México tiene que integrar a la población rural a la sustentabilidad porque el campo está muy poblado y la tierra repartida, dice Jardel. Ni ordenamientos ni áreas naturales protegidas garantizan protección. Mitigar o restaurar impactos ambientales es mucho más costoso
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
La conservación del patrimonio natural de Jalisco cuenta con instrumentos que aislados son débiles e insuficientes, como son el ordenamiento ecológico territorial y las áreas naturales protegidas.
Se debe caminar a la creación de un sistema que sea de aplicación efectiva: que a las determinaciones de los ordenamientos se les dé seguimiento para garantizar que se cumplan, y que las áreas naturales protegidas salgan de la mentalidad de “plaza sitiada”, incidan en sus regiones y abran puentes para corredores biológicos que le den sentido a la conservación.
Durante años, señaló en el Foro estatal de biodiversidad el investigador de la UdeG, Enrique Jardel Peláez, ha prevalecido un esquema desarrollista frecuentemente ilegal -caso de las carreteras de la costa que abrió el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, que tiene altos costos ambientales –pérdida de biodiversidad, entre ellos- y sociales, que después mitigar o restaurar es mucho más costoso que el supuesto beneficio logrado.
“El ordenamiento ecológico del territorio es un instrumento útil para la conservación y para la regulación de la distribución de las actividades productivas, los centros de población y la infraestructura en el espacio geográfico, pero está severamente limitado si no se establecen mecanismos institucionales para su puesta en práctica ya que no solo se requiere de planes y normas de uso del suelo, sino de seguimiento”, señaló durante su ponencia.
Añadió: “Sólo 11 por ciento de la superficie de las áreas naturales protegidas (ANP) de Jalisco corresponde a la categoría de manejo I de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza UICN –reservas estrictas; básicamente las zonas núcleo de las reservas de la biosfera de Sierra de Manantlán y Chamela-Cuixmala- mientras que 85 por ciento de la superficie corresponde a la categoría VI de la UICN -áreas de conservación con recursos manejados-. Esto obedece a condiciones como la estructura de la tenencia de la tierra y al hecho de que las ANP están pobladas y tienen usos agropecuarios, forestales, pesqueros”.
Implicaciones: “conservar la biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas de proveer servicios ambientales requiere no de esquemas rígidos de protección excluyente, sino de estrategias que integren la conservación de la naturaleza con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para el beneficio de la sociedad, poniendo en primer lugar a los dueños de las tierras [comunidades indígenas, ejidos, particulares] y a los pobladores de las áreas protegidas”.
Así, “las Areas Naturañes Protegidas tienen una superficie limitada; para ser unidades de conservación efectivas y para el mantenimiento de los procesos ecológicos, se requiere mantener conectividad entre estas áreas (corredores) y hacer un buen manejo de las áreas forestales y agropecuarias de la matriz circundante. Manejar las ANP como islas o ‘plazas sitiadas’ bajo el control de una dependencia gubernamental es un enfoque muy estrecho de la conservación.
Se requiere pensar en sistemas regionales de conservación que integren áreas protegidas de distintas categorías rodeadas de una matriz de espacios dedicados a las actividades productivas que estén manejados bajo criterios de sustentabilidad”, subrayó.
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Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
La conservación del patrimonio natural de Jalisco cuenta con instrumentos que aislados son débiles e insuficientes, como son el ordenamiento ecológico territorial y las áreas naturales protegidas.
Se debe caminar a la creación de un sistema que sea de aplicación efectiva: que a las determinaciones de los ordenamientos se les dé seguimiento para garantizar que se cumplan, y que las áreas naturales protegidas salgan de la mentalidad de “plaza sitiada”, incidan en sus regiones y abran puentes para corredores biológicos que le den sentido a la conservación.
Durante años, señaló en el Foro estatal de biodiversidad el investigador de la UdeG, Enrique Jardel Peláez, ha prevalecido un esquema desarrollista frecuentemente ilegal -caso de las carreteras de la costa que abrió el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, que tiene altos costos ambientales –pérdida de biodiversidad, entre ellos- y sociales, que después mitigar o restaurar es mucho más costoso que el supuesto beneficio logrado.
“El ordenamiento ecológico del territorio es un instrumento útil para la conservación y para la regulación de la distribución de las actividades productivas, los centros de población y la infraestructura en el espacio geográfico, pero está severamente limitado si no se establecen mecanismos institucionales para su puesta en práctica ya que no solo se requiere de planes y normas de uso del suelo, sino de seguimiento”, señaló durante su ponencia.
Añadió: “Sólo 11 por ciento de la superficie de las áreas naturales protegidas (ANP) de Jalisco corresponde a la categoría de manejo I de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza UICN –reservas estrictas; básicamente las zonas núcleo de las reservas de la biosfera de Sierra de Manantlán y Chamela-Cuixmala- mientras que 85 por ciento de la superficie corresponde a la categoría VI de la UICN -áreas de conservación con recursos manejados-. Esto obedece a condiciones como la estructura de la tenencia de la tierra y al hecho de que las ANP están pobladas y tienen usos agropecuarios, forestales, pesqueros”.
Implicaciones: “conservar la biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas de proveer servicios ambientales requiere no de esquemas rígidos de protección excluyente, sino de estrategias que integren la conservación de la naturaleza con el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para el beneficio de la sociedad, poniendo en primer lugar a los dueños de las tierras [comunidades indígenas, ejidos, particulares] y a los pobladores de las áreas protegidas”.
Así, “las Areas Naturañes Protegidas tienen una superficie limitada; para ser unidades de conservación efectivas y para el mantenimiento de los procesos ecológicos, se requiere mantener conectividad entre estas áreas (corredores) y hacer un buen manejo de las áreas forestales y agropecuarias de la matriz circundante. Manejar las ANP como islas o ‘plazas sitiadas’ bajo el control de una dependencia gubernamental es un enfoque muy estrecho de la conservación.
Se requiere pensar en sistemas regionales de conservación que integren áreas protegidas de distintas categorías rodeadas de una matriz de espacios dedicados a las actividades productivas que estén manejados bajo criterios de sustentabilidad”, subrayó.
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La urgente participación democrática
La conservación de la diversidad biológica, que en el caso de Jalisco, es superior a la de naciones completas como Canadá, Francia o España, es una tarea no de académicos, científicos o iluminados, sino de la sociedad civil completa. Por eso es fundamental la participación crítica en informada de los ciudadanos para consolidar procesos de conservación y contener el deterioro, señaló en el foro el director de la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente (Mabio AC), Eduardo Santana Castellón.
“En este Año de la Biodiversidad, cuando ya la sociedad avanza y deja atrás los atavismos y supersticiones producto de la ignorancia; cuando ya conocemos y se ha demostrado la importancia de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas y el valor de la biodiversidad para lograr el bienestar y el desarrollo de la sociedades humanas; ahora que también comprendemos cómo ambos son producto de la evolución orgánica de la vida y de los procesos de selección natural […] que sabemos que la gestión del medioambiente no es una responsabilidad ni de los científicos universitarios, ni de los funcionarios públicos, sino un proceso socio-ecológico que requiere la participación real y democrática de los ciudadanos en la toma de decisiones; ahora que sabemos todo esto, tenemos la esperanza, y por qué no, tenemos la fe, de que esta nueva estrategia impulsada por el gobierno del estado de Jalisco y la federación rinda los frutos que necesita el estado para su conservación y desarrollo”.
La conservación de la diversidad biológica, que en el caso de Jalisco, es superior a la de naciones completas como Canadá, Francia o España, es una tarea no de académicos, científicos o iluminados, sino de la sociedad civil completa. Por eso es fundamental la participación crítica en informada de los ciudadanos para consolidar procesos de conservación y contener el deterioro, señaló en el foro el director de la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente (Mabio AC), Eduardo Santana Castellón.
“En este Año de la Biodiversidad, cuando ya la sociedad avanza y deja atrás los atavismos y supersticiones producto de la ignorancia; cuando ya conocemos y se ha demostrado la importancia de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas y el valor de la biodiversidad para lograr el bienestar y el desarrollo de la sociedades humanas; ahora que también comprendemos cómo ambos son producto de la evolución orgánica de la vida y de los procesos de selección natural […] que sabemos que la gestión del medioambiente no es una responsabilidad ni de los científicos universitarios, ni de los funcionarios públicos, sino un proceso socio-ecológico que requiere la participación real y democrática de los ciudadanos en la toma de decisiones; ahora que sabemos todo esto, tenemos la esperanza, y por qué no, tenemos la fe, de que esta nueva estrategia impulsada por el gobierno del estado de Jalisco y la federación rinda los frutos que necesita el estado para su conservación y desarrollo”.
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