Alejandro Cárdenas señala que los recursos interpuestos para evitar la justicia atoraron juicios en el TAE, la fiscalía, la PGR y juzgados de distrito.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
La trabazón en que se encuentran las Villas Panamericanas, con cuatro juicios en tribunales administrativos, dos denuncias penales y dos amparos ante la justicia federal, se debe a que la interposición de recursos por parte de los constructores y del propio Ayuntamiento de Zapopan han provocado que no puedan desahogarse los procesos judiciales, advirtió el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa.
El dirigente ciudadano señaló que el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, no puede hacer gestiones para ofrecer un bien inmueble cuyo destino jurídico no está determinado, para alojar a una dependencia federal. Insiste que las diversas acciones judiciales del parlamento, de Conciencia Cívica y de diversas representaciones de colonos de la zona buscan “que entren al fondo del asunto y que se declaran nulas las licencias y consecuentemente su demolición, eso es lo que hemos pedido, no pedimos más y también en el tema de desvío de recursos, lo que estamos pidiendo es que se castigue a quienes hayan desviado los recursos de forma abusiva 750 millones de pesos del Iprovipe [Instituto Promotor de Vivienda Popular del estado] y 380 millones de pesos de Pensiones del Estado”.
Añadió: “antes de tomar cualquier tipo de decisión tendrían que agotarse, hasta sus últimas instancias, esos juicios; no hay la posibilidad legal porque hay suspensiones de habitabilidad del inmueble, y se están cuestionando las licencias, para que se anulen, por dos situaciones, porque violaban la legislación urbana, tanto planes parciales y ordenamientos, y la otra es porque afectaba la zona de recarga hidrológica y el bosque La Primavera; por eso interpusimos los juicios de nulidad contra las licencias, y si no se ha llegado al resolutivo, es porque ellos una serie de recursos para no llegar a fondo del asunto; sin eso, ya estaríamos en sentencia y sabríamos la suerte del inmueble”.
El Tribunal Administrativo del estado (TAE) tiene tres juicios en que se pide la nulidad de las licencias y uno más para anular el convenio de Iprovipe e Ipejal con los constructores. Contra esto, los constructores interpusieron “como diez recursos de reclamación, que están en trámite, que no han avanzado; en los cuales piden que desechen la suspensión y una serie de cuestiones de forma; a esto hay que agregar juicios de amparo interpuestos por los desarrolladores, porque les han desechado algunos recursos; es decir, son ellos los que han enredado esto”.
Y además están las denuncias por el tema penal, una ante la hoy Fiscalía General del estado y otra ante la Procuraduría General de la República. “Ellos interpusieron una serie de amparos para que no fueran llamados a declarar; perdieron los amparos y ahorita están en revisión, y eso también ha hecho que se detenga el procedimiento en el tema del desvío de dinero, por el hecho de haber formado ahí ese fideicomiso, que es lo que hemos señalado”.
Por si no fuera suficiente, “hay una tercera instancia, la mercantil, donde los desarrolladores ya perdieron; ellos querían dar por terminado el fideicomiso y cobrarse, y eso se los anuló un juez mercantil […] están perdiendo muchas instancias y estamos esperando que esto camine, ellos ponen trabas y obstáculos porque creo que buscan hacer tiempo para que la justicia no los alcance”.
De este modo, “en todos los juicios no hemos podido entrar a fondo por esta serie de situaciones, no hemos podido desahogar periciales, desahogar pruebas, hay muchas cosas que deben aportar las autoridades, y como están suspendidos los juicios, tampoco ha operado la caducidad de la instancia”.
En específico, Zapopan “está demandado y es parte del juicio; creo que en vez de estar haciendo propuestas que no tienen ni pies ni cabeza, ellos deberían respetar al Poder Judicial y las instancias de los juicios, pero prefieren violentar el estado de derecho con este tipo de confrontaciones y no acudir a los juicios, como les corresponde”.
El presidente de Zapopan, Pablo Lemus, asegura que hay denuncias contra ustedes por extorsión.
Realmente no hay denuncias de nada, no se ha incurrido en ninguna falta; acudimos a tribunales porque es lo que la ley nos permite hacer, y ahí estamos; no nos hemos sentado con ninguna persona a tratar de arreglar, y el que acusa tiene la carga de la prueba; que nos lo demuestre el señor Lemus y deje de usar a los medios para atacarnos; también sería bueno que los mismos medios empezaran a pedirle pruebas al señor…
¿Ustedes lo demandarían por daño moral?
Estamos analizando todas las posibilidades, pero nuestro interés primero es que estos juicios ya lleguen a sentencia y se haga justicia.
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