27 organizaciones del estado se oponen a las macro obras y exigen que se dé plenitud al derecho humano al agua.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
Ayer se dio comienzo formal a la historia del Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización (FADAP), “para exigir una gestión, pública, comunitaria y sustentable del agua en el estado de Jalisco”, señaló el secretario general del sindicato del SIAPA, Ángel Rodríguez Valdez.
En un acto realizado en el camellón de la avenida Chapultepec, frente a las instalaciones de la Coparmex, donde se realizaba el foro académico del agua, las organizaciones convocantes expresaron su voluntad de no ser marginadas de la toma de decisiones en el uso y destino de un recurso tan valioso, que hoy tiene su conmemoración mundial.
“Estamos preocupados por el agravamiento y surgimiento de conflictos en torno al agua en el estado de Jalisco, generados por las actuales políticas hídricas que se contraponen a los derechos de las poblaciones a decidir sobre su territorio y sus recursos naturales, afectando gravemente la salud, la vida y los ecosistemas del planeta”, explicó el líder sindical, a nombre de las 27 organizaciones convocantes.
Así, “la contaminación industrial de los ríos, la construcción de grandes obras de infraestructura como presas, acueductos, macro plantas de tratamiento y el manejo de los sistemas de agua en manos de la iniciativa privada, son formas de privatización, en donde el agua es manejada desde una lógica de mercado y de ganancia y no como un derecho humano y bien común fundamental para la vida”.
Las demandas esenciales: uno, rechazo a la construcción de la presa El Zapotillo; dos, saneamiento integral del río Santiago y la atención urgente a la salud de las poblaciones afectadas; tres, “reprobamos la tendencia privatizadora del SIAPA y la simulación de su refundación a Metroagua”; cuatro, no a la construcción del segundo acueducto del lago de Chapala.
Cinco, “afirmamos que el respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua es una obligación del Estado mexicano”; seis, “compartimos la visión de las comunidades campesinas e indígenas, que consideran al agua como indispensable para toda vida y, por lo tanto, como elemento divino, insustituible y que no tiene precio”.
Siete, “demandamos justicia y equidad en la distribución y acceso a servicios de agua y saneamiento de calidad para todas y todos”.
Finalmente, ocho, “la formulación de una nueva ley nacional y estatal de aguas, que coloque en el centro a los ciudadanos y sus derechos, reconocidos claramente por la reciente reforma al artículo cuarto Constitucional”.
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