El empresario Ricardo Santacruz Mahoney, director del megaproyecto (Humberto Muñiz). Tres aspectos de la zona que será sitio del desarrollo, en To0matlán (Agustín del Castillo)
La inversión en tierra rebasa 75 mdd, según el desarrollador Ricardo Santa Cruz Mahoney, director del proyecto Chalacatepec y socio de Rasaland. Asegura que será “de muy baja densidad” y que se mejorará la calidad de vida de los vecinos, y no la historia de exclusión de siempre
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 5 de febrero de 2010
Ricardo Santa Cruz, responsable del megaproyecto turístico de Chalacatepec, de 1,200 hectáreas, asegura no tener preocupación por la tenencia de la tierra del sitio, pues se pagaron “seguramente” más de 75 millones de dólares a particulares y ejidatarios para establecer un paño de terrenos que, en cuanto se consolidó, subió de valor.
Ahora anda el precio entre trece y quince dólares por metro cuadrado, para totalizar los aproximadamente 157 millones de dólares que tiene como valor de inversión, lo que se dio a conocer en la presentación del desarrollo, hace una semana —tempranamente bautizado como “nuevo Cancún” por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez—.
El joven empresario de 38 años dice a Público que no llega a la costa jalisciense a hacer un proyecto más, sino a convertir el megaproyecto en un factor verdadero de desarrollo regional. “Queremos cambiar ese esquema antiguo de venir, y aquí yo construyo mi oasis y dejo al centro de población a un lado; y vamos escondiéndolo, barriéndolo abajo de la alfombra, eso es terrible; además, luego se dan cuenta que lo único que hacen es generarse problemas a futuro, porque por la falta de oportunidades y pobreza se viene luego la criminalidad y toda una serie de cosas negativas […] si lo quieren ver desde un punto de vista egoísta, a nosotros no nos queda de otra, más que involucrar a esas comunidades, porque de lo contrario, el mismo proyecto no va a tener éxito. Pero para nosotros es mucho más, es una filosofía”.
Así, promete que los poblados de José María Morelos y Campo Acosta verán mejorar su infraestructura y su imagen urbana en la medida en que avance el desarrollo; también se dará prioridad a los ejidatarios para que accedan a los más de dos mil puestos de trabajo que se requerirían en el complejo.
Tienen a su disposición “desde la dirección de un hotel hasta jardinería, cada quien según sus capacidades, porque muchos de ellos tienen hijos que trabajan fuera como gerentes de hoteles y nuestro compromiso es siempre primero contratar gente de la zona, que traerla de fuera”, afirma, a riesgo de parecer populista.
En el aspecto ambiental, dice que primero se hará el rescate de los humedales de Chalacatepec y Xola-Paramán, antes de que llegue el primer peso de los inversionistas que compren en la zona. Además, pretende establecer un museo de la tortuga marina, un mercado del mar para los pescadores y diversos negocios de los campesinos. El acceso a las playas, asegura, permanecerá libre, dentro de las restricciones propias de la zona federal marítimo terrestre (como no meter vehículos a la playa), considerando que es una zona de anidación de quelonios en peligro de extinción.
Sabe que esto se ha prometido mucho y se ha cumplido muy poco con los enclaves turísticos nacionales, y para ello está la pesadilla ambiental y social de Cancún, el del Caribe. Decir que se es diferente, a priori, “no hay forma de comprobarlo, sólo haciéndolo”, subraya.
La propiedad
Asesorados por el doctor en derecho Isaías Rivera Rodríguez, catedrático de la Universidad Panamericana y ex procurador agrario en el ámbito nacional, se llegó a la conclusión “sólida” de que las 1,200 hectáreas donde se planeaba construir el desarrollo eran de pequeña propiedad (ver recuadro anexo). Entonces se negoció por dos frentes: los pequeños propietarios, que no tenían la posesión pero sí el derecho, y los ejidatarios, cuya resolución presidencial les hizo ocupar las tierras desde el lejano 1960.
Con los campesinos, “que estaban ya informados que no estaban en tierras ejidales”, se hicieron convenios para que renunciaran a sus derechos posesorios. Ricardo Santa Cruz asegura que fueron acuerdos amistosos y nunca se pagó menos de 200 mil pesos por ha (esto es 20 pesos por metro cuadrado), hasta topar, en los casos de parcelas cercanas al mar, en 700 mil pesos (70 pesos por m2). La derrama debió ser “cuatro o cinco tantos más” respecto a los diez millones de dólares que se mencionan en el poblado (Público, 3 de febrero de 2010).
Con los particulares, la negociación también se llevó considerables dólares, cuyo monto no precisa. Pero el dinero que aportó en esa materia el socio del proyecto, el Instituto de Pensiones de Jalisco —75 de casi 89 millones de dólares; los otros catorce van a la bolsa de infraestructura— no amortizan completamente el costo.
¿Por qué entonces una tierra que costó seis o siete dólares por metro cuadrado, se afirma que vale hoy 157 millones de dólares? El empresario responde que es el resultado del proceso de compactación de la propiedad. Trajeron un valuador extranjero que definió el precio a trece dólares, “y eso da como total la cifra” anunciada.
Si Rasaland hubiera aportado la tierra solo, sería dueño de más de 80 por ciento del fideicomiso. Como Pensiones le entró con 48.5 por ciento, aportó cerca de la mitad de ese valor otorgado a los terrenos, “para lo cual también contrató una valuadora internacional de mucho prestigio, que le dio un valor de quince dólares por m2”. Allí están los millones de dólares que faltaban en las cuentas, precisa Santa Cruz.
Prejuicios
“La pobreza y el abandono deterioran más al medio ambiente que un desarrollo bien regulado, y muestra de ello es el mismo Chalacatepec, que al día de hoy tiene dos esteros que son de suma importancia, que están en el listado de sitios Ramsar, y que se están muriendo”, fruto de un mal manejo con agricultura de bajo rendimiento y ganadería extensiva de muchas décadas. Antes que otra cosa, se restaurarán esos sitios, para lo cual ya se ha invertido medio millón de dólares en una investigación que derivará en proyecto.
Santa Cruz añade: “Nuestro compromiso con el medio ambiente es tal que nosotros estamos todavía a un año de ingresar los permisos de la manifestación de impacto ambiental, y me preocupa este como prejuicio que existe porque están diciendo que va a ser devastador el proyecto, y ni siquiera hemos anunciado cómo es el proyecto […]”.
—Habría que aceptar que tenemos pocas experiencias nacionales en donde un plan se haya cumplido con un respeto pleno al medio ambiente y a los pueblos.
—De acuerdo, y no hay una forma de comprobarlo más que haciéndolo, porque de palabra coincido que ha habido muy malas experiencias; entiendo un poco ese prejuicio, pero aquí yo hago un compromiso: la calidad ambiental de Chalacatepec va a ser mejor cuando terminemos el desarrollo, a como está el día de hoy.
El Cancún caribeño aloja 48 mil cuartos de hotel. El del Pacífico jalisciense podría alojar diez mil. Santa Cruz promete, no obstante, que al final, difícilmente rebasará tres mil cuartos. “Es realmente baja densidad y una apuesta por el turismo de alto nivel y un desarrollo verdadero”.
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La historia del amparo, versión RSL
Las 1,200 hectáreas del proyecto Chalacatepec son pequeña propiedad y eso lo confirmaron juzgados federales desde el año 1966, advierte el ex procurador agrario y hoy asesor de la firma Rasaland, Isaías Rivera Rodríguez. Señala que, si bien la resolución del presidente Adolfo López Mateos a favor de los ejidos José María Morelos y Campo Acosta les entregó aparentemente ese “paño de terrenos” que colindan con el mar, el pequeño propietario afectado, Jimeno Serrano, hizo valer los derechos de su predio ante el Juzgado Segundo de Distrito de Guadalajara, expediente 2130/65, confirmado en 1966 por un colegiado en el expediente 2446/66.
“Así, el predio Paramán-Xola quedó excluido de la dotación presidencial, y se ordenó entregar materialmente la tierra, pero eso se demoró muchos años, y fue hasta 1970 o 1971 que se hizo la ejecución de la sentencia, si bien fue virtual, casi a pie de carretera […] la autoridad nunca tomó la decisión de desalojar a los ejidatarios”.
Por ello, en la compra de derechos posesorios que viene de 2007 a la fecha, “se plantearon compensaciones muy bien pagadas para los ejidatarios” (ver nota principal), pues “para nosotros es muy importante el aspecto social y queremos una solución pacífica e incluyente con el ejido”, añade el empresario.
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“El gobierno no sabe si se pagó lo justo por la tierra”, dice
El Gobernador se deslinda del “nuevo Cancún”
El gobernador Emilio González Márquez deslindó a su Administración del megadesarrollo turístico que se planea construir en Chalacatepec, Tomatlán, pues, aunque él lo presentó hace una semana, ayer precisó que se trata de un proyecto privado de la empresa Rasaland en asociación con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
En entrevista con Público, el titular del Poder Ejecutivo dejó en claro que, si el IPE decidió invertir sus recursos en el proyecto, ésta fue una decisión tomada única y exclusivamente por el consejo de administración del organismo, que preside Óscar García Manzano, incluso “avalada por los trabajadores” al servicio del estado, representados en esa instancia por el dirigente de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Guadalupe Madera Godoy, y su homólogo de la federación de sindicatos de burócratas, Juan Pelayo Ruelas.
Toda inversión de los recursos del IPE tiene que ser autorizada por consejo y de ahí “no sale nada si no está con el voto a favor de los maestros” y los burócratas, y “lo que voten ellos vota la gente que yo envío”, explicó el mandatario estatal, que dejó en claro que las decisiones del IPE son autónomas y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo no puede intervenir en ellas.
Por tal motivo, añadió Emilio González, “el gobierno no sabe si se pagó lo justo por el precio de las tierras”, pues el papel del Ejecutivo es el de vigilar que se cumplan con las leyes y normas de construcción y ambientales para preservar y respetar el entorno, que fue la parte en la que intervino y seguirá interviniendo su Administración en este caso.
Sobre la posibilidad de que Rasaland hubiera tenido información privilegiada sobre proyectos de infraestructura que se está construyendo en la región, con recursos públicos, Emilio González lo rechazó y aseveró que tanto el proyecto del nuevo aeropuerto de Tomatlán, así como la carretera 200 de Puerto Vallarta a Cihuatlán, o la carretera Villa Purificación-Chamela, eran ya del conocimiento de la opinión pública desde hace tiempo, información a la que cualquiera tenía acceso.
Explicó que decidió avalar el desarrollo en Chalacatepec, al que calificó como “un nuevo Cancún, pero bien hecho”, debido a que le parece que es un muy buen proyecto que podrá ayudar a detonar el empleo y el desarrollo para las comunidades de esa región de la costa de Jalisco. “Hasta donde entiendo, éste es un proyecto que incorpora a las comunidades”, añadió el mandatario.
Emilio González dijo que la postura del gobierno que encabeza, en cuanto a los proyectos de desarrollo comercial y turístico en la costa de Jalisco, es que los propietarios de la tierra (comuneros, ejidatarios y pequeña propiedad) no vendan la tierra y se queden sin nada, sino que se conviertan en socios de los desarrolladores.
Esto no ocurrió en Chalacatepec y no sabe por qué, pero sostuvo que, en otros pueblos donde se pretende levantar complejos turísticos, hay ejidatarios que se convertirán en socios de los desarrolladores.
Finalmente, Emilio González informó que en toda la costa jalisciense hay en este momento entre diez y doce proyectos de inversión turística en curso (Rubén Martín/ Jorge Valdivia).
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 5 de febrero de 2010
Ricardo Santa Cruz, responsable del megaproyecto turístico de Chalacatepec, de 1,200 hectáreas, asegura no tener preocupación por la tenencia de la tierra del sitio, pues se pagaron “seguramente” más de 75 millones de dólares a particulares y ejidatarios para establecer un paño de terrenos que, en cuanto se consolidó, subió de valor.
Ahora anda el precio entre trece y quince dólares por metro cuadrado, para totalizar los aproximadamente 157 millones de dólares que tiene como valor de inversión, lo que se dio a conocer en la presentación del desarrollo, hace una semana —tempranamente bautizado como “nuevo Cancún” por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez—.
El joven empresario de 38 años dice a Público que no llega a la costa jalisciense a hacer un proyecto más, sino a convertir el megaproyecto en un factor verdadero de desarrollo regional. “Queremos cambiar ese esquema antiguo de venir, y aquí yo construyo mi oasis y dejo al centro de población a un lado; y vamos escondiéndolo, barriéndolo abajo de la alfombra, eso es terrible; además, luego se dan cuenta que lo único que hacen es generarse problemas a futuro, porque por la falta de oportunidades y pobreza se viene luego la criminalidad y toda una serie de cosas negativas […] si lo quieren ver desde un punto de vista egoísta, a nosotros no nos queda de otra, más que involucrar a esas comunidades, porque de lo contrario, el mismo proyecto no va a tener éxito. Pero para nosotros es mucho más, es una filosofía”.
Así, promete que los poblados de José María Morelos y Campo Acosta verán mejorar su infraestructura y su imagen urbana en la medida en que avance el desarrollo; también se dará prioridad a los ejidatarios para que accedan a los más de dos mil puestos de trabajo que se requerirían en el complejo.
Tienen a su disposición “desde la dirección de un hotel hasta jardinería, cada quien según sus capacidades, porque muchos de ellos tienen hijos que trabajan fuera como gerentes de hoteles y nuestro compromiso es siempre primero contratar gente de la zona, que traerla de fuera”, afirma, a riesgo de parecer populista.
En el aspecto ambiental, dice que primero se hará el rescate de los humedales de Chalacatepec y Xola-Paramán, antes de que llegue el primer peso de los inversionistas que compren en la zona. Además, pretende establecer un museo de la tortuga marina, un mercado del mar para los pescadores y diversos negocios de los campesinos. El acceso a las playas, asegura, permanecerá libre, dentro de las restricciones propias de la zona federal marítimo terrestre (como no meter vehículos a la playa), considerando que es una zona de anidación de quelonios en peligro de extinción.
Sabe que esto se ha prometido mucho y se ha cumplido muy poco con los enclaves turísticos nacionales, y para ello está la pesadilla ambiental y social de Cancún, el del Caribe. Decir que se es diferente, a priori, “no hay forma de comprobarlo, sólo haciéndolo”, subraya.
La propiedad
Asesorados por el doctor en derecho Isaías Rivera Rodríguez, catedrático de la Universidad Panamericana y ex procurador agrario en el ámbito nacional, se llegó a la conclusión “sólida” de que las 1,200 hectáreas donde se planeaba construir el desarrollo eran de pequeña propiedad (ver recuadro anexo). Entonces se negoció por dos frentes: los pequeños propietarios, que no tenían la posesión pero sí el derecho, y los ejidatarios, cuya resolución presidencial les hizo ocupar las tierras desde el lejano 1960.
Con los campesinos, “que estaban ya informados que no estaban en tierras ejidales”, se hicieron convenios para que renunciaran a sus derechos posesorios. Ricardo Santa Cruz asegura que fueron acuerdos amistosos y nunca se pagó menos de 200 mil pesos por ha (esto es 20 pesos por metro cuadrado), hasta topar, en los casos de parcelas cercanas al mar, en 700 mil pesos (70 pesos por m2). La derrama debió ser “cuatro o cinco tantos más” respecto a los diez millones de dólares que se mencionan en el poblado (Público, 3 de febrero de 2010).
Con los particulares, la negociación también se llevó considerables dólares, cuyo monto no precisa. Pero el dinero que aportó en esa materia el socio del proyecto, el Instituto de Pensiones de Jalisco —75 de casi 89 millones de dólares; los otros catorce van a la bolsa de infraestructura— no amortizan completamente el costo.
¿Por qué entonces una tierra que costó seis o siete dólares por metro cuadrado, se afirma que vale hoy 157 millones de dólares? El empresario responde que es el resultado del proceso de compactación de la propiedad. Trajeron un valuador extranjero que definió el precio a trece dólares, “y eso da como total la cifra” anunciada.
Si Rasaland hubiera aportado la tierra solo, sería dueño de más de 80 por ciento del fideicomiso. Como Pensiones le entró con 48.5 por ciento, aportó cerca de la mitad de ese valor otorgado a los terrenos, “para lo cual también contrató una valuadora internacional de mucho prestigio, que le dio un valor de quince dólares por m2”. Allí están los millones de dólares que faltaban en las cuentas, precisa Santa Cruz.
Prejuicios
“La pobreza y el abandono deterioran más al medio ambiente que un desarrollo bien regulado, y muestra de ello es el mismo Chalacatepec, que al día de hoy tiene dos esteros que son de suma importancia, que están en el listado de sitios Ramsar, y que se están muriendo”, fruto de un mal manejo con agricultura de bajo rendimiento y ganadería extensiva de muchas décadas. Antes que otra cosa, se restaurarán esos sitios, para lo cual ya se ha invertido medio millón de dólares en una investigación que derivará en proyecto.
Santa Cruz añade: “Nuestro compromiso con el medio ambiente es tal que nosotros estamos todavía a un año de ingresar los permisos de la manifestación de impacto ambiental, y me preocupa este como prejuicio que existe porque están diciendo que va a ser devastador el proyecto, y ni siquiera hemos anunciado cómo es el proyecto […]”.
—Habría que aceptar que tenemos pocas experiencias nacionales en donde un plan se haya cumplido con un respeto pleno al medio ambiente y a los pueblos.
—De acuerdo, y no hay una forma de comprobarlo más que haciéndolo, porque de palabra coincido que ha habido muy malas experiencias; entiendo un poco ese prejuicio, pero aquí yo hago un compromiso: la calidad ambiental de Chalacatepec va a ser mejor cuando terminemos el desarrollo, a como está el día de hoy.
El Cancún caribeño aloja 48 mil cuartos de hotel. El del Pacífico jalisciense podría alojar diez mil. Santa Cruz promete, no obstante, que al final, difícilmente rebasará tres mil cuartos. “Es realmente baja densidad y una apuesta por el turismo de alto nivel y un desarrollo verdadero”.
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La historia del amparo, versión RSL
Las 1,200 hectáreas del proyecto Chalacatepec son pequeña propiedad y eso lo confirmaron juzgados federales desde el año 1966, advierte el ex procurador agrario y hoy asesor de la firma Rasaland, Isaías Rivera Rodríguez. Señala que, si bien la resolución del presidente Adolfo López Mateos a favor de los ejidos José María Morelos y Campo Acosta les entregó aparentemente ese “paño de terrenos” que colindan con el mar, el pequeño propietario afectado, Jimeno Serrano, hizo valer los derechos de su predio ante el Juzgado Segundo de Distrito de Guadalajara, expediente 2130/65, confirmado en 1966 por un colegiado en el expediente 2446/66.
“Así, el predio Paramán-Xola quedó excluido de la dotación presidencial, y se ordenó entregar materialmente la tierra, pero eso se demoró muchos años, y fue hasta 1970 o 1971 que se hizo la ejecución de la sentencia, si bien fue virtual, casi a pie de carretera […] la autoridad nunca tomó la decisión de desalojar a los ejidatarios”.
Por ello, en la compra de derechos posesorios que viene de 2007 a la fecha, “se plantearon compensaciones muy bien pagadas para los ejidatarios” (ver nota principal), pues “para nosotros es muy importante el aspecto social y queremos una solución pacífica e incluyente con el ejido”, añade el empresario.
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“El gobierno no sabe si se pagó lo justo por la tierra”, dice
El Gobernador se deslinda del “nuevo Cancún”
El gobernador Emilio González Márquez deslindó a su Administración del megadesarrollo turístico que se planea construir en Chalacatepec, Tomatlán, pues, aunque él lo presentó hace una semana, ayer precisó que se trata de un proyecto privado de la empresa Rasaland en asociación con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
En entrevista con Público, el titular del Poder Ejecutivo dejó en claro que, si el IPE decidió invertir sus recursos en el proyecto, ésta fue una decisión tomada única y exclusivamente por el consejo de administración del organismo, que preside Óscar García Manzano, incluso “avalada por los trabajadores” al servicio del estado, representados en esa instancia por el dirigente de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Guadalupe Madera Godoy, y su homólogo de la federación de sindicatos de burócratas, Juan Pelayo Ruelas.
Toda inversión de los recursos del IPE tiene que ser autorizada por consejo y de ahí “no sale nada si no está con el voto a favor de los maestros” y los burócratas, y “lo que voten ellos vota la gente que yo envío”, explicó el mandatario estatal, que dejó en claro que las decisiones del IPE son autónomas y, por lo tanto, el Poder Ejecutivo no puede intervenir en ellas.
Por tal motivo, añadió Emilio González, “el gobierno no sabe si se pagó lo justo por el precio de las tierras”, pues el papel del Ejecutivo es el de vigilar que se cumplan con las leyes y normas de construcción y ambientales para preservar y respetar el entorno, que fue la parte en la que intervino y seguirá interviniendo su Administración en este caso.
Sobre la posibilidad de que Rasaland hubiera tenido información privilegiada sobre proyectos de infraestructura que se está construyendo en la región, con recursos públicos, Emilio González lo rechazó y aseveró que tanto el proyecto del nuevo aeropuerto de Tomatlán, así como la carretera 200 de Puerto Vallarta a Cihuatlán, o la carretera Villa Purificación-Chamela, eran ya del conocimiento de la opinión pública desde hace tiempo, información a la que cualquiera tenía acceso.
Explicó que decidió avalar el desarrollo en Chalacatepec, al que calificó como “un nuevo Cancún, pero bien hecho”, debido a que le parece que es un muy buen proyecto que podrá ayudar a detonar el empleo y el desarrollo para las comunidades de esa región de la costa de Jalisco. “Hasta donde entiendo, éste es un proyecto que incorpora a las comunidades”, añadió el mandatario.
Emilio González dijo que la postura del gobierno que encabeza, en cuanto a los proyectos de desarrollo comercial y turístico en la costa de Jalisco, es que los propietarios de la tierra (comuneros, ejidatarios y pequeña propiedad) no vendan la tierra y se queden sin nada, sino que se conviertan en socios de los desarrolladores.
Esto no ocurrió en Chalacatepec y no sabe por qué, pero sostuvo que, en otros pueblos donde se pretende levantar complejos turísticos, hay ejidatarios que se convertirán en socios de los desarrolladores.
Finalmente, Emilio González informó que en toda la costa jalisciense hay en este momento entre diez y doce proyectos de inversión turística en curso (Rubén Martín/ Jorge Valdivia).
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