No al trasvase a León, los dineros de Abengoa, la contaminación en Tapalpa y Hurtado, temas "impostergables".
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Los casos más apremiantes del agua en Jalisco: el trasvase de la cuenca del río Verde a la ciudad de León, el ecocidio en la presa de Hurtado, la contaminación y escasez en Tapalpa, el descuido del acuífero metropolitano y la sobredemanda de agua urbana en Colomos Providencia por construcción de torres, fueron ventilados en la sesión ordinaria que realizó ayer el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, en la sala de legisladoras del Congreso del estado.
Pero su coordinador, el empresario y activista social Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, destacó ante los diputados Oswaldo Bañales (PRI) y Pablo Torres (wikipolítica) que lo que tiene más fuertemente estancado al sector y al propio observatorio, es la indiferencia institucional, pues habiendo entrado en funciones desde 2014, no existe a la fecha una sola recomendación cabalmente cumplida, no obstante que el decreto de creación del organismo establece su carácter vinculante para el gobierno del estado y los municipios.
Entre las recomendaciones en las cuales, el Congreso local puede respaldar con su anuencia, está la realización del ordenamiento hídrico, un instrumento de gestión esencial tanto para la meseta de Los Altos de Jalisco como para toda la entidad, en particular, la presa Hurtado y la región Lagunas, donde se presenta una crisis de calidad y volumen de agua; y hay una explícita petición de que no se permita mover el agua del río Verde hacia la urbe de El Bajío, dijo el representante del Foro Ganadero, Alejandro López Aguayo.
También resaltó anomalías denunciadas como la entrega de territorio de Jalisco a la empresa Abengoa por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del gobierno del estado, ssí como dinero del fondo de pensiones, por más de 603 millones de pesos, casos en los que el legislativo debería pronunciarse.
Paloma Macías, presidente de la Alianza Cívica Alteña para la Defensa del Agua, advirtió: “Nadie, a excepción del Observatorio, nos ha tomado en cuenta. Personas que no son expertas ni de la región, que además no conocen a fondo el tema o la zona y mucho menos tienen en riesgo su patrimonio y forma de vida, están tratando de tomar decisiones y formular opiniones que nos afectan […] el decreto de 1995 [que reparte las aguas del río Verde] es muy claro y hasta las personas que no saben del tema o no son expertos lo pueden entender. Este decreto afecta nuestros derechos: en la región de Los Altos el agua es escasa y el manejo que los alteños hacemos es eficiente. La región no está en condiciones para realizar un trasvase”.
En conclusión: “el problema no es técnico, es político”, dijo Márquez Gutiérrez. “Es momento de tomar decisiones”.
SRN
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