La demarcación protegida será “recortada” ante la oposición de cinco ejidos, a los que se espera convencer de integrarse a la naciente área de protección hidrológica
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El proyecto de área de protección hidrológica Sierra de El Cuale, que incluye a las montañas que rodean y proporcionan servicios ambientales a Puerto Vallarta, deberá acortarse territorialmente si se desea lograr el decreto que le dé vigencia jurídica dentro de los términos de la actual administración estatal. Se espera que en julio se publique en el periódico oficial El estado de Jalisco la conformación de la reserva protegida con alrededor de 70 mil hectáreas, contra unas 111 mil ha que están contenidas en la propuesta publicada en diciembre de 2016.
Esto se debe a que cinco ejidos de la montaña y la costa, encabezados por El Cuale, de Talpa de Allende, mantienen desde hace casi un año suspendida la consulta dentro de sus territorios, actos jurídicos emanados de respectivos juicios de amparo, por considerar que la creación de la reserva no les beneficia e incluso pondría en riesgo derechos que tienen como propietarios, en particular, porque mantienen actividades productivas en sus demarcaciones.
“Los abogados nos han comentado que ya prácticamente estamos a punto de la sentencia, lo cual ocurrirá en las siguientes semanas; debo decir que ha habido algunos acercamientos por parte del responsable del proyecto por la Semadet [Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial], Antonio Ordorica [Hermosillo], pero no se ha concretado. Y para nosotros está muy claro; estamos a favor de conservar, pero obviamente que eso sólo se logra si puede haber productividad, y no vemos que el área protegida nos permita hacerlo”, dijo a MILENIO JALISCO el responsable técnico del ejido El Cuale y uno de los líderes de la oposición, Gonzalo Curiel Alcaraz.
Los cinco expedientes contra el ANP son: Uno, ejido El Cuale, Talpa de Allende. Suspensión de plano de la consulta del ANP dentro de su territorio en el juicio de amparo 628/2017-IV, en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, confirmada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (recurso de queja 86/2017).
Dos, ejido San Andrés, Talpa de Allende. Suspensión de plano en juicio de amparo 791/2017-VII, del Juez Séptimo de Distrito, confirmado por Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en queja 96/2017. Tres, ejido Emiliano Zapata, Cabo Corrientes. Juez Primero de Distrito niega suspensión de plano en amparo 882/2017, pero se corrige en la queja 89/2017, ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordena se otorgue suspensión.
Cuatro, ejido Zapotán, Mascota. Suspensión de plano concedida en el marco del expediente 801/2017, por el Juzgado Segundo de Distrito. Cinco, ejido Puerto Vallarta, municipio homónimo; suspensión de plano contra decreto que incluya su territorio, en juicio de amparo 975/2017, Juzgado Quinto de Distrito.
“Los procedimientos jurisdiccionales, que están en tribunales federales, en este momento están en fase de integración de pruebas y desahogos periciales, para determinar en el caso de los ejidos lo que corresponde a su interés jurídico, es decir, que se encuentren ubicados en la superficie del polígono que va a ser área natural protegida […] de forma paralela se están generando las condiciones para buscar de una vez por todas que en el procedimiento jurisdiccional se analicen los aspecto de fondo, la importancia hidrológica y biológica de la zona, y la importancia de que este marco de protección también implique la generación de condiciones para los propietarios, los dueños de la tierra, en condiciones más ventajosas de carácter económico, sin tener que sacrificar el estado de conservación en el que se encuentran las montañas”, explicó el director de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), José Rentería González, quien ha enfrentado los juicios en representación de la Semadet desde marzo de 2017.
“En realidad, lo que está sucediendo es que se está buscando la opción de que aquellas superficies que no son parte de los ejidos impugnadores sean la base para que se emita un primer decreto, siempre y cuando generen esa continuidad biológica que busca el proyecto; en el caso de que se vayan generando las condiciones para incorporar el resto de las superficies, se irán ampliando los polígonos, y en el peor de los casos, si no hay condiciones para que esos ejidos quejosos se incorporen, la situación aquí es que ese elemento no sea un obstáculo para que resto de la superficie sí pueda ser decretada de una buena vez”, añade.
Esto significa un decreto acotado, tal vez alrededor de 70 mil ha, lo que lo mantiene como el más ambicioso de los proyectos de protección desde 2009, cuando el gobierno del estado decretó la primera reserva (Bosques Mesófilos Nevado de Colima). No se trata solamente del tamaño, sino de la complejidad de la zona: allí se encuentran desde bosques templados de pino y encino hasta selvas subhúmedas, pues es el área más lluviosa de todo Jalisco y va desde 2,800 metros sobre el nivel del mar a cero, es decir, hay una riqueza que algunos investigadores consideran podría ser superior a la Sierra de Manantlán, la más famosa de las reserva de Jalisco y del occidente mexicano.
“Creo que el resultado va a tener que ser a partir del criterio de la velocidad con que se den las negociaciones; lo ideal sería emitir este primer decreto y generar condiciones para que se establezca la negociación con los demás quejosos, y que salga una ampliación del decreto; si la negociación se retrasa, lo adecuado sería ir ampliando con los decretos correspondientes conforme se vayan dando las negociaciones”, añade el abogado institucional.
Antonio Ordorica Hermosillo, el responsable institucional, señala que hay un acuerdo con la titular de la Semadet, Magdalena Ruiz Mejía, para trabajar en las dos vías. “Ya estamos por concluir el ajuste o recorte del polígono territorial donde no hay proceso legales, cuidando más el polígono hacia la parte de las selvas, con los ejidos del grupo de Vallarta Ambiental, para sobre eso ya irnos con un decreto los próximos meses, quizás ya pasando la parte de la veda electoral, pero no más de medio año para sacar esta parte del decreto”.
Reconoce que le ha faltado sentarse con Gonzalo Curiel, pero ya atiende una agenda de diálogo con los ejidos San Andrés, de Talpa, y de Puerto Vallarta,para impulsar financiamientos productivos en su interior y convencerlos de que no hay una cancelación de su usos económicos, y antes bien, la marca de ANP puede potenciar las oportunidades en materias como madera y artesanías, desarrollos turísticos de bajo impacto y ecoturismo, y pagos por servicios ambientales. Puerto Vallarta depende de forma vital de que esas montañas tengan un buen nivel de conservación.
Advierte que no se trata de conservar por conservar. Es decir, será un territorio continuo y no aislado, justamente donde las interacciones se mantengan. “Queremos trabajar con mucha solidez, generar confianza y convencer a los que deciden separarse para que se llegue en lo posible a la propuesta original, de 111 mil ha”.
La importancia del decreto obedece a la posibilidad de frenar la invasión inmobiliaria que ha alentado el Ayuntamiento de Puerto Vallarta por más de diez años hacia la parte alta de la montaña, así como condicionar proyectos de infraestructura de alto impacto, como el libramiento carretero de la SCT.
(Área estatal de protección hidrológica Sierra el Cuale)------------------------------------------------------
CLAVES
Un debate jurídico en Jalisco
Hay tres casos recientes en Jalisco en que se han enfrentado los dueños de la tierra a las tentativas del estado por regular su usufructo, desde hace más de diez años, para área naturales protegidas
Caso 1
Ejido Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan, contra el decreto de ANP federal de La Primavera
En la revisión 465/2007 del juicio de amparo 413/2001, con el voto dividido de los tres ministros integrantes, dos de ellos consideraron válido equiparar por sus efectos jurídicos una expropiación (en la cual el Estado se queda con la propiedad de los bienes) con una declaratoria de área natural protegida (en la que sólo limita sus usos); al no haber sido notificados los quejosos del decreto de la reserva de 1980 en La Primavera, ni mucho menos oídos y vencidos, como lo establece el artículo 14 constitucional, determinaron que el decreto es violatorio de las garantías individuales. Esto confirmaba los términos de la sentencia emitida por el juez 3 de distrito, la primera instancia en que el gobierno fue derrotado. Así, el área de protección de flora y fauna ha perdido de forma definitiva de 580 a 640 ha. En la zona, se da una especulación con la tierra incontrolada por parte de grupos caciquiles que han ocasionado, de facto, el retroceso de la frontera del bosque. Las autoridades delos tres ámbitos de gobierno solo han contemplado el deterioro sin intervenciones de fondo para frenarlo
Caso 2
Ejidos Huescalapa y Los Mazos, en Zapotitltic y Zapotlán el Grande, contra decreto de ANP Bosques Mesófilos Nevado de Colima
El 21 de julio de 2009, entró en vigor el decreto del gobernador de Jalisco para constituir el parque estatal Bosques Mesófilos del Nevado de Colima, sobre casi siete mil hectáreas, sobre superficie de bosque de niebla y relictos de bosques de oyamel, que afecta también a ejidos en el uso de recursos; el 2 de marzo de 2012, el Juzgado 1 de Distrito notifica que otorga la protección de la justicia federal a los ejidos Huescalapa y Los Mazos para efecto de que no aplique sobre sus tierras de uso común el decreto de parque estatal (expediente 1663/2009 acumulado al 1874/2009 de Los Mazos). Esto cercena 169 ha del parque estatal. La actuación de la Semadet ha sido trabajar con el ejido quejoso, para invertir en infraestructura ecoturística y garantizar la preservación de bosques de oyamel, hasta ahora, es una defensa de facto exitosa
Caso 3
Ejidos El Cuale, San Andrés, Emiliano Zapata, Zapotán y Puerto Vallarta, contra aviso de decreto de ANP Sierra de El Cuale
Cinco amparos (ver nota principal) que suspenden consulta legal del área de protección hidrológica por diversos juzgados y tribunales colegiados. Están a punto del fallo definitivo. La Semadet trabaja en convencerlos de sumarse al ANP
MC
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