Ambas instancias aseguran que no violaron amparo a favor de El Zapote, pues no hay permiso federal para obras en la terminal aérea.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO
Por orden presidencial, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, de Guadalajara, de la inexistencia de algún permiso federal para realizar obras o cualquier acción dentro del polígono expropiado al ejido El Zapote para el Aeropuerto Miguel Hidalgo, desde que cobró vigencia la “suspensión de plano” (expediente 1788/2009-8), el 1 de septiembre de 2010.
Esto fue el resultado del requerimiento que el juez hizo al presidente Felipe Calderón (MILENIO JALISCO, 29 de febrero de 2012), para que exigiera a sus subordinados el cumplimiento de la suspensión, en un juicio que impugna el procedimiento expropiatorio de 1975, en que no fueron notificados, oídos ni vencidos, y se les pretende pagar a poco más de un peso por metro cuadrado en una zona con valores catastrales superiores a dos mil pesos por metro cuadrado.
El director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel Gómez Tagle, informó al juez en un oficio fechado el 6 de marzo pasado: “Se hace de su conocimiento que el secretario de Comunicaciones y Transportes en todo momento ha acatado la suspensión de plano otorgada a favor del ejido quejoso ya que se ha abstenido y se abstendrá de llevar a cabo algún acto tendiente a privar o desposeer la superficie de terrenos que por esta vía defiende el ejido quejoso, así como tampoco ha ordenado o emitido acto alguno que tenga por efecto llevar a cabo alguna obra en dichos terrenos [sic]”.
Agrega que desde el comienzo de la vigencia de la suspensión fueron requeridos la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Centro SCT en Jalisco, “por ser las unidades administrativas competentes para ello [...] para que dieran cumplimiento a la suspensión de plano decretada a favor del ejido”.
En cuanto a Calderón, respondió el requerimiento a través del secretario de la Reforma Agraria —quien lo representa en estos litigios— en un telegrama emitido el 6 de marzo y sellado de recibido el 12 de marzo pasados. “...Manifiesto que esta informante. como superior jerárquico [...] giró instrucciones a Secretaría de Comunicaciones y Transportes se abstenga contravenir medida suspensional decretada juicio de amparo nos ocupa [...] asimismo, se le solicitó gire instrucciones quien corresponda para restantes autoridades responsables bajo su adscripción acaten dicha medida suspensional [sic]”.
En el juicio de garantías 1788/2009-8, la citada “suspensión de plano” es para efectos de que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan” mientras no se pronuncie sentencia de fondo.
Pero los quejosos señalan que hay incumplimiento de las autoridades, porque hay obras que siguen modificando el estado físico de las 306.9 hectáreas en disputa, como es la edificación del World Trade Center (aduana interior), que requiere autorización del gobierno federal, por lo que le solicitaron al juzgador desde diciembre de 2011 que requiriera a los “superiores jerárquicos” de las autoridades involucradas. La suspensión aludida no la otorgó el juez, sino que se alcanzó al recurrir los demandantes a su superior, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual determinó proteger a los campesinos y ordenó al juez tercero poner en vigencia esa medida cautelar (toca 106/2010).
Este diario buscó ayer la versión del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), concesionario de la estación aeroportuaria, pero no obtuvo respuesta sobre el tema hasta el cierre de esta edición.
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Claves
Responsabilidades
► El artículo 89 de la Constitución Política de México establece entre las facultades y obligaciones del Presidente, XIII, “habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación”. Cualquier obra en aduanas debe ser autorizada por el Ejecutivo federal
► La suspensión a favor de El Zapote ha tenido una historia accidentada, con dos clausuras sucesivas de instalaciones en el aeropuerto que no fueron respetadas en los años 2010 y 2011. De este modo, el pasado 22 de febrero, el juez tercero ordenó requerir al Presidente
► “[...] En su calidad de autoridad responsable, así como superior jerárquico de las autoridades mencionadas [secretario de Comunicaciones y Transportes], a efecto de hacerle de su conocimiento que en caso de que las autoridades obligadas a dar cumplimiento con la suspensión de plano otorgada, no dan debidamente cumplimiento con la misma, también incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de una determinación judicial [sic]”.
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