Se tambalean denuncias del SIAPA vs Ocampo

Hay jurisprudencia reciente de la corte que señala que si hay recursos federales o internacionales, la materia es federal; sin embargo, la PGR busca enviar al fuero común las querellas contra el ex director del organismo, basándose en un criterio de que toda inversión federal que realiza un organismo estatal se convierte en tema local

Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 29 de septiembre de 2011

El agente del Ministerio Público Federal analiza la posibilidad de entregar al fuero común las denuncias acumuladas por el uso inadecuado de los recursos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al SIAPA, vía Banobras, para la ejecución de obras en el programa Todos con Agua, ejecutado durante la gestión de Rodolfo Ocampo Velázquez.

El director jurídico del organismo operador, Uriel Parga Ramírez, dijo a este diario que por ahora no tienen ninguna notificación formal de parte de la Procuraduría General de la República (PGR) en ese sentido, aunque admitió que la dependencia ya se declaró incompetente en el caso de las denuncias contra dos empresas constructoras que, en uso de recursos públicos federales, no cumplieron con dos obras que formaron parte del programa.

Parga Ramírez aclaró que hasta 2002, la PGR solía disculparse de asuntos donde se involucraban recursos públicos federales, porque éstos se hacían tema de regulación local al integrarse a programas de obra de estados o municipios, pero una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deja las cosas dentro de la esfera federal.

Se trata de la tesis 138/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, (Novena Época. Tomo XV, enero de 2002, página 915).

Tal jurisprudencia deriva de una controversia constitucional promovida por ayuntamientos de San Luis Potosí. En su parte sustantiva señala: “Las aportaciones federales son recursos que destinan y supervisan las autoridades federales para los estados y los municipios que, dada su especial naturaleza, se rigen por disposiciones federales y, por tanto, aun cuando pasan a formar parte de las haciendas estatales y municipales, no están comprendidas dentro del régimen de libre administración de estos últimos, pues es la federación la que autoriza su destino y aplicación y, por ende, los otros niveles de gobierno no pueden disponer libremente de dichos recursos pues, por el contrario, deben sujetarse a lo dispuesto en los ordenamientos federales”.

No obstante, el vocero de la delegación Jalisco de la PGR, Ulises Enríquez, dijo que no hay aún una determinación, pero se analiza la posibilidad de entregar el caso al Ministerio Público (MP) del estado.

“Ahora se analiza la posibilidad de competencia del estado, se trata de prevenir que luego los jueces no digan que no hay competencia federal, pero el caso se está diligenciando, está en estudio, y por ahora no sabemos que se vaya a mandar [al fuero común]; aunque se ve esa posibilidad, todas son por ahora especulaciones”, puso en relieve.

Dijo que puede asegurar que el agente del MP federal “actuará conforme a derecho, y en caso de que se concluya que la federación no es la competente, se turnará a la Procuraduría del estado”.

Se trata de un paquete integrado por dos denuncias presentadas por el SIAPA por el desvió de 748 millones de pesos, de los cuales, 280 millones fueron invertidos en la bolsa de valores con una pérdida de 20 millones de pesos. El resto se desvió a gasto corriente del organismo. También se acumuló una denuncia promovida por la agrupación Conciencia Cívica, que preside el ex diputado Salvador Cosío Gaona.

Los dos asuntos que el SIAPA demandó por malversación de recursos federales son los correspondientes a las empresas Martínez Asociados, responsable del colector fantasma de Base Aérea; y a la empresa Transmabi SA, que no terminó las redes en una sección de Mesa Colorada. La PGR se declaró incompetente y aplicó el criterio superado de que los recursos federales se hacen locales, criticó el jurídico del SIAPA.

No obstante, se sigue trabajando en la entrega de evidencias a la PGR. El SIAPA ya pagó un peritaje de medio millón de pesos para demostrar el caso de los manejos en la Bolsa, y ha contratado un segundo peritaje que le pidió el MP federal.

“Hay recursos legales en caso de que se pretenda mandar el caso al fuero común, pero nos preocupa porque perderemos tiempo, y el BID dio hasta el 30 de octubre para la revisión del gasto del crédito”, reconoce el funcionario.

--------------------

Claves

• En el marco del programa Todos con Agua, se entregaron por parte del BID, 1,200 millones de pesos para dotar de agua a 230 colonias, de los cuales se invirtieron 704 millones en las 241 obras del programa, buena parte de las cuales están mal diseñadas y peor ejecutadas, para quedar en apenas 30 por ciento de trabajos terminados: 72 obras con servicios adecuados de agua y drenaje.

• El desvío total es de 781 millones de pesos, pero se lograron recuperar alrededor de 340 millones para las obras, tras más de 30 mil operaciones hechas con la cuenta abierta en Banorte. El resto se utilizó en nóminas y gasto corriente del SIAPA, pago a proveedores y cuentas pendientes ante la Comisión Federal de Electricidad.

• 280 millones de pesos de los poco más de 781 millones señalados se invirtieron en la Bolsa. El saldo final fue la pérdida de 20 millones de pesos.

• El crédito vence en 2031, de acuerdo a los plazos pactados.

• El BID tiene en ejecución una auditoría especial que se le debe entregar el último día de octubre, con base en la cual determinará las sanciones contra el organismo, que podrían implicar recortar plazos de pago del crédito, en perjuicio de las finanzas del SIAPA.