Opositores al proyecto turístico advierten que habrá controversias legales. “Empresas cabildearon para ser favorecidas”, dicen pueblos y regidores. UdeG defiende planteamiento técnico y niega intromisión empresarial
Tomatlán, Agustín del Castillo, enviado. PÚBLICO-MILENIO
El Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Tomatlán (POEL) –que es base del megadesarrollo turístico en Chalacatepec— es materia de controversia entre distintos actores de la región. Por una parte, líderes de comunidades y regidores de oposición denuncian que es un supuesto “traje a la medida” de los intereses empresariales en la zona; por otro, la Universidad de Guadalajara (UdeG) defiende la calidad técnica del trabajo.
El documento está ya publicado en la Gaceta Municipal de Tomatlán, pero entrará en vigor a partir de que se publique en el periódico oficial El Estado de Jalisco. Para sus detractores, esa será fecha clave para comenzar impugnaciones por la vía legal, como podrían ser juicios de amparo, pues los afectados con esa “cancelación de derechos” reclaman la violación de sus garantías. Tampoco se descarta reclamar el procedimiento administrativo ante los tribunales locales.
Arturo Cano, regidor por el Partido del Trabajo (PT) y ejidatario de La Gloria, así como Ricardo Serrano, regidor por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), denuncian que empresas como Sierra Vallarta y Rasaland (ésta última, socio del Instituto de Pensiones del Estado en el proyecto que el gobernador bautizó “Nuevo Cancún”) tuvieron un peso excesivo, fruto de la fuerte aportación económica que hicieron al POEL por medio de la ahora ex presidenta municipal, Soledad Meléndez González, de extracción priista.
Sin embargo, el coordinador del ordenamiento, Francisco de Asís Silva Bátiz, jefe del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de la Universidad de Guadalajara, aclara que los regidores se refieren a una fase anterior al ordenamiento, previa a la intervención de la UdeG; cuando la casa de estudios fue contratada, el dinero fue aportado por el Instituto Nacional de Ecología (INE), y la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) advirtió que aceptar dinero privado podía generar conflicto de intereses, por lo que la alcaldesa aceptó los nuevos términos. A partir de entonces, el trabajo fue escrupulosamente técnico, asegura (ver nota abajo).
Las quejas
Arturo Cano reconoce haber trabajado para sacar adelante un proyecto del grupo Palisca, de origen extranjero, para montar un desarrollo de 33 hectáreas en La Gloria. “Nos topamos desde el principio con mucha burocracia […] lo peor es que la presidenta municipal nos pidió colaborar para el POEL con un millón de pesos, aludiendo que Sierra Vallarta y Rasaland también habían aportado; el empresario le dijo que fuera proporcional esa cooperación, pues la superficie de este desarrollo no es ni 3 por ciento de la de Chalacatepec, y se enojó la presidenta”.
Asegura que ello derivó en un documento que técnicamente “castiga” a La Gloria y premia a esos megadesarrollos. “Les hicieron un traje a la medida”, secunda Ricardo Serrano. El ahora ex regidor por el PRD, José Zárate Camarillo, añade que los ediles no estaban debidamente informados, y que buena parte de los líderes sociales de la demarcación tampoco conocían mayor cosa del asunto.
“El primer borrador del programa beneficiaba a Sierra Vallarta; hubo un tremendo tráfico de influencias, y eso ayudó a quienes estaban comprando tierra barata, pues asustaban a la gente diciéndole, de todos modos te lo vamos a quitar; a quienes resistían, se los llevaron a comer a hoteles de lujo, para deslumbrarlos”, agrega Zárate Camarillo.
En José María Morelos, núcleo que tendrá de vecino al “Nuevo Cancún”, incluso el presidente ejidal, Ricardo Vázquez Nájar, quien no se opuso a la venta de los derechos posesorios de sus ejidatarios, admite que nunca fue convocado a las reuniones informativas pese a que se iba a afectar el destino de las tierras de la comunidad agraria, lo que tiene un impacto sobre la economía local.
“Parece un negocio perfecto para las empresas; a los ejidos en sus tierras se les dan bajas densidades, para que su tierra sea barata y se propicie el negocio: los empresarios les compran barato y luego se modifican la densidades para que hagan sus proyectos”, dice el ejidatario Héctor Sánchez.
Más allá de la justicia de los planteamientos, queda claro que el futuro del POEL de Tomatlán será sometido a prueba.
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Departamento de Zonas Costeras de la UdeG defiende la solvencia técnica del documento
“El ordenamiento no obedece a intereses”
Puede haber cuestiones sociales y económicas que no resuelva el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de Tomatlán, pero en su materia, es un documento solvente en el cual no influyeron los cabildeos de los intereses empresariales, pone en relieve Francisco de Asís Silva Bátiz, jefe del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras de la Universidad de Guadalajara.
Se trata de una estrategia nacional de política ambiental que fue aterrizada en la costa de Jalisco, región prioritaria de la entidad.
“En el caso del POEL de Tomatlán, no hubo recursos para arrancar hasta mediados de 2008 […] las secretarías estatal y federal del Ambiente se encuentran con que [el] ayuntamiento ya había iniciado la elaboración del POEL a través de una consultoría ambiental privada, la cual era pagada a partes iguales por el municipio y por la empresa Sierra Vallarta [cuyo desarrollo se ubica 30 kilómetros al norte de Chalacatepec]. La Semades argumentó que la participación de una empresa podría generar muchas especulaciones acerca de la credibilidad de los resultados, y que lo mejor era que la UdeG retomara lo hecho hasta el momento y que el POEL fuera financiado por el gobierno federal al través del Instituto Nacional de Ecología, lo cual fue aceptado por la presidenta”, explica el investigador acerca de esa polémica.
A partir de la entrada de la UdeG, todo financiamiento fue con recursos públicos y, por tanto, no hay ningún peso de intereses, señala el científico.
Las zonas aptas para las distintas actividades económicas se definieron de acuerdo al tipo de ecosistemas. En las bitácoras disponibles en www.semades.jalisco.gob.mx, “se puede observar claramente cómo la costa se divide en dos porciones, la norte con mayor aptitud forestal y de conservación, y una porción centro y sur con mayor aptitud turística, de pesca y de conservación […] el sector conservación definió que las selvas baja y mediana, los manglares y los bosques templados de Tomatlán, tienen un alto valor para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ambientales, y que por lo tanto eran áreas prioritarias para la conservación. De acuerdo a este razonamiento, es obvio que un terreno que no tenga selvas o bosques, no son [sic] de gran interés para los fines de conservación, es decir, es de interés para la conservación pero no tanto como los terrenos con selvas y bosques. Por lo tanto, estos terrenos ya impactados sin un elevado interés para la conservación pueden ser más aptos para la agricultura, la ganadería o el turismo, dependiendo de otros factores y requerimientos de cada uno de esos sectores”.
Por eso se llegó a permitir campos de golf en zonas desmontadas, y baja densidad de ocupación en ecosistemas naturales.
En resumen, en Tomatlán ya no caben los desarrollos al viejo estilo, pero las densidades se definen según el grado de conservación y el tipo de ecosistema. Es éste y no un criterio “de intereses empresariales” lo que ha definido la vocación y las densidades de cada zona de Tomatlán, puntualiza Silva Bátiz.
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