Acciones jurídicas podrían reducir a 9 mil hectáreas su superficie, incluido el lindero con las playas tortugueras, dice análisis del Idea; denuncian una simulación para empalmar predio privado en su dotación.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
Los ejidatarios de José María Morelos, en Tomatlán, denuncian que las acciones jurídicas en su contra ponen en riesgo alrededor de 3,357 hectáreas de su patrimonio, lo que reduciría su dotación a casi nueve mil ha, revela un estudio realizado por el Instituto de Derecho Ambiental (Idea) durante 2009.
Mientras las autoridades les dicen que el “nuevo Cancún” representa la hora del desarrollo, los campesinos ven con angustia la llegada de inversionistas. “Han expresado su deseo de que se les tome como socios y no se les excluya de los beneficios que puede dar el desarrollo turístico […] es una de las actividades de las que pueden vivir ellos y sus familias”, señala el texto, denominado Diagnóstico socioambiental, José María Morelos, Tomatlán, cuya versión final fue redactada en diciembre de 2009.
El análisis, elaborado tras una minuciosa revisión de la carpeta básica y los archivos del nuevo centro de población ejidal, pero, sobre todo, con la información provista por los propios ejidatarios en diversos talleres participativos, da cuenta en el capítulo de Tenencia de la tierra y conflictos agrarios de los viejos líos con los detentadores de la propiedad de Param-Chola y el amparo que ganaron en 1971.
“Para obtener el fallo favorable […] los particulares realizaron una maniobra jurídica: alteraron la ubicación del predio, de tal manera que lo hicieron coincidir con la superficie del terreno ejidal que se ubica en los terrenos aledaños a la playa de Chalacatepec y las lagunas de Chalacatepec y Xola-Paramán, señalando que estos predios se encuentran fuera del polígono de la hacienda de La Nancy”.
Pero, “en realidad […] los terrenos son distintos a los predios que los particulares señalan, ya que, al revisar el plano de la hacienda de La Nancy [que data de 1913] , se aprecia que esos terrenos llegan al océano Pacífico y el río San Nicolás, coincidiendo con la descripción de los terrenos que comprende la resolución presidencial…”.
Por si fuera poco, “en el amparo 2130/965 [y el toca correspondiente 2446/966], el ejido no contó con la asesoría legal adecuada y por eso le concedieron el amparo a los particulares; durante muchos años, la ejecutoria [de ese juicio] se cumplió solo parcialmente, ya que, si bien la Secretaría de la Reforma Agraria [SRA] dejó insubsistentes los actos de ejecución de la resolución presidencial […] en el campo no se pudo restituir a los particulares, debido a que las medidas y colindancias del predio [Param-Chola] no se localizan realmente en el ejido de Morelos…”.
El documento recuerda que el propio ejido se defendió con otro amparo [1721/963, toca 862/965] para que se respetara el plano proyecto con que se les dotó la tierra, lo que contradijo el amparo de los pequeños propietarios.
“En estas condiciones, la SRA promovió la compra de los terrenos […] para cumplir el amparo concedido a los particulares de manera subsidiaria respetando las posesiones del ejido, para ello otorgó una ampliación de ejidos […] en resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario número 13 de Jalisco. Resolución que no se ejecutó tampoco por desacuerdo del ejido, alegando que los terrenos se ubican fuera de los que posee el ejido…”.
De hecho, tales compras han quedado aparentemente en el limbo, pues el inversionista Rasaland compró las tierras como propiedad privada (Público, 15 de febrero de 2010).
A partir de 2007, el dueño de Rasaland, Ricardo Santa Cruz Dahoney —promotor del megadesarrollo Chalacatepec o “nuevo Cancún”—, comenzó la adquisición de estas tierras, “presionando a los ejidatarios de José María Morelos y Campo Acosta […] para que les vendan los terrenos con el argumento de que de todos modos son de propiedad privada y, si no los venden, van a perderlos; de esta manera, y con un procedimiento ilegal, sin cumplir con los requisitos que marca la Ley Agraria, un solo inversionista ha comprado más de mil hectáreas de terrenos ejidales en parcelas ubicadas en selvas tropicales del ejido de Morelos”.
El análisis advierte que el derecho agrario mexicano tiene como característica su imprescriptibilidad: eso significa que las acciones de restitución no pueden prescribir si se combaten hechos viciados legalmente, como juzga que han sucedido con esas operaciones de compraventa para crear el proyecto en que el Instituto de Pensiones del estado ha aportado ya 89 millones de dólares.
Así, el ambicioso megadesarrollo parece estar prendido con alfileres.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
Los ejidatarios de José María Morelos, en Tomatlán, denuncian que las acciones jurídicas en su contra ponen en riesgo alrededor de 3,357 hectáreas de su patrimonio, lo que reduciría su dotación a casi nueve mil ha, revela un estudio realizado por el Instituto de Derecho Ambiental (Idea) durante 2009.
Mientras las autoridades les dicen que el “nuevo Cancún” representa la hora del desarrollo, los campesinos ven con angustia la llegada de inversionistas. “Han expresado su deseo de que se les tome como socios y no se les excluya de los beneficios que puede dar el desarrollo turístico […] es una de las actividades de las que pueden vivir ellos y sus familias”, señala el texto, denominado Diagnóstico socioambiental, José María Morelos, Tomatlán, cuya versión final fue redactada en diciembre de 2009.
El análisis, elaborado tras una minuciosa revisión de la carpeta básica y los archivos del nuevo centro de población ejidal, pero, sobre todo, con la información provista por los propios ejidatarios en diversos talleres participativos, da cuenta en el capítulo de Tenencia de la tierra y conflictos agrarios de los viejos líos con los detentadores de la propiedad de Param-Chola y el amparo que ganaron en 1971.
“Para obtener el fallo favorable […] los particulares realizaron una maniobra jurídica: alteraron la ubicación del predio, de tal manera que lo hicieron coincidir con la superficie del terreno ejidal que se ubica en los terrenos aledaños a la playa de Chalacatepec y las lagunas de Chalacatepec y Xola-Paramán, señalando que estos predios se encuentran fuera del polígono de la hacienda de La Nancy”.
Pero, “en realidad […] los terrenos son distintos a los predios que los particulares señalan, ya que, al revisar el plano de la hacienda de La Nancy [que data de 1913] , se aprecia que esos terrenos llegan al océano Pacífico y el río San Nicolás, coincidiendo con la descripción de los terrenos que comprende la resolución presidencial…”.
Por si fuera poco, “en el amparo 2130/965 [y el toca correspondiente 2446/966], el ejido no contó con la asesoría legal adecuada y por eso le concedieron el amparo a los particulares; durante muchos años, la ejecutoria [de ese juicio] se cumplió solo parcialmente, ya que, si bien la Secretaría de la Reforma Agraria [SRA] dejó insubsistentes los actos de ejecución de la resolución presidencial […] en el campo no se pudo restituir a los particulares, debido a que las medidas y colindancias del predio [Param-Chola] no se localizan realmente en el ejido de Morelos…”.
El documento recuerda que el propio ejido se defendió con otro amparo [1721/963, toca 862/965] para que se respetara el plano proyecto con que se les dotó la tierra, lo que contradijo el amparo de los pequeños propietarios.
“En estas condiciones, la SRA promovió la compra de los terrenos […] para cumplir el amparo concedido a los particulares de manera subsidiaria respetando las posesiones del ejido, para ello otorgó una ampliación de ejidos […] en resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario número 13 de Jalisco. Resolución que no se ejecutó tampoco por desacuerdo del ejido, alegando que los terrenos se ubican fuera de los que posee el ejido…”.
De hecho, tales compras han quedado aparentemente en el limbo, pues el inversionista Rasaland compró las tierras como propiedad privada (Público, 15 de febrero de 2010).
A partir de 2007, el dueño de Rasaland, Ricardo Santa Cruz Dahoney —promotor del megadesarrollo Chalacatepec o “nuevo Cancún”—, comenzó la adquisición de estas tierras, “presionando a los ejidatarios de José María Morelos y Campo Acosta […] para que les vendan los terrenos con el argumento de que de todos modos son de propiedad privada y, si no los venden, van a perderlos; de esta manera, y con un procedimiento ilegal, sin cumplir con los requisitos que marca la Ley Agraria, un solo inversionista ha comprado más de mil hectáreas de terrenos ejidales en parcelas ubicadas en selvas tropicales del ejido de Morelos”.
El análisis advierte que el derecho agrario mexicano tiene como característica su imprescriptibilidad: eso significa que las acciones de restitución no pueden prescribir si se combaten hechos viciados legalmente, como juzga que han sucedido con esas operaciones de compraventa para crear el proyecto en que el Instituto de Pensiones del estado ha aportado ya 89 millones de dólares.
Así, el ambicioso megadesarrollo parece estar prendido con alfileres.
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