Recuperación de cartera vencida es inferior en más de 50% a lo que se tenía previsto inicialmente, reconoce el organismo. De los grandes deudores, Arzobispado ya firmó convenio por $3 millones; el rastro sólo pagó cinco de $140 millones adeudados, informa la paraestatal.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 9 de mayo de 2011
La gran deuda de más de dos mil millones de pesos que tenían 250 mil usuarios con el SIAPA (2,700 millones, según los registros obtenidos por este diario), se ha reducido drásticamente al aplicarse la prescripción de cinco años hacia atrás, y en el caso de los edificios públicos, la gratuidad, de marzo de 2010 —cuando una jurisprudencia de la Corte la canceló— hacia atrás, lo que afecta a unos mil millones de pesos. Sin embargo, la paraestatal prevé recuperar apenas unos de 410 millones entre los morosos, de lo que lleva alrededor de una tercera parte.
A la fecha se han podido recuperar líquidos 25 millones de pesos y 110 millones por medio de convenios que se pagarán en plazos de hasta 24 meses. De las cuentas polémicas, destaca el mayor deudor de la ciudad, el Rastro de Guadalajara, que debía alrededor de 140 millones de pesos, pero cuya cuenta se redujo a apenas cinco millones, debido a que es un edificio público y sólo pagó lo correspondiente al último año.
También se aclararon cuentas opacas, como el caso del Arzobispado de Guadalajara, que se le adjudicaban más de un centenar de cuentas de iglesias ajenas. Al final, quedaron en cerca de 250 débitos que sumados dan unos tres millones de pesos que ya están firmados y en proceso de pago, informó el director jurídico del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Uriel Parga Ramírez.
“Nuestra meta es tratar de recuperar 460 millones este año, los necesitamos”, subrayó el funcionario del organismo que da el servicio a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.
—¿Esto es realista? Porque el rastro les debía como 140 millones y termina pagando menos de 5 por ciento…
—Nuestra cartera real son dos mil millones de pesos, de los cuales, mil millones están prescritos, pero finalmente nosotros debemos ir por esos dos mil millones, y el usuario es el que tendrá que manifestar si hay impedimento para efectuar el cobro; es decir, como el usuario conoce bien sus derechos sabe que yo lo único que le puedo cobrar son los últimos cinco años; y hablando de esos mil millones de pesos, en facturación estamos hablando que son aproximadamente 41 por ciento de esos mil millones, es decir, 410 millones de pesos, los demás son accesorios: gastos de ejecución, reconexiones, recargos…
Añadió: “Podemos ir más menos por 300 millones de pesos de facturación; estamos estimando que 100 millones sean errores de medición, o nos puedan acreditar que no han consumido esos volúmenes, e incluso edificios que sea públicos y no les aplique el cobro sino a partir de abril de 2010; además, entre 150 y 200 millones de pagos accesorios, esa es la idea, rebasar los 400 millones”.
Caso por caso, muchos usuario han demostrado deber menos. “Una purificadora nos debía 70 millones de pesos según nuestros archivos, pero a la hora de sentarnos nos pudieron demostrar que no había consumido de lejos ese volumen. ¿Y cómo quedó la negociación? En siete millones de pesos”.
—¿A fin de cuentas, quizás sea muy optimista pensar que van a recuperar 400 millones de pesos?
—Es correcto. Estamos viendo que no es un logro menor que todo mundo esté en regla, con una política de amnistía, sin embargo, también consideramos que son impuestos, que son contribuciones, que no podemos exentarlos así nomás.
—¿Entonces siguen aferrados a que sí se pueden conseguir esos 400 millones, y ya si no se logra, será sobre casos concretos?
—Exactamente. Tenemos que ceñirnos al caso concreto; lo que nosotros tenemos son macro números, y tenemos que hacer algunas estimaciones contra esos macro números, pero ahí no tenemos la certeza hasta revisar el caso concreto.
Los grandes usuarios públicos siguen negociando, caso de la Universidad de Guadalajara o la Secretaría de Educación. Ninguno ha padecido algún corte del servicio. En cambio, usuarios particulares, en especial los grandes deudores comerciales e industriales, han enfrentado drásticas medidas de apremio. Se habían detectado 40 mil grandes usuarios con deudas, de los que alrededor de cuatro mil se han ido a juicio y se niegan a pagar los montos señalados, reconoció Uriel Parga.
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Los asegunes
• Las instituciones públicas ya no pueden reclamar que el artículo 115 constitucional las protege de pagar el agua, como estaba efectivamente planteado hasta 1999 en esa norma. El 23 de diciembre de 1999 se reformó ese artículo en aras de “fortalecer la Hacienda Municipal”, lo que derivó en no considerar los servicios de agua y alcantarillado como parte de las exenciones de los inmuebles de dominio público.
• Esta aclaración la planteó la tesis de jurisprudencia 40/2010 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión privada del 24 de marzo de 2010, la cual derivó de tesis contradictorias de tribunales colegiados que instituyeron un caso de “Contradicción de Tesis” bajo el expediente 43/2010.
• Así, la política del SIAPA ha sido respetar la exención hasta la fecha de la jurisprudencia, lo que benefició grandemente a los deudores públicos, caso del rastro tapatío, que de deber 140 millones de pesos, pagó sólo cinco millones.
• Respecto a la prescripción, es norma aceptada por todas las normas hacendarias que cualquier deuda con más de cinco años prescribe, pero es el deudor el que debe reclamar el beneficio.
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