El consultor en responsabilidad empresarial y miembro de Toma-LaCiudad, Arturo Gómez Ibarra, lamenta la cerrazón al debate por el alto impacto urbano del cambio.
Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.
El impacto urbano desfavorable que traerá la reubicación del tradicional Instituto de Ciencias, de su sitio actual en Plaza Patria a la zona de El Bajío, debe ser materia de discusión pública. Sin embargo, los responsables del plantel se empeñan en mantener en la opacidad esa decisión y en aceptar las críticas que han surgido, en buena medida, desde ex alumnos del plantel.
“Aunque el colegio jesuita es jurídicamente una asociación civil sin fines de lucro, todas las decisiones que tengan que ver con la asignación de recursos como lo es un cambio de sede, pertenecen al terreno de las decisiones privadas y como tal tendrá inherentemente consecuencias públicas. Debido a que los instrumentos contables con los que cuentan las organizaciones para la toma de decisiones en las economías de mercado no identifican, no miden, ni reportan los impactos públicos, son ciegos a los impactos sociales y ambientales. La naturaleza jurídica de la asociación civil, al igual que cualquier empresa con fines de lucro, operan dentro de un marco jurídico de propiedad privada. Las herramientas contables solo se ocupan de identificar y medir lo que ocurre dentro de las fronteras de la propiedad del ente económico y todo lo que esté más allá de estas fronteras no existe financieramente”, señala en una opinión enviada a MILENIO JALISCO el consultor en responsabilidad social empresarial y miembro de la plataforma ciudadana Toma-La Ciudad, Arturo Gómez Ibarra.
“El hecho de que los impactos públicos sean invisibles a los instrumentos contables y financieros no significa que no existan. De ahí que la responsabilidad social de las organizaciones se defina precisamente como la actitud moral de hacerse responsable de los impactos públicos de su actuar privado. Dicha responsabilidad va más allá de la responsabilidad legal y económica. Esto ubica a toda organización lucrativa o no, en el plano ético”, añade. Cuando la cuestión a tratar “pertenece al terreno ético, el asunto de si el colegio jesuita tiene o no derecho a hacer negocio es un tema que no viene al caso. Tampoco es cuestión de la legalidad de uso del suelo donde se asienta la actual sede o se asentará la futura sede. Los planes parciales todos sabemos que en esta ciudad han sido presa fácil de los intereses inmobiliarios por encima del interés público. En algunos casos la legalidad es más un asunto de poder que de justicia.
Es por ello que la mudanza del Ciencias ha sido motivo de crítica no solo por la comunidad cercana al proyecto educativo sino también por diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos y gobiernos locales. El sitio de la posible nueva sede se localiza en el valle de Tesistán, en terrenos de altísimo valor agrícola y ambiental por su importante función de infiltración y recarga de acuíferos para la ciudad, además de pertenecer a lo que debiera ser zona de amortiguamiento del área natural protegida del bosque de la Primavera decretado por la Unesco”.
Grupos de ex alumnos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y gobiernos “hemos intentado durante más de un año en diversas ocasiones establecer un diálogo honesto sincero y abierto para considerar las ventajas y desventajas del proyecto y con ello contribuir con una decisión bien informada para tan importante decisión privada. Pero en todos los intentos hemos encontrado una nula disposición al diálogo por parte de las autoridades del colegio”.
Fue en ese contexto que el experto invitó al rector del Ciencias, Gustavo González Castañeda, a participar en el foro convocado por la plataforma ciudadana Toma-LaCiudad, el pasado 5 de diciembre. “El foro al que se invitó al Ciencias fue con los desarrolladores de vivienda más importantes del área metropolitana de Guadalajara. El propósito de convocarlos fue para que den su visión del modelo de ciudad y se dialogue sobre lo que consideran que debe suceder para transitar de una ciudad dispersa, desconectada, distante y desigual a otra conectada, compacta, comunicada y equitativa como lo define el plan de ordenamiento territorial metropolitano [POTmet] de Guadalajara”.
La idea “fue para que aprovecharan la oportunidad de exponer sus estudios que justifican como el colegio a través de su proyecto de mudanza aportan a la ciudad esos atributos de cercanía, conectividad, compacidad y equidad en un foro abierto y público. Aunque el colegio no es una empresa desarrolladora, por su naturaleza de llevar servicios a la población es un detonador de desarrollo y así fue como se acordó la invitación con el rector al foro”. Sin embargo, “cuando llegó el turno al expositor del colegio a última hora no habló ni una sola palabra del tema al que fue convocado”.
“Una vez más volvieron a negar el diálogo directo honesto y sincero tan anhelado. La institución educativa cuyo principal producto es distinguida precisamente por ofrecer una educación fundamentada en la ética puso mal ejemplo. Pero si lo queremos ver también desde la óptica de la lógica del mercado, dicha actuación mostró públicamente que su producto principal, ‘la educación ética’, es de muy mala calidad por lo que seguramente será castigada por sus consumidores que por tradición han elegido esa opción”, puntualiza.
GPE
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