La delegación tiene a 10% de su personal en el bosque, asegura el delegado en Jalisco; el problema son las lagunas legales para proteger la zona
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 4 de mayo de 2010
No es que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), “tolere”, “avale” o “legitime” la construcción de fincas campestres en el área protegida de La Primavera, que se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para la conservación de la zona. Lo que pasa es que la ley sujeta la actuación de los servidores públicos, y muchos propietarios del bosque aprovechan sus lagunas para salirse con la suya, indicó el delegado de la dependencia, José de Jesús Becerra Soto.
Reconoció que hay un solo caso de demolición de obra en los últimos cinco años, como lo acreditó Público en su edición de ayer, pero aseguró que “de ningún modo hay influyentes que acudan ante nosotros para que les demos ayuda, la posibilidad de construir”. El “estudio de daños” está previsto por la ley, y es el esquema que se debe aplicar ante una anomalía de ese tipo.
“Solicitamos el estudio de daños cuando vemos anomalías [en la construcción de inmuebles en el área protegida], no podemos ir más allá de lo que la ley nos faculta; sólo la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] tiene facultades para dar autorización a un proyecto; nosotros ordenamos las medidas de urgente aplicación para resarcir daños y en los casos que se amerita, aplicamos multa”.
Dijo que desde hace dos meses, “10 por ciento del capital humano a mi cargo está trabajando en La Primavera, pese a que allí hay 30,500 hectáreas y tenemos en todo el estado arriba de cinco millones de hectáreas forestales qué vigilar”.
Becerra Soto dio a conocer la estadística del trabajo de la Profepa en el área protegida: en 2007, cuando asumió el cargo, se hicieron 16 recorridos de vigilancia, quince visitas de inspección y tres clausuras. En 2008, fueron quince recorridos, catorce visitas, ocho clausuras y dos denuncias penales; en 2009, 25 recorridos, 27 actas de inspección y doce clausuras; en 2010, hasta el 10 de abril, siete visitas, ocho recorridos, cuatro clausuras y dos clausuras más por ejecutar. Los montos de las sanciones aplicadas ascienden a 1.5 millones de pesos.
Por qué esta intensa actividad no se ve reflejada en evitar que las edificaciones sigan adelante, el delegado de la Profepa tiene una explicación: “La demolición la podemos ordenar de forma inmediata si construyen en zonas intangibles o núcleo”, pero los casos suelen ser en otras zonas, clasificadas por la zonificación del área protegida como aptas para ciertos usos humanos.
La clave es que el marco legal es endeble y le da pleno derecho al propietario de que, una vez demostrado que una edificación o instalación ya existía allí, se corrijan anomalías, pero no se proceda a remover la finca.
“Nos pegan muchas cosas, la ausencia de una delimitación clara del polígono del bosque, perdonando el ejemplo, es como si dejara mi casa abierta, Juan de la Cotona se nos va a meter […] también nos pega el que no se detecten actividades ilegales a tiempo y no podamos proceder antes de que comiencen obras —por ejemplo, que un camión materialista se nos meta con tres toneladas de materiales para construcción, y nadie lo vea—, hay además una falta de cultura de la denuncias; tendríamos que empezar por aumentar el cuerpo de vigilancia de la dirección ejecutiva, porque de otro modo nos van a seguir ganando asuntos por ese lado”.
Citó el caso de la finca de Evelia Oliva Barajas (foto), en el predio de El Tecuán, que tiene denuncia desde 2007 y se han seguido los procedimientos, “pero no se trata de criminalizar a nadie, estuvo clausurada la obra, pero ella se ha defendido y los procedimientos judiciales son complicados”, y no se puede pasar por encima de ellos.
Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 4 de mayo de 2010
No es que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), “tolere”, “avale” o “legitime” la construcción de fincas campestres en el área protegida de La Primavera, que se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para la conservación de la zona. Lo que pasa es que la ley sujeta la actuación de los servidores públicos, y muchos propietarios del bosque aprovechan sus lagunas para salirse con la suya, indicó el delegado de la dependencia, José de Jesús Becerra Soto.
Reconoció que hay un solo caso de demolición de obra en los últimos cinco años, como lo acreditó Público en su edición de ayer, pero aseguró que “de ningún modo hay influyentes que acudan ante nosotros para que les demos ayuda, la posibilidad de construir”. El “estudio de daños” está previsto por la ley, y es el esquema que se debe aplicar ante una anomalía de ese tipo.
“Solicitamos el estudio de daños cuando vemos anomalías [en la construcción de inmuebles en el área protegida], no podemos ir más allá de lo que la ley nos faculta; sólo la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] tiene facultades para dar autorización a un proyecto; nosotros ordenamos las medidas de urgente aplicación para resarcir daños y en los casos que se amerita, aplicamos multa”.
Dijo que desde hace dos meses, “10 por ciento del capital humano a mi cargo está trabajando en La Primavera, pese a que allí hay 30,500 hectáreas y tenemos en todo el estado arriba de cinco millones de hectáreas forestales qué vigilar”.
Becerra Soto dio a conocer la estadística del trabajo de la Profepa en el área protegida: en 2007, cuando asumió el cargo, se hicieron 16 recorridos de vigilancia, quince visitas de inspección y tres clausuras. En 2008, fueron quince recorridos, catorce visitas, ocho clausuras y dos denuncias penales; en 2009, 25 recorridos, 27 actas de inspección y doce clausuras; en 2010, hasta el 10 de abril, siete visitas, ocho recorridos, cuatro clausuras y dos clausuras más por ejecutar. Los montos de las sanciones aplicadas ascienden a 1.5 millones de pesos.
Por qué esta intensa actividad no se ve reflejada en evitar que las edificaciones sigan adelante, el delegado de la Profepa tiene una explicación: “La demolición la podemos ordenar de forma inmediata si construyen en zonas intangibles o núcleo”, pero los casos suelen ser en otras zonas, clasificadas por la zonificación del área protegida como aptas para ciertos usos humanos.
La clave es que el marco legal es endeble y le da pleno derecho al propietario de que, una vez demostrado que una edificación o instalación ya existía allí, se corrijan anomalías, pero no se proceda a remover la finca.
“Nos pegan muchas cosas, la ausencia de una delimitación clara del polígono del bosque, perdonando el ejemplo, es como si dejara mi casa abierta, Juan de la Cotona se nos va a meter […] también nos pega el que no se detecten actividades ilegales a tiempo y no podamos proceder antes de que comiencen obras —por ejemplo, que un camión materialista se nos meta con tres toneladas de materiales para construcción, y nadie lo vea—, hay además una falta de cultura de la denuncias; tendríamos que empezar por aumentar el cuerpo de vigilancia de la dirección ejecutiva, porque de otro modo nos van a seguir ganando asuntos por ese lado”.
Citó el caso de la finca de Evelia Oliva Barajas (foto), en el predio de El Tecuán, que tiene denuncia desde 2007 y se han seguido los procedimientos, “pero no se trata de criminalizar a nadie, estuvo clausurada la obra, pero ella se ha defendido y los procedimientos judiciales son complicados”, y no se puede pasar por encima de ellos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario