En el bosque La Primavera cada año hay más casas “legalizadas” por el organismo. La dependencia interviene ante denuncias por cambios ilegales de uso de suelo en el área protegida, y a cambio de un “estudio de daños”, permite fincas contra lo que prevé el programa de manejo.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 3 de mayo de 2010
Ya hay una receta casi infalible para que los particulares se salgan con la suya, y edifiquen sus casas campestres y sus instalaciones de recreo al interior del área de protección de flora y fauna La Primavera: el “estudio de daños”.
Este es un requisito que suele pedir la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que los responsables de urbanizaciones ilegales o de actos diversos en contra del área protegida más importante de la conurbación de Guadalajara, reconozcan sus culpas y las mitiguen, lo cual está previsto en la ley. Pero en los hechos, es el expediente fácil para que, una vez cubiertas las alteraciones supuestamente ocasionadas —proceso que la dependencia previamente valida—, la finca, el carril de carreras, el camino o la cancha de futbol puedan ser terminados.
En un recuento de las denuncias promovidas por la dirección ejecutiva de la reserva desde 2005 hasta enero de 2010, tanto en la Profepa como en los diversos ayuntamientos con territorio en el bosque —toda construcción requiere una licencia municipal—, de un total de 62 querellas, apenas una terminó en la demolición de la construcción. Se trata de una obra que construyó una asociación religiosa y que retiró al ser enterada de su ilegalidad.
Pero en el resto de los casos —dominan las denuncias por edificaciones ilegales, cambio de uso de suelo, apertura de caminos, aunque algunas son por tala e incendios (ver gráfico anexo)— no ha habido un regreso al estado anterior; es decir, la construcción se termina con la anuencia de la Profepa, y posteriormente, se “legaliza” con los permisos municipales.
Este modus operandi ha dominado la actuación de la delegación federal. El paso de Javier Dueñas García, de Martha Ruth del Toro Gaytán (hoy titular de la Semades) y de José de Jesús Becerra Soto en el cargo poco ha modificado esa tendencia a “normalizar” las invasiones urbanas. Apenas la semana pasada, se confirmó un nuevo caso: una finca ilegal intervenida, propiedad de Evelia Oliva Barajas, en la zona de El Tecuán, está casi terminada pese a los intentos de la administración del bosque por detenerla, que derivaron en un juicio de amparo de la particular y en un procedimiento de la Profepa (ver foto anexa). En el amparo, expediente 453/2009 ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, la quejosa dijo que la dirección ejecutiva actuó violando sus garantías de libre tránsito —fue detenido un cargamento de materiales para construcción en el interior del bosque— y con “abuso de autoridad”.
En la respuesta formal, el funcionario explicó al juez: “…en ningún momento la Dirección Ejecutiva a mi cargo pretendió actuar en exceso de autoridad, ni mucho menos impedir u obstruir a la quejosa su libre tránsito […] me he limitado a dar cumplimiento a la función de administración y vigilancia […] consistentes en evitar la introducción de materiales para construcción en vehículo distinto a aquel en que la quejosa se encontraba, sin demostrar la existencia de las autorizaciones respectivas [para hacerlo]…”.
Sin embargo, queda claro que el marco legal que rige a las áreas protegidas en México está en crisis. Los decretos presidenciales que las forman no afectan propiedades, pero sí las posibilidades de aprovechamiento, lo cual ha sido impugnado exitosamente por la vía del juicio de garantías en la misma La Primavera, por parte del ejido Santa Ana Tepetitlán (Público, 7 de julio de 2008). Además, la propia entidad guardiana del bosque carece de capacidad jurídica para lograr acciones duraderas que eviten las invasiones, pues siempre está sujeta a la Profepa o al Ministerio Público Federal, mientras los ayuntamientos “se lavan las manos” con cualquier edificación ilegal; muchas veces se arguye que “ya había algo allí” —un corral que se hace granja, una choza que se convierte en residencia, una vereda que se hizo camino— y por ende, no se puede aplicar de forma retroactiva el decreto de protección.
El caso es que Evelia Oliva Barajas es la última de una larga lista de constructores que tienen casa nueva en la demarcación, aprovechando los huecos legales y la falta de presupuesto para vigilar el bosque con más elementos. Así, como dicen los críticos del escaso espíritu de legalidad que reina en México, en La Primavera, la ley “se observa” aunque no se cumpla.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 3 de mayo de 2010
Ya hay una receta casi infalible para que los particulares se salgan con la suya, y edifiquen sus casas campestres y sus instalaciones de recreo al interior del área de protección de flora y fauna La Primavera: el “estudio de daños”.
Este es un requisito que suele pedir la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que los responsables de urbanizaciones ilegales o de actos diversos en contra del área protegida más importante de la conurbación de Guadalajara, reconozcan sus culpas y las mitiguen, lo cual está previsto en la ley. Pero en los hechos, es el expediente fácil para que, una vez cubiertas las alteraciones supuestamente ocasionadas —proceso que la dependencia previamente valida—, la finca, el carril de carreras, el camino o la cancha de futbol puedan ser terminados.
En un recuento de las denuncias promovidas por la dirección ejecutiva de la reserva desde 2005 hasta enero de 2010, tanto en la Profepa como en los diversos ayuntamientos con territorio en el bosque —toda construcción requiere una licencia municipal—, de un total de 62 querellas, apenas una terminó en la demolición de la construcción. Se trata de una obra que construyó una asociación religiosa y que retiró al ser enterada de su ilegalidad.
Pero en el resto de los casos —dominan las denuncias por edificaciones ilegales, cambio de uso de suelo, apertura de caminos, aunque algunas son por tala e incendios (ver gráfico anexo)— no ha habido un regreso al estado anterior; es decir, la construcción se termina con la anuencia de la Profepa, y posteriormente, se “legaliza” con los permisos municipales.
Este modus operandi ha dominado la actuación de la delegación federal. El paso de Javier Dueñas García, de Martha Ruth del Toro Gaytán (hoy titular de la Semades) y de José de Jesús Becerra Soto en el cargo poco ha modificado esa tendencia a “normalizar” las invasiones urbanas. Apenas la semana pasada, se confirmó un nuevo caso: una finca ilegal intervenida, propiedad de Evelia Oliva Barajas, en la zona de El Tecuán, está casi terminada pese a los intentos de la administración del bosque por detenerla, que derivaron en un juicio de amparo de la particular y en un procedimiento de la Profepa (ver foto anexa). En el amparo, expediente 453/2009 ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, la quejosa dijo que la dirección ejecutiva actuó violando sus garantías de libre tránsito —fue detenido un cargamento de materiales para construcción en el interior del bosque— y con “abuso de autoridad”.
En la respuesta formal, el funcionario explicó al juez: “…en ningún momento la Dirección Ejecutiva a mi cargo pretendió actuar en exceso de autoridad, ni mucho menos impedir u obstruir a la quejosa su libre tránsito […] me he limitado a dar cumplimiento a la función de administración y vigilancia […] consistentes en evitar la introducción de materiales para construcción en vehículo distinto a aquel en que la quejosa se encontraba, sin demostrar la existencia de las autorizaciones respectivas [para hacerlo]…”.
Sin embargo, queda claro que el marco legal que rige a las áreas protegidas en México está en crisis. Los decretos presidenciales que las forman no afectan propiedades, pero sí las posibilidades de aprovechamiento, lo cual ha sido impugnado exitosamente por la vía del juicio de garantías en la misma La Primavera, por parte del ejido Santa Ana Tepetitlán (Público, 7 de julio de 2008). Además, la propia entidad guardiana del bosque carece de capacidad jurídica para lograr acciones duraderas que eviten las invasiones, pues siempre está sujeta a la Profepa o al Ministerio Público Federal, mientras los ayuntamientos “se lavan las manos” con cualquier edificación ilegal; muchas veces se arguye que “ya había algo allí” —un corral que se hace granja, una choza que se convierte en residencia, una vereda que se hizo camino— y por ende, no se puede aplicar de forma retroactiva el decreto de protección.
El caso es que Evelia Oliva Barajas es la última de una larga lista de constructores que tienen casa nueva en la demarcación, aprovechando los huecos legales y la falta de presupuesto para vigilar el bosque con más elementos. Así, como dicen los críticos del escaso espíritu de legalidad que reina en México, en La Primavera, la ley “se observa” aunque no se cumpla.
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