El vertedero sigue en operación y las obras de planta de transferencia están sin terminar; destacan tibieza del ombudsman.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Pasó el año completo y el tiradero de Atacco no fue cerrado. Aunque el gobierno del estado aportó 2.5 millones de pesos para la construcción del centro de transferencia en La Frontera, la obra civil estaba parada ayer. Los camiones recolectores seguían arribando al viejo vertedero y los miembros del consejo civil de esa localidad, que ha debido soportar el depósito por dos décadas, a costas de su calidad de vida, acudieron a Guadalajara, a reclamar la inacción a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) y a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa).
"Se han tenido reuniones con personal de la comisión y con el procurador ambiental; con ambos estuvimos más de una hora y les planteamos la necesidad de que ya se atendiera de forma seria el caso, porque hay una total incomunicación con el presidente municipal y los plazos que se han ido definiendo no han sido cumplidos", dijo el representante legal de los quejosos, Guadalupe Espinoza Sauceda.
Por la mañana, se apersonaron en el área de seguimiento de la CEDHJ, con un funcionario llamado Porfirio Rodríguez Torres, quien quedó de retomar el asunto con base en el expediente 10956/16/III. También se entregó una ampliación de la queja 8097/17/III, en la que se destaca la desatención a sus derechos, "no obstante que llegamos a una etapa de conciliación con el gobierno del estado de Jalisco, hemos observado un estado de pasividad de las autoridades del estado, lo que es aprovechado por el ayuntamiento de Tapalpa. Pero lo peor del asunto es que ésta CEDH ha entrado en esta misma sinergia de pasividad dejando a nuestra comunidad desguarnecida y a nuestra suerte", señala el escrito de tres páginas.
Añaden que no hay una verdadera protección a sus garantías sobre todo en el tema de medio ambiente y salud.
Las evidencias agregadas: el convenio para resolver la contingencia ambientalen un lapso de seis meses, que vencía en abril de 2017; "se estableció el compromiso de llevar a cabo obras de remediación tales como sanear la cuenca del río que está contaminado por la basura y que pasa por la población de Atacco; limpiar de 'voladuras' los predios circundantes; circular el terreno y dar uso adecuado a la fosa de lixiviados y de cadáveres de animales. Sobre todo, tapar diariamente con capas de tierra la basura que se va depositando".
Se dotaría a Tapalpa de una patrulla para que estableciera su base en Atacco; además, proporcionar una ambulancia para la misma base, y se respetaría la "integridad física y moral" de los moradores. Los compromisos no se cumplieron. Se fijaron nuevas prórrogas. No hubo el trabajo del ombudsman para que ayudara a una eficaz presión. Y los avances físicos de las obras comprometidas son considerados insuficientes por los quejosos.
Al compromiso de cambiar su actuación que tuvo el funcionario de la CEDHJ, se agrega el del procurador estatal del ambiente, José Rentería González, quien ayer se comprometió a regresar a la población para detallar los compromisos ambientales asumidos por el ayuntamiento y el grado de su cumplimiento. Para los miembros del consejo de Atacco, es como volver a empezar.
SRN
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