Un desplazamiento histórico de más de 180 mil personas lastran la historia hidráulica nacional, señalan colectivos de defensa de Temaca.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
En el marco del Día de Acción Internacional en Defensa de los Ríos y contra las Represas, el Agua y la Vida, los colectivos que defienden la permanencia de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, refrendaron hoy, en Tepatitlán, la urgencia de preservar el río Verde y el modo de vida de quienes están en sus riberas.
“Cada año, miles de personas en todo el mundo levantan su voz para celebrar los ríos del mundo, protegerlos de ser represados, contaminados y exigir que sean ríos libres de megaproyectos, ríos vivos, ríos libres de presas. La construcción de presas en el mundo ha significado una catástrofe socio-ambiental, en el año 2000 según la Comisión Mundial de Represas existían en el mundo 47 mil grandes presas construidas, es decir más de la mitad de los ríos del planeta se encontraban represados, provocando el desplazamiento de 80 millones de personas”, destacaron en un comunicado leído en conferencia de prensa.
En México, según el Informe Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad, “se han construido más de 4,200 proyectos de presas, provocando el desplazamiento y desalojo forzoso de más de 185 mil personas de todo el país. Estas obras responden a un modelo añejo y obsoleto de manejo y gestión del agua, en donde solo predominan las soluciones técnicas y de ingeniería de grandes obras de infraestructura, que no benefician a productores y habitantes de los Altos y en detrimento de los derechos al agua y al territorio de los pueblos. Las presas en el mundo son tecnología obsoleta, en Estados Unidos y Europa por ejemplo, se están desmantelando y reconstruyendo los cauces de los ríos”.
Actualmente “se encuentran programadas para su construcción 150 presas, entre ellas el proyecto Presa El Zapotillo y su Acueducto Zapotillo-León. Proyecto que con el falso argumento de abastecer de agua potable a la ciudad de León, Guanajuato, 14 municipios de los Altos de Jalisco y la Zona Metropolita de Guadalajara, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Jalisco y Guanajuato pretenden imponer en el territorio de los Altos de Jalisco. Beneficiando a las empresas españolas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Abengoa, y a las mexicanas La Peninsular y Grupo Hermes”.
A pesar de los años de desarrollo del proyecto sigue siendo una incertidumbre, “¿cómo va a llegar el agua de la presa El Zapotillo a los pueblos de los Altos de Jalisco?, debido a que no existe ningún documento que clarifique los ramales y un plano de conexión del Acueducto Zapotillo León para la región. Por lo que es necesario preguntarse ¿realmente les llegará agua de este proyecto?; y de ser así ¿quién absorberá los costos de conexión, de bombeo, de potabilización y si existirá una partida especial para los gobiernos locales?”, se preguntó la integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), María González, lectora del comunicado.
Fichas técnicas hidrológicas realizadas por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), “reflejan que de 20 municipios ubicados en región Altos, 19 están sobreexplotados. Nos preguntamos entonces si el proyecto pretende llevarse el agua ¿Cuál es el beneficio para la región de los Altos si según testimonios de los campesinos sus acuíferos se están agotando, las sequías son más prolongadas, las poblaciones no tienen agua y se pone en riesgo a las unidades de producción?”.
Desde esta lógica, “lo que queda claro es quien gana y quien pierde con el proyecto Presa Zapotillo-Acueducto Zapotillo León. Pierden los campesinos y productores porque les cerrarán los pozos, con el argumento de que es necesario que la presa se alimente; les obligarán a comprar el agua a costos definidos por la empresa Abengoa y ya no podrán sacarla de pozos, ni podrán captar el agua de lluvia; en la mayoría de los municipios de los Altos se prologarán las vedas de aguas profundas y superficiales; los bordos y la captación de agua se volverán alternativas reprimidas por la Conagua, con el argumento que el agua de escurrimiento será para El Zapotillo”.
Además, aseguraron, “les quitarán el agua a los campesinos y productores con la que se produce 88 por ciento de todo el huevo que comemos en México y 22 por ciento de la proteína animal, poniendo en riesgo el sector productivo rural, la economía y vida misma de más de 800 mil habitantes de la región de los Altos de Jalisco”.
Ganan “las empresas constructoras, porque se llevarán, controlarán y venderán el agua de los Altos por 25 años, incrementando el costo del pago por el acceso y distribución del agua, como se ha hecho con la luz, el gas y la gasolina; el gobierno le sirve en charola de plata a la empresa Abengoa el acueducto, debido a que solo tendría que aportar 25 por ciento del costo de la obra; pero, como ese 25 por ciento sería su utilidad en la construcción del acueducto, entonces no pondrá nada”.
La transnacional, así, gana “con la construcción del acueducto, gana con la operación del mismo, tiene a un cliente cautivo León y SAPAL (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León) que durante 25 años asume un convenio que lo obliga a pagar toda el agua que «transportaría» el acueducto aunque en realidad no la provea (venta de agua virtual). A pesar de que en noviembre de 2015 la empresa Abengoa entró en quiebra, el gobierno con nuestros recursos intenta rescatarla, aportando hasta ahora más de mil millones de pesos”.
Los municipios de los Altos que avalen a El Zapotillo y su Acueducto, deberán asumir el pago de conexión al Acueducto y pagarle a Abengoa el precio que defina.
“La vigilancia y defensa del territorio de los Gobiernos locales en esta etapa del proyecto es fundamental, evitar que se autoricen permisos, cambio de uso de suelo o licencias para favorecer la construcción del Acueducto debe ser un compromiso y exigencia de las poblaciones a las que representan”.
Disminuir la disponibilidad de agua en la región, “imponer vedas, llevarse el agua de los Altos a León y beneficiar a una empresa trasnacional sin tener una política de gestión integral del agua no es una solución para Jalisco, mucho menos para los Altos”. Los colectivos “hacemos un enérgico llamado a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos [Unops, por sus siglas en inglés] a no convalidar la actual política pública estatal de gestión del agua, deficiente, costosa y miope, que privilegia el ‘negocio’ de unas pocas empresas a costa de la violación de Derechos Humanos Fundamentales de pobladores de los Altos de Jalisco, sin mencionar el cúmulo de irregularidades e ilegalidades, en las que ha incurrido el Estado mexicano para aprovechar una cuenca que en principio, nunca debió de considerarse para resolver los problemas de agua de la Zona Metropolitana de Guadalajara”.
A pesar de que Unops en su diagnóstico “habían detectado opacidad en la información referente al proyecto y plantearon un ejercicio adecuado al derecho a la información, la realidad es que a menos de un mes que finalicen su estudio no han presentado de manera formal y pública avances del mismo”.
Firman Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; Colectivo de Abogados; Acción Colectiva; Plataforma Tómala Ciudad y Movimiento Mexicano de Afectado por las Presas y en Defensa de los Ríos.
GPE
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