Zapopan no puede pactar unilateralmente con constructores: indican. Reclaman la postura del Ejecutivo a favor de la violación del estado de derecho
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 5 de mayo de 2011
Los vecinos de Rancho Contento y el Parlamento de Colonias ya están preparando el expediente sobre el desacato en que incurrieron las constructoras de la Villa Panamericana al no permitir la clausura de la obra, ayer. Para ello, llevaron un notario público para acreditar la presencia de la policía estatal, y la negativa de los responsables de la obra a permitir al personal de Inspección de Reglamentos de Zapopan aplicar las determinaciones de la IV Sala del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), en el marco del expediente 82/2011.
“Sólo se levantó el acta de clausura, porque al lado estaban los policías estatales y junto con la directora estaban policías de Zapopan, y ni modo que se desatara un enfrentamiento; es muy grave porque el gobernador está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, le guste o no le guste, y ya se configura con esto, no un simple desacato o resistencia de particulares, hay una abierta obstrucción a la justicia y abuso de autoridad que Zapopan debe hacer valer ante el Ministerio Público Federal, y esperamos que lo haga, porque está visto que el gobernador protege intereses al margen de la ley”, dijo el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa.
Los vecinos están integrando un expediente para que se entregue en la oficialía de partes del TAE esta misma semana, de manera que se tomen de inmediato las acciones judiciales pertinentes, una vez que regresen los magistrados de vacaciones. En ese sentido, el propio magistrado responsable de ese juicio, Armando García Estrada, advirtió que no se trata de una decisión cuyo cumplimiento esté sujeto a la opinión de alguna de las partes. “Si no cumplen con las decisiones desde luego que se puede proceder a diversas sanciones, incluso desaforarlos, cuando tienen fuero, para poderlos sancionar por el incumplimiento a las resoluciones judiciales”, dijo por vía telefónica.
La resolución invocada señala de forma expresa: “las autoridades demandadas, de no respetar dicha suspensión, se harán acreedoras a las medidas de apremio establecidas en el numeral 10 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, lo cual va desde una amonestación, multa económica o incluso hasta la destitución del cargo [...] sin demérito de los delitos en que puedan incurrir por abuso de autoridad y desacato de una orden judicial en términos de lo previsto en el numeral 104 de la ley en la materia”, señala el documento en su página 12.
Cárdenas Ochoa también criticó que el presidente municipal de Zapopan pretenda un arreglo con las constructoras al margen del tribunal, “claro que tiene facultades, pero este asunto ya es judicial, y la legalidad de un convenio la debe determinar el magistrado, no puede de forma unilateral resolverlo el ayuntamiento”. También reiteró que la superficie de 8.5 hectáreas sobre la que se pretende crecer el proyecto es insuficiente, pues demanda más de 40 ha, pero los peritos que determine el tribunal tendrán la palabra en ese asunto.
“Ningún complot y ninguna oposición a los Panamericanos, nosotros nomás exigimos respeto al estado de Derecho”, reiteró Cárdenas Ochoa.
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