Lamentan “agresiones” de ayuntamientos metropolitanos y de SIAPA, con obras públicas, concesiones y proyectos inmobiliarios
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Una red incipiente en defensa de los parques, áreas verdes y el agua en el área metropolitana de Guadalajara, se pronunció contra las políticas “agresivas” de deforestación, contaminación, fragmentación, concesionamiento, pérdida y ventas disfrazadas del espacio público, promovidas por autoridades municipales y estatales, que tienen como consecuencia la reducción acelerada del patrimonio natural y público de la urbe.
Reunidos en un foro, en el contexto del Día Mundial del Agua y de los conflictos recientes por obras del SIAPA y de los ayuntamientos metropolitanos, en el Parque San Rafael –uno de los espacios que actualmente se disputan con el SIAPA y el ayuntamiento tapatío-, se analizaron los casos de Parque Arcos de Guadalupe, Parque Natural de Huentitán, Parque Liberación o Deán, Parque Metropolitano, Cerro del Gachupín, Cerro del Tesoro, Bosque la Primavera, Los Sabinos y el lago de Chapala, además de ser propio espacio del oriente de la ciudad.
“Queremos alertar sobre la deforestación, contaminación, fragmentación, concesionamiento, pérdida y ventas disfrazadas del espacio público consolidado en los parques y áreas verdes de la AMG por los Ayuntamientos metropolitanos y Autoridades Estatales en detrimento del goce y usufructo del derecho a la ciudad, a la salud, a un medio ambiente sano, al agua potable y al saneamiento. Los parques urbanos son bienes escasos y elementos fundamentales para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones al cambio climático y a la resiliencia de las ciudades. Los parques, áreas verdes, cerros, bosques, barrancas, arroyos y lagos proveen de servicios ambientales a una población de cuatro millones 641,511 personas según datos del INEGI al 2013”, señala la declaratoria.
“Hoy en día, de manera totalmente irregular, los espacios públicos están perdiendo terrenos, ya sea porque utilizan parte de los mismos como equipamiento urbano para construir vasos reguladores (Parque San Rafael y el Deán), desarrollos urbanos (Arcos de Guadalupe, Huentitán, el Gachupín), vialidades internas para favorecer a desarrollos urbanos (Parque Metropolitano), macrolibramientos viales (la primavera, Los Sabinos) o acuarios como el parque Alcalde”.
Sin embargo, “de acuerdo al artículo 115 constitucional son considerados como servicios públicos y la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Jalisco no establece categorías apropiadas de protección, preservación y restauración ya que las figuras más cercanas a éstos son las establecidas en sus artículos 50 y 51 como parques ecológicos municipales y zonas de preservación ecológica de los centros de población. De igual manera, la evaluación de impacto ambiental es un instrumento que los municipios no tienen establecido como política ambiental preventiva a los impactos de obras y actividades que puedan ocasionar impactos negativos al ambiente”.
No obstante, “ la figura de espacio público y áreas verdes son reconstruidas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para incorporar la planeación ambiental y sobre ésta la urbana, los principios a observar en la planeación urbana el derecho a la ciudad, de protección y progresividad del espacio público, el rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse o mejorarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos, la sustentabilidad ambiental, y accesibilidad universal entre otros”.
Por ello, “hacemos un enérgico llamado a las autoridades de los tres Poderes y Órdenes de Gobierno a adecuar las leyes estatales y reglamentos municipales a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que garantiza una nueva gestión de los espacios públicos y áreas verdes. Exigimos la incorporación efectiva de los vecinos y de sus asesores en el diseño, planeación e implementación de obras de desarrollo e infraestructura que impacten espacios públicos”, y “adecuar las categorías de protección que tiene la LEEPA, el Código Urbano porque hoy por hoy, no son suficientes para proteger los espacios públicos en el contexto de la nueva gestión del suelo incorporada en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a través de una consulta ciudadana eficaz e incluyente”.
También demandan “el alto a las agresiones a nuestra ciudad y suspensión de actividades en los parques San Rafael, el Liberación o Deán, el Metropolitano, entre otros”, lo que significa “el respeto absoluto e incondicional a las suspensiones otorgadas por las autoridades del Poder Judicial de Control de Constitucionalidad y de Derechos Humanos como en el caso del Parque San Rafael, el Parque Natural y Mirador de Huentitán, el cerro del Gachupín”.
De este modo, se formaliza “la Red Metropolitana en defensa de los Parques, Áreas Verdes, cerros, arroyos y lagos a efecto de constituir un observatorio ciudadano y metropolitano de vigilancia, manejo y custodia de todos y cada uno de nuestros espacios públicos. Cada espacio público deberá tener su Comité ciudadano que lo proteja”. El consejo técnico asesor de la red lo integrarán los expertos Margarita Anaya, Arturo Gleason, Maite Cortés, Jorge Gastón, Luz María Cueto, Raquel Gutiérrez, Mireya Acosta e Ivonne Álvarez.
MC
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