El organismo señala aspectos de la grave crisis del agua en la entidad e insiste en la necesidad de que no se exporte agua a León.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, demanda las reformas legales necesarias para que “la gestión del agua sea integral”, en vista de la crisis ambiental, social y económica que ha generado en el territorio estatal la pésima gestión del recurso en los últimos años.
Esto incluye “la cancelación inmediata del proyecto del trasvase (Acueducto) Los Altos-León”, y que “la cortina de la presa El Zapotillo se quede en la altura actual, ya que fue cosa juzgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un juicio de Controversia Constitucional. Y demandamos que se opere su capacidad evitando la inundación de las poblaciones mencionadas”.
En el marco del Día Mundial del Agua, “este Observatorio reitera la recomendación emitida en agosto de 2014 al Gobierno del Estado, en la persona del Titular del Ejecutivo, así como al Congreso del Estado de Jalisco para que hagan las gestiones necesarias ante las autoridades Federales correspondientes, para que no se realice el pretendido trasvase de agua entre cuencas por la alta fragilidad y vulnerabilidad hídrica de la región de Los Altos y por los daños irreversibles que se generarían.
Las 81 recomendaciones emitidas, que pueden consultarse en www.observatorioagua.org.mx, demuestran que “la problemática hídrica en Jalisco es grave y se sigue acrecentando”.
En un desplegado de prensa, el observatorio destaca que “no se ha construido una gobernanza estatal del agua, porque las instancias gubernamentales no han permitido espacios efectivos y eficientes de participación ciudadana. Reconocemos que, a pesar de la falta de respuesta por parte de las autoridades estatales respecto al tema en el Río Verde y su pretendido trasvase, desde hace unos meses ha habido distintas declaraciones de parte de algunos ayuntamientos y diputados locales, apoyando el cumplimiento por el OCGIAEJ”, pero lo cierto es que “en más de dos años - tras 38 sesiones ordinarias y 5 extraordinarias- se han emitido 81 recomendaciones y 6 pronunciamientos que aún no han sido atendidos”.
Los casos de intervención con recomendaciones son “bosque de la Primavera, Área Metropolitana de Guadalajara - Abastecimiento, Acuíferos y Calidad del agua- Chapala, la Presa de Hurtado o Valencia, Loma Larga II, Cuenca del Río Verde en Los Altos de Jalisco presa y acueducto con su pretendido trasvase Zapotillo-León, problemática que motiva la creación del Observatorio Zacoalco y Región Lagunas”, mientras están en proceso de emitir recomendaciones los casos de Cajititlán, cuenca del Río Santiago, Poncitlán, Cuenca del Río Ameca, Cuenca del Río Ayuquila, Cuenca del Río Tamazula, Cuenca del Río Zula.
“La política del agua en Jalisco, por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Estatal del Agua (CEA) es deficiente, tanto que ha generado conflictos sociales de envergadura regional, nacional e impacto internacional durante los últimos 14 años. Su ‘gestión’ se reduce a múltiples reuniones formales e informales solamente con algunos de los actores sociales interesados y afectados por la política hídrica, reuniones desarticuladas y carentes de un procedimiento de responsabilidad pública, que solo agravan la problemática”, añaden.
Esto deriva de que “no se cuenta con procesos deliberativos profesionales, con metodología, organizados, documentados, sistematizados y transparentes, sujetos al escrutinio y al compromiso público. Ninguna dependencia ha aceptado su responsabilidad en la gestión, tanto en la calidad como en la cantidad del agua, y es fecha aún que no se les han fincado responsabilidades como servidores públicos”.
Así, “no hay gestión democrática del agua en Jalisco y por lo tanto no hay gobernanza. No se siguen las metodologías y procesos comprometidos en los acuerdos internacionales.La brecha entre los expertos gubernamentales que gestionan el agua y los usuarios, la sociedad organizada, y la academia, interesados en participar en la toma de decisiones crece día con día. Los funcionarios gubernamentales no cumplen con la responsabilidad de atender la argumentación pública y su divulgación. Los proyectos hidráulicos no tienen la solidez necesaria, no son consultados ni explicados de manera accesible, se utiliza el lenguaje técnico como barrera al diálogo, no se atienden las dudas razonables de los sectores sociales y se descalifica la opinión social por no pertenecer al grupo de expertos del gobierno, afectando con ello sus derechos fundamentales”, advierte.
El observatorio destaca del conflicto del agua en Los Altos: “con base en la información publicada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en la Región de Los Altos, la gran mayoría de los 17 acuíferos se encuentra abatidos con un porcentaje mayor al 87 por ciento en sus volúmenes almacenados, por lo que ha declarado esta región en veda permanente. Las Fichas Técnicas Hidrológicas Municipales de la Región de Los Altos de Jalisco publicadas por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA Jalisco) señalan que solamente 4 de los 20 municipios, cuentan con disponibilidad limitada de agua”, y por si fuera poco, “la región de Los Altos es vulnerable a la sequía, lo que se agravará conforme avance el presente siglo, de acuerdo a las proyecciones de cambio climático, estudio ya realizado para esta región por la Universidad de Guadalajara”.
La imposición de un proyecto deriva en que “existen violaciones comprobadas a los Derechos Humanos contra los pobladores que serán afectados directos por las obras de construcción de la presa El Zapotillo (inundación de Acasico, Palmarejo y Temacapulín), así como a los productores agropecuarios, pues el trasvase los dejaría sin agua para producir alimentos”.
El trasvase “generaría un grave impacto hídrico, ambiental y social en la región, de acuerdo a los estudios analizados a la fecha así como a los históricos. Hay un incuestionable clamor social en los Altos de Jalisco, debido a la posible construcción del acueducto Los Altos-León, que demanda una urgente atención por parte del Gobierno de Jalisco y del H. Congreso de Jalisco, ya que el conflicto sigue escalando por la inacción de las dependencias responsables.
SRN
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