El ayuntamiento asegura que no puede haber equipamiento en predios privados, pero leyes estatales y federales, e incluso municipales, no lo impiden.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El Ayuntamiento de Guadalajara asegura que no pretende cambiar "la vocación" de 101 predios del distrito 1 del municipio, de público a privado, bajo el argumento de que solamente dos son propiedades municipales que serán puestas a la venta.
Aunque la sustancia del reclamo de asociaciones vecinales ligadas al Parlamento de Colonias, que MILENIO JALISCO expuso ayer y contrapesó con la respuesta de la Coordinación de Gestión Integral de Ciudad, es que se trata de cambios de uso y no de enajenaciones de bienes públicos, la Dirección de Comunicación Institucional de Guadalajara envió a este diario un texto en que descalifica las críticas a los nuevos planes parciales por parte de la asociación civil y asegura que se trata de "extorsionadores profesionales" cuya postura no debería ser dada a conocer a la opinión pública.
El eje del argumento de la autoridad municipal, que fue dado a conocer de forma extensa en la edición de ayer de este diario, es que del resto de los predios (101 reconocidos inicialmente, 100 ayer), 34 son errores que deben ser ajustados (aunque son ostensibles en los 10 planes parciales disponibles para consulta), lo que baja a 66 los casos controvertidos: 38 serían predios privados "que contaban con una clasificación de predio público" aunque son privados; 10 eran de origen predios privados mal clasificados, 12 pertenecen al gobierno del estado y uno es de la Universidad de Guadalajara, cuyos cambios a uso privado se hacen por petición de esas instituciones. Tres predios más están sujetos a revisión.
Pero el eje del debate no es la privatización de bienes públicos, sino los cambios de uso. Guadalajara lo justifica con una definición de equipamiento "que marca la legislación estatal y federal", sin precisar la fuente: "son zonas que contienen usos destinados a proporcionar servicios de bienestar social a la población en predios públicos de acceso controlado según su población objetivo". La fuente de esa definición es el artículo 18, inciso IV, del Reglamento para la gestión integral del municipio de Guadalajara, pero se trata de una norma que es contradictoria, pues el artículo 39 de la misma plantea la posibilidad de que sea en predios privados. "En el caso de edificación de nuevo Equipamiento, ya sea público o privado...".
El Código Urbano del estado de Jalisco, artículo 5, define equipamiento urbano: "XXXV. Equipamiento urbano: El conjunto de inmuebles, construcciones, instalaciones y mobiliario, utilizados para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas".
Y en el tema de legislaciones federales, el Código Penal federal, artículo 224, define equipamiento urbano (a propósito de los delitos que se puedan cometer en contra): "Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a la población servicios públicos, de administración pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su bienestar"
Es decir, en las legislaciones del ámbito federal y estatal, no se restringen a predios de origen privado la calidad de "equipamiento". Sólo el reglamento tapatío, cuya última reforma fue promovida por la actual administración (sesión ordinaria celebrada el 30 de junio del 2016, promulgado el 30 de junio del 2016 y publicado el 16 de julio del 2016 en el Suplemento Tomo IV, Ejemplar 6, Año 99 de la Gaceta Municipal).
Es decir, se trata de un debate abierto. Mientras el municipio lo encuentra justificado por el propio Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), y por el planteamiento de orientar la densificación a los corredores de movilidad intensiva, diversos actores ven con recelo y preocupación el proceso de cambios.
"Lo del cambio de uso de equipamiento, institucional, a comercial y servicios es lo más cuestionable. El uso de equipamiento o institucional no tiene que ver con quien es el propietario", dijo ayer en MILENIO RADIO el urbanista Salvador Dueñas.
SRN
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