El máximo tribunal del país señala como “notoriamente improcedente” la controversia constitucional contra inconsistencias del trasvase a León.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó, por “notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco”, registrada con el número 116/2018, y que pretendía impugnar el proyecto de la represa El Zapotillo, que se aprobó en 2005, con la cortina a 80 metros de altura, y el acueducto de casi 140 kilómetros a la ciudad de León, Guanajuato.
El pasado 3 de agosto, en el oficio 4913/2018, el ministro instructor Alberto Pérez Dayán y la secretaria de la sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Constitucionalidad, Leticia Guzmán Miranda, señalan que los actos y documentos impugnados se sustentan en argumentos que son endebles.
“…se arriba a la conclusión [de] que procede desechar la controversia constitucional promovida, al advertirse que, esencialmente, se impugna el Acuerdo de Coordinación que celebran el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua y los poderes ejecutivos de los estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del río Verde, celebrado el 1 de septiembre de 2005…”.
El planteamiento del Legislativo de Jalisco es que hay “supuestas omisiones de presentar manifestaciones de impacto ambiental, estudios de riesgo de impactos ambientales y sociales, así como de dar cumplimiento a los derechos humanos [sic] afectados para la ejecución y construcción del acueducto Zapotillo-León y el trasvase de agua de la cuenca del río Verde a la cuenca del río Lerma”, lo que incluye impugnar la cesión de derechos de vía y terrenos del gobierno de Jalisco y de la Conagua a la concesionaria del acueducto.
La causa de improcedencia es que ese acuerdo “fue materia de la sentencia del 7 de agosto de 2013, dictada por la Segunda Sala de este alto tribunal en la controversia constitucional 93/2012”, en la cual, la propia institución legislativa buscaba aplicar el acuerdo de 2005, sin detener el proyecto El Zapotillo-Los Altos-León (el documento tiene un error notable: sólo reconoce 11 millones 837 mil metros cúbicos de agua para León, cuando el volumen comprometido a ese usuario es en realidad nueve tantos más).
Esto es, para el ministro y la secretaria, “un motivo manifiesto e indudable de improcedencia”.
Por otro lado, “una controversia constitucional es improcedente cuando la demanda se presenta fuera del plazo legal de 30 días, el que, tratándose de impugnación de actos, empieza a contar a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación de la resolución o acto de que se trate, en términos de la ley que los rige; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos”. A juicio de los funcionarios judiciales dictaminadores, la existencia de la controversia 93/2012 demuestra que el conocimiento del caso es por lo menos de los años que han pasado desde que se interpuso esta, y no a partir del 24 de mayo de 2018, como aseguran los diputados que promovieron la segunda demanda.
Otros actos impugnados datan de los años 2014 y 2016, por lo cual, tienen el mismo problema de plazos vencidos, advierten. Finalmente, según la SCJN, los legisladores jaliscienses pretenden en realidad ir en contra de la sentencia de la controversia 93/2012, la cual es inatacable pues causó ejecutoria, es decir, fue aplicada (al desvirtuar el acuerdo de 2007, como prevalece hasta la fecha).
Fuentes del Congreso de Jalisco señalaron a MILENIO JALISCO que se presentará un recurso de revisión. Por lo pronto, la única ocasión en 23 años en que un poder de Jalisco ha tratado de impedir judicialmente la entrega de agua a Guanajuato, roza el fracaso.
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