No cumple lineamientos sobre derechos humanos de CMR. El Mapder difunde un primer análisis sobre problemas de la megaobra con base en esa comisión de la ONU
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 26 de mayo de 2011
La edificación de la presa El Zapotillo viola 21 de 28 directrices del Informe de la Comisión Mundial de Represas, relativas a la población afectada por las obras, señala un primer análisis en el tema que emitió el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Rios (Mapder).
El citado informe, generado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que convocó a expertos mundiales y contó con el patrocinio del Banco Mundial (BM) y de la Unión Mundial de la Naturaleza (UICN), “contiene una serie de criterios, directrices y prioridades estratégicas para evaluar la posible construcción de una represa”, y un examen detenido de los mismos a la luz de la gestión que hicieron las autoridades mexicanas de esta represa, sólo puede arrojar como resultado un “reprobado”, señala el documento intitulado Primer examen, prioridad estratégica número 1, sobre El Zapotillo.
La organización no gubernamental destaca que “los funcionarios de la Comisión Nacional del Agua —ingenieros y abogados— [parecen] totalmente ignorantes del contenido de este informe producido por expertos de todo el mundo […] e incluso con la participación de las empresas constructoras de estos megaproyectos”.
Así, la CNA “ha insistido en inundar las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y en desalojar a sus pobladores contra su voluntad —pese a no haber sido informados ni consultados— y sin que las autoridades pertinentes hayan planteado alternativas a la represa”, todo ello, “obligaciones que el Estado mexicano ha asumido al firmar y ratificar documentos internacionales en materia de derechos humanos”.
Las directrices mencionadas vienen en forma de preguntas. Tienen que ver justo con los derechos de las comunidades, y se unen a otra serie de directrices ambientales, financieras, económicas y sociales que serán posteriormente analizadas por el Mapder.
Según el análisis, el gobierno mexicano sólo ha cumplido con dos directrices: “¿se realizan las discusiones en una lengua que las personas del lugar entienden?”, y “¿se garantiza el acceso a toda la información pertinente a los grupos implicados en una lengua propia?”, con los asegunes de que el lenguaje técnico no es traducido al entendimiento profano.
Cumple a medias cuatro directrices: negociaciones apoyadas por un mediador; acuerdo de los afectados con “las estructuras y procesos para la toma de decisiones, con los mecanismos de resolución de disputas”; un calendario inicial del proceso de toma de decisiones; y una consulta amplia y representativa a los pobladores.
Este cumplimiento parcial se debe a acciones de los propios pobladores: su consulta pública no reconocida por la CNA, o el diálogo que forzaron en marzo al tomar la zona de obras sobre el río Verde. Lo que no cumple es la mayor parte: se sintetiza en el recuadro.
Claves
Incumplimiento
•Las 21 directrices no cumplidas son amplias: el no reconocimiento de los derechos de los pobladores, la no identificación de los grupos afectados, el análisis de vulnerabilidad o riesgos, la participación de los afectados en la toma de decisiones, el respeto a procesos comunitarios, la ausencia de coacción o manipulación externas, intimidaciones, apoyo financiero a los grupos endebles, transparencia, presentación de alternativas, consentimiento libre…
Más información en
http://www.mapder.net
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