Prevén conflicto jurídico con los campesinos de Morelos, en el municipio de Tomatlán. Desde el 2004 hubo un pago de cuatro millones de pesos
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 6 de febrero de 2010
Las negociaciones se cerraron en el año 2004. Según los contratos firmados entre el gobierno del estado, que encabezaba Francisco Ramírez Acuña, y los ejidatarios de José María Morelos, en Tomatlán, hubo un pago global de cuatro millones de pesos para que éstos cedieran la posesión de las parcelas ubicadas al oriente del humedal de Paramán, y permitieran el arranque de las obras de la aeropista de Morelos, uno de los proyectos de infraestructura clave para el desarrollo de la llamada Costalegre.
El argumento gubernamental fue pagar para evitar un posible conflicto, pues, aunque según sus documentos el predio de casi 134 hectáreas no era parte de la dotación del ejido, los ejidatarios lo poseían desde al menos medio siglo, cuando llegaron a estas tierras los primeros colonos con un decreto del presidente Adolfo López Mateos.
No obstante, la versión que cuenta el asesor de los campesinos, Pedro León Corrales, es distinta: “Son tierras contenidas en la resolución presidencial, y ésta sigue vigente […] si bien, hubo un amparo que se promovió y perdió con respecto a la ejecución —y se perdió porque las autoridades ejidales de ese entonces no respondieron en el tiempo y la forma adecuada—, nunca echaron abajo la resolución y permanecen vigentes los derechos de los ejidatarios”.
El ex diputado local ha sido testigo de las transformaciones en la zona. Le tocó apoyar a la comunidad cuando se enfrentaron por primera ocasión a este proyecto, a finales de los años ochenta, durante el gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri.
“Fue un amparo de un solo ejidatario, Marcos Castillo Serna, en el Juzgado Segundo de Distrito de Guadalajara, gracias a eso se echó abajo la intención de ocupar los terrenos del aeropuerto […] después de que se echó abajo el proyecto en 1991, la venganza fue el abrir por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) un procedimiento de privación de derechos ejidales para un centenar de ejidatarios, por órdenes del entonces delegado de la SRA, Salvador Rizo Ayala, quien mandó en persona a su subdelegado; hubo tres asambleas y se rindieron, porque los ejidatarios rechazaron donar el terreno”, añade.
Hoy, el proyecto está en fase de conclusión. Don Adelaido se queja de que no los dejan pasar libremente a sus parcelas, y los ambientalistas atisban una fuerte presión para el estero contiguo. Pero la pista de 2.7 kilómetros está avanzada, por arriba de 60 por ciento de la superficie de rodamiento de los aviones. “Está enorme, aquí puede bajar cualquier avión”, señala Elías Sánchez. El tamaño de la ambición de los desarrollos de la Costalegre.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 6 de febrero de 2010
Las negociaciones se cerraron en el año 2004. Según los contratos firmados entre el gobierno del estado, que encabezaba Francisco Ramírez Acuña, y los ejidatarios de José María Morelos, en Tomatlán, hubo un pago global de cuatro millones de pesos para que éstos cedieran la posesión de las parcelas ubicadas al oriente del humedal de Paramán, y permitieran el arranque de las obras de la aeropista de Morelos, uno de los proyectos de infraestructura clave para el desarrollo de la llamada Costalegre.
El argumento gubernamental fue pagar para evitar un posible conflicto, pues, aunque según sus documentos el predio de casi 134 hectáreas no era parte de la dotación del ejido, los ejidatarios lo poseían desde al menos medio siglo, cuando llegaron a estas tierras los primeros colonos con un decreto del presidente Adolfo López Mateos.
No obstante, la versión que cuenta el asesor de los campesinos, Pedro León Corrales, es distinta: “Son tierras contenidas en la resolución presidencial, y ésta sigue vigente […] si bien, hubo un amparo que se promovió y perdió con respecto a la ejecución —y se perdió porque las autoridades ejidales de ese entonces no respondieron en el tiempo y la forma adecuada—, nunca echaron abajo la resolución y permanecen vigentes los derechos de los ejidatarios”.
El ex diputado local ha sido testigo de las transformaciones en la zona. Le tocó apoyar a la comunidad cuando se enfrentaron por primera ocasión a este proyecto, a finales de los años ochenta, durante el gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri.
“Fue un amparo de un solo ejidatario, Marcos Castillo Serna, en el Juzgado Segundo de Distrito de Guadalajara, gracias a eso se echó abajo la intención de ocupar los terrenos del aeropuerto […] después de que se echó abajo el proyecto en 1991, la venganza fue el abrir por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) un procedimiento de privación de derechos ejidales para un centenar de ejidatarios, por órdenes del entonces delegado de la SRA, Salvador Rizo Ayala, quien mandó en persona a su subdelegado; hubo tres asambleas y se rindieron, porque los ejidatarios rechazaron donar el terreno”, añade.
Hoy, el proyecto está en fase de conclusión. Don Adelaido se queja de que no los dejan pasar libremente a sus parcelas, y los ambientalistas atisban una fuerte presión para el estero contiguo. Pero la pista de 2.7 kilómetros está avanzada, por arriba de 60 por ciento de la superficie de rodamiento de los aviones. “Está enorme, aquí puede bajar cualquier avión”, señala Elías Sánchez. El tamaño de la ambición de los desarrollos de la Costalegre.
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