El predio Param-Chola dejó de ser pequeña propiedad en 1994. Según archivos agrarios, tras ganar amparo, los propietarios de Chalacatepec vendieron sus predios al gobierno federal, que las cedió a ejidatarios. Pero fueron vendidas hace poco como “pequeña propiedad”
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
La historia del predio Param-Chola, asiento principal del megadesarrollo Chalacatepec o “nuevo Cancún”, no ha sido completamente contada: si bien, los pequeños propietarios ganaron un amparo para evitar la afectación ejidal sobre casi 600 hectáreas en el decenio de los sesenta, también hubo un proceso de compra de tierras por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) que integró finalmente el terreno a los ejidos José María Morelos y Campo Acosta, en 1994.
Es decir, según los documentos oficiales que hay en los archivos de la delegación Jalisco del Registro Agrario Nacional (RAN), los ejidatarios no eran meros posesionarios de los solares enclavados frente al mar, sino que ya tenían el título de dueños al legalizárseles su “posesión precaria” sobre 300 hectáreas, sumadas a otras 93 de otro propietario, que se les entregaron vía decreto presidencial, en el caso de Morelos. La adquisición completa de la SRA fue de 600 ha a la familia Arias García. El resto de la tierra habría sido entregada al ejido Campo Acosta, vecino de Morelos.
El archivo del RAN permite reconstruir las controversias judiciales que comenzaron poco después de que el presidente de la república, Adolfo López Mateos, dotara a Morelos con 12,400 hectáreas. Según la versión de los ejidatarios, al descubrirse el valor de la zona, “surgieron propietarios de papel” que en un caso lograron hacer valer sus derechos ante los tribunales federales.
Paradójicamente, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó los derechos del ejido a que no se modificara el plano donde se le otorgaban los terrenos de la disputa.
La resolución salomónica que tomó la SRA, tres décadas después, fue dar la razón a ambos y resolver “el problema social” comprando las tierras para integrarlas a los ejidos.
El grupo de propietarios vendió en 1994 Param-Chola, que pasó a ser parte de los núcleos agrarios. Luego, a partir de 2008, los predios fueron vendidos al desarrollador Rasaland… como pequeña propiedad.
La Nancy y Param
Hay que remontarse al año 1910, al 12 de noviembre, cuando Ramón Parras Romero hereda a su esposa Carmen García la hacienda La Nancy, de 53,227 hectáreas, más 1,290 ha de marismas, propiedad federal. El general Roberto Fierros Villalobos le compra íntegra la hacienda el 25 de octubre de 1941.
Con el paso de los años, según un informe fechado el 9 de abril de 1984, que elaboró el promotor Gustavo González Lozano, por orden de la sala regional occidente del Consejo Consultivo Agrario, el general hizo diversas ventas de fracciones, antes de poner la finca a disposición de la SRA para dotaciones agrarias diversas.
El informe encontró en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta evidencias de transferencias a 13 pequeños propietarios, aunque en algunos casos no hay ni siquiera una descripción de la propiedad cedida. Se trata de José de la Borbolla, José de Jesús Flores, Manuel Calixto Cañedo, Manuel Ignacio Ahedo, Luis Zúñiga Cruz, Alicia Arthur viuda de Díaz, Guillermo Garza, Salvador Luque, Guadalupe de la Borbolla, Manuel Zavala Puñón, Ignacio de la Borbolla, Enriqueta y Susana Ramírez, y Leopoldo Valencia Orozco.
La investigación acredita 1,369 hectáreas cedidas como fruto de estas operaciones, que se llevan a cabo entre 1952 y 1960, año en que se emite la resolución presidencial dotatoria del ejido Morelos.
La historia de Param-Chola es diferente. Según la revisión del amparo 2130/965 (toca 2446/966), no tiene nada que ver con la hacienda La Nancy: una fracción la vende la Unión de Cuale y Socios, el 1 de septiembre de 1910, a Apolinar González, José María Merino y Guadalupe Michel; la otra fracción la obtiene el propio Apolinar González de Francisca Gil viuda de Merino, el 15 de agosto de 1913, quién la había recibido como herencia de su esposo José María Merino.
En 1917 lo heredan Isaura María Isabel, Hermelinda y Esperanza González, que lo pierden “en rebeldía” ante la delegación de Hacienda de Tomatlán el 11 de noviembre de 1958, y esta la adjudica a José María Castañeda. El 3 de octubre de 1961 (cuando ya el ejido estaba en posesión de las tierras), Castañeda le vende Param-Chola a Dolores Gutiérrez de Castañeda, quien a su vez la subdivide y vende a Carlos Jimeno Serrano, Cecilia Gutiérrez de Albatchen, Francisco García Rodríguez, José Louis Arias García, Carmen Mercado de Gutiérrez, Manuel Ignacio Arias García y Carlos Felipe Arias García, quedándose ella con una fracción. Será este grupo el que pedirá el amparo en 1965, sobreseído por el juez segundo de distrito de Guadalajara, pero ganado en la revisión ante la Sala Auxiliar de la SCJN, el 23 de julio de 1971. La sentencia señala claramente que se trata de 592 ha que no debieron ser afectadas.
Esta disputa legal entre propietarios y ejido se dio fundamentalmente en papeles. Porque desde que se ejecutó la resolución presidencial de Morelos, en agosto de 1961, el descampado ha sido completamente de los ejidatarios. “Se debe dejar bien claro que durante la práctica de los trabajos topográficos sobre los terrenos perfectamente identificados y que conformaban la ex hacienda La Nancy, no se encontró ninguna acción de dominio que determine posesión alguna de parte de las personas que interesan”, destaca el promotor González Lozano en su informe de 1984.
El ejido
Las presuntas ventas de fracciones de La Nancy y la existencia de Param-Chola no fueron acreditadas durante la investigación que a partir de 1958 realizaron los promotores del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, que tomaron las 53,227 ha para dotar a los ejidos: José María Morelos, Campo Acosta y su anexo Los Ángeles, Emiliano Zapata de Yautepec, Lázaro Cárdenas, El Gacho y Emiliano Zapata de Tecomán.
A los campesinos de Morelos les entregaron 12,400 ha, y su posesión sería tranquila, pública y pacífica por cuatro años, pues en 1965, los copropietarios de Param-Chola (buena parte de ellos, adquirientes de la propiedad en ese mismo año) interponen el amparo, aludiendo no haber sido notificados para ser oídos y vencidos, como lo marca la Constitución mexicana.
Fue el único juicio de garantías presentado contra la posesión otorgada al núcleo agrario, y atendiendo el “principio de relatividad de una sentencia de amparo”, no tenía por qué afectarse el resto de la posesión ejidal. Pero otros presuntos propietarios que no acudieron a esa instancia legal pugnaron desde el principio porque se modificara el plano proyecto con que se hizo la ejecución de la resolución presidencial, lo que derivó en un amparo del núcleo agrario contra ello.
La comunidad campesina ganó esa lucha legal (amparo 1721/963, toca en revisión 862/965) ante la SCJN, que los protegió contra el intento de volver a deslindar el ejido con un nuevo plano proyecto. Esto dejó en situación “de empate” la disputa legal por los terrenos.
“Existen dos ejecutorias […] que no obstante ser contradictorias, deben acatarse”, reconocía el Cuerpo Consultivo Agrario en el acta SR 3-II NCPE, de 1984. Sin embargo, el peso de los intereses era distinto, y de ello se quejó el presidente del comisariado ejidal, José Adán Frías, el 5 de diciembre de 1997, en carta al gobernador Alberto Cárdenas Jiménez: “Al principio de la entrega [de la tierra] pensamos que habíamos sido muy afortunados, ya que este ejido cuenta con doce kilómetros de playas marítimas, pero tal parece que fue todo lo contrario, porque dichas playas se convirtieron en una gran codicia […] inventaron un sinnúmero de supuestas pequeñas propiedades para quitárnoslas…”.
Ya habían pasado tres años del acuerdo agrario para confirmarles las tierras como ejidales, previa compra (ver recuadro anexo), pero el líder campesino no mentía. Trece años después, el peso de los intereses privados continúa ganando disputas.
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Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
La historia del predio Param-Chola, asiento principal del megadesarrollo Chalacatepec o “nuevo Cancún”, no ha sido completamente contada: si bien, los pequeños propietarios ganaron un amparo para evitar la afectación ejidal sobre casi 600 hectáreas en el decenio de los sesenta, también hubo un proceso de compra de tierras por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) que integró finalmente el terreno a los ejidos José María Morelos y Campo Acosta, en 1994.
Es decir, según los documentos oficiales que hay en los archivos de la delegación Jalisco del Registro Agrario Nacional (RAN), los ejidatarios no eran meros posesionarios de los solares enclavados frente al mar, sino que ya tenían el título de dueños al legalizárseles su “posesión precaria” sobre 300 hectáreas, sumadas a otras 93 de otro propietario, que se les entregaron vía decreto presidencial, en el caso de Morelos. La adquisición completa de la SRA fue de 600 ha a la familia Arias García. El resto de la tierra habría sido entregada al ejido Campo Acosta, vecino de Morelos.
El archivo del RAN permite reconstruir las controversias judiciales que comenzaron poco después de que el presidente de la república, Adolfo López Mateos, dotara a Morelos con 12,400 hectáreas. Según la versión de los ejidatarios, al descubrirse el valor de la zona, “surgieron propietarios de papel” que en un caso lograron hacer valer sus derechos ante los tribunales federales.
Paradójicamente, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó los derechos del ejido a que no se modificara el plano donde se le otorgaban los terrenos de la disputa.
La resolución salomónica que tomó la SRA, tres décadas después, fue dar la razón a ambos y resolver “el problema social” comprando las tierras para integrarlas a los ejidos.
El grupo de propietarios vendió en 1994 Param-Chola, que pasó a ser parte de los núcleos agrarios. Luego, a partir de 2008, los predios fueron vendidos al desarrollador Rasaland… como pequeña propiedad.
La Nancy y Param
Hay que remontarse al año 1910, al 12 de noviembre, cuando Ramón Parras Romero hereda a su esposa Carmen García la hacienda La Nancy, de 53,227 hectáreas, más 1,290 ha de marismas, propiedad federal. El general Roberto Fierros Villalobos le compra íntegra la hacienda el 25 de octubre de 1941.
Con el paso de los años, según un informe fechado el 9 de abril de 1984, que elaboró el promotor Gustavo González Lozano, por orden de la sala regional occidente del Consejo Consultivo Agrario, el general hizo diversas ventas de fracciones, antes de poner la finca a disposición de la SRA para dotaciones agrarias diversas.
El informe encontró en el Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta evidencias de transferencias a 13 pequeños propietarios, aunque en algunos casos no hay ni siquiera una descripción de la propiedad cedida. Se trata de José de la Borbolla, José de Jesús Flores, Manuel Calixto Cañedo, Manuel Ignacio Ahedo, Luis Zúñiga Cruz, Alicia Arthur viuda de Díaz, Guillermo Garza, Salvador Luque, Guadalupe de la Borbolla, Manuel Zavala Puñón, Ignacio de la Borbolla, Enriqueta y Susana Ramírez, y Leopoldo Valencia Orozco.
La investigación acredita 1,369 hectáreas cedidas como fruto de estas operaciones, que se llevan a cabo entre 1952 y 1960, año en que se emite la resolución presidencial dotatoria del ejido Morelos.
La historia de Param-Chola es diferente. Según la revisión del amparo 2130/965 (toca 2446/966), no tiene nada que ver con la hacienda La Nancy: una fracción la vende la Unión de Cuale y Socios, el 1 de septiembre de 1910, a Apolinar González, José María Merino y Guadalupe Michel; la otra fracción la obtiene el propio Apolinar González de Francisca Gil viuda de Merino, el 15 de agosto de 1913, quién la había recibido como herencia de su esposo José María Merino.
En 1917 lo heredan Isaura María Isabel, Hermelinda y Esperanza González, que lo pierden “en rebeldía” ante la delegación de Hacienda de Tomatlán el 11 de noviembre de 1958, y esta la adjudica a José María Castañeda. El 3 de octubre de 1961 (cuando ya el ejido estaba en posesión de las tierras), Castañeda le vende Param-Chola a Dolores Gutiérrez de Castañeda, quien a su vez la subdivide y vende a Carlos Jimeno Serrano, Cecilia Gutiérrez de Albatchen, Francisco García Rodríguez, José Louis Arias García, Carmen Mercado de Gutiérrez, Manuel Ignacio Arias García y Carlos Felipe Arias García, quedándose ella con una fracción. Será este grupo el que pedirá el amparo en 1965, sobreseído por el juez segundo de distrito de Guadalajara, pero ganado en la revisión ante la Sala Auxiliar de la SCJN, el 23 de julio de 1971. La sentencia señala claramente que se trata de 592 ha que no debieron ser afectadas.
Esta disputa legal entre propietarios y ejido se dio fundamentalmente en papeles. Porque desde que se ejecutó la resolución presidencial de Morelos, en agosto de 1961, el descampado ha sido completamente de los ejidatarios. “Se debe dejar bien claro que durante la práctica de los trabajos topográficos sobre los terrenos perfectamente identificados y que conformaban la ex hacienda La Nancy, no se encontró ninguna acción de dominio que determine posesión alguna de parte de las personas que interesan”, destaca el promotor González Lozano en su informe de 1984.
El ejido
Las presuntas ventas de fracciones de La Nancy y la existencia de Param-Chola no fueron acreditadas durante la investigación que a partir de 1958 realizaron los promotores del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, que tomaron las 53,227 ha para dotar a los ejidos: José María Morelos, Campo Acosta y su anexo Los Ángeles, Emiliano Zapata de Yautepec, Lázaro Cárdenas, El Gacho y Emiliano Zapata de Tecomán.
A los campesinos de Morelos les entregaron 12,400 ha, y su posesión sería tranquila, pública y pacífica por cuatro años, pues en 1965, los copropietarios de Param-Chola (buena parte de ellos, adquirientes de la propiedad en ese mismo año) interponen el amparo, aludiendo no haber sido notificados para ser oídos y vencidos, como lo marca la Constitución mexicana.
Fue el único juicio de garantías presentado contra la posesión otorgada al núcleo agrario, y atendiendo el “principio de relatividad de una sentencia de amparo”, no tenía por qué afectarse el resto de la posesión ejidal. Pero otros presuntos propietarios que no acudieron a esa instancia legal pugnaron desde el principio porque se modificara el plano proyecto con que se hizo la ejecución de la resolución presidencial, lo que derivó en un amparo del núcleo agrario contra ello.
La comunidad campesina ganó esa lucha legal (amparo 1721/963, toca en revisión 862/965) ante la SCJN, que los protegió contra el intento de volver a deslindar el ejido con un nuevo plano proyecto. Esto dejó en situación “de empate” la disputa legal por los terrenos.
“Existen dos ejecutorias […] que no obstante ser contradictorias, deben acatarse”, reconocía el Cuerpo Consultivo Agrario en el acta SR 3-II NCPE, de 1984. Sin embargo, el peso de los intereses era distinto, y de ello se quejó el presidente del comisariado ejidal, José Adán Frías, el 5 de diciembre de 1997, en carta al gobernador Alberto Cárdenas Jiménez: “Al principio de la entrega [de la tierra] pensamos que habíamos sido muy afortunados, ya que este ejido cuenta con doce kilómetros de playas marítimas, pero tal parece que fue todo lo contrario, porque dichas playas se convirtieron en una gran codicia […] inventaron un sinnúmero de supuestas pequeñas propiedades para quitárnoslas…”.
Ya habían pasado tres años del acuerdo agrario para confirmarles las tierras como ejidales, previa compra (ver recuadro anexo), pero el líder campesino no mentía. Trece años después, el peso de los intereses privados continúa ganando disputas.
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Los predios adquiridos
En 1992, cuando se declaran oficialmente cerradas la dotaciones agrarias en el país, y se busca abatir el rezago, la delegación Jalisco de la SRA se topó con el caso José María Morelos, ejido que no la había pasado bien apenas un año antes, en que derrotó al gobierno de Jalisco en su tentativa de hacer una aeropista en sus tierras.
En 1992, cuando se declaran oficialmente cerradas la dotaciones agrarias en el país, y se busca abatir el rezago, la delegación Jalisco de la SRA se topó con el caso José María Morelos, ejido que no la había pasado bien apenas un año antes, en que derrotó al gobierno de Jalisco en su tentativa de hacer una aeropista en sus tierras.
La nueva Administración estatal de Carlos Rivera Aceves dio facilidades para resolver concertadamente el conflicto entre los propietarios de Param-Chola y el ejido. El delegado de la SRA, Alejandro Díaz Guzmán, abrió un expediente de compra de tierras. Un dato sorprendente es que esa propiedad, que en la sentencia de amparo favorable que emitió la SCJN en 1971, sólo contaba con 592 hectáreas, ya tenía 717 ha en seis fracciones, todas propiedad de la familia Arias García, por transacciones con los otros copropietarios de 1965. Finalmente, vendieron unas 600 ha José Luis, Carlos Felipe y Manuel Ignacio Arias García, quedando fuera de la operación María Luisa y José Arturo, de los mismos apellidos (información del oficio 5448 de la SRA, 26 de octubre de 1993).
El expediente de la SRA fue llamado de “posesión precaria” y derivó en un acto público, “convenio de finiquito agrario”, el 27 de junio de 1994, donde el gobernador del estado, y los líderes de los parvifundistas, Aldo Bugarín, y de los cenecistas del PRI, Eliazer Ayala, atestiguaron el final del conflicto y la entrega de 300 ha. Si a esta superficie se suma 93 ha que el presidente cedió al ejido un año antes, se suponía que sus posesiones estaban ya libres de impugnación. Pero llegó el año 2009, y a los ejidatarios los convencieron de que en realidad no eran los dueños. Y vendieron como posesionarios a Rasaland para integrar los terrenos del “nuevo Cancún”.
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CLAVES
Las tierras en disputa
El predio Param-Chola, enclavado en las inmediaciones del mar y de las lagunas costeras Chalacatepec y Xola-Paramán, es la parte fundamental de los terrenos adquiridos para el megadesarrollo Chalacatepec (1,200 ha) o “nuevo Cancún”, como le llamó el gobernador Emilio González Márquez, que pretenden establecer la empresa Rasaland y el Instituto de Pensiones del Estado, así como de la aeropista que edifica el gobierno de Jalisco en la zona
En las negociaciones de los últimos dos años, a los ejidatarios de Morelos sólo se les dio estatus de posesionarios, cuando hay antecedentes legales que revelan su derecho de propietarios
La defensa legal del ejido tenderá a reclamar la propiedad del ejido en esas tierras, que es imprescriptible en el derecho mexicano
Los enredos legales de medio siglo en la costa de Tomatlán no serán aclarados por el gobierno estatal, que aludió a Público que el tema de las tierras de Chalacatepec son “asunto privado” y prohibió a su Dirección de Asuntos Agrarios entregar información sobre el tema
El predio Param-Chola, enclavado en las inmediaciones del mar y de las lagunas costeras Chalacatepec y Xola-Paramán, es la parte fundamental de los terrenos adquiridos para el megadesarrollo Chalacatepec (1,200 ha) o “nuevo Cancún”, como le llamó el gobernador Emilio González Márquez, que pretenden establecer la empresa Rasaland y el Instituto de Pensiones del Estado, así como de la aeropista que edifica el gobierno de Jalisco en la zona
En las negociaciones de los últimos dos años, a los ejidatarios de Morelos sólo se les dio estatus de posesionarios, cuando hay antecedentes legales que revelan su derecho de propietarios
La defensa legal del ejido tenderá a reclamar la propiedad del ejido en esas tierras, que es imprescriptible en el derecho mexicano
Los enredos legales de medio siglo en la costa de Tomatlán no serán aclarados por el gobierno estatal, que aludió a Público que el tema de las tierras de Chalacatepec son “asunto privado” y prohibió a su Dirección de Asuntos Agrarios entregar información sobre el tema
1 comentario:
buen articulo para que se enteren los egidatarios de jose maria morelos porque mas del 50% de ellos no save la verdadera cituacion del caso...
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