles Sandoval Díaz, manifestó vía twitter en febrero de 2013 que no permitiría la inundación de Temacapulín efecto de una presa El Zapotillo a 105 metros ; que permitió la conformación de un observatorio ciudadano con fuerte base en la región de Los Altos, y poderes vinculantes; y que contrató una misión internacional que ha sido duramente cuestionada (Unops-Pnuma) y que debe arrojar luces sobre la decisión a tomar, es el mismo que ha combatido con recursos legales juicios de amparo de los defensores de Temaca y de los habitantes de Los Altos, y también ha entregado territorio estatal para la cuestionada obra del trasvase
*El grupo de presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara que lidera el alcalde tapatío Enrique Alfaro Ramírez bajo la sigla del Partido Movimiento Ciudadano, tras fuertes debates, se ha sumado a la exigencia de que el trasvase a León no se concrete, si bien, la falta de definición clara sobre su defensa de Temacapulín ocasionó una reacción desconfiada de los defensores del poblado
*El Grupo UdeG, que preside Raúl Padilla López –cuyos orígenes familiares están en San Juan de los Lagos- ha señalado de forma permanente durante los últimos dos años la inviabilidad del trasvase por los graves efectos que podría tener sobre la región de Los Altos, afectada por escasez crónica de agua y fuertemente amenazada por el cambio climático
MC
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