Echan abajo planes parciales de GDL

Agustìn del Castillo/Guadalajara-NTR

Los vecinos de diversas asociaciones ligadas al Parlamento de Colonias anunciaron ayer una victoria legal contundente al lograr la sentencia definitiva para revocar los 53 Planes Parciales de Guadalajara de 2015 (aprobados durante la gestión de Ramiro Hernández García), que se aplicaron hasta 2018, cuando entraron en vigor las revisiones.

Tras el anuncio, el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, desestimó los efectos de esta resolución, por considerar que ya no aplicaban los planes impugnados, pero sin reparar en que la sentencia establece la obligación de dictaminaciones de impacto ambiental para cada plan y una amplia consideración de los derechos humanos afectados con la “redensificación” y la privatización de espacios públicos.

“Marca precedentes esta sentencia; es verdad que se trata de planes que ya no están en vigor, pero hay actos jurídicos que se realizaron entre 2015 y 2018 que son impugnables, como licencias. Se marca la obligación de hacer formalmente estudios en materia ambiental de forma detallada y se establece que los ciudadanos de la zona metropolitana tenemos interés legítimo, y eso era algo que han negado sistemáticamente, entonces podemos decir que hay una ampliación en la interpretación del derecho a favor del ciudadano, cuál debe ser”, dijo al respecto el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa.

Específicamente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió el recurso de revisión 165/2017, en que se determinó conceder “el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos en el juicio de amparo 381/2015 del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa”.

Por unanimidad, los magistrados protegen contra “la irregular aprobación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Guadalajara, que implica los cambios de uso del suelo en el municipio sin que se haya realizado la evaluación y dictaminación de impacto ambiental y riesgo”.

La sentencia establece: “Tal declaratoria no tiene el alcance de destruir los actos administrativos definitivos que se emitieron durante la vigencia del plan reclamado, toda vez que aquellos encontraron apoyo en la normatividad que estaba vigente; por tanto quedarán subsistentes. Máxime que este órgano colegiado no cuenta con elementos para determinar cuáles son éstos, o si -en su defecto- pudieran encontrar apoyo en el plan anterior; además de que no fueron controvertidos de forma particular para que los titulares de tales derechos fueran llamados a realizar la defensa de tales actos. Con la aclaración de que en aquellos actos que estén en trámite, con base en dicha normativa deberá inaplicarse la regulación aquí declarada inconstitucional”.

La votación fue unánime; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, integrados por los magistrados René Olvera Gamboa, Jesús de Ávila Huerta y José Carlos Flores Santana, advirtieron la necesidad de evolucionar en la interpretación, “dada la especial configuración del derecho a un medio ambiente sano, es necesario, cuando un derecho en debate en el amparo son de esa especie como en el caso, hacer flexibles los principios del juicio de amparo, especialmente el de relatividad de los efectos de amparo, cuando los derechos como el que se destaca son de índole difuso y de interés legítimo, donde es necesario reinterpretar ese principio para hacerlo convivir armónicamente y hacer efectivos los derechos ambientales”.

En específico, “los planes de desarrollo urbano de centro de población, cuando impliquen una modificación en el uso de suelo, se fundamentarán en los estudios técnicos que permitan integrar en él, entre otros aspectos los criterios derivados de los estudios de impacto ambiental y riesgos. Así, aun cuando la autoridad ambiental refirió que, a su criterio, no era necesario emitir un estudio de impacto ambiental, ello resulta contraventor de los lineamientos impuestos por el legislador ordinario, en la medida en que, como se expuso, consideró que en la aprobación de los planes en comento, debía ponderarse los estudios en materia de impacto ambiental”, subraya.<

FRASE

“Marca precedentes esta sentencia; es verdad que se trata de planes que ya no están en vigor, pero hay actos jurídicos que se realizaron entre 2015 y 2018 que son impugnables, como licencias”

Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente del Parlamento de Colonias

Los datos

53 Planes Parciales revocados; el juicio comenzó en 2015 y apenas se sentenció

Las nuevas versiones de 2018 fueron publicadas en enero de ese año y están impugnadas

Solamente está suspendida la aplicación de los planes de 2018 en la Zona Minerva, aunque todos los instrumentos de 2018 también fueron impugnados

Ismael del Toro ve poco alcance en la sentencia

El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, consideró que los impactos de la resolución judicial en contra de los Planes Parciales de 2015 son nulos, pues esos instrumentos de ordenamiento territorial perdieron vigencia con la entrada en vigor de los Planes Parciales de 2018.

Luego, reiteró acusaciones sin pruebas en contra del Parlamento de Colonias, similar a su antecesor, Enrique Alfaro Ramírez: “Es un grupo de intereses particulares que quiere incidir en el desarrollo de la ciudad, pero negativamente; hay un sinnúmero de denuncias en la situación de este grupo, que tiene vínculos con algunos magistrados o algunos jueces y que han hecho mucho daño a la ciudad”, le contestó el edil a Notisistema.

Busca Tlajo reducir las casas abandonadas

Agustín del Castillo/Guadalajara-NTR

El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga “busca resolver el problema de vivienda abandonada para garantizar el acceso a una vivienda digna a los sectores más vulnerables, por medio de una política habitacional” que estará vertebrada por el instituto de vivienda que se había anunciado para formalizar en el cuso de esta semana.

El nuevo organismo tiene como misión central atender el grave problema de decenas de miles de casas abandonadas, saldo del crecimiento desordenado de la conurbación en el valle de Toluquilla, pues miles de compradores prefirieron dejar sus asentamientos para regresar a la zona consolidada de Guadalajara, ante el rezago de servicios, la inseguridad y la pésima movilidad, que los obligaba a vivir muchas horas al día arriba del transporte. No hay datos sólidos del número de viviendas en esa situación. Se maneja desde 20 mil hasta 57 mil unidades. Una parte importante de estas, el ayuntamiento estimó en 2017 que alrededor de 15 mil, han sido usadas por la delincuencia, y eso explica muchos enterramientos clandestinos.

El instituto tendrá como tarea encontrar mecanismos de venta y renta, para que se vuelvan a habitar las viviendas en desuso; de paso, dignifi­car la vivienda existente, ordenar el crecimiento de los asentamientos humanos e impulsar nuevos modelos de vivienda.

La nueva estrategia se dio a conocer desde noviembre de 2018 en el marco de Arpafil. En ese entonces, el presidente municipal, Salvador Zamora Zamora, señaló que arrancaría un programa piloto con una inversión de 5 millones de pesos para rescatar un millar de viviendas que se encuentran en el fraccionamiento Hacienda de Santa Fe. Es un esquema de arrendamiento en el cual el ayuntamiento entra de aval para facilitar la negociación entre propietarios y arrendatarios, pues se ha detectado la falta de esa condición jurídica en las personas de escasos recursos como el obstáculo más grave para que se acceda a las casas.

El ayuntamiento también apoyaría convenios con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para que las casas se compren. El pleno del ayuntamiento sacó adelante un Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tlajomulco en el que se integran la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, que fue presentada la pasada semana, y el organismo de vivienda.



POR EL ALCALDE. La dependencia anunciada hace unos días es impulsada por el gobierno de Salvador Zamora.
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La pretensión es alcanzar el ordenamiento territorial, es decir, regular los desarrollo habitacionales y marcar las políticas a seguir en cada espacio del municipio, a efecto de que se eviten las invasiones de arroyos, represas y espacios de riesgo, así como zonas de conservación ecológica, lo cual debe quedar asentado en el ordenamiento ecológico local.

Medidas correctivas podrían ser la demolición de fraccionamientos que se quedaron en obra negra o que fueron parcialmente abandonados, caso, por ejemplo, de las etapas más recientes del fraccionamiento Silos o de diversas torres construidas en torno a Chulavista.

Podrían destruirse

El instituto podría promover la demolición de fraccionamientos en obra negra o que fueron abandonados

Asociaciones público-privadas requieren una mayor vigilancia

Mientras el director de Imeplan las defiende en ciertos casos, académico del CUAAD considera que son "deuda disfrazada".

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La controversia en torno a la pertinencia del modelo de asociaciones público-privadas como un esquema para incorporar dinero de particulares en resolver la falta de presupuesto y la baja capacidad de deuda de los gobiernos locales, y generar proyectos de prestación de servicios e infraestructura, no termina.

Desde perspectivas diferentes, hay algunas coincidencias entre defensores y detractores. El director del Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), Mario Silva Rodríguez, considera que es necesario una mayor vigilancia y transparencia para garantizar que cada proyecto bajo estas reglas cumpla sus objetivos y no sea en perjuicio de los ciudadanos (MILENIO JALISCO, 19 de enero de 2018).

Por su parte, el urbanista y arquitecto de la Universidad de Guadalajara, Salvador Dueñas Rodríguez, señala que los proyectos de APP (así se abrevia) son "deuda disfrazada" y además están en la opacidad. Señala el caso del Acuario Michin, en el parque Alcalde, que ha documentado en su tesis de maestría. Las condiciones originales del contrato fueron modificadas, por ejemplo, con la ampliación de 50 por ciento del plazo, y eso es lo que lo lleva a señalar el proyecto como una muestra de abuso. Cuando las primeras condiciones podían haber estado dentro de un margen "legítimo" de utilidad. Es decir, si no hay vigilancia y transparencia, no es difícil que se salgan de control.

No es un problema privativo de Guadalajara. "En el contexto de la actual crisis económica, los gobiernos se encuentran cada vez más presionados para encontrar respuestas rápidas a preguntas difíciles sobre el mantenimiento de los servicios públicos y la financiación de infraestructura. Cuanto más se prolongue la crisis, más aumentará la presión para encontrar respuestas, pero también aumentará el riesgo de olvidar las causas principales: la codicia, la desregulación y la fe excesiva en las empresas privadas [...]Las APP están acostumbradas a ocultar el endeudamiento público, al mismo tiempo que otorgan garantías estatales a largo plazo para que las empresas privadas obtengan beneficios. Debemos recordar que las empresas del sector privado deben maximizar los beneficios si quieren sobrevivir. Este hecho es incompatible con la protección del medio ambiente y el acceso universal a servicios públicos de calidad".

Lo dice la Internacional de Servicios Públicos (Public Services International Research Unit, Universidad de Greenwich, del Reino Unido), en un informe escrito por David Hall y publicado en 2015. Lo que demuestra es que en todas partes hay controversia.

"La evaluación de varios proyectos de APP implementados evidencia beneficios de eficiencia y calidad en el aprovisionamiento de servicios públicos, aunque también deja entrever que se enfrentan una serie de retos en términos de financiamiento, manejo de riesgos e impactos financieros en el mediano y largo plazo", apunta por su parte un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Dueñas Rodríguez agrega: "no son necesariamente la opción financiera más barata, pero si agregamos que nuestros gobiernos están ahogados en la corrupción, se corre el riesgo que este tipo de contratos estén amañados, favoreciendo al socio capitalista, al que aportar capital o producto, en detrimento de las finanzas públicas".

El académico trabaja su tesis de maestría sobre los procesos comparados de bienes públicos: el parque Alcalde, el parque Agua Azul y el parque Huentititán.

En el primero, que corresponde a Michin, señala que una dictaminación del ayuntamiento determinó que el proyecto se pagaría en 12 años y se otorgaba el plazo de 20. El contrato final fue a 30 años, lo que da 18 años de utilidades, desmesurado a su juicio. El problema es que no hay opción. Si fuera una carretera de cuota, hay la obligación de mantener una ruta libre para garantizar el libre tránsito sobre una carretera pública. "Pero al privatizar parques y espacios públicos, eso no ocurre, se cancela el espacio y se sujeta a un pago"

La "otra trampa", a su juicio: "las APP no son contabilizadas en libros, como deuda pública, cuando le pides a un gobierno que se presente sus números para el escrutinio público". La contraprestación que la administración da por el sostenimiento de un espacio o servicio, "se maneja como gasto corriente".

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Claves

Esquemas

Empresas y servicios públicos, financiados con dinero fiscal, en el pasado, proveniente de las plusvalías

APP, generadas a partir de necesidades de infraestructura, después pasó a servicios y usos de espacios públicos. Gobierno e inversionista comparten riesgos

Concesiones, el gobierno fija las reglas y paga una contraprestación, el particular invierte y opera

SRN

34% de errores, es algo “inaceptable”: urbanistas

Piden que el proceso, ante la cantidad de errores acumulados, sea suspendido, ante el riesgo de que enfrente demandas judiciales.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Que una muestra de diez planes parciales que integran el primer distrito urbano de Guadalajara, arroje en cambios de uso de suelo de predios actualmente dedicados a áreas verdes, equipamiento, y restricción de infraestructura, a servicios y comercio –es decir, de un uso público a uno privado-, 34 por ciento de errores, reconocidos por la propia autoridad, resulta "inadmisible", en la opinión de los urbanistas Jorge Fernández Acosta y Salvador Dueñas.

"En un análisis objetivo, mesurado, es inadmisible que un documento que se elabora y que debió salir a la opinión pública de manera impecable, completamente revisado, haya salido con tantos errores; implica que no hubo un cuidado en la supervisión del trabajo, y por ende, no debe permitirse que funja como instrumento normativo en proceso de revisión; se debe reponer el proceso y es motivo de rechazo rotundo, porque no son errores de inocencia e ingenuidad, son errores que implican una revisión profesional como parte de un ejercicio directo por parte de la autoridad; yo vería a Héctor San Román, Eric González Santos y Patricia Martínez como los funcionarios responsables de esto", señaló Fernández Acosta.

"Considero que reconocen como de pasada los 34 errores, tratan de minimizar lo grave que resulta poner este tipo de errores a consulta pública, ¿con qué herramientas cuenta el ciudadano de a pie para detectarlos y contradecirlos? [...] muchos casos no habrían sido detectados, y entonces, este documento, de ser publicado como está, en lugar de generar tranquilidad, certeza y visión de legalidad, lo que genera es una terrible desconfianza", subrayó.

Para Salvador Dueñas, "la pertinencia de reponer el proceso queda evidente, porque además, la participación ciudadana en las consultas fue bajísima, y aun cuando cumpla con la ley no es representativa [...] el proceso de elaboración fue de mala calidad, las diferentes asociaciones sociales así lo han hecho saber, y las mismas autoridades lo han reconocido en los diferentes foros; el documento escrito está plagado de errores, en edificación, usos de suelo, en las tablas [...] creo que es mejor invertir en la generación de un nuevo instrumento, y no que una vez publicado esto genere miles de demandas, por ciudadanos que se sienten afectados por errores".

El desafío de corregir no está al alcance ni siquiera de los profesionales, añadió. "Yo no he tenido tiempo de ponerme 50 horas a revisar cada uno de los planes parciales, pero cada vez que nos sentamos una hora encontramos tres, cuatro o cinco errores; esto me da a pensar que muchísimos más errores no han sido encontrados, y genera incertidumbre para el ciudadano, desconfianza, y deben de ser retirados, revisados".

La revisión de planes parciales culminó en una consulta pública, en julio pasado, con más de 2,800 observaciones. La directora de Gestión Integral de Ciudad, Patricia Martínez Barba, se comprometió a responder puntualmente cada objeción y a corregir los errores detectados (MILENIO JALISCO, 11 de agosto de 2017).

SRN

Equipamiento no tiene que ver con tenencia de la tierra

Carlos Martínez considera inadmisible la "confusión de conceptos" que dio origen a los nuevos planes.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los espacios de equipamiento no tienen que ser necesariamente predios públicos, porque están determinados en los usos de suelo que decide el ayuntamiento, con criterios de espacio urbano y zonificación general, y no con base en el régimen de la tenencia de la tierra, advierte el arquitecto Carlos Martínez.

"El Código Urbano refiere el equipamiento urbano al tipo de construcciones e instalaciones utilizados para prestar a la población servicios urbanos [...] en ningún momento dice que sea habilitado o utilizado exclusivamente por el sector público; un hospital o la Cruz Verde, son equipamiento; una escuela primaria, kínder, iglesia, oficina de gobierno, son equipamiento, y cuando la responsable de Gestión Integral de la Ciudad dice que son predios que erróneamente estaban clasificados como equipamiento en el plan parcial vigente: pero instituto cultural México- Americano, el hospital Ramón Garibay, la Universidad Enrique Díaz de León, o el hospital de la Santísima Trinidad [predios enclavados en las avenidas Enrique Díaz de León y Federalismo, en el diustrito 1] son equipamientos aunque sean predios privados, y hay un error tremendo en la actualización, el equipamiento es lo que hace que funcione una ciudad en términos de servicios a la comunidad, y no es necesariamente una iniciativa pública", comentó, en respaldo a la publicación de MILENIO JALISCO en su edición de ayer.

De manera que "hay una terrible confusión de conceptos; no es posible que quienes hayan elaborado estos planes tengan ese nivel de carencias, desconocer a profundidad los conceptos del urbanismo y de la arquitectura en la ciudad; a mi juicio esto sería causa suficiente para detener el proceso y revisar todo lo que se está tratando de sacar adelante".

El urbanista citó la definición de "equipamiento urbano" de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol): "equipamiento urbano es el conjunto de edificios y de espacios predominantemente de uso público, en donde se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, que proporciona a las habitantes servicios de bienestar social, en apoyo a las actividades económicas, culturales y recreativas; es un componente determinante para los usos urbanos y poblaciones rurales, la dotación adecuada de este determina la calidad de vida de los habitantes, que les permite desarrollarse social, económica y culturalmente". Así, "dice predominantemente de uso público, no exclusivamente de uso público, y además no es lo mismo uso que propiedad. Hay una terrible confusión, me parece realmente insólito que se pretenda sacar adelante un proceso tan mal sustentado".

SRN

Guadalajara niega que vaya a privatizar equipamientos

El ayuntamiento asegura que no puede haber equipamiento en predios privados, pero leyes estatales y federales, e incluso municipales, no lo impiden.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Ayuntamiento de Guadalajara asegura que no pretende cambiar "la vocación" de 101 predios del distrito 1 del municipio, de público a privado, bajo el argumento de que solamente dos son propiedades municipales que serán puestas a la venta.

Aunque la sustancia del reclamo de asociaciones vecinales ligadas al Parlamento de Colonias, que MILENIO JALISCO expuso ayer y contrapesó con la respuesta de la Coordinación de Gestión Integral de Ciudad, es que se trata de cambios de uso y no de enajenaciones de bienes públicos, la Dirección de Comunicación Institucional de Guadalajara envió a este diario un texto en que descalifica las críticas a los nuevos planes parciales por parte de la asociación civil y asegura que se trata de "extorsionadores profesionales" cuya postura no debería ser dada a conocer a la opinión pública.

El eje del argumento de la autoridad municipal, que fue dado a conocer de forma extensa en la edición de ayer de este diario, es que del resto de los predios (101 reconocidos inicialmente, 100 ayer), 34 son errores que deben ser ajustados (aunque son ostensibles en los 10 planes parciales disponibles para consulta), lo que baja a 66 los casos controvertidos: 38 serían predios privados "que contaban con una clasificación de predio público" aunque son privados; 10 eran de origen predios privados mal clasificados, 12 pertenecen al gobierno del estado y uno es de la Universidad de Guadalajara, cuyos cambios a uso privado se hacen por petición de esas instituciones. Tres predios más están sujetos a revisión.

Pero el eje del debate no es la privatización de bienes públicos, sino los cambios de uso. Guadalajara lo justifica con una definición de equipamiento "que marca la legislación estatal y federal", sin precisar la fuente: "son zonas que contienen usos destinados a proporcionar servicios de bienestar social a la población en predios públicos de acceso controlado según su población objetivo". La fuente de esa definición es el artículo 18, inciso IV, del Reglamento para la gestión integral del municipio de Guadalajara, pero se trata de una norma que es contradictoria, pues el artículo 39 de la misma plantea la posibilidad de que sea en predios privados. "En el caso de edificación de nuevo Equipamiento, ya sea público o privado...".

El Código Urbano del estado de Jalisco, artículo 5, define equipamiento urbano: "XXXV. Equipamiento urbano: El conjunto de inmuebles, construcciones, instalaciones y mobiliario, utilizados para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas".

Y en el tema de legislaciones federales, el Código Penal federal, artículo 224, define equipamiento urbano (a propósito de los delitos que se puedan cometer en contra): "Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a la población servicios públicos, de administración pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su bienestar"

Es decir, en las legislaciones del ámbito federal y estatal, no se restringen a predios de origen privado la calidad de "equipamiento". Sólo el reglamento tapatío, cuya última reforma fue promovida por la actual administración (sesión ordinaria celebrada el 30 de junio del 2016, promulgado el 30 de junio del 2016 y publicado el 16 de julio del 2016 en el Suplemento Tomo IV, Ejemplar 6, Año 99 de la Gaceta Municipal).

Es decir, se trata de un debate abierto. Mientras el municipio lo encuentra justificado por el propio Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), y por el planteamiento de orientar la densificación a los corredores de movilidad intensiva, diversos actores ven con recelo y preocupación el proceso de cambios.

"Lo del cambio de uso de equipamiento, institucional, a comercial y servicios es lo más cuestionable. El uso de equipamiento o institucional no tiene que ver con quien es el propietario", dijo ayer en MILENIO RADIO el urbanista Salvador Dueñas.

SRN

GDL: más de 100 predios del centro, cambiados de uso público a privado

Vecinos señalan 105 cambios de usos públicos en planes parciales del distrito uno, Guadalajara reconoce 102 pero con 34 errores. Difieren en las motivaciones

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Más de un centenar de predios que hoy están clasificados como de uso público –áreas verdes, equipamiento, restricción de infraestructura- en los planes parciales vigentes en el primer cuadro de la ciudad (distrito 1), han sido cambiados en los planes que fueron consultados en julio pasado, a usos que permiten proyectos privados de servicios y vivienda.

Sobre el dato duro, están casi de acuerdo las asociaciones vecinales ligadas al Parlamento de Colonias, que hicieron el análisis a solicitud de MILENIO JALISCO, y la coordinadora de Gestión Integral de Ciudad de Guadalajara, Patricia Martínez Barba. Los primeros señalan 105 predios en esas condiciones, la segunda, 102. Pero difieren completamente en la interpretación.

Para esas agrupaciones, se trata de una muestra de que la tendencia de la administración municipal es la entrega “de bienes y recursos públicos para negocios privados”, circunstancia que niega Martínez Barba, quien por un lado admite que 34 de esos casos fueron erróneamente cambiados, mientras el resto forma parte del proceso de redensificación de la ciudad que se ha detonado con base en el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), impulsado junto con el sector privado, la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco.

El Parlamento de Colonias elaboró el ejercicio como un “botón de muestra” de lo que sucede en los siete distritos del municipio, donde 53 nuevos planes han sido propuestos para sustituir a los actuales. Son documentos rectores delos usos de suelo y densidades que están a punto de publicarse, tras recibir más de 2,800 observaciones que les hicieron los ciudadanos en los siete distritos.

El ejercicio del distrito 1, consistió en hacer un comparativo entre los planes vigentes y los propuestos, y dieron con 10predios que han sido cambiados con propósitos “privatizadores”. Esto lo objeta terminantemente Martínez Barba: “Querer descalificar de tajo, señalando abuso premeditado, es una agenda privada que no atiende al interés común de la ciudad”. No obstante, admite que 34 predios fueron erróneamente reclasificados, y deberán ser corregidos a su estado original.

En el análisis vecinal, realizado a solicitud de MILENIO JALISCO, los vecinos revisaron los planes vigentes del distrito 1 y los propuestos para sustituirlos por el Ayuntamiento de Guadalajara. Es un botón de muestra, pues no es siquiera el distrito más cuestionado ni el más codiciado por los desarrolladores inmobiliarios. El resultado en datos duros es que a 105 predios que tenían un uso público (no necesariamente propiedad pública) se les cambió el destino, lo que a juicio del organismo ciudadano, demuestra que el municipio camina a sustentar negocios privados con los bienes públicos (Anexos, gráficos con algunos ejemplos de ese análisis, y un listado pormenorizado de los hallazgos de esa revisión).

El trabajo, compendiado: diez subdistritos del distrito 1, que abarcan el centro del municipio y sus colindancias, incluidos los barrios de Analco, Mexicaltzingo y Santa Tere, la zona del Agua Azul, la colonia Moderna, la zona de Chapultepec, las colonias Americana, Mezquitán, Chapultepec Country, Colinas de la Normal, Barranquitas y Centro Médico. El perímetro lo conforman las avenidas Circunvalación, Belisario Domínguez-Calzada del Ejército, Washington-Agustín Yáñez y Unión-Américas.

Se cambia un “destino público al uso de suelo privado Comercio y servicios”. Esto se obtiene de comparar los planos vigentes de planes parciales con los que fueron sometidos a consulta pública en julio pasado, y que son la base de los que se publicarán en definitiva el próximo mes de noviembre.

“Muchos predios de propiedad pública que estaban clasificados como equipamiento y que están perfectamente precisados en los planes parciales (PP) de desarrollo urbano vigentes, ya no aparecen graficadas ni consignadas como equipamiento en la propuesta de planes parciales, ya que, están propuestos y cambiados para usos privados con la clasificación de ‘comercio y servicio’ (CS), lo cual es totalmente arbitrario, improcedente e ilegal”, advertían en una carta dirigida a las autoridades municipales, en julio pasado.

“Algunos de los ejemplos más significativos: la presidencia municipal de Guadalajara, de ser un ‘equipamiento’ en el PP vigente, ahora en el PP propuesto aparece con un uso ‘comercial y de servicios de impacto alto’. Lo mismo pasa con el Mercado Corona y el templo de La Merced, el edificio del PRI-Jalisco”, en relación al primer cuadro de la ciudad. Se cambia también el predio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, en avenida Alcalde y avenida Maestros; y doce predios que el gobierno del estado detenta en la zona de La Normal, el complejo administrativo que fue construido durante la administración estatal de Alberto Orozco Romero, sin olvidar la oficina del registro civil número 1.

LA EXPLICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

MILENIO JALISCO solicitó a la coordinadora de Gestión Integral de Ciudad, una respuesta a los señalamientos de las agrupaciones civiles. La funcionaria entregó una nota a este medio.

“Actualmente nos encontramos en el proceso de revisión de las 2,882 observaciones ingresadas a las propuestas de los 53 Planes Parciales. Todas serán atendidas ya sea para corregir, modificar o argumentar su improcedencia”, acotó.

Y da pormenores: “34 predios fueron clasificados erróneamente como ‘comercio y servicios’ en la propuesta de planes parciales. Se corrige su uso como equipamiento. 38 predios que en los planes parciales vigentes están clasificados como equipamiento, cambian su uso a ‘comercio y servicios’ en la propuesta de PP, pues no se trata de servicios ni predios públicos. Son los casos de escuelas y hospitales privados, en predios que no están obligados a clasificarse como equipamiento al no ser de propiedad pública y de acuerdo a la definición que marca la legislación Estatal y Federal”.

El caso del subdistrito 6, Santa Tere, “dos predios fueron clasificados erróneamente como comercio y servicios en la propuesta de PP. Se corrige su uso como restricción para infraestructura (albergan instalaciones de CFE y Telmex). 4 predios (Subdistrito 06, Santa Teresita y Subdistrito 08, Chapultepec Norte) están clasificados como Espacio verde, abierto y recreativo en los Planes Parciales Vigentes, sin embargo son equipamiento, pues tres son escuelas públicas y uno es unidad deportiva, así fueron clasificados en la propuesta de planes parciales”.

Un predio (Subdistrito 06, Santa Teresita) “está clasificado como restricción de infraestructura en los planes parciales vigentes, pero son locales comerciales, por lo tanto se clasificó como ‘comercio y servicios’ en la propuesta. El cambio de uso de suelo del predio del CUCSH fue solicitado por la Universidad de Guadalajara, y se plantea en el contexto del Modelo de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), a través del cual se pretende aprovechar la colindancia con un corredor de transporte masivo, para incentivar el repoblamiento y el uso de suelo mixto”.

Respecto al predio municipal ubicado en Marsella, entre Pedro Moreno y Morelos, “la edificación tiene una falla estructural dictaminada por Protección Civil y el edificio debe demolerse. Se propone un cambio de uso suelo para recuperar ese espacio como un parque con equipamiento, comercio y servicios”.

Gobierno del Estado “solicitó el cambio de uso de suelo para 12 predios donde se encuentran La Normal, Edifico de la FEG, SIOP, SubSecretaría de Administración, Secretaría de Educación, Conjunto de predios del DIF Jalisco, CODE, Foro de Arte y Cultura, y Registro Público de la Propiedad, esto con base en el reciente acuerdo firmado entre los tres niveles de Gobierno y la iniciativa privada, para impulsar el repoblamiento de la ciudad, el acceso a vivienda asequible y la mixtura de usos de suelo a lo largo de los corredores de transporte masivo y en los Nuevos Entornos Urbanos Sustentables, establecidos en el POTmet [Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano], esto, como parte de la política nacional en la que se promueve el crecimiento al interior del municipio, mediante la cual se revertirá el fenómeno de dispersión urbana que ha implicado altos costos a los gobiernos para proveer de servicios básicos, y un impacto negativo en la economía familiar y calidad de vida de quienes se han visto desplazados”. En el mismo caso está el edificio del Registro Civil número uno.

Sin embargo, precisa la funcionaria, sobre este caso: “al ser susceptibles de ser considerados para abonar a una política de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), no necesariamente implica que vayan a ser convertidos a vivienda o comercio. Para esto se está desarrollando actualmente un Plan Maestro que permita plantear la mezcla ideal de equipamiento para servicios públicos, espacios públicos, servicios y comercio, así como proyectos de rendensificación”.
Más: “el predio municipal de Av. Maestros y Alcalde (Subdistrito 02, Colinas de La Normal), clasificado como espacio abierto se reconfigurará en el contexto de la Línea Tres del Tren Ligero, pues ahí se construye el Centro de Transferencia Modal y una de las principales estaciones del Tren Ligero”.

Otros tres predios son privados: una gasolinería y dos lotes “erróneamente” clasificados como “restricción de infraestructura” o “área verde”. Tres predios están pendientes de verificación de su uso de suelo actual.

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CLAVES

Los detalles de análisis

*Subistrito 1, “Centro Histórico”. 13 predios con destino público cambian a destino privado como “comercio y servicios”. Guadalajara reconoce cinco casos erróneamente reclasificados

*Subdistrito 2, Analco. Siete predios cambiados. 3 de forma errónea según la autoridad

*Subdistrito 3, Mexicaltzingo. 13 predios reclasificados, cinco de forma errónea según la autoridad

*Subdistrito 4, Agua Azul. Cuatro predios reclasificados. Guadalajara admite tres errores

*Subdistrito 5, Americana-Moderna. 9 predios reclasificados. El ayuntamiento señala tres casos de error

*Subdistrito 6, Santa Tere. 5 predios reclasificados. Dos erróneamente y uno más, la propiedad pública en Marsella y Pedro Moreno, “con daño estructural”, cambiado

*Subdistrito 7, Mezquitán. 8 predios de usos públicos reclasificados. Guadalajara lo analiza de forma distinta: como polígonos Mezquitán y Mezquitán bis, y marca 9 predios erróneamente reclasificados

*Subdistrito 8, Chapultepec-Country. 16 predios reclasificados. Guadalajara lo denomina Chapultepec Norte y marca siete reclasificaciones erróneas

*Subdistrito 9, Barranquitas. 11 predios reclasificados. Sólo uno genera dudas al ayuntamiento: plazoleta de Belén y Maestros

*Subdistrito 10, Centro Médico. 7 predios reclasificados. Guadalajara reconoce un error (guardería del IMSS)

FUENTE: Análisis de asociaciones vecinales y Parlamento de Colonias; respuesta de la Coordinación de Gestión Integral de Ciudad de Guadalajara

Guadalajara promete resolver el déficit verde en planes parciales

Asegura la coordinadora de Gestión Integral de Ciudad que se responderán las casi tres mil observaciones, la mitad de las cuales corresponden a zona Minerva.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Más allá de las polémicas específicas sobre los cambios de fondo que traen los 53 planes parciales del municipio de Guadalajara, que fueron consultados durante los meses previos, la coordinadora de Gestión Integral de Ciudad de ese municipio, Patricia Martínez, aseguró que los documentos definitivos "asegurarán un mecanismo para atender el déficit de equipamientos y de áreas verdes que existe en la ciudad".

En conferencia de prensa, la funcionaria reconoció que se recibieron 2,886 observaciones en el marco de la consulta de los 53 documentos; "una vez que sean revisadas las y respondidas todas las observaciones, el proyecto de actualización de los Planes Parciales se enviará a la comisión edilicia correspondiente y posteriormente se someterá a la aprobación del pleno del Ayuntamiento", explicó.
El compromiso es que serán analizadas "exhaustivamente" y, en caso de que sean viables serán incorporarlas a la actualización de dichos documentos, afirmó Patricia Martínez, Coordinadora de Gestión Integral de la Ciudad. Las que no lo sean, serán respondidas y publicadas con el afán de que el proceso sea transparente.

La coordinadora estima que tras el paso por la comisión de regidores correspondiente, se ultimarán los detalles del documento correspondiente y este (los 53 planes) se publicará en algún momento del mes de noviembre en la Gaceta Municipal, como lo marca la ley.

"Con estos nuevos planes parciales estamos asegurando un mecanismo para poder atender el déficit de equipamientos, como es el caso de áreas verdes en la ciudad [...] al tener una transformación en sus densidades, en el caso de algún predio específico, lo que tiene que hacer quien quiera desarrollar, es un estudio de gradualidad para ver qué equipamiento tiene la zona y con eso determinar qué porcentaje de área de cesión se le pide y también con eso, podemos ser más asertivos y decir: como aquí les falta área verde, este 15 por ciento de área de cesión me lo vas a dar como área verde o este 5 por ciento que nos vas a dar, será una caseta de vigilancia para la colonia", ejemplificó.

Asimismo, mencionó que con estos trabajos de visión de la ciudad a futuro, se busca promover la vivienda intraurbana, pero donde haya infraestructura y se tenga equipamiento que la pueda soportar, como en los corredores de transporte de la línea 1,2 y 3 del Tren ligero, en el corredor Macrobús y en los 13 corredores ruta-empresa del Gobierno del Estado. Martínez subrayó que con los nuevos planes se podrá determinar dónde sí se puede edificar y bajo qué reglas "sin satanizar la edificación vertical".

Reiteró además que lo que pretende el proceso de cambios y ajustes de los 53 planes es incorporar el modelo de desarrollo orientado al transporte (abreviado DOT), y de densificación de la ciudad, que se sustenta en programas de los tres niveles de gobierno y en acuerdos con empresarios del sector inmobiliario, "con el fin de incentivar mecanismos que permitan ofrecer vivienda y servicios para mejorar la calidad de vida de las personas, revertir el alto costo que representa para los municipios proveer de servicios en la periferia y ajustar la política de desarrollo urbano a lineamientos federales, como lo marca la Ley General de Asentamientos Humanos en donde instruye a los municipios a promover el repoblamiento intraurbano".

En el mismo acto, el director de ordenamiento del territorio, Erick González Santos, aseguró que el proceso está bien sustentado porque se consultaron las instancias relacionadas con el tema de desarrollo urbano en los gobiernos federal y estatal, incluido el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), y como novedad, destacó que de forma pionera se incluye un mapa de ruido en cada plan.

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Claves

Los datos oficiales

Para la consulta, hubo "una intensa campaña de comunicación e invitaciones de redes sociales y portal del Gobierno de Guadalajara; invitación expresa a vecinos a través de asociaciones y consejos vecinales; la creación de material impreso en sitios de alta afluencia: mercados, oficinas, unidades médicas y administrativas; así como escuelas, iglesias y parques; inserciones en diarios de gran circulación local y entrega de volantes casa por casa en 449 colonias de las 7 zonas"
Además, "se capacitó a más de 300 integrantes de asociaciones vecinales y consejos sociales de todos los distritos del municipio, para que conocieran qué es un Plan Parcial, su importancia para la ciudad, y la relevancia de la participación ciudadana en la planeación urbana"

Un taller en cada una de las siete zonas, escalonado del 8 al 19 de mayo, "durante la dinámica de los talleres se ingresaron 95 folios, en los que se arrojaron 524 propuestas"

Ya en la consulta completa hubo 932 folios con 2,889 observaciones: Centro, 175 folios con 649 observaciones; Minerva, 525 folios y 1,559 observaciones (más de la mitad); Huentitán, 77 folios y 243 observaciones; Oblatos, 35 folios y 97 observaciones; Olímpica, 46 folios y 78 observaciones; Tetlán, 36 folios y 194 observaciones, y Cruz del Sur, 38 folios y 69 observaciones.

SRN

Ayuntamiento cambió la zonificación... y busca vender

Inmuebles de propiedad pública cambiaron a uso de "comercio y servicios"; antes estaban reservados para instituciones públicas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Ayuntamiento de Guadalajara pretende modificar de forma masiva el uso de suelo de numerosos predios cuyo uso en los planes parciales vigentes es "áreas verdes" o "equipamiento institucional", y para ello, son claras las propuestas que se dieron a conocer durante la revisión de los 53 planes parciales. Algunos críticos consideraron que podía tratarse de un error, pero el propio ayuntamiento lo desmiente: pretende vender al menos una parte de esos inmuebles a desarrolladores privados.

Lo demuestra el acuerdo publicado en el suplemento de la Gaceta Municipal, tomo III, ejemplar 31, año100, de fecha 28 de junio de 2017: "el ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, presidente municipal y el licenciado Juan Enrique Ibarra Pedroza, secretario general del ayuntamiento [...] hacemos constar que en la sesión ordinaria del ayuntamiento celebrada el día 21 de junio de 2017, se aprobó el acuerdo municipal número A 64/62BIS/17, relativo a la iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen, que propone instruir al Tesorero Municipal para que [...] integre los expedientes respecto a la viabilidad de la venta de diversos bienes inmuebles propiedad municipal, con la finalidad de aplicar el recurso obtenido por la misma en la ejecución de obras de necesidad o utilidad notorias...".

El tesorero, así, debe "considerar la factibilidad de la venta y/o concesión de los bienes inmuebles propiedad municipal que se describen a continuación. 1. Un predio de 2,584 metros aproximadamente, ubicado en la Avenida Alcalde número 924, entre las calles Torres Quintero y Silvestre Revueltas, en la colonia Alcalde Barranquitas. 2. Un bien inmueble propiedad municipal ubicado en Marsella número 49, entre las calles Pedro Moreno y Morelos, colonia Americana, con una superficie aproximada de 906 metros".

Estos dos edificios son, respectivamente, el edificio del Registro Civil número 1 de Guadalajara, y el inmueble que aloja oficinas municipales como medio ambiente, algunos departamentos de servicios generales y otras áreas municipales y federales, en la calle de Marsella, entre las calles de Pedro Moreno y Morelos; sobre todo la segunda, una de las zonas más valiosas en términos inmobiliarios de la ciudad, pero la primera se enclava sobre el eje de uno de los corredores de transporte masivo más importantes: la línea tres del tren ligero.

¿De qué realidad vienen ambas zonas? Los planes parciales aún vigentes, ambos del distrito 1, subdistrito 09 "Alcalde Barranquitas" para el inmueble del Registro Civil, y subdistrito 06, "Santa Teresita", para el de servicios públicos, ostentan la calidad de "equipamiento institucional". En la propuesta de modificación, han sido trocados a "comercio y servicios", lo que permite un eventual uso privado; lo que más preocupa a muchos urbanistas, es que ese cambio es casi indiscriminado: como se puede apreciar en los planos anexos, el vigente y el nuevo, una gran cantidad de inmuebles de propiedad municipal y estatal (como el amplio complejo que conforman la Benemérita Escuela Normal de Jalisco, los terrenos de la antigua FEG, las oficinas centrales del Sistema DIF Jalisco, del comité constructor de escuelas –el antiguo Capece- y el Consejo Estatal del Deporte) cambiaron de uso y podrían ser vendidos en cualquier momento.

También es el caso de las áreas verdes: el "triángulo" ubicado frente al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, donde comienza el parque lineal de avenida Normalistas, está recategorizado a "comercio y servicios". En el caso del subdistrito 06, no cambia: hay en la zona seis inmuebles institucionales que también reciben la nueva categoría.

De este modo, los críticos de la actualización de los planes parciales, podrían tener la prueba para dar contenido a dos axiomas de la ciudad neoliberal: "negocios privados con bienes públicos" y "ganancias privatizadas, pérdidas socializadas".

Lo que dice el reglamento de zonificación

Artículo 33, "clasificación genérica de usos y destinos de suelo", reglamento de zonificación urbana del municipio de Guadalajara: "...IV. Comercial y de servicios: Comprende las instalaciones dedicadas al intercambio de mercancías y a la prestación de servicios, por su nivel de servicio e intensidad se clasifica en los siguientes usos o destinos: a) Comercial y de servicios vecinal; b) Comercial y de servicios barrial; c) Comercial y de servicios distrital; d) Comercial y de servicios central; e) Comercial y de servicios regional; y f) Servicios a la industria y al comercio".

En cambio, "VI. Equipamiento: Los espacios acondicionados y edificios de utilización pública o privada, general o restringida, en los que se proporcionan a la población servicios de bienestar social. Considerando su cobertura se clasifican en: a) Equipamiento vecinal; b) Equipamiento barrial; c) Equipamiento distrital; d) Equipamiento central; y e) Equipamiento regional".

Finalmente, "VII. Espacios verdes y abiertos vecinales: Aún cuando forma parte del género de equipamiento, por su naturaleza e importancia para los asentamientos humanos se clasifica por separado en: a) Espacios verdes y abiertos vecinales; b) Espacios verdes y abiertos barriales; c) Espacios verdes y abiertos distritales; d) Espacios verdes y abiertos centrales; y e) Espacios verdes y abiertos regionales".

Nuevos planes parciales deben ser acotados, proponen vecinos

Las propuestas municipales violan el Código Urbano, el POTmet y los planes locales, advierten 26 asociaciones vecinales.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Los planes parciales propuestos por el Ayuntamiento de Guadalajara requieren una intervención mayor si se desea que correspondan con el espíritu de la política federal y los planes metropolitanos y locales, pues como están, violentan las normas, además de ir contra los intereses de los moradores de la ciudad, destacan el Parlamento de Colonias y 25 asociaciones vecinales, en las observaciones que le entregaron a los regidores tapatíos el pasado 14 de julio.

Se requiere "que la zonificación secundaria para los nuevos planes parciales y su reglamentación sea la de los planes parciales vigentes de donde se partió la actual consulta pública, esto, para que dichos planes tengan congruencia con la política pública federal y la zonificación primaria establecida en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población publicados el 18 de abril del 2018 y el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano [POTmet], en los que se especificó [que] el área o superficie del municipio de Guadalajara [tiene estatus de] una gran área de renovación urbana [RN] y dentro de esta, se especifican varios polígonos de intervención urbana especial [PIUE]", explican en el texto, del que entregaron copia a este diario.

Es decir, "al no haberse realizado acciones de renovación urbana como lo marca el artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, que demuestren y sustenten técnica y materialmente el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento urbano para soportar una mayor densificación de las áreas urbanas, consideramos que la zonificación vigente es la que debe de prevalecer hasta en tanto no se lleven a cabo las acciones de renovación urbana".

El mencionado artículo lo describe como un proceso de "transformación o mejoramiento de las áreas de los centros de población, mediante la ejecución de obras materiales para el saneamiento y reposición de sus elementos de dominio público, pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios o fincas".

Su omisión actual puede ser dispensada, "proponemos que para dar certeza jurídica se mantenga la reglamentación y zonificación que prevalecía en los planes vigentes, aunado a lo anterior y para generar las condiciones y posibilidad jurídica de la re densificación de polígonos y corredores urbanos, se establezca una leyenda en los planes de desarrollo urbano, que diga: 'son susceptibles para realizar acciones de Renovación Urbana mediante los procesos y normas en la reglamentación establecida en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y las áreas determinadas en la zonificación de los planes de desarrollo urbano".

También piden "restablecer y conservar la planeación y reglamentación con las que fueron desarrolladas y ordenadas las áreas urbanas actuales, para fortalecer los procesos de urbanización y edificación, mediante normas de control de la urbanización y edificación, precisas y congruentes con el medio físico natural o transformado y las características y capacidad de la infraestructura de las áreas o zonas ya urbanizadas y edificadas", y a la par, "generar los programas, acciones y presupuestos para el mantenimiento, consolidación y/o sustitución de la infraestructura y equipamiento existente".

Las normas de urbanización y densificación deben ser congruentes con las capacidades del medio físico, natural y modificado, esto es, la infraestructura. Tampoco se debe dar margen de discrecionalidad no justificado, a los funcionarios, pues eso propicia componendas y corrupción, concluyen.

SRN

Nuevos planes, camino a “privatizar la ciudad”

Entregan escrito a regidores 26 asociaciones vecinales: los errores y las omisiones son sistemáticos en la propuesta de actualización de 53 planes de Guadalajara que están por publicarse.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

representantes de 25 asociaciones vecinales de Guadalajara y el Parlamento de Colonias, alertan sobre los graves problemas que pueden generarse si pasan sin cambios los 53 nuevos planes parciales propuestos por el Ayuntamiento de Guadalajara, cuya tendencia a la densificación extrema, la privatización de espacios públicos y la sobrecarga de la infraestructura puede colapsar la calidad de vida de los moradores del municipio.

Es decir, son totalmente a contrapelo de los postulados de la tercera reunión mundial de ONU Hábitat, en Quito, en octubre de 2016, en que se planteó la necesidad de quitar el control de la urbanización a la iniciativa privada y regresar el poder a los ciudadanos (MILENIO JALISCO, 18, 21 Y 24 de octubre de 2016), y que fueron reconocidos como propios por el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) y la Junta de Coordinación Metropolitana, integrada por los nueve alcaldes del área metropolitana de Guadalajara.

Este análisis se lo han hecho saber a la propia autoridad municipal, a la que entregaron un extenso escrito de trece páginas el pasado 14 de julio con un diagnóstico de los trece principales problemas de los documentos consultados.

"La propuesta de zonificación secundaria, tabla de compatibilidades, normas de control de la urbanización y edificación propuestas para los planes parciales puestos a consulta, no guardan congruencia con las leyes y programas superiores, ni con el POTmet [Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano], ni con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, ni con el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población [...] en todas las áreas urbanas de todos los subdistritos proponen modificaciones sin haber realizado acciones de renovación urbana [RN]", aunque los planes superiores lo exigen; es decir, "antes de cambiar de uso de suelo, es necesario que se realice una transformación o mejoramiento de las áreas de los centros de población, mediante la ejecución de obras materiales para el saneamiento y reposición de sus elementos de dominio público, tal y como lo ordena el Código Urbano en su artículo 5° fracción LXVIII". En la propuesta "se está cambiando el uso del suelo sin haber realizado las acciones de transformación y mejoramiento".

Además, "se generalizó la densificación y mixtura de todo el municipio de Guadalajara, sin haber realizado una verdadera evaluación de los impactos que generarán las modificaciones de usos de suelo propuestos, y más grave, por no haberse generado la infraestructura para los cambios de uso de suelo propuestos".

Más grave: "muchos predios de propiedad pública que estaban clasificados como áreas verdes o espacios verdes, y que están perfectamente precisados en los planes parciales vigentes, ya no aparecen graficados ni consignados como áreas verdes o espacios verdes en la propuesta de planes parciales, ya que están propuestos y cambiados para usos privados con la clasificación de 'comercio y servicio' [CS], lo cual es totalmente arbitrario, improcedente e ilegal".

Como ejemplos: el Parque Mirador Independencia en Huentitán, el Parque San Rafael y la Unidad Deportiva Revolución, dejaron de ser espacio verde y ahora son "equipamiento para cultura y recreación" o "equipamiento deportivo", lo que los hace "susceptibles de urbanización para todo tipo de instalaciones", que en el caso del Parque Mirador Independencia "se trata de la construcción de un museo, con recursos públicos, para concesionarse a una administración privada. En este mismo caso y también en Huentitán, se encuentra el Parque Natural Huentitán y el predio de lo que antiguamente fue el Planetario Guadalajara, los cuales se pretenden entregar a la iniciativa privada para desarrollar ahí negocios privados", apuntan.

Por otro lado, "estamos detectando numerosos 'espacios verdes' de los planes vigentes, que están siendo clasificados como 'equipamiento' deportivo o cultural, "es decir, ya ni siquiera como 'espacio abierto' [...] en el mismo sentido, la nueva matriz de compatibilidad de los Planes Parciales propuestos, nos muestra que dentro de las instalaciones clasificadas como 'equipamientos', se pueden albergar, por estar permitidos, los comercios y servicios de impacto mínimo, bajo, medio, alto o máximo, dependiendo del nivel de impacto [...] ¿Cuál es la intención de esto, acaso será la de poco a poco ir convenciéndonos de que estas áreas son susceptibles de ser vendidas, concesionadas, o urbanizadas, y que con los años nos olvidemos de que alguna vez tuvieron una vocación de área verde, con posibilidad de infiltración de agua para permitir la recarga de mantos acuíferos subterráneos?".

En este sentido, añade, "es sospechoso el abandono por falta de mantenimiento que sufren algunos parques y no sabemos si esto es intencional para luego justificar un uso de suelo distinto al de espacio verde".

Otro gran tema es que muchos predios de propiedad pública "que estaban clasificados como equipamiento [...] ya no aparecen graficados ni consignados como equipamiento en la propuesta de planes parciales, ya que, están propuestos y cambiados para usos privados con la clasificación de 'comercio y servicio, lo cual es totalmente arbitrario, improcedente e ilegal". Ejemplos: el edificio de la presidencia municipal de Guadalajara, que de ser un "equipamiento, aparece con un uso "comercial y de servicios de impacto alto". Pasa igual con el Mercado Corona y el templo de La Merced, el edificio del PRI estatal, y el edificio de la antigua Comisión de Planeación Urbana (Coplaur).

"Lo mismo sucede con algunas instituciones educativas privadas, por ejemplo el Colegio American School en la colonia Providencia, el colegio Luis Silva, en el centro, los cuales de ser equipamientos de tipo educativo" se convertirían en espacios para comercios y servicios. "Por supuesto que estos dos últimos son propiedad privada, pero ¿acaso la autoridad tiene medidas las consecuencias de cambiar el uso de suelo a estas fincas?".

A juicio de los firmantes, estos elementos deberían llevar a hacer una cirugía mayor a los documentos, previamente a su publicación. La autoridad municipal tiene en su cancha el balón.

Proceso terminado

La consulta de los planes parciales terminó el pasado fin de semana. La autoridad deberá integrar las propuestas ciudadanas y responder formalmente en todos los casos en que se considere que no están fundamentadas técnicamente.

Las entidades de la sociedad civil y los urbanistas, tiene a salvo sus derechos para acudir a tribunales administrativos en caso de que consideren que se lesionan sus derechos ciudadanos. No es novedad: están suspendidos procesos anteriores, al grado que el ayuntamiento en funciones ha señalado que mantener en vigor los planes de 2003 ha significado un gran atraso para la ciudad, en lo cual, discrepan las asociaciones impugnadoras.

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¿Una sola visión de ciudad? De los planes parciales de desarrollo urbano y las facultades municipales

(I de II partes)

Bernd Pfannenstein*

¿Quo vadis, Área Metropolitana de Guadalajara? ¿Rumbo a una ciudad metropolitana o seguiremos como conjunto de ciudades geográficamente pegadas?

La actualización de los planes parciales de desarrollo urbano en los municipios de Guadalajara y Zapopan debe de definir la visión de ciudad al tiempo que conceptualiza y cumple con una visión de una ciudad metropolitana, ello con el fin de evitar continuar con los procesos de planeación urbana fragmentada y el “municipalismo” que tanto nos ha llevado a la ciudad que confrontamos en el presente.

La implementación y el cumplimiento de una visión metropolitana, en la construcción de dichos instrumentos rectores en la estrategia urbana y su aplicación en los municipios metropolitanos son clave. El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTMET), elaborado por el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) y aprobado por la Junta de la Coordinación Metropolitana (JCM) supone la herramienta articuladora de una visión a largo plazo en materia de ordenación territorial. Una tendencia que debe permear en todos los instrumentos derivados del Régimen de la Coordinación Metropolitana.

El Artículo 102 del Código Urbano del Estado de Jalisco refiere a los instrumentos de planeación metropolitana, por lo tanto, se les otorgan ciertas atribuciones que deben ser cumplidas. En la Sección II se define el alcance del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que contemplará la estrategia de implementación de la política de ordenamiento territorial.

El POTMET llega hasta la definición de la zonificación primaria y la estructura urbana de las áreas metropolitanas, que servirá de referencia obligada para la elaboración de los planes básicos de desarrollo urbano, entre otros, los planes parciales de desarrollo urbano. A los municipios metropolitanos toca la responsabilidad de profundizar la escala de planeación y definir los usos de suelo.

La problemática radica en que, a pesar de que el POTMET tiene fuerza legal e incluye obligaciones relacionados con normas de zonificación primaria para los municipios, estas parecen no respetarse.
El estado tiene que retomar el control sobre los procesos de regulación del suelo urbano. Es cierto que los municipios se llevan una gran responsabilidad en dicho ejercicio, sin embargo, realizar una tarea de lectura e interpretación jurídica del ejercicio urbanístico de “hacer ciudad”, nos servirá para darnos cuenta que este nivel de gobierno no debe actuar solo y de forma totalmente autónoma, menos si se trata de la segunda metrópolis más grande de México.

Se debe de entender que ya existen nuevos paradigmas en la toma de decisiones respecto a que va a ser del futuro de la ciudad metropolitana, que llamamos Área Metropolitana de Guadalajara. Los municipios metropolitanos – en base a la Ley de Coordinación Metropolitana y el Código Urbano del Estado de Jalisco – no actúan solos. Además, con la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Gobierno de México, se tienen de reinterpretar los alcances de la facultad reglamentaria en materia de desarrollo urbano a nivel municipal.

De forma concreta, respecto del alcance de la facultad reglamentaria municipal de desarrollo en materia de desarrollo urbano, es preciso conocer las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las Controversias Constitucionales 14/2001, 53/2002, 157/2008, 100/2009 y 62/2011, de las cuales, después de haberlas analizado, se obtiene la siguiente interpretación:

- La materia de asentamientos humanos es una materia concurrente, donde la Federación, entidades federativas (estados) y municipios, actúan de forma coordinada a partir de lo señalado en una ley marco;

- Que los Ayuntamientos, en la materia de Asentamientos Humanos, emiten reglamentos de detalle, esto es, sujetos a lo señalado en la legislación federal y estatal en la materia, puesto que no parten de la misma naturaleza jurídica que los reglamentos señalados en la fracción II del artículo 115;
- El marco normativo y el sistema de planeación son los dos ámbitos que bajo los principios de congruencia, coordinación y ajuste debe analizarse, entre otros elementos, la competencia de las autoridades en su actuación en la materia.

*Docente, investigador y consultor independiente; el geógrafo alemán es colaborador del programa internacional de IGLUS (“InnovativeGovernanceofLarge Urban Systems”) de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza.

b.pfannenstein@outlook.com
SRN

Nuevo Instituto de Ciencias no afectará La Primavera

El colegio jesuita desmiente daños ambientales, urbanos o viales, y señala la necesidad de mudarse ante la falta de espacio para mejorar su plantel en avenida Ávila Camacho

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO CASTILLO. 

El traslado de la sede del Instituto de Ciencias desde su sitio tradicional, de casi seis décadas, sobre avenida Ávila Camacho, a un predio tres veces mayor en una zona en pleno crecimiento urbano, en las inmediaciones de San Juan de Ocotán, obedece a las necesidades del plantel jesuita de tres mil alumnos, que ya quedaron cortas en el inmueble de cuatro hectáreas donde continúa operando.

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“No hay un capricho en esto, es una decisión razonada y bien soportada”, advierte la coordinadora del cambio de sede, María Dolores Rodríguez Salazar.

Acompañada de los consultores que han apoyado al colegio en sustentar urbanísticamente el cambio, Jenaro de Silva y Javier Díaz, se establecen las aclaraciones de base que a su juicio quitan valor a las críticas vertidas por ambientalistas y consultores opuestos al proyecto; en particular, a la opinión que Arturo Gómez Ibarra vertió en MILENIO JALISCO el día de ayer.

Ubicación: el predio a desarrollar no se ubica ni en el bosque La Primavera ni en la zona de El Bajío, considerada de alta fragilidad por ser zona de recarga de un acuífero que forma parte del sistema metropolitano. De hecho, está enclavado al norte de la carretera a Vallarta e incluso ni siquiera ocupa la zona de amortiguamiento del área protegida. No es el caso de otros planteles escolares que sí se han reubicado en la zona frágil de El Bajío, como el Colegio Franco Mexicano, el Instituto Tecnológico Superior de Zapopan, la Universidad Cuauhtémoc, el Colegio Pedregal o el Colegio Signos.

“El predio que alojaría al nuevo Instituto de Ciencias y la reserva urbana que lo circunda se encuentran fuera de la zona de amortiguamiento del bosque de la Primavera. No participan del sistema de escorrentía hídrica del anillo Primavera norte […] en realidad, la continuidad del sistema hídrico natural ha sido afectada negativamente por la carretera, ferrovía y el corredor industrial”, apuntó De Silva.

En términos de uso de suelo y zonificación, tampoco rompe con los esquemas aprobados legalmente por el Ayuntamiento de Zapopan, agregan. “El predio que alojaría al nuevo plantel tiene la vocación de equipamiento institucional; los planes parciales lo ubican como una reserva urbana para usos habitacional de densidad media y usos mixtos en corredores. Por otro lado, el anillo Primavera [zona de amortiguamiento] tiene asignada la vocación industrial por el plan parcial respectivo”.

Otra crítica que se hizo contra la reubicación fue que faltaba la inserción en el esquema educativo y de servicio a la comunidad de los jesuitas. Pero “el predio se ubica en cercanía a San Juan de Ocotán, Jocotán, Nextipac y La Venta del Astillero, por lo que el colegio tendría proximidad a las comunidades sociales, para el ejercicio de integración comunitaria [con posibilidad de compartir con otras instituciones de educación jesuita, como el ITESO], para aplicar apoyos educativos y para destinar su área de cesión a equipamientos necesarios para el desarrollo de la zona”, advierten.

Defienden la necesidad de un plantel de este tipo en una zona que cada día está más poblada porque el proceso de urbanización data de al menos 20 años, en que perdió su vocación agrícola. “Un distrito urbano debe poseer un centro con el equipamiento que le otorgue autosuficiencia. De lo contrario esta población potencial de 50 mil habitantes tendría que desplazarse para acceder a los servicios. El Instituto de Ciencias deberá ponderar el factor de residencia a cercanía en sus condiciones de inscripción”.

La justificación de un predio mayor se debe a que además del servicio educativo con un espíritu formativo, “se busca cada vez más la calidad de la infraestructura y los modelos educativos novedosos, por lo que las entidades educativas deben de construir ventajas competitivas de mayor valor. En materia de mercado, el Instituto de Ciencias posee un prestigio que le sitúa en un excelente nivel frente a sus competidores que se ubican dispersos por toda la ciudad; la mejora de su infraestructura será un factor de gran importancia y el cambio de sede no sería un factor que pudiera afectar negativamente”.

De hecho, más de 95 por ciento de los alumnos del colegio provienen de la zona poniente de la ciudad, partir de avenida López Mateos, y es considerable la huella en la misma zona de reubicación, lo que a juicio de la responsable del traslado, demuestra que no es en detrimento de los intereses de las familias a cuyos hijos forman; por otro lado, la zona de reubicación ya tiene problemas viales severos, y la carga que agregará el colegio será relativamente baja, pero se disminuirá más con un programa de transporte escolar y horarios escalonados, además de la conclusión del equipamiento vial pendiente que tiene a su cargo Zapopan.

El nuevo proyecto tiene todos los estudios necesarios de ingeniería, de medio ambiente, de vialidades y de impacto urbano. “Invitamos a quien tenga duda a que nos pida la información, y con gusto abrimos estas puertas”, añadió Rodríguez Salazar.

El predio de cuatro hectáreas donde ha estado el colegio desde hace 59 años será la sede, se espera, dos años más. No se ha vendido el terreno y se está escuchando posibles compradores, “incluso podría ser que los jesuitas decidieran conservarlo, no está indisolublemente ligada una cosa a la otra”, subrayó. El nuevo predio era propiedad del Iteso, la universidad jesuita de Guadalajara, que se quedará con alrededor de cuatro hectáreas del terreno completo. Que suma más de 16 ha.

MC

Instituto de Ciencias, la cuestionable reubicación

El consultor en responsabilidad empresarial y miembro de Toma-LaCiudad, Arturo Gómez Ibarra, lamenta la cerrazón al debate por el alto impacto urbano del cambio.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El impacto urbano desfavorable que traerá la reubicación del tradicional Instituto de Ciencias, de su sitio actual en Plaza Patria a la zona de El Bajío, debe ser materia de discusión pública. Sin embargo, los responsables del plantel se empeñan en mantener en la opacidad esa decisión y en aceptar las críticas que han surgido, en buena medida, desde ex alumnos del plantel.

“Aunque el colegio jesuita es jurídicamente una asociación civil sin fines de lucro, todas las decisiones que tengan que ver con la asignación de recursos como lo es un cambio de sede, pertenecen al terreno de las decisiones privadas y como tal tendrá inherentemente consecuencias públicas. Debido a que los instrumentos contables con los que cuentan las organizaciones para la toma de decisiones en las economías de mercado no identifican, no miden, ni reportan los impactos públicos, son ciegos a los impactos sociales y ambientales. La naturaleza jurídica de la asociación civil, al igual que cualquier empresa con fines de lucro, operan dentro de un marco jurídico de propiedad privada. Las herramientas contables solo se ocupan de identificar y medir lo que ocurre dentro de las fronteras de la propiedad del ente económico y todo lo que esté más allá de estas fronteras no existe financieramente”, señala en una opinión enviada a MILENIO JALISCO el consultor en responsabilidad social empresarial y miembro de la plataforma ciudadana Toma-La Ciudad, Arturo Gómez Ibarra.

“El hecho de que los impactos públicos sean invisibles a los instrumentos contables y financieros no significa que no existan. De ahí que la responsabilidad social de las organizaciones se defina precisamente como la actitud moral de hacerse responsable de los impactos públicos de su actuar privado. Dicha responsabilidad va más allá de la responsabilidad legal y económica. Esto ubica a toda organización lucrativa o no, en el plano ético”, añade. Cuando la cuestión a tratar “pertenece al terreno ético, el asunto de si el colegio jesuita tiene o no derecho a hacer negocio es un tema que no viene al caso. Tampoco es cuestión de la legalidad de uso del suelo donde se asienta la actual sede o se asentará la futura sede. Los planes parciales todos sabemos que en esta ciudad han sido presa fácil de los intereses inmobiliarios por encima del interés público. En algunos casos la legalidad es más un asunto de poder que de justicia.

Es por ello que la mudanza del Ciencias ha sido motivo de crítica no solo por la comunidad cercana al proyecto educativo sino también por diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos y gobiernos locales. El sitio de la posible nueva sede se localiza en el valle de Tesistán, en terrenos de altísimo valor agrícola y ambiental por su importante función de infiltración y recarga de acuíferos para la ciudad, además de pertenecer a lo que debiera ser zona de amortiguamiento del área natural protegida del bosque de la Primavera decretado por la Unesco”.

Grupos de ex alumnos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y gobiernos “hemos intentado durante más de un año en diversas ocasiones establecer un diálogo honesto sincero y abierto para considerar las ventajas y desventajas del proyecto y con ello contribuir con una decisión bien informada para tan importante decisión privada. Pero en todos los intentos hemos encontrado una nula disposición al diálogo por parte de las autoridades del colegio”.

Fue en ese contexto que el experto invitó al rector del Ciencias, Gustavo González Castañeda, a participar en el foro convocado por la plataforma ciudadana Toma-LaCiudad, el pasado 5 de diciembre. “El foro al que se invitó al Ciencias fue con los desarrolladores de vivienda más importantes del área metropolitana de Guadalajara. El propósito de convocarlos fue para que den su visión del modelo de ciudad y se dialogue sobre lo que consideran que debe suceder para transitar de una ciudad dispersa, desconectada, distante y desigual a otra conectada, compacta, comunicada y equitativa como lo define el plan de ordenamiento territorial metropolitano [POTmet] de Guadalajara”.

La idea “fue para que aprovecharan la oportunidad de exponer sus estudios que justifican como el colegio a través de su proyecto de mudanza aportan a la ciudad esos atributos de cercanía, conectividad, compacidad y equidad en un foro abierto y público. Aunque el colegio no es una empresa desarrolladora, por su naturaleza de llevar servicios a la población es un detonador de desarrollo y así fue como se acordó la invitación con el rector al foro”. Sin embargo, “cuando llegó el turno al expositor del colegio a última hora no habló ni una sola palabra del tema al que fue convocado”.

“Una vez más volvieron a negar el diálogo directo honesto y sincero tan anhelado. La institución educativa cuyo principal producto es distinguida precisamente por ofrecer una educación fundamentada en la ética puso mal ejemplo. Pero si lo queremos ver también desde la óptica de la lógica del mercado, dicha actuación mostró públicamente que su producto principal, ‘la educación ética’, es de muy mala calidad por lo que seguramente será castigada por sus consumidores que por tradición han elegido esa opción”, puntualiza.

GPE

Iconia y el recinto ferial, en suspenso

Dos tribunales colegiados han confirmado suspensiones judiciales que impiden aplicar en Guadalajara los planes parciales de 2015, lo que deja en el aire a Iconia, al Parque Recreativo y al Museo de la Barranca, entre otros.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Cuando apenas el 25 de octubre pasado, la mayoría de los diputados de Jalisco aprobaron la asociación público-privada para financiar el proyecto de Parque Recreativo de Huentitán, fruto de un acuerdo previo entre los gobernantes PRI (gobierno del estado) y Partido Movimiento Ciudadano (Ayuntamiento de Guadalajara) para comenzar a dar vida al controvertido Plan Maestro de Huentitán, tal vez no tenían claro que otro poder les podría “arruinar la fiesta.

Pero eso ocurrió. Ayer, los dirigentes de las asociaciones civiles Parlamento de Colonias, Huentitán Vive y Únete Huentitán, así como de seis consejos sociales de la zona norte, y representantes de otras colonias opuestas al nuevo “modelo” de desarrollo vertical, dieron a conocer la ratificación de dos suspensiones definitivas por parte de sendos Tribunales Colegiados del Poder Judicial Federal, lo cual va a detener por meses, quizás por años, la posibilidad de construir los ambiciosos proyectos de infraestructura que para esos vecinos representan, desde hace al menos nueve años,  la derrota del interés público.

El efecto más importante es que seguirán en la congeladora los planes parciales de desarrollo urbano y el de Centro de Población que aprobó el ayuntamiento local en 2015, en los cuales sí estaba previsto realizar esas controvertidas obras.

Pero como esas versiones más recientes no pueden usarse, la actuación de las autoridades debe limitarse a lo que permiten los planes anteriores, donde Iconia, Parque Recreativo Huentitán o Museo de la Barranca sencillamente no existen. El “principio de legalidad” dicta que los actores públicos deben ceñirse al pie de la letra a lo que se establece en los procedimientos y los alcances de las normas vigentes. Si se quiere ir más allá, es necesario cambiar la norma mediante un proceso jurídico formal que en este caso, quedó subjudice (en suspenso) ante las demandas de amparo que deberán ser desahogadas.

En conferencia de prensa, el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa, destacó que los tribunales colegiados número 1 y 2 de esta ciudad confirmaron las resoluciones dictadas en el marco de los juicios de amparo 381/2015 y 678/2015 –que suspenden la aplicación de la norma invocada como violatoria de derechos ante la presunta imposibilidad de que se pueda reparar el daño si sus efectos siguen-; esto, aunado a la resolución del 227/2015 de la Cuarta Sala del Tribunal de lo Administrativo, “blinda” legalmente cualquier pretensión de proyectos en todo el territorio del municipio.

En el juicio 381/2015, el pasado 26 de septiembre del 2016, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito resolvió la revisión incidental 626/2015, “quedando firme la suspensión definitiva otorgada desde el 11 de septiembre del 2015 […] contra el Plan de Centro de Población.

La resolución dice a la letra: “Se concede […] la suspensión definitiva para los efectos y consecuencias de que las autoridades responsables se abstengan de autorizar u otorgar cambios de usos de suelo, dictámenes de trazos, usos y destinos, licencias de urbanización o reurbanización, licencias de edificación o construcción, licencias o dictámenes de habitabilidad y licencias de giros basadas en la normatividad urbana y el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Guadalajara, que se combate.

Es una medida aplicable “por lo que hace a las áreas verdes y naturales protegidas del bosque Los Colomos, la barranca de Huentitán, el parque natural Huentitán, el parque San Rafael, el parque El Dean, el parque Agua Azul, el parque González Gallo, las áreas de protección al acuífero y manantiales, de protección a causes[sic] y cuerpos de agua, de prevención ecológica, de conservación ecológica y áreas de transición que son materia del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Guadalajara.

No le impide al ayuntamiento emitir permisos y autorizaciones, pero lo debe hacer  con los planes anteriores, que de este modo son los únicos vigentes.

El segundo incidente fue resuelto el 29 de septiembre de 2016 por el Segundo Tribunal Colegiado (revisión 743/2015), y aunque geográficamente está acotado al norte del municipio, los magistrados otorgaron “una suspensión más amplia y sin fianza en el marco del juicio de amparo 678/2015 contra los planes parciales de la zona 3 Huentitán.

La resolución aludida señala: “… procede revocar la parte de la interlocutoria recurrida en que se negó a los quejos la suspensión definitiva solicitada en el punto 1), del capítulo de suspensión, para concederla para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, se abstengan de autoriza u otorgar cambios de usos de suelo, dictámenes de trazos usos y destinos, licencias de urbanización o reurbanización, licencias de edificación o construcción, licencias o dictámenes de habitabilidad y licencias de giros, basadas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano impugnado, en el entendido de que a fin de que no se paralice por completo la actividad administrativa de la materia, y no se dejen de otorgar licencias, permisos o autorizaciones; las autoridades al autorizar los que se soliciten, deberán continuar aplicando la normatividad urbana y los planes que estaban vigentes hasta antes de la aprobación de los planes aquí impugnados”, señala el texto judicial.

Debido a esto, precisó Cárdenas Ochoa, “el Ayuntamiento de Guadalajara, en términos del Desarrollo Urbano solo puede aplicar los planes y normas anteriores a las impugnadas, por lo que, el aplicar los planes o normas impugnadas u otras recientes como el Reglamento de Compensación y Mitigación o el Reglamento de Gestión Urbana, estarían violando las suspensiones antes mencionadas.

Destacó que hay de este modo cuatro candados contra proyectos como Iconia o nuevo recinto ferial (Parque Recreativo): los dos juicios de amparo ratificados, la suspensión del TAE arriba aludida, y un tercer amparo promovido por el Instituto de Derecho Ambiental (119/2015) que también cuenta con suspensión.

Jaime Hernández Ortiz, activista en la zona, destacó que se han visto obligado a la lucha jurídica debido a que el gobierno municipal de PMC incumplió promesas de campaña y ha “agredido” a los habitantes de la zona para favorecer los intereses privados, igual que lo hicieron sus predecesores del PRI y del PAN.

Así, la cristalización de estos grandes proyectos va ahora cuesta arriba. Sólo hay dos caminos para sus gestores: una nueva negociación que convenza a los detractores, o ganar los juicios, todo lo cual llevará su tiempo, muy distinto a la lógica cortoplacista de la política y de administraciones que se entregan en 2018.

¿Por qué un amparo?

Los amparos o juicios de garantías tienen como propósito preservar los derechos de las personas frente a posibles abusos de la autoridad y en específico, que puedan constituir violación de los derechos humanos y las garantías individuales establecidas en los primeros 29 artículos de la Constitución Política de México.

La Ley de Amparo establece las medidas de protección provisional o definitiva que puede aplicar el juzgador a favor de los demandantes si considera que hay riesgo de que se violen los derechos si continúa vigente el “acto reclamado”. Es el espíritu de las suspensiones.

La constitución prevé el derecho de las personas a ser notificadas, oídas y vencidas antes de que se realice un acto de autoridad; a una vida digna y un ambiente sano; a moverse libremente por el territorio; a asociarse para causas lícitas; a participar en la vida pública y la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de sus comunidades y de su país.

Cronología

El entonces presidente municipal Alfonso Petersen Farah cede a Mecano América alrededor de 13 hectáreas del viejo predio adquirido en 1983 para parque público, a cambio de diversa infraestructura y servicios para el desarrollo Puerta Guadalajara. En cuatro años nunca se realiza.

Mecano América cede sus derechos a Operadora Hotelera Salamanca, que cambia Puerta Guadalajara por Iconia.

El gobierno del estado señala su intención de construir en la misma zona pública el nuevo recinto de las Fiestas de Octubre y moverlo dela zona del Auditorio.

2015. Guadalajara interpone juicios en busca de recuperar el predio donado a Iconia, pero al mismo tiempo negocia con vecinos y con empresarios. Los primeros nunca le dan el sí, los segundos comprometen 688 millones de pesos para un fondo social. Amparos de los vecinos derivan en suspensiones judiciales.

Los dos gobiernos presentan el Plan Maestro de Huentitán, donde se rehabilita Iconia y se plantea el proyecto de Parque Recreativo, el de jardín botánico (El Disparate) y el del Museo de la Barranca. Suspensión impide arrancarlos hasta ahora.

Justicia federal golpea planes de Guadalajara

Dos tribunales Colegiados confirmaron suspensiones judiciales que harán imposible los “planes maestros” urbanos del gobierno alfarista y el estatal en la capital del estado

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Las ambiciosas metas en infraestructura y proyectos que tiene el gobierno municipal de Guadalajara, han recibido un rudo golpe por parte de dos tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación, que al ratificar suspensiones judiciales otorgadas por juzgados de distrito, mantendrán en la congeladora los planes parciales de desarrollo urbano y el de Centro de Población que aprobó el ayuntamiento local en 2015.

Es decir, todos los planes que se fundamentan en esos documentos actualizados en la administración de Ramiro Hernández García no pueden ejecutarse sencillamente porque la generación anterior de planes parciales sigue vigente, y en ella no están previstos proyectos como Iconia, Parque Recreativo Huentitán, Museo de la Barranca. El principio de legalidad dicta que para los actores públicos, “lo que no está permitido expresamente, está prohibido” (a diferencia de los actores privados, para los cuales “lo que no está prohibido está permitido”).

En conferencia de prensa, el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa, destacó que los tribunales colegiados número 1 y 2 de esta ciudad han confirmado las suspensiones definitivas en los juicios de amparo 381/2015 y 678/2015, lo cual, aunado a la resolución del 227/2015 de la Cuarta Sala del Tribunal de lo Administrativo, “blindan” legalmente cualquier pretensión de proyectos no sólo en el caso del Plan Maestro de Huentitán, sino en todo el territorio del municipio.

Los casos. “El 26 de Septiembre del 2016, el Primer Tribunal Colegiado resolvió la Revisión Incidental 626/2015, quedando firme la suspensión definitiva otorgada desde el 11 de septiembre del 2015 en el amparo 381/2015, contra el Plan de Centro de Población. La resolución señala: Se concede […] la suspensión definitiva para los efectos y consecuencias de que las autoridades responsables se abstengan de autorizar u otorgar cambios de usos de suelo, dictámenes de trazos, usos y destinos, licencias de urbanización o reurbanización, licencias de edificación o construcción, licencias o dictámenes de habitabilidad y licencias de giros basadas en la normatividad urbana y el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Guadalajara, que se combate; asimismo, para que el citado plan de desarrollo urbano no se autorice u otorguen las licencias y autorizaciones basados en estos. Asimismo, se concede la suspensión definitiva para que las responsables se abstengan de autorizar u otorgar cambios de usos de suelo, dictámenes de trazos, usos y destinos, licencias de urbanización o reurbanización, licencias de edificación o construcción, licencias o dictámenes de habitabilidad y licencias de giros.

La resolución, sigue, advierte que es aplicable “por lo que hace a las áreas verdes y naturales protegidas del Bosque los Colomos, la Barranca de Huentitán, el parque natural Huentitán, parque San Rafael, parque el Dean, el parque Agua Azul, el parque González Gallo, las áreas de protección al acuífero y manantiales, de protección a causes [sic] y cuerpos de agua, de prevención ecológica, de conservación ecológica y áreas de transición que son materia del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Guadalajara. En el entendido de que la autoridad responsable no se encuentra limitada en continuar otorgando permisos y autorizaciones correspondientes en relación a áreas verdes y naturales descritas en el párrafo anterior, pues con motivo de la medida cautelar concedida sus facultades no se limitan, esto es, podrá seguir otorgando cualquier tipo de autorización que estime necesaria, siempre y cuando actúe bajo la observancia de las normas que se encontraban vigentes con la emisión del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Guadalajara y con la reglamentación que los mismos contaban, previo a la emisión del decreto reclamado.

El segundo juicio. “El 29 de Septiembre del 2016, el Segundo Tribunal Colegiado resolvió la Revisión Incidental 743/2015 otorgando una suspensión más amplia y sin fianza en el Juicio de Amparo 678/2015 contra los Planes Parciales de la Zona 3 Huentitán”, es decir, corrigió al juez y otorgó más amplios alcances a la resolución original.

“… procede revocar la parte de la interlocutoria recurrida en que se negó a los quejos la suspensión definitiva solicitada en el punto 1), del capítulo de suspensión, para concederla para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, se abstengan de autoriza u otorgar cambios de usos de suelo, dictámenes de trazos usos y destinos, licencias de urbanización o reurbanización, licencias de edificación o construcción, licencias o dictámenes de habitabilidad y licencias de giros, basadas en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano impugnado, en el entendido de que a fin de que no se paralice por completo la actividad administrativa de la materia, y no se dejen de otorgar licencias, permisos o autorizaciones; las autoridades al autorizar los que se soliciten, deberán continuar aplicando la normatividad urbana y los planes que estaban vigentes hasta antes de la aprobación de los planes aquí impugnados", señala el texto judicial.

Debido a esto, precisó el activista, quien estuvo acompañado de representantes vecinales de la zona de Huentitán, “el Ayuntamiento de Guadalajara, en términos del Desarrollo Urbano solo puede aplicar los planes y normas anteriores a las impugnadas, por lo que, el aplicar los planes o normas impugnadas u otras como el Reglamento de Compensación y Mitigación o el Reglamento de Gestión Urbana, estarían violando las suspensiones antes mencionadas”, advierte.

Los ciudadanos “nos sentimos defraudados y engañados por la actitud incongruente, prepotente y autoritaria del presidente municipal Enrique Alfaro, al no cumplir sus promesas de campaña, violar las suspensiones y contravenir las disposiciones del Código Urbano, al no iniciar los juicios de lesividad y fincar las responsabilidades a los funcionarios que autorizaron las más de 160 edificaciones que violan los planes y normas, y que ahora él quieren legalizar mediante una pago de 500 pesos por metro cuadrado; asimismo, por estar impulsando una revisión de planes con normas que violan los derechos humanos y solo favorecen la especulación inmobiliaria, la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad en detrimento de la calidad de vida de los habitantes de Guadalajara.

Los vecinos de Huentitán dieron cuenta de la campaña de hostigamiento que aseguran se realiza desde instancias municipales y estatales –el gobierno del estado es aliado de Guadalajara en el tema, y es el principal impulsor del Parque Recreativo Huentitán-, y advirtieron que no cejarán hasta hacer que se respeten los derechos de la sociedad y el destino original del patrimonio público y en especial, las áreas verdes.