miércoles, 22 de marzo de 2017

Alcaldes aprovechan “crisis de agua” para favorecer a negocios inmobiliarios


Colectivos por Temaca le responden a Alfaro: hacer presas no es gestión integral del agua; también demandan transparencia a la Semadet

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Una presa es contradictoria con la gestión integral del agua, y una presa a 80 metros, como se encuentra ahora El Zapotillo, no garantiza la preservación de Temacapulín. Los colectivos que defienden los pueblos de la cañada del río Verde se pronunciaron hoy por la revisión del proyecto a solamente 64 metros de altura, y por revisar con las fuerzas políticas que se han decantado por apoyar, de forma atropellada, la causa que ellos sostienen, los términos de una gestión del recurso que sea realmente justa y respete a la naturaleza.

“Sobre el posicionamiento y propuestas de los alcaldes metropolitanos del Partido Movimiento Ciudadano […] queremos recordarles que la construcción de presas no es una alternativa dentro del modelo de GIA [gestión integral del agua]; demandar y traer el agua de cuencas lejanas sin antes considerar otras alternativas en la ciudad, tampoco es GIA; favorecer el desarrollo inmobiliario afectando las zonas recarga y lo acuíferos de la metrópoli no corresponde a un modelo de GIA, y argumentar una crisis del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara sin estudios a profundidad y un adecuado monitoreo sobre la disponibilidad de agua superficial y subterránea no es GIA”, advirtieron, en voz de la activista del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, María González Valencia.

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“La altura de la cortina para los pueblos significa todo: la vida o la desaparición de nuestra cultura, no es un absurdo debate. Nuestra lucha es por el agua, nuestra lucha es contra de la presa, contra el acueducto, por nuestros derechos. La altura de la cortina de la presa a 80 metros es incierta, en ningún estudio está comprobada la seguridad para Temacapulín. Al lado de expertos nacionales y holandeses (los más especializados en controlar inundaciones) hemos revisado los estudios disponibles y demandado se realicen todos los estudios necesarios y obras complementarias que garanticen la seguridad, la tranquilidad y la certeza de permanencia en nuestro territorio”,añadió el texto leído en la conferencia de prensa de esta mañana.

“Contamos con estudios sobre la altura de cortina óptima que exigimos como pueblos y que presentamos en 2011 a la Conagua y al Gobierno de Jalisco, esa es nuestra posición: una altura de cortina a 64 metros que garantice la vida y la permanencia de nuestro territorio. El agua continúa en Jalisco porque alzamos la voz, la presa está detenida por irregularidades y violación a nuestros derechos, la presa no está terminada”, añadieron.

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También reclamaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial su opacidad: “El pasado 10 de febrero, la Semadet, en un acto contradictorio al derecho de acceso a la información pública, nos reservó por un año, ‘la información que se está generando’ respecto a los estudios pagados con recursos públicos, que realiza la UNOPS-PNUMA sobre el agua en la región de la Cuenca del Río Verde. Su fundamento es “la preocupación” del mal uso, o la mala interpretación que se le pueda dar a la información con fines de terrorismo, rebeldía o atente contra la seguridad de personas, miembros de la UNOPS y del Estado, por tratarse de un estudio no concluido. En los alegatos la Semadet argumenta de un ‘organismo Internacional’ que validará el estudio, no es claro y no se menciona este organismo en el acta de reserva original. Nos preocupa que a unas semanas de finalizado el estudio no se esté trasparentando sus avances y sus resultados sea reservar y restringir por el periodo de un año”.

De este modo, “lamentablemente las autoridades de los tres niveles de gobierno en sus discursos hablan de la Gestión Integral del Agua solo como concepto vacío de contenidos, nos preguntamos si lo incorporan a sus discursos ¿porque está de moda?, o ¿lo copiaron de los movimientos sociales? No obstante, en los hechos las políticas hídricas siguen respondiendo al modelo orientado solo a la construcción de grandes obras de infraestructura, en la lógica de privatización y mercantilización del agua, favoreciendo en todo momento al capital privado en detrimento de los derechos de la gente”.

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Se trata de un documento emitido por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Colectivo de Abogados, Acción Colectiva, Plataforma Tómala Ciudad, Colectivo de Organizaciones Ciudadanas por el Agua (Coloca), Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización, Coalición Mexicana de Organizaciones por el Derecho al Agua y Movimiento Mexicano de Afectado por las Presas y En Defensa de los Ríos.

“Jalisco sobresale a nivel nacional por sus conflictos socio ambientales relacionados con el agua. El río Santiago el más contaminado de México se encuentra ocasionando enfermedades en las personas y alteración de los ecosistemas; el lago de Chapala el más grande del país enfrenta sobreexplotación y altos niveles de contaminación; la mayoría de los ríos del estado se encuentran represados y contaminados afectado la especies que en ellos habitan, y los pocos ríos vivos, que aún fluyen libremente como el río Verde en los Altos de Jalisco son disputados para saciar la sed de las grandes ciudades que crecen de manera desordenada y desmedida en favor de grandes desarrollos inmobiliarios como el proyecto de Iconia para la construcción del recinto ferial (Fiestas de octubre), el Santa Anita Hills que atenta contra el bosque de la Primavera o el desarrollo Capital Norte que se expande a un lado del bosque Nixticuil”.

En el Área Metropolitana de Guadalajara, “el funcionamiento del sistema de abastecimiento y la falta de alcantarillado es precario en la mayoría de las colonias de la periferia que no cuentan con acceso al agua, lo que incrementa su marginación y pobreza como sucede en la colonia La Huizachera; el sistema de saneamiento del agua en la metrópoli y de regulación de las descargas de la industria a los cuerpos de agua es deficiente; la mayor parte de los acuíferos del (AMG) se encuentran sobreexplotados o dañados por obras como el paso a desnivel de Plan de San Luis, el estacionamiento de Mexicaltzingo, las obras de tren ligero, el próximo estacionamiento del Teatro Diana, provocando la búsqueda de fuentes de agua cada vez a mayor distancia, lo que ocasiona a su vez construcción de grandes obras de infraestructura, provocando conflictos sociales, despojo de los territorios y del agua de las poblaciones rurales para abastecer a las grandes ciudades, como el caso de la Presa El Zapotillo y su acueducto Zapotillo León”.

Los quejosos demandan: uno, “se abra un espacio de diálogo y trabajo con los Alcaldes Metropolitanos, Diputados Federales y Locales del Partido Movimiento Ciudadano para revisar y profundizar los argumentos aquí expuestos”; dos, “se publiquen los planes y programas de Gestión Integral del Agua de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y de los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara”; tres, “se convoque a una reunión de la Junta de Coordinación Metropolitana con participación de especialistas y organizaciones ciudadanas para analizar los planes y programas metropolitanos de Gestión Integral del Agua”.

También, “En mayo de 2015 creamos la Comisión Especial de Gestión Integral del Agua en el Congreso del Estado de Jalisco, a la fecha no se nos ha convocado y desconocemos los avances en el plan de trabajo que diseñamos, por lo que exhortamos a la Comisión reactive de inmediato los trabajos con especialistas y las organizaciones en defensa del Agua”.

Los colectivos aplauden el pronunciamiento de la Universidad de Guadalajara, y exigen a la Conagua, al gobierno de Jalisco y la Semadet “trasparenten de inmediato los resultados del estudio de la UNOPS-PNUMA. Y se transparente la conformación del organismo internacional de seguimiento del estudio”.

Finalmente, una puntualización clara: “nuestra lucha es apartidista, nos deslindamos de cualquier mal uso que se le dé a esta información con fines de legitimarse”.

SRN

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