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Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 6 de octubre de 2011
Los diputados Raúl Vargas y Olga Araceli Gómez, del PRD, promueven un acuerdo legislativo para exhortar a los responsables de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, el Tribunal Agrario, la Procuraduría de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura “para que en el ámbito de sus competencias supervisen los procedimientos legales que en lo particular han sido interpuestos por los comuneros de Mezcala y al mismo tiempo supervisen la debida actuación con estricto apego a las prerrogativas constitucionales concedidas a las comunidades indígenas”.
Ante la agresión sufrida por la comunidad coca, que derivó hace unas semanas en detenciones de miembros por “daños en las cosas”, los diputados reconocieron que las instituciones públicas dejan qué desear en sus acciones en la zona, pues parecen jugar a favor de los ofensores de los indígenas.
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