Legislador destaca omisiones de anteriores legislaturas en los convenios de agua del Verde; Observatorio y defensores de Temaca lamentan resultado.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
Los legisladores sabían que iba a ser complicado hacer proceder la controversia constitucional contra el acuerdo de 2005 para edificar la represa El Zapotillo y enviar aguas del río Verde por un acueducto de 140 kilómetros a la ciudad de León, Guanajuato, pero se insistirá con los recursos legales para que no se deseche el expediente 116/2018, dijo el diputado Augusto Valencia López.
“Desde el inicio de la discusión sabemos que atacar el acuerdo de 2005 era muy complicado, porque la Corte ya había tenido conocimiento, y el tiempo para la controversia ya se había agotado; ese mismo acuerdo sirvió de fundamento para una suspensión o resolución [controversia 93/2012] que sigue vigente, y fue una insistencia con algunos grupos sociales y con el Observatorio del Agua , que buscaban que al menos se lleva a cabo una actuación, y nosotros veíamos que era una estrategia muy complicada, con muy pocas posibilidades de iniciar el trámite; lo que sí buscamos fue robustecer el argumento jurídico, del ataque sobre el acuerdo de 2005, advirtiendo la ausencia para los derechos de vía cedidos, y poniéndolo en la discusión dentro del documento”, explicó a MILENIO JALISCO.
Lo que se hará, y esto implica que las áreas jurídicas del Congreso lo operen, es presentar una queja, “buscando que la Corte pudiera ingresar al fondo del asunto”, señaló el diputado de la bancada emecista. E hizo observaciones que explican este posible fracaso: “las legislaturas anteriores, por lo menos tres hacia atrás, no advertían de manera adecuada el tema, en una estrategia jurídica para defender la distribución del agua para Jalisco, y me parece que es mas ya un tema político con el gobierno federal, de quien será el presidente, de quien dirigirá la Conagua [Comisión Nacional del Agua], y de los gobernadores de Jalisco y de Guanajuato, quienes podrían en todo caso buscar un nuevo acuerdo”.
Añadió que “en el terreno de lo legislativo, nosotros lo que hicimos fue agotar lo que nos habían solicitado los propios grupos de ciudadanos que han estado atendiendo este tema, pero prácticamente es un asunto cuesta arriba, muy complicado, que la Corte vaya a entrar al análisis, y más cuando los acuerdos fueron prácticamente avalados en el congreso, en legislaturas anteriores”.
De lo que “sí hemos dejado registro es de que en esta legislatura vamos a intentar mantener el tema vigente en la agenda pública, en la agenda política, y presionar para que se logre que las autoridades administrativas actualicen un acuerdo diferente”, puntualizó Valencia López.
Sobre el mismo tema, uno de los abogados del movimiento contra la inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Guadalupe Espinoza Sauceda, fue más optimista: “estaba forzada la presentación, pero aun está en veremos, porque el disentimiento lo hizo un ministro, entonces se va a ir al pleno de la sala, y ahí se va a resolver; sabemos que va presentar un recurso el congreso, un recurso de revisión, así que todavía sigue la moneda en el aire, creo que hay elementos, yo apostaría por un 50 y un 50, a favor y en contra, si la corte fuera garantista, y se respetaran los derechos humanos; si esta fuera la tendencia, yo creo que se debería de admitir”.
Finalmente, el presidente del Observatorio Ciudadano del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, lamentó que se negará a entrar al fondo de la demanda: “este proceder afecta de manera importante a la producción de alimentos del país, sobre todo a los que produce el sector agropecuario de la cuenca del río Verde y particularmente a los de Los Altos de Jalisco, pues no analiza de manera exhaustiva lo que el Poder Legislativo plantea en ella, al desdeñar los efectos negativos en la cuenca ocasionados por el cambio climático y no considerar el principio precautorio para salvaguardar los derechos de los campesinos, que para producir alimentos necesitan el agua. No considera en su análisis que el derecho humano a la alimentación está vinculado estrechamente con el del agua y por lo tanto, requiere un análisis integral y profundo de lo planteado en la controversia.
Tampoco hace una valoración del impacto que el trasvase produciría en el desarrollo de la región, afectando con ello a este derecho”. Tampoco analiza “el hecho y las implicaciones que conlleva la acción de la Conagua al entregar territorio jalisciense al concesionario de la construcción y operación del pretendido acueducto hacia León, sin tener atribuciones para un acto de esa naturaleza. Esta ligereza en el análisis obliga la presentación del recurso de reclamación que ha anunciado el diputado y con el que esperamos se acuerde el análisis a fondo de lo ahí demandado”.
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