Una mina en Tonaya, sur de Jalisco, contamina arroyo y mata ganado. Negocios mineros regresan a zonas de las que fueron expulsados desde la revolución en el sur y la costa, pero provocan protestas campesinas por los daños ambientales. Hay riesgo de que estos daños sean mayores con otra explotación de San Sebastián del Oeste
Tonaya, Sur de Jalisco. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 29 de mayo de 2011
Hace un siglo, la costa y el sur de Jalisco contenían emporios mineros notables de oro y plata, pero las revoluciones, especialmente la particular que hizo el famoso bandido Pedro Zamora, arrasaron con todo: saqueos, violaciones, secuestros, huída de los dueños —fundamentalmente extranjeros—, retirada de los obreros, cierre de caminos y de rutas comerciales, emergencia de nuevos caciques. Fue casi un siglo de abandono, silencio y ruinas, pero hoy, algunas viejas minas empiezan a resucitar.
El resurgimiento no se da en los mejores términos: un siglo ha hecho cambiar mucho la tecnología de extracciones, y sobre todo, las ha industrializado, lo que hace negocios más rentables, con menos mano de obra, pero sin duda, más agresivos para el entorno ambiental.
Eso lo saben bien los rancheros de Santa Gertrudis, de San Isidro, de El Alpizahue y de la propia cabecera, en Tonaya, donde tienen desde 2006 recibiendo la peor parte de la reactivación de la extracción de la veta El Venado, del predio Los Gavilanes, por parte de la Compañía Minera Metalúrgica Tapalpa, que beneficia oro, plata y zinc, según datos aportados por la Secretaría de Economía federal en su publicación Panorama minero de Jalisco, que data de septiembre de 2010 (http://www.sgm.gob.mx/pdfs/JALISCO.pdf), sin generarles un solo empleo a los pobladores.
El precio a pagar ha sido el envenenamiento de sus arroyos, con fuertes efectos sobre la economía ganadera que sustenta la vida local. La áspera cuenca dominada por pastizales, chaparrales y selva baja caducifolia, es fuente de sustento de hatos de bovinos; año con año se suceden muertes y abortos, sin que alguien responda de los daños.
Israel Jafet Robles Gómez, joven propietario de Santa Gertrudis, encabeza la oposición al estado de cosas. Los Gavilanes son propiedad de Álvaro Castro, de Chiquilistlán, el cual recibe algunos miles de pesos por dejar operar la extracción sobre sus tierras, pero ha perdido más con sus reses muertas.
“En 2006 se instaló esta mina; al mismo tiempo que presentaron una manifestación de impacto ambiental, es decir, sin autorización entraron aquí y al momento de la gestión del proyecto, cuando ya instalaban sus maquinarias aquí, les es negado por parte de la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales], les piden que hagan unos anexos, hacen los anexos y les vuelve a negar, y parece que ya no hubo ninguna relación con ellos aparente”, refiere Robles Gómez.
—¿Pero no detuvieron nunca los trabajos?
—No, de hecho, desde esa fecha están laborando ellos aquí.
El impacto ambiental, añade, es mayúsculo. “Hay una descarga directa a la presa de jales de parte de la minera, de todos sus residuos, ya está comprobado por laboratorio que hay cianuro, arsénico, cromo, cadmio, zinc, mercurio, entre otros, y la zona es de reproducción bovina, es para carne, y los propietarios inmediatos están teniendo el problema del aborto de sus vacas, mucho antes de la fecha del parto, en que tienen todavía a la cría en la placenta, y esta es al segunda actividad mas importante del municipio, la ganadería, después del destilado del agave, entonces aquí hay ya una evidente perdida y una afectación a la economía, y no solamente lo ambiental”, subraya.
Los ganaderos comenzaron a organizarse para hacer valer sus derechos hace menos de un año; “empezamos a juntar firmas y a meter escritos, y por fin el 28 de marzo de este año, la Comisión Nacional del Agua (CNA) nos hace caso aparentemente; hicimos una gira a este lugar y nos acompañó gente de la Comisión de Cuenca del río Ayuquila-Armería, que tiene su sede en Colima, un laboratorio de Zapopan y los inspectores de la CNA, que determinaron que estaba incumpliendo con toda la normativa de la ecología y entonces clausuran la toma del agua de parte de esta empresa, que lo hace de un manantial que esta arriba a un kilómetro […] pero tres días después, la minera reactivó sus actividades”.
Pese a la rotura de sellos y a la reapertura de la toma de agua, dos meses después, hay nuevas gestiones pero la autoridad, insiste Israel, parece omisa. “Nos fuimos a Guadalajara después de los quince días que había puesto de plazo la CNA después de la visita, tenia que pasar [el expediente] a un juez que determinara que iba a suceder con la minera, por el uso de aguas nacionales sin la concesión, y de hecho, ellos no nos dijeron nada y hasta se molestaron con nuestra visita, y nos enteramos por voces de gente de Chiquilistlán que después de la visita de clausura, vuelve la CNA y hace una negociación con los mineros y les permite el trabajo que hasta la fecha hacen aquí”.
Los mineros se niegan a dialogar con los ganaderos, aunque ya hay una cita, para el 16 de junio, en la plaza central de Tonaya, a donde se supone acudirán todas las partes involucradas.
Los daños documentados. “Tenemos bastante información, respecto a lo ganadero, al propietario de este terreno [donde está la mina] en este año se le han muerto cinco reses según nos ha informado, tenemos en este cañaveral la última, a 100 metros de aquí; al propietario que le sigue, Mariano Cisneros, de agosto del año pasado hasta ahora ha tenido nueve reses con abortos, y enseguida mas abajo ha habido dos malformaciones en ganado, han salido dos becerros con las manos volteadas, y que mueren inmediatamente después, a la hora o dos horas […] respecto a la salud de las personas los niños que se bañaron en el arroyo en el temporal de lluvias del año pasado presentaron ronchas en su piel, desde Santa Gertrudis hasta Tonaya, en todas las rancherías pero igual, en Colima se detectaron los residuos tóxicos que se están descargando aquí…”.
Pero no sólo Tonaya está en circunstancias críticas por los aprovechamientos mineros descontrolados. Al norte de aquí, en la vieja región minera de San Sebastián del Oeste, muy cerca de Puerto Vallarta, no hay aún aprovechamientos masivos, pero ya existen amenazas. Como suele suceder, las autoridades locales carecen de información, y los pobladores están desconcertados.
Se trata de la minera canadiense Endeavour Sylver Corporation, que según la información que circula entre los vecinos, adquirió 3,320 hectáreas para explotar las vetas de plata y oro. “La superficie abarca las minas de San Sebastián, el cerro de La Bufa, el Real Alto, Los Reyes, Santiago de Pinos y la Quiteria, con lo que se cierran las posibilidades de declaratoria de patrimonio cultural y reserva de la biosfera, dejando sin recursos a la población que se dedica al turismo”, señala un observador.
Juan Aguirre, uno de los jóvenes del poblado que buscan respuestas, explica: “con el fin de saber los deseos de esta compañía, junto con un grupo de ciudadanos nos presentamos ante el ayuntamiento para pedirles a las autoridades que por su conducto citaran al personal de la minera para que diera a conocer al pueblo su proyecto”. La primera reunión fue el pasado viernes 27 de mayo, y los ciudadanos plantearon sus dudas, pero obtuvieron pocas respuestas de la empresa, que se limitó a señalar que aún está en fase de exploración la zona sin aludir a los impactos ambientales que eso conlleva.
“Estamos en espera de una segunda reunión, hay demasiadas dudas y preocupación, aunque no todos los habitantes de la zona las comparten”, añade el activista.
San Sebastián del Oeste es un poblado patrimonial de Jalisco, con 90 por ciento de sus edificaciones anteriores al siglo XX, que paradójicamente debe su valor a los viejos auges mineros, que hoy parecen amenazarlo.
De regreso a Tonaya. Las ardientes laderas de la sierra de Tapalpa son el paso obligado desde las aldeas ganaderas. Entre monte seco, potreros quemados y un río escoltado garbosamente por higueras, sabinos, parotas y tescalamas, se asciende arriba de bestias hacia el predio donde una mina trabaja ya por cinco años. A la llegada, los trabajadores no dicen nada, pero se recorre toda la producción y se llega a la laguna de jales donde burbujean los desechos, y luego se baja a la cañada humedecida, de pisos resbalosos por los constantes derrames de los restos del beneficio del metal.
Aparece el responsable de la explotación, Baltazar Chávez Durán, acompañado por sus perros. No admite la solicitud de entrevista, y sólo se hace de palabras con Israel, mientras los otros rancheros escuchan. “Estamos trabajando por mejorar”, repite cada que recibe un reproche de los daños cuenca abajo. El ruido de la criba, el sol a plomo, el bosque que se asoma en lontananza, los cadáveres de vacas ya sólo en cueros. Es la fiebre de los metales preciosos, que regresa después de un siglo.
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“Se deben analizar costos y beneficios”
La minería es sin duda un espacio de oportunidades para Jalisco, pero se deben analizar los costos y beneficios que trae para las regiones tanto en lo económico como en lo social y ambiental, para determinar si son esfuerzos que generan desarrollo, opina el director del Sistema Estatal de Información Jalisco, Eduardo Paz Gómez.
El funcionario señala que como sector, la minería aporta relativamente poco al estado y que durante 2010 solamente se reportaron ocho millones de dólares de inversión, y apenas tiene 1,108 empleos formales ante el seguro social, aunque advierte de una dinámica de crecimiento que incluye a los estados vecinos, como Zacatecas, donde están en renacimiento este tipo de aprovechamientos.
“Sin duda hay oportunidades, pero se debe evaluar que conviene más en cada lugar, y comparar con otras actividades como el turismo, los servicios, el comercio, la electrónica o la producción agropecuaria”, las cuales generan más empleos y desarrollo, en los casos en que se contrapongan los intereses de los sectores, además de que el daño ecológico también significa costos a pagar por la sociedad.
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