Jalisco y su capital son sede nacional de polémica y movilizaciones contra obras porque los ingenieros no comparten decisiones y conocimiento con la sociedad: experto del ITESO
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
Las decisiones sobre la gran infraestructura hidráulica se entrampan y los afectados directos se movilizan para defender sus derechos. Este es el cuadro común a que se enfrentan las obras públicas que se realizan en Jalisco y en el país. Mientras los expertos denuncian la “politización” de asuntos de orden técnico, el investigador del ITESO, Mario López Ramírez, lo ve desde otra óptica: la incapacidad de las élites y las tecnocracias en transmitir mensajes claros sobre la importancia de esas inversiones y el marginamiento del ciudadano común en la toma de decisiones que cambiarán su vida.
“El problema es que el gobierno lo hace de manera apresurada y atropella la sensibilidad pública, sobre todo donde quieren hacer las grandes obras; hace una geopolítica basada en expertos, o sea, los únicos que saben cómo manejar un territorio son los expertos gubernamentales, que llegan a los espacios con poblaciones como Arcediano o Temacapulín, con una lógica de imposición que genera una tensión entre el lenguaje experto que ellos dominan y la visión de las personas y su necesidad de participar”, pone en relieve.
La tensión entre expertos y sociedad “se presenta en los proyectos geopolíticos, que es una tensión que se tiene que resolver, porque si no lleva al conflicto, y los expertos arguyen que los ciudadanos no saben de tecnicismos, que no son ingenieros, y que por lo tanto no deben de opinar, y llegan presentando proyectos en términos de metros cúbicos por segundo, de la altura de la cortina y los materiales, y la gente cuando le presentan estos datos reacciona: no sabemos de datos, pero sí sabemos que quieren inundar nuestros pueblos”.
Los expertos del agua en Jalisco “no han sido capaces de cerrar esa brecha para la comunicación de las políticas pública; cuando se dieron los primeros debates sobre Arcediano, los técnicos decían a la gente, ‘a ver, entonces dénnos las soluciones’, y la gente no tiene el deber de dar soluciones, pero el gobierno tiene el deber de escuchar las dudas razonables de la población, para resolverlas, es una función educativa, que se conoce como argumentación pública, una función que tienen las democracias más avanzadas, para argumentar sus debates técnicos, para generar el diálogo, incluso buscar el desarrollo técnico junto con los afectados, porque afectaciones va a haber, pero es distinto llegar imponiendo un proyecto diciendo ‘ustedes no saben, no son ingenieros’, y la gente se polariza rápidamente porque tiene la noción del derecho humano al agua, del cuidado de su patrimonio”.
Pero esta tensión entre expertos y sociedad atraviesa otros niveles : “También se da la tensión entre expertos y expertos; ahora tenemos una CNA que más o menos se está abriendo un poco al diálogo, pero hace diez años el asunto del agua era sólo de ingenieros, y si un politólogo, sociólogo o paleontólogo levantaban la mano, le decían: ‘oiga, ¿es usted ingeniero?’ ‘No lo soy’; ‘pues no tiene nada que decir’ […] hasta los arquitectos estaban desplazados de esta toma de decisiones”.
El académico, que maneja un proyecto de varios años sobre los conflictos del agua en la región, advierte que hay metodologías para la resolución de conflictos, que si se aplicaran, “resolveríamos gran parte de los problemas del agua en Guadalajara; no es gratuito que Guadalajara se haya convertido en la capital de los conflictos del agua a nivel nacional e internacional; son conflictos que suenan en el Tribunal Latinoamericano del Agua, en la Organización Panamericana de la Salud; por eso fue aquí el tercer encuentro de los afectados por las presas, porque esta es una geopolítica basada en expertos nada más”.
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