El municipio señala graves omisiones de ex alcaldes tapatíos que favorecieron a escritura fantasma.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, sin oposición de las bancadas priista y panista, aprobó en agosto pasado la negociación de la sindicatura, presidida por Bárbara Casillas, con la empresa Desarrollos Inmobiliarios 10 para ceder 60 por ciento de un predio patrimonio municipal, situación que ha generado un gran malestar entre los vecinos del fraccionamiento afectados, Arboledas Sur.
El pleno aprobó en esa ocasión un convenio judicial, pues consideró la funcionaria que era complejo recuperar la totalidad del terreno. Se trata de una escritura que había sido considerada apócrifa en los años 90, para un predio "fantasma" denominado La Cuyucuata, pero que según la funcionaria, fue legitimado por la administración 2000-2003, que encabezó Fernando Garza Martínez, al no acudir a una diligencia de apeo y deslinde que habría permitido dar vigencia legal al "fantasma". Los vecinos opuestos a la operación, denuncian que la empresa beneficiaria, que compró los derechos a José Manuel Pérez Luna, quien se ostentaba como propietario de La Cuyucuata, sería parte de una sociedad a la que está integrado ese ex alcalde panista, el cual no ha manifestado públicamente alguna respuesta a la denuncia.
El segundo momento de la operación inmobiliaria, siempre según la titular de la sindicatura, se dio durante la administración del priista Ramiro Hernández García, quien por medio de su responsable jurídico, Ernesto Salomón Delgado, "reconoció" los derechos de la inmobiliaria al aceptar un segmento del terreno como donación.
La administración actual interpuso el año pasado una querella formal por la vía civil. "El Departamento Jurídico analizó las posibilidades que teníamos de ganar y nos encontramos que ya había un antecedente donde el Ayuntamiento no había hecho valer sus escrituras. También detectamos que en la anterior administración se recibió una donación de ese predio, es decir que se acepta que el terreno era de alguien más al recibir esta donación (...) jurídicamente era una situación adversa para el municipio y se corría el riesgo de perder la demanda. El juicio se podía extender hasta quince años y perder toda la superficie del terreno", dijo Bárbara Casillas a los regidores, de acuerdo a la versión de un diario local (El Informador, 8 de agosto de 2017).
Bajo esa presunción, se decidió que era mejor un mal arreglo que un buen pleito, y se sacó adelante el convenio, con la promesa del presidente municipal, Enrique Alfaro Ramírez, de que se buscaría por la vía e conciliación y acuerdos, rescatar más superficie. La inmobiliaria se comprometió además a "ejecutar obra pública" por 24 millones de pesos. Esto incluiría construir un circuito de caminata, "arenero infantil, cancha multiusos, terraza, zona de asadores, gimnasio al aire libre y una cortina arbolada".
También existe la promesa de denuncias penales contra los que en su momento fueron omisos en defender los derechos municipales. Hasta ahora, los autores del "atraco" (así lo ve el grupo vecinal encabezado por Sergio Santana Loza) se han salido con la suya.
SRN
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