Los campesinos de la comunidad ubicada en Cihuatlán se quejan de que Colima bloquea todos sus proyectos. Ante la larga indefinición del problema de límites entre Jalisco y Colima, el senador Ramiro Hernández plantea que el gobierno federal asuma la administración de la zona
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 8 de mayo de 2011
La presencia policial de Colima es, de facto, lo que determina la vida cotidiana en el ejido El Rebalse, en Cihuatlán, pero en contra de los intereses de los ejidatarios y sus avecindados: “pagamos todos nuestros impuestos en Cihuatlán, pero no se respetan los permisos y licencias; la policía de la Procuraduría de Justicia de Colima, la estatal y la municipal [de Manzanillo] son los que gobiernan por la dejadez de Jalisco, de los senadores y los diputados”, se queja el presidente ejidal, Álvaro de la Cruz Quiles.
Pasan los meses y los años, y el problema sigue sin resolverse en las instancias jurídicas o políticas. Ahora está sin definirse en el Senado de la república una propuesta para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que determine el conflicto, que tiene más de 160 años, pero se formalizó en 1998 con la controversia de Jalisco por más de 40 mil hectáreas (ver recuadro anexo).
El senador jalisciense del PRI, Ramiro Hernández García reconoce la “grave injusticia” que se ha cometido con los habitantes de la zona limítrofe, y plantea la posibilidad de que, en lo que los cauces jurídicos se recuperan —lo cual no será pronto— sea el gobierno federal el que se responsabilice de que los moradores del área gocen plenamente de sus garantías.
“Vamos a analizarlo, porque no ha podido sacarse adelante el planteamiento de la SCJN, y eso sigue un proceso más largo en cuanto sale del Senado […] trataremos de generar un respuesta pronta para resolver ese conflicto”, agrega el representante en la cámara alta.
Los problemas en la vida de los moradores de El Rebalse se multiplican, añade el presidente ejidal. “Desde 2004 estamos padeciendo la inconstitucionalidad permitida de tener una policía que no es la de nuestro estado realizando actos de gobierno con la complacencia y dejadez de algunos de ustedes […] los impuestos los pagamos en Cihuatlán, la cuenta catastral del ejido está radicada en la presidencia de este municipio, estamos dados de alta en el Registro Público de la Propiedad de Autlán, Jalisco, y sin embargo, los ejidatarios que yo represento y su servidor no somos libres de realizar tareas normales, tales como limpiar las calles de nuestra zona urbana, limpiar nuestros lotes, intentar construir un muro, introducir el agua potable, circular libremente por nuestras parcelas y otras actividades que hace cualquier ciudadano en México”, escribió el líder ejidal el pasado 8 de abril, mediante correo electrónico, al presidente de la república, Felipe Calderón; al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora; y al secretario de gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán, entre otros.
La misiva añade: “…pero que en el ejido El Rebalse no están permitidas esas actividades, insisto, porque la policía de Colima, principalmente la estatal, y la de procuración de justicia, no lo permiten, porque solicita permisos [para todo] expedidos en el municipio de Manzanillo, por lo que este asunto va para largo y los ejidatarios del Rebalse preguntamos a quien corresponda y al que le venga el saco, ¿y enmientras [sic] esto de los límites se arregla, qué pasa, qué debemos hacer los rebalseños?”. No ha recibido alguna respuesta.
De la Cruz Quiles le explica a este diario: “Cihuatlán recibe pagos por predial, servicios de agua potable y trasmisiones patrimoniales; en este momento, el actual presidente no está haciendo valer los permisos de construcción anteriores y sólo da un malisísimo [sic] servicio de recolección de basura —con un contenedor de basura en la zona urbana de El Rebalse— que retiran una o dos veces por semana; a exigencia del ejido y de los desarrollos turísticos Música del Mar, Playa Grande y algunas personas que viven en el ejido, ya se hacen rondines de policía diariamente”, pero eso no elimina el control ejercido por Colima.
Por si fuera poco, los ejidatarios quieren desde 2008 concretar un proyecto ecoturístico dentro de las áreas de uso común, con actividades de observación de flora y fauna, caminatas y observación ambiental. “Nos lo hizo la Comisión Nacional Forestal [Conafor] y no hemos podido concretarlo a causa de los problemas de límites, con la policía de Colima hostigándonos, siempre”, se queja con amargura.
El Rebalse tiene 971 ha en la península de La Culebra, y se ha enfrentado a los intereses empresariales del lado de Colima desde los años setenta del siglo XX, y en particular, al megadesarrollo Isla Navidad.
Una última controversia es la decisión del Inegi de llamar en sus mapas oficiales al río Marabasco como Minatitlán, a favor de los propietarios del otro lado del río, lo que motivó una protesta por escrito de los campesinos.
“Debemos agotar el tema político, es injusto lo que pasa con los habitantes mientras los gobiernos de los estados no encuentran la forma de resolver siquiera operativamente el tema de la protección de derechos, hacer acuerdos para facilitar la vida de la gente; por eso vale la pena analizar que esto se vuelva una responsabilidad federal y quitar las manos de los dos estados, porque al parecer, el problema son las autoridades, no los habitantes”, concluye el senador Ramiro Hernández. Los meses y los años siguen pasando.
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Cronología del conflicto entre Jalisco y Colima
• 1824. Colima se desliga de Jalisco “gracias a una intriga operada desde el centro, se entienden con el general Brizuela de Colima, para que se declare separado de Jalisco como un cantón con el apoyo militar del centro, lo cual consiguen, y así comienza la historia” (Juan José Doñán, cronista jalisciense)
• 1846. El gobierno de Colima emite su ensayo estadístico, donde reconoce que Peña Blanca y el río Marabasco, que ahora reivindica Jalisco, son límites occidentales de la entidad (Ensayo estadístico sobre el territorio de Colima)
• 1869. El gobernador de Colima, Ramón de la Vega, admite que los linderos de su estado comienzan al pie del volcán de Fuego, y no en el cráter, y que el río Marabasco marca el lindero poniente, y no las crestas de los cerros de atrás de Peña Colorada. En ese mismo año, el gobernador jalisciense Emeterio Robles Gil informa de la colonización promovida por su gobierno en Peña Blanca, cantón de Autlán, que servía de límite con Manzanillo
• 1896. Por orden del gobierno de la república, se imprime la Geografía y stadística de la República Mexicana, de Alfonso Luis Velasco, donde establece como límites entre Jalisco y Colima las faldas del volcán de Fuego, el río Marabasco y Peña Blanca. La obra está dedicada al gobernador colimense Carlos Meillón
• 1903. Formalizan el descubrimiento de yacimientos ferrosos en Peña Colorada. En la zona, un juez de Colima ordena diligencias de apeo y deslinde que provoca un conflicto entre los estados.
• 1906. El particular Heliodoro Trujillo construye el canal del Tajo para prevenir las inundaciones del río Marabasco, lo que canaliza esta corriente, cuando trae poca agua, hacia la laguna de Navidad, y disminuye su salida al mar al tiempo de lluvias, lo cual respalda hoy el argumento colimense de que el río no desemboca al océano
• 1920. Matanza de Timbillos, en el río Marabasco. El hacendado colimense de El Cacao, Carlos Fernández, ordena a Juan Arias la muerte de trece indígenas de Ayotitlán, la quema de sus ranchos y de sus cosechas, por ser presuntos invasores. En 1926, los nahuas, incorporados a la lucha cristera, toman venganza en Tacamo contra las defensas de Minatitlán
• 1931. Disputa entre el municipio jalisciense de Toxín (actuales de Tolimán y Cuautitlán) con El Mamey, de Colima (actual Minatitlán) por una presunta invasión armada en 900 hectáreas
• 1964. Colima, en un decreto sobre sus límites, formaliza el conflicto: según el documento, le pertenecen los 406.8 kilómetros cuadrados ahora en disputa
• 1988. Dos días antes de la partida del gobierno de la república del colimense Miguel de la Madrid, expropia el ejido La Culebra a favor de la familia Leaño Álvarez del Castillo, grandes financiadores de las campañas priistas en Colima. Allí se formará el megadesarrollo Isla Navidad o Grand Bay
• 1993. El gobernador de Colima Carlos de la Madrid Virgen solicita la expropiación del ejido El Rebalse, en Cihuatlán, a favor de Grand Bay
• 1998. Jalisco reclama ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus límites con Colima
• 2005. La jurisdicción del problema se pasa al Senado, que no ha resuelto. Hoy se debate la posibilidad de regresarla a la Corte.
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Claves
Radiografía del conflicto
• El gobierno de Jalisco entabló ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional 3/98, en enero de 1998, para exigir la devolución de 40,684 hectáreas presuntamente invadidas por el estado de Colima. Esta controversia, cuando estaba a punto de ser fallada a favor de Jalisco, fue entregada por la Corte al Senado para que éste buscara una solución “política” y no jurídica, en diciembre de 2005. Desde 2010 se pretende devolver la jurisdicción a la Corte
• Jalisco reclama más de 15,100 hectáreas para Cihuatlán a partir de Peña Blanca, que incluye el aeropuerto de Manzanillo y el megadesarrollo Isla Navidad. Otras 20,936 ha para Cuautitlán y Tolimán en Peña Colorada, y 4,646 ha en las faldas del volcán de Colima
• El cambio de responsabilidad en la definición del problema deriva de las reformas promovidas por legisladores de Colima a la constitución, en particular, los artículos 46, 73, 76 y 105, que entregaron estas controversias limítrofes al exclusivo conocimiento del Senado, lo cual fue un golpe a los intereses de Jalisco, avalado por legisladores jaliscienses y por un Ejecutivo local [Francisco Ramírez Acuña] omiso
• Aparte, el gobierno municipal de Cihuatlán ha entablado sus propias controversias, pero se limita a exigir se le respete la integridad territorial de la península de Navidad o La Culebra, a partir de la desembocadura del río Marabasco al mar, lo cual es una superficie de poco más de 1,500 hectáreas, con un frente de playa de más de once kilómetros
• En cuanto a la zona nahua de Cuautitlán, los afectados son los indígenas de Ayotitlán, dueños primordiales de estas tierras, con un largo enfrentamiento con los poderes fácticos de Colima y Jalisco por la riqueza de los yacimientos minerales de su subsuelo y de sus bosques
• Una característica del problema es su aspecto clasista: indígenas y ejidatarios buscan protección de un gobierno de Jalisco omiso, en contra de empresas poderosas, como Isla Navidad y Peña Colorada, respaldadas por Colima.
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