Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 13 de mayo de 2011
El consejo de administración del SIAPA acordó ayer la presentación de las denuncias penales correspondientes al mal uso del crédito que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregó, vía Banobras, para completar la infraestructura de agua y drenaje de la zona metropolitana de Guadalajara. El monto total de los desvíos asciende a 348 millones 488,430 pesos, que se utilizaron fundamentalmente para pago de nóminas, electricidad, proveedores y otros usos ajenos a la construcción de infraestructura.
Las denuncias también obedecen a que se utilizaron 280 millones de pesos del empréstito (que forman parte del total desviado) para invertirlo con riesgo en la bolsa de valores, lo cual significa una conducta penal aparte, por tratarse de dinero con otros objetivos y porque la operación significó la pérdida de 20 millones de pesos.
El presidente del consejo de administración del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) Héctor Vielma Ordóñez, dijo que el organismo jamás ha solapado esas anomalías, que hasta ahora no hay elementos que puedan llevar a certificar el buen uso del crédito en cuestión y que el gobierno del estado no puede deslindarse de la responsabilidad solidaria del préstamo (como indicaron el gobernador Emilio González y el secretario de Gobierno Fernando Guzmán —ver nota aparte—), por lo cual, deberá responder con los recursos necesarios para reintegrarlos a Banobras.
“Se debe castigar lo que se encuentre de irregular tanto en la anterior como en la actual administración; las cosas son muy claras, usar recursos públicos de un préstamo internacional para obra social en la Bolsa es un delito, y nosotros tenemos la obligación de exigir que se aplique la ley y se reparen los daños, y es un compromiso hasta las últimas consecuencias”, advirtió el presidente municipal de Zapopan.
La intención no es hacer un tema mediático, sino que se vaya por los canales legales que corresponden.
Por su parte, Miguel Castro Reynoso, alcalde de Tlaquepaque, comentó que hay tres personajes de la anterior administración que están involucrados en el asunto: Rodolfo Ocampo Velázquez, ex director general; Mario Alberto Juárez Bravo, ex director de Finanzas, y la ex tesorera, Diana Julieta Rodríguez García, quienes firmaron las autorizaciones correspondientes, tanto en el desvío del recurso como en su inversión en la Bolsa.
En entrevista previa con este diario, Rodolfo Ocampo reconoció que durante su gestión se utilizaron en gasto corriente alrededor de 120 millones del crédito del BID, principalmente, para el pago de energía eléctrica de las diferentes plantas del organismo, así como en el pago de derechos a la Comisión Nacional del Agua (Público Milenio, 11 de mayo de 2011).
Tanto Héctor Vielma como Miguel Castro esperan que las acciones enérgicas contra los responsables y la reintegración de los fondos desviados sean suficientes para que tanto Banobras como el BID no determinen sancionar al organismo ni pongan en entredicho el crédito de México ante organismos internacionales.
“Yo como presidente no me cuesta nada hacer un día un viaje con el BID y explicarles perfectamente bien de qué se trata este tema y que no tiene nada que ver con nadie de la zona metropolitana [de Guadalajara], ni con nadie de Jalisco, no tiene que ver con el país, tiene que ver con personas que no entienden el poder que les dio la gente […] la que queda mal parada es la persona que desvió los recursos; sólo quedaría mal la institución y los presidentes municipales si no estuviéramos anunciando las acciones legales que vamos a emprender”, añadió Vielma Ordóñez.
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Ex director guarda silencio
El ex director del SIAPA, Rodolfo Ocampo Velázquez ha decidido no declarar ante las denuncias vertidas en su contra. “Por consejo de mis abogados, y ante la falta de claridad en lo que se señala, he preferido esperar a que se interpongan esas querellas para enterarme bien de lo que se me acusa y poderlo responder de forma amplia y argumentada”, dijo a este diario. Aseguró que todo el tiempo en que las supuestas irregularidades han sido conocidas ante la opinión pública, el organismo le ha negado la más elemental garantía de audiencia para defender su caso.
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