Riesgos de que la Conafor sea más poderosa y opaca, sin contrapesos y con participación social condicionada, advierten.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Una Comisión Nacional Forestal todopoderosa, que monopoliza la regulación de las autorizaciones y aprueba los subsidios y apoyos al sector sin contrapesos; que acentúa la opacidad de los datos de sus beneficiarios y de los criterios de asignación del Fondo Forestal, y que violenta los derechos a la “debida consulta” de pueblos campesinos e indígenas, es la que podría ser aprobada hoy, por la cámara de diputados, de acuerdo a la preocupada versión de los especialistas de los organismos no gubernamentales, que alegan haber sido desplazados casi completamente de la discusión por los legisladores federales.
Un documento difundido desde el pasado lunes 27 de febrero ( se puede leer íntegro en http://www.cemda.org.mx/seria-un-error-aprobar-dictamen-de-ley-forestal-sin-consulta/), titulado: “Valoración general del dictamen de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable”, firmada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf); Silvícola Ocote Real; Silvicultores y Productores Agropecuarios Quetzalpapalot; Unión Estatal de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca (UESCO) y la Unión de Ejidos Sierra Norte de Puebla, pone en relieve los errores y omisiones.
“El principal retroceso es un ataque en contra de la participación plena y efectiva y una centralización autoritaria, especialmente en dos temas: el Consejo Nacional Forestal [Conaf] y el Fondo Forestal Mexicano. En el primero, reduce al mínimo las funciones del consejo, hasta dejarlas en una consulta sin fuerza, a voluntad de los funcionarios y concentra en el presidente del Conaf la elaboración del reglamento, la composición del Conaf y también en evidente intromisión centralista en contra del pacto federal en la definición del perfil de los consejos estatales…”.
En el caso del Fondo, “prácticamente suprime el papel del comité mixto al cambiar su carácter de órgano de gobierno a órgano asesor (artículo 132 del dictamen). Para ello, además, se adiciona una nueva atribución a la Conafor para que sea de manera expresa la unidad responsable del fondo (fracción V del artículo 19 del dictamen). Al ser el fondo un instrumento que está diseñado para captar y administrar fondos públicos y privados, este diseño deja mucho que desear en términos de buenas prácticas de gobernanza y trasparencia”.
En cuanto a los servicios técnicos forestales (artículos 94 al 97 del dictamen), “el dictamen votado destruye los avances modestos en mejora de los servicios técnicos contenidos en la ley vigente”, pues cambia de un esquema de registro prácticamente vitalicio a otro sujeto a evaluación por resultados. También “contempla la posibilidad de incluir la manifestación de impacto ambiental en el plan de manejo, cuando se den los supuestos que la hacen obligatoria, cómo se encuentra ya en la actual Ley vigente en su artículo 76. Sin embargo, ahora no se otorga la facultad expresa de integrar la MIA al programa de manejo forestal para seguir un solo trámite administrativo como se encontraba en dicho artículo, sino que a través del cambio al verbo ‘podrá’, se deja de manera facultativa a la autoridad dicha decisión”.
También “se eliminan candados de la actual Ley Forestal (artículos 99 y 100) para que de manera expresa ocho grupos de familias de plantas de la vida silvestre con centro de origen en México, que consideran especies en riesgo, sean aprovechados a través de autorización de la Conafor como recursos forestales no maderables”.
Los avances propuestos por las ONG no fueron incorporados. La silvicultura comunitaria, de la cual Jalisco es uno de los estados con casos exitosos, corre riesgo.
SRN
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